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Bajo la impronta del intendente Juan Pablo Luque de crear la Secretaría de Planeamiento Urbano, Servicios Públicos y Estrategias Urbano Ambientales, surgió esta iniciativa que está comenzando a llevar adelante el Municipio a través de dicha cartera y que tiene como objetivo intervenir y recuperar espacios públicos junto a la comunidad. “CR Lab” ganó en la categoría “Ciudades, Smartcity y Territorio” y fue el único proyecto sudamericano premiado en el Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano, desarrollado en Sevilla, España, este fin de semana. “Lo presentamos solo para mostrarlo, pero este premio no solo nos sorprende, sino que nos inyecta energías para seguir desarrollándolo”, expresó la coordinadora Marina Villelabeitia.

El Proyecto “CR Lab” surge como una de las grandes apuestas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del área de Planeamiento Urbano, con el objetivo de generar proyectos de trabajo conjunto entre las áreas técnicas de la Municipalidad, la inversión del sector privado y la participación ciudadana desde la demanda y la intervención para transformar el hábitat en los barrios.

La iniciativa se presentó en el Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano concursó a seis categorías: ‘Inclusión y Empoderamiento’; ‘Medioambiente, Agricultura y Energías Limpias’; ‘Cultura, Entretenimiento y Turismo’; ‘Educación y Aprendizaje’; ‘Salud y Bienestar’; y ‘Ciudades, Smartcity y Territorio’ en la que ganó el proyecto comodorense.

El evento desarrollado en Sevilla, se celebró mediante una plataforma virtual con miles de inscriptos para escuchar las ponencias y conocer a los ganadores. Marina Villelabeitia, coordinadora del proyecto CR Lab y de la Secretaría de Planeamiento Urbano, advirtió que “presenté el proyecto sin saber que había premiación y cuando me dijeron que tenía que exponer porque habíamos ganado una de las categorías fue una enorme sorpresa. Estamos hablando del único proyecto ganador en toda Sudamérica, en competencia con países que están muy preparados”.

En ese marco, se mostró “sorprendida porque mi intención era mandar el proyecto para que circule, que lo publiquen. Nunca pensé en el concurso. Después me avisaron que CR Lab había ganado en la categoría ‘Ciudades, Smartcity y Territorio’. La verdad que es super meritorio que nos hayan premiado porque las presentaciones de los proyectos eran increíbles, con muchísima preparación. Estas cosas te ponen en el mapa, más allá de que la Patagonia es un atractivo en sí mismo para ellos, pero demuestra que existen proyectos que pueden competir con otros de esa escala en países del primer mundo”.

CR Lab: de qué se trata y cómo puede participar la comunidad

Es una estructura mixta creada desde la Secretaría de Planeamiento Urbano para articular políticas públicas con la ciudadanía. Abordar la transformación del territorio articulando el saber colectivo y la demanda de la gente para lograr un desarrollo sustentable de un espacio público.

Nos hemos propuesto una matriz que tiene que ver con los problemas físicos del territorio, muy concretos y que se solucionan no solo con el proyecto técnico y la intervención de los profesionales, sino también y sobre todo con el acompañamiento de la comunidad que es además la que plantea lo que hay que transformar en su barrio.

La idea del proyecto es que asista a las distintas demandas de intervención de espacios públicos para su transformación en cualquier barrio de la ciudad. En definitiva, “CR Lab” revisa las condiciones del hábitat local, genera redes de vinculación y conocimiento compartido para trabajar de manera participativa, y desencadena estos procesos para transformar el espacio físico y reconstruir el tejido social.

La arquitecta encargada del proyecto resaltó que “la intervención puede ser en cualquier lugar, desde proyectos de recuperación forestal, como el Pinar, como recuperar espacios públicos y hasta soluciones más complejas de hábitat, en relación a lugares inundables. No es levantar un basural clandestino que para eso ya hay un área municipal encargada, sino proyectos de transformación del hábitat”.

Los ejes principales del laboratorio de iniciativas son: “Oficios singulares”, “Desde el Jardín”, “Derivas urbanas, “Prácticas de espacio” y “Pinta tu aldea”. El laboratorio de iniciativas ya cuenta con una página web que se está terminando para que la comunidad pueda contactarse y proponer intervenciones en su barrio. Para conocer más sobre el proyecto pueden ingresar a: crlab.vivamoscomodoro.gob.ar

La Operación Pinar: el primer eslabón para transformar los espacios públicos

Lo primero que está haciendo CR Lab es abordar el tema de los espacios públicos: el ocio, la recreación, los parques, lo verde. La primera experiencia que se está llevando adelante es la “Operación Pinar”: un trabajo conjunto con la vecinal de km3 y el Colegio Dean Funes porque se lleva adelante en el viejo pinar del barrio General Mosconi, que en su momento fue afectado por una plaga que mató a todos los pinos y ya no tiene apertura al público. “Nos pareció interesante poder articular un trabajo con el aporte de la Subsecretaría de Ambiente; de gente que sabe de plantas nativas; con los chicos de los talleres del Dean Funes para elaborar equipamiento urbano; hay un proyecto de apicultura”, detalló la coordinadora.

“Hoy la pandemia complica la intervención física porque los chicos no van al colegio, pero el proyecto igual se sostiene porque plantea un potencial de impacto importante. Lo primero es detectar proyectos con valor, que tienen un potencial para transformarse y generar un efecto derrame en la mejora de sus entornos. En el caso del Pinar, no solo tiene potencial por el espacio público y la forestación, sino porque forma parte de la memoria histórica de los ypefianos, del Colegio Dean Funes, del propio barrio”, explicó Villelabeitia.

“Son proyectos arduos, pero con grandes retos y el primero de ellos es la credibilidad. Esto no es una bolsa de trabajo, son iniciativas trabajadas con la comunidad que además interviene en la transformación de su barrio, por lo cual hay que llegar y terminar el proyecto, sino la gente se va. Es casi un trueque: el Municipio pone los recursos que puede y los vecinos ponen también su recurso para cuidar el proyecto. Todos aportamos saberes, tiempo, experiencia y es un equilibrio que hay que proteger”, sentenció.

El Congreso de Perú rechazó este viernes por mayoría el pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, quien evitó así ser destituido por un caso de corrupción que lo compromete, por la presunta contratación irregular de un artista.

Para ser aprobado, el pedido de vacancia presidencial tenía que recibir el apoyo de 87 legisladores, de un total de 130 que componen el Parlamento.

Durante la sesión, el miembro del congreso Roberto Chavarría, de Unión por el Perú, dijo que Vizcarra será recordado en la historia no solo por «incapacidad moral», sino «por su permanente incapacidad de gestión» durante la pandemia del coronavirus.

Por su parte, el parlamentario Gino Costa, del Partido Morado, refirió que el proceso está lleno de «irregularidades». «La investigación no ha terminado, no se han presentado las pruebas», dijo Costa, agregando que no parece ser un caso de «incapacidad moral».

El congresista Edgar Alarcón, quien presentó los audios que llevaron al debate de moción de vacancia del Ejecutivo, criticó que Vizcarra mintió en el marco de la las acciones gubernamentales para combatir la pandemia. «Usted está siendo juzgado porque no tiene la capacidad moral para ocupar el puesto que ocupa», dijo Alarcón.

Antes de la votación, el mandatario se presentó en el hemiciclo para dar un breve discurso, en el que aseguró que su comportamiento es el «correcto» y que no cometió «ningún acto ilegal».

Discurso de Vizcarra
Vizcarra afirmó que asistió al Parlamento a «dar la cara», a pesar de que considera que el procedimiento que se le sigue «no respeta la ley». El presidente también puso en duda la veracidad de los audios presentados como prueba en su contra, aunque reconoció que una de las voces que se oye en las grabaciones es suya.

Tras dar testimonio, el mandatario se retiró del recinto y ejerció su defensa el abogado Roberto Pereira Chumbe.

El jueves, el Tribunal Constitucional de Perú rechazó la medida cautelar que había presentado Vizcarra para frenar el juicio político y contener la crisis, a solo siete meses de las elecciones generales y en el marco de la pandemia de covid-19, que afecta gravemente al país.

Contrataciones sospechosas

El titular del Ejecutivo está acusado de presuntamente instigar a dos asesoras a mentir en una investigación legislativa sobre múltiples contrataciones irregulares, la última como conferencista, de un cantante poco conocido, Richard ‘Swing’ Cisneros, quien sería amigo del mandatario.

La Comisión de Fiscalización del Congreso reveló que el Ministerio de Cultura lleva firmados 9 contratos con el músico Richard ‘Swing’ Cisneros desde que Vizcarra llegó al poder, el último de ellos celebrado en abril, en plena pandemia de coronavirus, para dictar una serie de conferencias virtuales motivacionales, dirigidas a trabajadores del sector. Cisneros habría cobrado por ello cerca de 50.000 dólares.

En las grabaciones difundidas por Alarcón, se puede advertir cómo el mandatario conversa con dos exasesoras, ya removidas de sus cargos, sobre la respuesta que darán a la Fiscalía acerca de cuántas visitas ha hecho Cisneros a la Casa de Gobierno, si dos, como está registrado, o cinco, como ocurrió en verdad.

«Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en conjunto», dice Vizcarra en la charla.

Más allá de que el contenido de las grabaciones abre fuertes sospechas, el jefe de Estado denunció que hay una «conspiración» en su contra para derrocarlo. Y apuntó contra el congresista Alarcón y el presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien negó estar detrás de un presunto golpe institucional, aunque reconoció haber mantenido conversaciones con altos mandos militares para «informarles» sobre el proceso.

Vizcarra ha enfrentado ya, en septiembre del año pasado, un proceso de suspensión temporal en el cargo, también por ‘incapacidad moral’, que finalmente quedó sin efecto.

En aquella oportunidad, la medida respondía a la decisión del mandatario de disolver el Congreso, al considerar denegada una cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. En medio de una grave crisis política, el Parlamento aprobó su suspensión temporal y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como Jefa de Estado interina. Pero Aráoz renunció a su cargo horas después para «evitar la ruptura del hilo constitucional» y dar paso a la convocatoria a elecciones generales, que se llevarán a cabo el año entrante.

 

El Gobierno nacional enviará este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2021, que prevé un déficit equivalente al 4,5% y un gasto del capital del 2,2% del Producto Bruto Interno, y contempla destinar más del 60% de los recursos a gastos sociales.

La iniciativa será enviada en tiempo y forma, como establece la Ley de Administración Financiera, que fija como fecha tope al 15 de septiembre para presentar el proyecto que establece el detalle de gastos y recursos para el año siguiente, así como las previsiones de crecimiento del PBI, el valor del dólar y la evolución de la inflación.

El primer proyecto de Presupuesto 2021 de la gestión del presidente Alberto Fernández que se presentará ante la Cámara de Diputados demandará al menos un mes de debate, en cuyo transcurso los funcionarios explicarán cada uno de los aspectos centrales, los datos macroecónomicos, los subsidios al transporte, las obras públicas y las relaciones con las provincias.

El tratamiento se efectuará en un cuerpo legislativo donde existe una fuerte paridad de fuerzas ya que el Frente de Todos tiene 117 votos -teniendo en cuenta la licencia del funcionario José de Mendiguren y que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, solo vota en caso de desempate- y Juntos por el Cambio 116.

En ese marco, los votos de los interbloques Federal y de Federal para el Desarrollo adquieren una fuerte relevancia al convertirse en los árbitros para definir la aprobación del presupuesto, ya que Juntos por el Cambio es difícil que vote a favor luego de la pelea que está planteando por la copartacipación de la ciudad de Buenos Aires.

Además, junto con la sanción del proyecto de presupuesto se deberá sancionar la nueva ley de movilidad jubilatoria, donde se fijará cómo se actualizarán en el 2021 las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por Hijo, a cuyo pago se destinan junto con los planes sociales más del 60 por ciento de los recursos previstos para el próximo año.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que los cinco objetivos del Presupuesto son “inclusión social, que requiere crear trabajo; dinamismo, agregar valor a la producción; estabilidad, que requiere que el país a medida que se recupera genere condiciones para que las exportaciones crezcan y no volver a chocar con un problema de falta de dólares; equidad regional, para que el desarrollo sea federal, y soberanía económica”.

El ministro ratificó que el déficit previsto será del 4,5 % y dijo que “dentro de ello hay una redefinición de prioridades, porque el gasto de capital se duplica respecto del de 2019. Va a ser de 2,2% del producto, y este es un rubro fundamental para la recuperación, porque hay un multiplicador macroeconómico grande asociado a la expansión de la obra pública, que le permite al sector privado enfrentar un ambiente más vibrante en condiciones de demanda”.

En un reportaje al diario La Nación y al ser consultado sobre las vías del financiación, Guzmán dijo que se espera que “el financiamiento por parte del Banco Central vaya bajando, aunque no se va a poder prescindir del todo por un tiempo”.

“Por eso buscamos normalizar las finanzas públicas, ir reduciendo las necesidades de financiamiento por parte del Banco Central, e ir bajando la inflación, que es un objetivo central”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán también puso en valor que el presupuesto “establece proyecciones plurianuales y busca marcar el horizonte por el cual la Argentina va. Es un camino de consistencia macro y es normal que tras el colapso del sistema que rigió entre 2015 y 2019 haya falta de confianza. Creemos que la Argentina va a transitar ese camino, pero no sucede de un día para el otro la resolución de estos problemas”.

También confirmó que el Gobierno no mantendrá el próximo año los planes de Ingreso Familiar de emergencia (IFE) y de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), al sostener que “se asume que esas partidas eran necesarias en forma extraordinaria por la pandemia”.

El primer presupuesto de la gestión del presidente Alberto Fernández se realizará en la misma jornada que la comisión de Presupuesto y Hacienda-conducida por Carlos Heller-comenzará a debatir el proyecto que permite refinanciar las deudas entre las provincias y la Anses.

El grupo parlamentario recibirá ese día a funcionarios del Anses que darán detalles como se renegociarán los prestamos por ese organismo y que establece un nuevo mecanismo para pagar la reparación histórica para evitar la venta de activos del FGS.

Tras siete horas de reunión, con dos cuartos intermedios en el despacho del presidente de la Cámara, Sergio Massa, fracasó el intento de acuerdo entre oficialismo y oposición para acordar la manera de sesionar y la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto. Mario Negri anunció que Juntos por el Cambio acudirá a la Justicia para invalidar la sesión convocada para hoy por considerar que el reglamento de funcionamiento remoto no puede prorrogarse por una votación virtual.

El decreto de Massa de convocatoria a sesión indicaba el inicio de la misma para las 13. Primero se postergó para las 14.30, luego una hora más y así, hora tras hora, hasta que a las 18.30 cuando sonó la chicharra. Dentro del recinto se ubicaron 36 diputados de la UCR, 44 del PRO y 14 de la Coalición Cívica

En una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos perdidos hablaron los tres presidentes de los bloques de la principal oposición: Negri; Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). El presidente del partido de Elisa Carrió confirmó que “no estamos dispuestos a debatir en forma remota con tiempos de dos o tres minutos” tanto en el tratamiento de la movilidad jubilatoria como la Reforma Judicial. En ningún momento durante la extensa reunión se mencionó el Aporte Solidario Extraordinario que es un tema de división dentro de Juntos por el Cambio: no sólo el gobernador Gerardo Morales se expresó a favor, hay varios diputados de la UCR.

Fuente: Infobae

Un grupo de manifestantes que se acercó al Congreso para protestar contra la modalidad virtual parlamentaria y la reforma judicial intentó entrar al recinto tras forzar la puerta sobre la Avenida Rivadavia.

En un momento de la manifestación, unas 20 personas se acercó hasta la puerta y empezó empujarla para ingresar al Congreso. En medio de los empujones había quedado el diputado nacional Héctor «Toty» Flores, quien finalmente logró ingresar.

Luego de algunos minutos de tensión, alguien abrió la puerta desde adentro y salió personal de seguridad, que logró tranquilizar los ánimos.

Muchos de los manifestantes que hablaron con el canal América TV dijeron estar en contra de las medidas del Gobierno nacional, la reforma judicial y otros reclamos diversos.

Si bien la labor parlamentaria comenzó a las 11:40, la sesión se postergó tres veces. La oposición reclama un debate presencial.

La sesión convocada para este martes es para sancionar la Ley de Emergencia Turística -que ya tuvo luz verde del Senado- y un proyecto sobre la pesca ilegal en Malvinas, dos temas poco conflictivos.

Sin embargo, la pelea se generó por la continuidad del funcionamiento remoto. ​​El protocolo virtual venció semanas atrás y Juntos por el Cambio se niega a ratificar su continuidad si no hay un compromiso de que la Reforma Judicial no se debatirá bajo esa modalidad.

El bloque oficialista de diputados del Frente de Todos presentará este viernes por la tarde el proyecto que propone crear, por única vez, un impuesto a los patrimonios que superen los 200 millones de pesos. Serían alcanzadas unas 12 mil personas, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5%. El objetivo es reforzar la recaudación que tuvo una fuerte caída por la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau confirmó la presentación de la iniciativa en diálogo con Radio con Vos y adelantó que la intención es comenzar a debatir el proyecto la próxima semana en comisión, según se acordó este viernes en una reunión del bloque oficialista encabezado por Máximo Kirchner.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados Carlos Heller había adelantado este jueves en declaraciones radiales que era “inminente” la presentación del proyecto para gravar las grandes fortunas. “La iniciativa nunca dejó de estar arriba de la mesa”, sostuvo.

El proyecto establece que las personas que tengan más de 200 millones de pesos pagarán una tasa del 2% y ese porcentaje será progresivo, con un tope del 3,5%. Se tomarán como base los bienes personales declarados hasta marzo de este año.

“Quiero aclarar que no habrá ningún aumento del impuesto. Esto no es un aumento, es un aporte extraordinario y solidario sobre grandes fortunas, que van de 200 millones de pesos para arriba en una escala creciente del 2% y termina en un 3,5% a los que tienen fortunas de alrededor de 3 millones de pesos”, indicó Moreau.

La intención del oficialismo es reforzar la recaudación, que tuvo una fuerte caída por la crisis que atraviesa la actividad económica a raíz de la pandemia de coronavirus. “El dinero tendrá asignaciones específicas como el financiamiento de programas para recuperar Pymes, para la construcción en barrios populares y generar mano de obra local y para financiamiento de desarrollo de producción de gas de YPF, entre otros”, precisó el diputado.

Además, destacó que una parte del dinero recaudado, que estiman que rondará entre los 300 y 400 mil millones de pesos, será destinado a fondos vinculados a la lucha contra la pandemia de coronavirus, como medicamentos y equipamientos para el personal médico.

Como referencia, el gasto público asociado a la contención de la crisis del coronavirus alcanzaba, a agosto, los $870.000 millones. Y la ampliación del Presupuesto 2020 contempló un déficit fiscal (intereses de deuda incluidos) del orden de los 3 billones de pesos, o el 10,5% del PBI. El impuesto, de ser efectivo, financiaría una décima parte de ese rojo.

La iniciativa afecta a las personas y no a las empresas, según aclararon fuentes citadas por la agencia Télam. “Estimamos que el número de personas humanas alcanzadas ronda las 12 mil, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5%”, aseveraron.

Según el bloque del Frente de Todos, 6000 contribuyentes tienen fortunas de entre 200 y 400 millones (de acuerdo a sus declaraciones de Bienes Personales). Solo 300 personas tributarían la alícuota máxima. Además, los patrimonios en el exterior estarían alcanzados por un 50% más de tasa, sobre las alícuotas correspondientes.

“No va a caer en nadie que tenga un departamento de dos ambientes ni nada por el estilo como una casa de fin de semana”, aseguró Moreau, quien aclaró que aún “no hay ninguna negociación entablada con Cambiemos”. “Se le hará llegar a todos los bloques el texto del proyecto esta tarde”, concluyó.

Con un abrazo simbólico, la manifestación en contra de la reforma judicial retomó energía hoy en la periferia del Congreso, a horas de que comience a tratarse el proyecto de ley, sesión prevista para las 14.

Algunas personas cumplieron con el hashtag #26AVigiliaEnElCongreso -con el cual se convocó a a marchar a través de las redes sociales- y permanecieron durante la noche bajo el refugio de un gacebo. Otras, tras retirarse del banderazo de ayer, volvieron a dar el presente en avenida Entre Ríos este mediodía.

Ariel Viano es uno de los manifestantes que pernoctó en la plaza del Congreso. «No le podemos dar tregua a esto», dijo hoy a LA NACION, mientras comenzaba a desenrollar 150 metros lineales de bandera argentina para, con ayuda de sus compañeros, realizar el abrazo al perímetro del Congreso.

Según contó Viano, fueron muchas las personas que ayer les enviaron comida a él y otros 30 manifestantes que permanecieron, durante la noche, fuera del edifico parlamentario: «Fue muy emocionante. Entre los que nos quedamos, había una familia con dos menores. Nos llegaron pizzas, empanadas y otros alimentos. Incluso, un matrimonio de jubilados caminó más de ocho cuadras para acercarnos bebidas».

Las rejas de acceso al Congreso nacional fueron cubiertas con carteles y banderas celestes y blancas. «Exigimos justicia. Basta de impunidad. Mafia o República», dice una de las banderas más grandes.

Alrededor de las 12.45, los manifestantes que minutos antes habían detenido el tránsito de la avenida Entre Ríos se retiraron de la calle y comenzaron a rodear las veredas del Congreso, sosteniendo la larga bandera que facilitaron Viano y su gente, agrupados en la organización -apartidaria- Apertura Republicana.

«Recuerden que nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario hasta que termine el tratamiento de esta reforma corrupta. Nos están robando la República y tenemos que hacer este sacrificio para salvarla», clamó por megáfono una de las manifestantes.

Viviana, de 55 años, quien prefirió no dar su apellido, durante la realización del «abrazo» sostiene un tramo de la bandera sobre Avenida Hipólita Yrigoyen. La mujer llegó al Parlamento desde Pilar y aseguró que se quedará allí durante el transcurso de la sesión.

«Este Gobierno demostró que no es republicano ni democrático. Aprovecharon la pandemia para gobernar por decreto y no dejar funcionar a los poderes del Estado. Eso no lo vamos a permitir», afirmó la mujer quien, además de la bandera, tenía colgado del cuello un cartel que decía: «Legisladores: no traicionen a la Patria. No a esta falsa reforma».

«La reforma nos debe proteger a todos y no sólo armarse a gusto de la expresidenta para modificar Comodoro Py, en donde la cuidan. Quiere jueces amigos que la salven de sus causas. Queremos mejor justicia, sí. Pero no impunidad», concluyó.

La protesta en rechazo a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo se realizaba esta tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional, con manifestantes portando banderas argentinas y carteles con mensajes de rechazo a la iniciativa que mañana se debatirá en el Senado a partir de las 14.

Los manifestantes se apostaron desde las 16 frente al Parlamento. La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales con el#26AAcampeEnElCongreso, tal como ocurrió el 17 de agosto, cuando tuvo epicentro en el Obelisco.

Con el llamado a «abrazar» la sede del Poder Legislativo, en rechazo a la aprobación de la ley de Reforma Judicial, comenzó a las 16 la vigilia que se anunció que se prolongará durante la noche y hasta mañana cuando el Senado trate el proyecto en una sesión especial a partir de las 14.

Ya desde el inicio, la concentración de manifestantes obligó a interrumpir el tránsito sobre la Avenida Entre Ríos, donde muchos llegaron a pie y se manifestaron con el sonido de aplausos y cacerolas y otros participaron con bocinazos desde sus vehículos particulares, la mayoría portando banderas argentinas.

La protesta se desarrolló con total normalidad, hasta que un grupo de manifestantes comenzó a agredir con golpes de puño y patadas al periodista Ezequiel Guazzora, quien tuvo que ser auxiliado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Desde temprano, el Congreso estuvo vallado, sobre la avenida Entre Ríos, pero a las 15, por un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue retirado.

Frente al Congreso se pudieron ver desplegadas banderas vinculadas a distintas agrupaciones, como Apertura Republicana, Argentinosunidos.org, Fuerza Unitaria Argentina, Unión por la República y Juntos por la Democracia y la República.

Apenas iniciada la concentración, un grupo de personas intentó instalar una carpa para hacer una vigilia hasta mañana, pero la Policía de la Ciudad lo impidió.

Ya sin el vallado, los manifestantes, entre los que se pudo ver a Juan Carlos Blumberg, cruzaron hasta la puerta principal del Congreso, con cánticos en contra de la reforma, pero la policía les impidió colgar banderas sobre la amplia reja del acceso.

El proyecto tiene dictamen mayoritario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y comenzará a ser debatido mañana a las 14.

Con la ley de moratoria aprobada en el Congreso y a la espera de su reglamentación, el abogado de Cristóbal López ya presentó un escrito ante la jueza en lo Civil y Comercial, Valeria Pérez Casado, que lleva adelante la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, señalando que tienen «la voluntad de lograr el avenimiento ante la AFIP adhiriendo a la misma (moratoria fiscal) una vez que resulte reglamentada y puedan cumplirse los requisitos formales respectivos».

Con dos medidas, el dueño del Grupo Indalo espera salvar a su empresa de la quiebra ya decretada y que comenzaba a transitar en el fuero Civil y Comercial, la instancia final para la liquidación de sus activos valuados en 100 millones de dólares. Cristóbal López buscaba por un lado, lograr un acuerdo con todos los acreedores -siendo el principal de ellos la AFIP-, y en segundo término -y quizás más importante- que el Congreso aprobase la nueva ley de moratoria fiscal.

Con esta última medida cumplimentada, ahora buscan que la petrolera pueda acogerse a un plan de facilidad de pagos y evitar así la liquidación final de sus activos. Es una carrera a contrarreloj, pero como la ley aprobada por el kirchnerismo en el Congreso aún no está reglamentada, a través de un escrito que lleva al firma del abogado Eduardo Favier Dubois anticiparon que buscan acogerse a la moratoria fiscal.

2003: Cristóbal López con Néstor y Cristina Kirchner en el casino de Río Gallegos.

La justicia en lo Civil y Comercial ya había rechazado uno de los reclamos de Cristóbal López, con el cual se pretendía que se suspendan los trámites que son inherentes a la conclusión del proceso de quiebra de Oil Combustibles. Esto es, informar vía Boletín Oficial que hay un proyecto de distribución de fondos entre los acreedores de la compañía y que tienen un plazo de diez días para realizar cualquier tiempo de observación.

En ese proceso está pendiente la distribución de 100 millones de dólares producto de la venta de los principales activos de la petrolera, que se realizó en el marco de la quiebra.

La defensa de Oil Combustibles -la firma bajo juicio oral en el fuero federal por no tributar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles generando una deuda de 8.000 millones de pesos-, sostuvo que ya habían hecho un reclamo anterior contra la resolución de la Jueza del 27 de julio. En la misma, Pérez Casado resolvió no esperar más a que la moratoria se convierta en ley ni al acuerdo con los acreedores para que acepten otra modalidad de pago (el avenimiento), y reactivó la quiebra. Esa pelea para evitar la liquidación sigue abierta.

Con la petrolera en proceso de quiebra, apostar a una moratoria para saldar su deuda era impensado. Pero el oficialismo aprobó hace dos semanas el proyecto en el Congreso, lo que allanó el camino para Oil Combustibles: la nueva normativa incorporó como excepción que podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas que estén en proceso de quiebra.

«Ante la nueva moratoria impositiva sancionada el pasado 13.08.2020 bajo la Ley Nº 27.562, la cual se encuentra en curso de promulgación por el Poder Ejecutivo Nacional, esta parte manifiesta la voluntad de lograr el avenimiento ante la AFIP adhiriendo a la misma una vez que resulte reglamentada y puedan cumplirse los requisitos formales respectivos», señaló el abogado de Oil en el escrito al que accedió Clarín.

Así, López busca que la deuda de Oil ingrese en la moratoria y obtener una plan de pagos que además proporciona una quita de intereses. El proceso no es inmediato y deberá cumplir con algunos requisitos excluyentes.

Al acogerse a la moratoria, lo hará provisoriamente, y la misma quedará efectivizada sólo si logra concluir su quiebra en un plazo de 90 días. Para hacerlo, requiere de la conformidad de al menos dos tercios de sus acreedores. En el caso de Oil, el principal damnificado es la propia AFIP, que conduce Mercedes Marcó del Pont.

Otra discusión se abre en este punto. El juicio se centra en el lapso de mayo de 2013 a agosto de 2015. En ese período, la deuda acumulada -según una pericia oficial- era de 4.200 millones de pesos, y los intereses calculados ascienden a poco más de 6.000 millones. Por eso, la AFIP de la anterior gestión iba a reclamar 10.000 millones de pesos en concepto del ITC impago.

Cristóbal López sostiene que a diciembre de 2015 sólo debían 600 millones de pesos, porque Oil se había acogido a dos planes de facilidades de pago otorgados por el controvertido Artículo 32, una potestad discrecional del Administrador de la AFIP.

Hay otro reclamo reciente por parte del fisco: le reclaman una deuda de 20 millones de pesos generada durante estos dos años de su proceso de quiebra. La cifra que Oil finalmente podría incorporar a la moratoria, abre así, otro gran interrogante.

Otra vía que no descarta la petrolera es al acuerdo con los acreedores para que acepten otra modalidad de pago. La jueza Pérez Casado decidió que, cumplidos 90 días y sin haber llegado a un acuerdo, no se debía esperar más y decidió reactivar la quiebra. A esto se opuso la defensa de López, y una vez más pidió que dicho proceso quede suspendido.

Sobre este punto, el escrito sostiene se encuentran «recopilando y analizando la documental» de la quiebra «que corresponde al legajo verificatorio de la AFIP y donde se detallan, mes por mes y concepto por concepto, las obligaciones fiscales a incluir en los planes de pago», Asimismo, indicaron que aún prevalece la feria fiscal «lo que impediría que corran los plazos para el dictado de resoluciones por el Organismo».

A días del banderazo por el #17A, usuarios afines a la oposición salieron a convocar a través de las redes sociales a una nueva protesta contra el proyecto de reforma judicial para la próxima semana, cuando el Senado intente darle sanción a la legislación, con la frase “Todos al Congreso”.

Bajo la consigna #26ATodosAlCongreso, la iniciativa comenzó a tomar fuerza ayer a la tarde, cuando el bloque del Frente de Todos se disponía a darle aprobación al dictamen del proyecto en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, para que luego sea tratado en el recinto.

Como reza el eslogan “Todos al Congreso”, la movilización está prevista para el próximo miércoles, pero podría modificarse en caso que la votación en el Poder Legislativo se defina en otra fecha.

En sintonía con la oposición de Juntos por el Cambio, los convocantes identificados con #Soydel41 se expresaron en su mayoría contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por eso, otros hashtags que circularon por las redes son #AlCongresoContraLaImpunidadDeCFK y #NoALaReformaJudicialK. Según pudo relevar este medio, el primer mensaje que impulsó la arenga virtual en Twitter fue la usuaria @josefinah05, y luego se desparramó por la red de microblogging.

Como contrapunto, hubo otros usuarios que confrontaron con el llamado a la protesta. «Millones de argentinos NO iremos a la convocatoria macrista #26ATodosAlCongreso, son el grupo minoritario inconsciente que existe en todo país y que ya perdieron en las urnas», señalaron.

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El debate llega al Congreso

El proyecto de Ley de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo este miércoles dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión.

La iniciativa enviada por Alberto Fernández contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.

El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica. El oficialismo informó las modificaciones al proyecto del Ejecutivo. Finalmente, no se unificarán el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia.

En un principio, el proyecto del Gobierno planteaba, por un lado, la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con otros fueros penales de la Ciudad para crear un nuevo “fuero federal penal” y por otro lado, la fusión del fuero Contencioso Administrativo Federal y el Civil y Comercial Federal.

No obstante el proyecto que llevarán al recinto la semana que viene podría seguir siendo modificado hasta el momento de iniciar el debate.

En tanto, la oposición dijo que «la justicia se reforma en interés de la política», que «lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante» e hizo alusión a la movilización del lunes pasado interpretando que «la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena».