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La Cámara de Apelaciones ratificó en la mayor parte de los términos el fallo en primera instancia de la causa Embrujo para Diego Correa y Diego Lüters, entre otros, según confirmó el fiscal Omar Rodríguez en diálogo con ADNSUR.

«La sentencia rechaza todas las peticiones de declaración de nulidad de las escuchas telefónicas, de inconstitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito, de autolavado, de asociación ilícita y confirma la sentencia de primera instancia que declaró responsable a (Diego) Correa, (Diego) Lüters y el resto del grupo en todas sus partes, con la única excepción de que por mayoría parcialmente modifican la condena de (Natalia) Mc. Leod respecto de la pena estableciéndole como monto punitivo dos años de prisión», resumió Rodríguez.

Recordó que, en el caso de Correa, a quien se lo condenó por enriquecimiento ilícito, «la sentencia fue de 10 años más una multa de $22 millones más $5 millones y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, mientras que para Diego Lüters fue una pena de 5 años con una multa de $750 mil con inhabilitación para ocupar cargos públicos».

«Con respecto a (Federico) Gatica también se confirmó la sentencia respecto de la pena de 4 años de prisión y la multa de $5 millones», agregó el fiscal.

Sobre los bienes recuperados, explicó que «una vez que quede firme la sentencia se va a disponer de los que ya fueron decomisados y confirmados de manera definitiva. El destino final tendrá que ver con la decisión que tome el Superior Tribual de Justicia». Se trata de «casas, terrenos en Rawson y Trelew y vehículos, además de mobiliario informático».

Finalmente, manifestó que «la sentencia técnicamente todavía no está firme hasta que no sea rechazada en los recursos extraordinarios pero hay jurisprudencia de que con el doble conforme podría hacerse la disposición de los bienes».

La Sala 4 de la Cámara Federal de Apelaciones volvió a ratificar las condenas a los enjuiciados por el caso Langostino Santo, en el que se intentó exportar más de cien kilos de cocaína de máxima pureza a España desde la empresa Poseidón, y el expediente ha sido remitido nuevamente al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá determinar los pasos a seguir.

EN VIAJE

Desde el TOF, el Secretario del mismo, doctor Raúl Tótaro confirmó que las condenas fueron ratificadas y que una vez que llegue el expediente al TOF “seguramente se ordenarán las detenciones, ya que las condenas han sido ratificadas en varias instancias, sin modificaciones, y si bien aún quedaría una instancia más, habitualmente se procede a la detención para que comiencen a cumplir las condenas a las que han sido sometidas estas personas”.

El arribo del expediente, que es trasladado por la Policía Federal llegaría al tribunal en forma inminente, con lo que se esperan novedades próximamente.

LAS CONDENAS

El tribunal, integrado por los doctores  Enrique Jorge Guanziroli, Nora M. T. Cabrera de Monella y el juez subrogante de Ushuaia Luis A. Giménez, encontró culpables a los acusados y fijó penas apenas por debajo de lo solicitado por el fiscal Teodoro Nurnberg, así lo informó el chubut.

El TOF resolvió condenar a 9 años de prisión a Héctor Omar Segundo, alias “Cura” a 9 años de prisión por almacenamiento de estupefacientes; la misma condena impuso a Nicolás Seoane, el broker que fue una parte importante en la organización del intento de exportación de 110 kilos de cocaína, que fuera hallado en las cámaras de frío de la empresa Poseidón el 10 de junio de 2013. También bajo la figura de almacenamiento de estupefacientes. Para el único detenido en la causa, el ciudadano español Rafael Aranda Barberá, también se impuso la pena de 9 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes. Mientras tanto, el taxista marplatense Juan Eduardo Burgos, quien fuera pieza clave para la conformación de la empresa Mar Pesca Azul Argentina para realizar la exportación, le cupo una pena de cuatro años de prisión.

UN ABSUELTO

Vale señalar que en el mismo acto fue absuelto Salvador Alejandro Pennissi, quien no fue acusado por el Fiscal General Teodoro Nurnberg. Las condenas se produjeron en agosto de 2017, y dos años después, aún se espera el cumplimiento efectivo de las penas a las que fueron sometidos los, hasta ahora, culpables del intento de exportación de cocaína de máxima pureza, del 98 por ciento, de origen colombiano, a España; mientras que aún no se terminó de aclarar si efectivamente había 110 kilos de cocaína en el cargamento, o si alcanzaron a sacar de las cámaras de frío de Poseidón de los otros casi 900 kilos más que según versiones había.

El fallo es leído por el presidente del tribunal, Alejandro Soñis, flanqueado por los vocales Marcela Pérez y Ricardo Rolón, aunque varios de los imputados y defensores debieron escuchar el fallo a través de videoconferencia, debido a que no pudieron llegar hasta Rawson por el corte de ruta.

Los imputados en la causa fueron Diego Correa, Federico Gatica, Diego Lüters, Natalia y Giuliana Mc Leod, Daniela Souza, Juan Ramón, Sandro Figueroa, Domingo Correa, Jorge Godoy, Christian Gisande y Rubén Reinoso, aunque no todos estuvieron en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson este jueves por la mañana.

En el caso delos imputados Giuliana McLeod y Christian Gisande, como así también los abogados Fabián Gabalachis y Javier Romero, escucharon la sentencia por videoconferencia desde la sala de audiencias de la Cámara Criminal de Trelew, ubicada en el sexto piso del edificio de Tribunales de esa ciudad.

La condena

En el inicio de la lectura, los jueces dieron a conocer el voto unánime sobre la figura de Asociación Ilícita, y en ese marco dieron por acreditada con certeza las acusaciones sobre la creación de una banda por parte de Diego Miguel Correa como jefe y a cargo de la ejecución de distintos hechos los imputados Diego Lüters, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón y Sandro Figueroa.

En el caso de Natalia McLeod, pareja de Diego Correa, aseguraron que si bien ocultó el crecimiento patrimonial del condenado, no se pudo acreditar su participación en la asociación ilícita y declararon su absolución por ese cargo.

El tribunal también condenó como autor de enriquecimiento ilícito a Diego Correa, y como partícipes necesarios a su pareja, Natalia McLeod. Este último cargo también fue aplicado a los integrantes de la banda Diego Lüters, Daniela Souza y Jorge Godoy.

El tribunal del caso El Embrujo también consideró probado que Federico Gatica lavó dinero de Diego Correa y además afirmó que durante las audiencias y en su testimonio, la declaración de Federico Gatica para defenderse fue falsa.

En el caso de defraudación al estado, fueron condenados como autores Diego Correa, Rubén «Bedo» Reynoso y Christian Gisande, en tanto que Diego Lüters, Daniela Souza yJuan Carlos «Tato» Ramón fueron encontrados partícipes necesarios del mismo delito.

Por otra parte, Diego Miguel Correa fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Tras la lectura del fallo, se dispuso que el próximo jueves 10 de octubre a las 8 de la mañana se llevará a cabo la audiencia de cesura de pena, en la cual cada una de las partes discutirán las penas establecidas para aquellas personas que hubieran sido condenadas en cada uno de los delitos

Absoluciones

Más allá de las absoluciones parciales en algunos delitos -como en el caso de Natalia McLeod por asociación ilícita- el Tribunal absolvió de todos los cargos imputados a Giuliana McLeod y a Darío Domingo Correa.

Imputaciones y causa

Con distintos grados de participación a los procesados en la causa se los imputó por asociación ilícita, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito, negocios incompatibles con la función pública y lavado de activos.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez comenzaron la investigación en 2017 y en marzo de 2018 fueron las primeras detenciones. Consideran que mediante la conformación de tres empresas, Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting, y el accionar con obras públicas contratadas y direccionadas de manera ilícita, el grupo logró dinero para comprar siete vehículos de alta gama, terrenos, chacras y propiedades en Rawson, Trelew, Playa Unión y Lago Puelo.

Las querellas de Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, Iniciativa Ciudadana y el Frente Para la Victoria adhirieron a las acusaciones fiscales y el pedido de absolución de Darío Domingo Correa. Por su parte, la querella que representó al bloque PJ- FPV de Legislatura agregó el mismo pedido para Giuliana Mac Leod y Godoy.

Diego Correa, exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves, fue imputado de ser el jefe de la asociación ilícita desde su cargo al frente de la Unidad Gobernador. Según los fiscales logró un patrimonio de $ 35 millones entre vehículos, terrenos e inmuebles. Se le atribuye además haber salido 20 veces del país en los últimos cinco años y de ser titular de una membresía de 20.000 dólares para disponer libremente durante sus vacaciones.

Trabajó en el Estado entre agosto de 2004 y diciembre de 2011, para luego reincorporarse en diciembre de 2015 hasta su detención. En ese periodo no tuvo otro ingreso formal que su sueldo.

La lista incluye una casa y tres dúplex construidos en Playa Unión, dos terrenos y una chacra en Trelew, una chacra en Lago Puelo y dos terrenos en Rawson, uno con la obra de los consultorios médicos iniciada. Al momento de su detención se disponía a viajar a Buenos Aires con 22.500 euros en su poder.

Rocio Colín y Jéssica Sequeira, oriundas de Trelew, fueron sentenciadas a 4 meses de prisión efectiva. Antes de la pena, ambas mujeres se agredieron verbalmente.

Dos conocidas mecheras de Trelew con decenas de hechos similares, robaron en el supermercado “La Superferia” de Rawson en abril pasado y por este caso sumado a la acumulación de causas, fueron condenadas a prisión de efectivo cumplimiento. Las dos mujeres reconocieron el hecho ante la jueza de garantías Mirta Moreno y con el acuerdo de la fiscalía y la defensa sortearon el juicio oral y público y en lo que se denomina un “juicio abreviado”, fueron condenadas a cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento.

La mayoría de los antecedentes de ambas imputadas registrados en el sistema “Coirón” con el que cuenta el Ministerio Público Fiscal del Chubut, ocurrieron en la ciudad de Trelew.

Se trata de Rocío Colín, del barrio de las 100 Viviendas de Trelew y de Jéssica Sequeira del barrio Los Aromos de esa ciudad. El 2 de abril pasado a un guardia de seguridad del supermercado “La Superferia” de Rawson, le llamó la atención la forma de salir y la caminata rápida que emprendían las dos mujeres al alejarse del supermercado son haber pasado por las cajas. Al darle la voz de alto, las dos mujeres emprendieron la huida por la calle Conesa y a una cuadra del lugar fueron detenidas con la Policía. Llevaban puesta ropas que estaban en venta en el local, además de juegos de cubiertos, entre otras pertenencias.

El último martes, en la Oficina Judicial debieron realizarse dos audiencias por el mismo hecho. Ocurrió que mientras aguardaban en una antesala custodiadas por la Policía, las dos mujeres se enfrentaron verbalmente y temiendo una escalada en violencia y por razones de seguridad, se hicieron dos audiencias con los mismos cargos. En cada una de ellas reconocieron el hecho y las pruebas que había reunido el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Florencia Gómez. El defensor oficial Pablo Sánchez estuvo de acuerdo previo haber conversado con las imputadas. Colín es madre de dos hijos pequeños y para seguir al cuidado de éstos seguirá con arresto domiciliario con una tobillera electrónica. Por su parte, Sequeira seguirá detenida en la Seccional Tercera de Policía de Trelew.

La fiscal general Florencia Gómez se encargó de destacar la permanente colaboración en la investigación de los propietarios de ese supermercado, desde el mismo momento en que se decidió realizar la denuncia y luego durante el proceso judicial que terminó en la aplicación de las respectivas condenas.

En la acusación de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, detallaron la calificación legal y la pena que podrían solicitar para los acusados en el juicio oral y público que comenzará en la segunda semana de marzo

Diego Miguel Correa:

Está sindicado como jefe de la asociación ilícita y además se lo acusa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. La pena prevista por todos estos delitos parte desde los cinco años. Los fiscales adelantaron que al momento de pedir pena la misma no será inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Diego Luters:

Los fiscales lo califican como «un eslabón esencial en la estructura delictiva». Está acusado como miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. La pena parte de un piso de tres años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los fiscales estiman que la pena no será inferior a los seis años de prisión, más la inhabilitación perpetua.

Daniela Souza:

Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con enriquecimiento ilícito. La pena parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima en no menos de cinco años de prisión.

Natalia Mc Leod:

Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real enriquecimiento ilícito. La pretensión punitiva se estima que no será inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.

Matías Federico Gatica:

Lavado de activos agravado por habitualidad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los cuatro y seis meses, a los doce años y seis meses de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima que partirá de cuatro años y seis meses de prisión, con más multa que partirá de los 5 millones de pesos por el lavado concretado.

Juan Carlos «Tato» Ramón:

Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es abarcado por una escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima no inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.

Sandro Figueroa:

Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero. La escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima en un reproche no menor de los cuatro años de prisión.

Jorge Aníbal Godoy:

Enriquecimiento ilícito. La escala penal va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima partirá de los tres años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Giuliana Mc Leod:

Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, cuatro hechos consumados, y dieciséis hechos tentados, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. De conformidad con la calificación escogida, el nombrado es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima que partirá del mínimo en los dos años de prisión.

Darío Domingo Correa:

Se lo acusa por Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión. La pretención de pena partirá en los dos años y seis meses de prisión.

Rubén «Bedo» Reinoso:

Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva partirá de un reproche en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargo públicos.

Christian Daniel Gisande:

Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa, en carácter de coautor, la que a su vez concursa materialmente con el delito de Usurpación de autoridad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva partirá en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El Chubut

Así lo determina un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Los datos fueron presentados en el X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata realizado en Puerto Madryn. La ciudad petrolera se ubica detrás de Mar del Plata, Córdoba y CABA.

El informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, se conoció en el X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata.

Allí se presentó un minucioso informe sobre los resultados de causas e investigaciones desde la sanción de la Ley 26.364 y la creación de la fiscalía especializada (entonces UFASE), en 2008. Desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se lograron 271 sentencias en las que fueron condenadas aproximadamente 564 personas que perjudicaron al menos a 1204 víctimas, todo ello en causas en las que intervino la justicia federal.

Desde la entrada en vigencia de la norma, la cantidad total de sentencias fue cada vez mayor de un año al otro: en 2009 fueron 3; al año siguiente, en 2010, se alcanzaron 18; y en 2011 y 2012 se registraron 27. Si bien en 2013 las sentencias fueron 26, aumentaron en 2014 al llegar a 34, y en 2015 se llegó a 48. En 2016 y 2017 se registran la mayor cantidad a la fecha, con 51 por año, mientras que en el transcurso del 2018 (todavía en curso) fueron 29 hasta el momento de la elaboración del informe.

Respecto a las jurisdicciones involucradas en cada caso, Mar del Plata se encuentra primera en el listado, con 33 sentencias, seguida por la ciudad de Córdoba, con 32 y Capital Federal y Comodoro Rivadavia, ambas con 27 casos cada una. Las cifras son similares para Mendoza y Paraná (25), Salta (24), Rosario y San Martín (22). Bahía Blanca y La Plata registran 16 sentencias cada una, mientras que en la localidad rionegrina de General Roca fueron 13. Las cifras descienden en Tucumán (9), Posadas (8) Resistencia y Corrientes (7 sentencias).

De la totalidad de los casos, el 77 por ciento incluía tipo de explotación sexual, mientras que el 19,9% fue de índole laboral, con un 3,2% no especificado. La mayoría de las causas se llevaron adelante en audiencia de debate (un 66,9%), mientras que la instancia de juicio abreviado se llevó a cabo sólo en un 30,3% de los casos. De la totalidad de los condenados, 433 son de nacionalidad argentina y 137 de origen extranjero. De ellos, el 63,6 por ciento es de género masculino, el 36% restante femenino, y un 0,4% trans.

En 232 casos, los imputados fueron condenados por trata, mientras que 40 de ellos obtuvieron veredicto absolutorio y otros 38 fueron sentenciados por delitos conexos. En el 82,3 por ciento de los casos, las víctimas de estos delitos fueron de género femenino y un 17 por ciento masculino, con un 0,7 restante de víctimas trans.

Bienes incautados

La PROTEX estuvo representada por su cotitular, Alejandra Mángano, durante la X Reunión del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que se realizó en Puerto Madryn a mediados del pasado mes de diciembre.

Luego de la apertura –que estuvo a cargo de María Fernanda Rodríguez, coordinadora del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas- se desarrollaron las Comisiones Técnicas Permanentes para la Investigación, Persecución y Sanción a los Responsables del Delito de Trata de Personas; de Supervisión de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados; de Prevención del Delito de Trata de Personas; para la Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata; y del Informe Anual.

Durante el encuentro, la fiscal Mángano propuso trabajar a través del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina en la actualización del protocolo de investigación de delitos conexos a la trata de personas, suscripto en el año 2009. Asimismo, destacó la buena práctica de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires de tener fiscales referentes especializados en delitos conexos.

En el marco de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados del Consejo Federal, la cotitular de la PROTEX presentó un minucioso informe elaborado por la procuraduría especializada –que encabeza junto a su colega Marcelo Colombo- y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) –a cargo de María del Carmen Chena- en relación a los bienes decomisados en sentencias, la cual servirá de base para distintas presentaciones que el Consejo ha efectuado ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El citado informe señala que desde la entrada en vigencia de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se han logrado 276 sentencias en las que fueron condenadas 564 personas que perjudicaron al menos a 1.204 víctimas. Sólo en el 38% de dichas sentencias se ordenó el decomiso de bienes utilizados como instrumento o producto del delito, identificándose 46 maquinarias, 38 rodados, 31 inmuebles y cerca de 450.000 pesos.

Por otra parte, se continuó trabajando en la posibilidad de compatibilizar las bases de datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Seguridad y de la PROTEX.

El Comodorense