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Fernando Calfunao, de 25 años, fue condenado por Grooming a dos años y ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento por usar perfiles falsos para pedir fotos desnudas a menores. La investigación la llevó adelante el fiscal Jorge Bugueño y el funcionario Fernando R. Blanco.

Este muchacho contactaba menores a través de perfiles falsos en la red social Instagram. Les escribía, generaba confianza y les solicitaba fotos en ropa interior o desnudas. Después las amenazaba con que si no le seguían mandando imágenes, iba a publicar las fotografías.

El joven tiene 25 años y fue detenido el año pasado. Ya poseía antecedentes por delitos similares. En 2018 cumplió un año de prisión de efectivo cumplimiento por abuso sexual simple, por manosear a una joven. Había salido en libertad hacía pocos meses.

Ayer fue condenado por el juez Marcelo Orlando mediante juicio abreviado, donde Calfunao reconoció su autoría. La pena serán dos años y ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento. También fue declarado reincidente, por lo que no tendrá beneficios de libertad condicional

El delito de “Grooming” está tipificado en el artículo 131 del Código Penal para la persona que “por medio de comunicaciones electrónicas contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Fotos: Ministerio Público Fiscal

La fiscal de Puerto María Alejandra Hernández, quien sostuvo la acusación contra el ex jefe de la policía del Chubut Juan Luis Ale, reclamó públicamente que se designe un juez para analizar el pedido que ellos quieren formular procurando que el sentenciado a 8 años de prisión vaya efectivamente a la cárcel ante el peligro de fuga.

Hernández recordó que a ellos les hubiera gustado discutir este tema en la audiencia de cesura, cosa que no pudieron hacer porque no se presentó ni el abogado defensor de Ale, ni tampoco el condenado.

«Todos los días pregunto cuándo van a designar un magistrado» expuso Hernández.

La integrante del ministerio público fiscal interpretó que el abogado defensor de Ale apelará la sentencia judicial, pero eso no impide que vaya a prisión, como pasaría con cualquier otro judiciable bajo el mismo cargo, es decir culpable de abuso sexual agravado por el vínculo a menores en modalidad reiterada.

En cuanto a la sentencia de 8 años, la fiscal consideró que «esperábamos más» aunque por ahora no apelará la decisión judicial frente a la pena que ellos reclamaron de 14 años.

En un juicio abreviado, la Justicia de Mendoza condenó este martes a 13 años de prisión a un ingeniero civil y empresario reconocido de esa provincia que había sido denunciado por abusar sexualmente de sus tres sobrinas, cuando las hermanas tenían 8, 9 y 14 años.

La estrategia de Lucio Mario García, de 52 años, fue aceptar su responsabilidad y así evitar una condena todavía más dura. Sin embargo, más allá de las pruebas, el testimonio de las víctimas, fue una grabación con una confesión del imputado lo que causó más indignación y selló, quizás, su pena.

“No abusé flaco, abusar es una palabra muy grosera, no abusé, entre hombres te digo, le toqué… (se omite el resto de la frase para preservar a las víctimas)”. Este diálogo es el que mantuvo García con el padre de las nenas abusadas cuando este le fue a pedir explicaciones. Lo que ignoraba entonces el imputado, es que lo estaba grabando. “(…) Le toqué el cu… a una empleada también, que encima era espantosa, no es que yo sea un violador serial, un pedófilo ni nada (…) le puede pasar a cualquiera”, remató.

El capítulo que se cerró ayer se había iniciado en 2009, pero los abusos se extendieron durante tres años. Fue cuando corría ya el año 2012 que una de las víctimas se quebró y le reveló a sus padres lo que había sufrido.

Los abusos confirmados en total fueron seis, aunque las hermanas manifestaron que el ingeniero, cuñado de su mamá, las sometía cada vez que las dejaban a dormir en su casa aprovechándose de la confianza que le tenía su familia.

“Lo peor es que se hacía pasar por el tío piola, con el que uno se podía ir de vacaciones. De hecho, uno de los abusos se produjo durante un verano en Chile”, comentó una fuente cercana al expediente.

Finalmente, García fue detenido a mediados de 2019 cuando se presentó a votar en una escuela de Luján para unas elecciones y al presentar su documento descubrieron que tenía pedido de captura.

Tras conocer el fallo judicial hacia el ingeniero, un familiar de las víctimas usó sus redes sociales para expresar su conformidad con la condena. “Somos una familia que confió en la Justicia. Que la luchó, que reunió pruebas durante años, que protegió y les creyó a sus hijas (…) La investigación de la fiscal logró probar todas y cada una de las pruebas y el implacable proceder del abogado querellante, lograron que triunfe la verdad. Esto es una puerta de esperanza para todas las niñas que han sido abusadas”, escribió.

Durante la pandemia por coronavirus hubo muchas situaciones escandalosas en la Argentina, sin embargo ninguna tan grande como el beneficio de la prisión domiciliaria para criminales con el fin de resguardar su salud. En esta oportunidad un preso, Tucumán, condenado por abuso con dicho beneficio acosó sexualmente a una nena de 12 años. La situación fue advertida por la madre de la menor quien denunció ante la justicia la situación.

El hecho tuvo lugar en la provincia de Tucumán, en la localidad tucumana de Alderetes. El hombre señalado por la mujer es un violador que se encontraba cumpliendo la condena en su domicilio, ya que se encontraba dentro del grupo de riesgo del covid-19.

Ante el hostigamiento, la Fiscalía solicitó que se le revoque el beneficio al abusador y que regrese a la prisión. También se ordenó que la familia de la menor reciba contención.

El acusado fue condenado en 2017 por cometer el aberrante delito de abusar sexualmente a su propia hija y dejarla embarazada. Debido a tal antecedente fue que la Justicia decidió realizar dicha solicitud.

La noticia tuvo gran repercusión en las redes sociales y fueron muchos los que demostraron su cólera por el abusador y la Justicia. «Un violador no debería tener ningún beneficio», «Nunca debería haber salido», «Tendrían que condenar al violador y al juez que lo soltó», «Que el juez que lo liberó lo hospede en su casa», fueron algunos de los comentarios menos violentos de parte de los internautas.

También hubo quienes sacaron a la luz la realidad de las cárceles argentinas, que no cumplen su función de reinsertar a los criminales a la sociedad, sino que salen peor. Según algunas investigaciones, el 43% de los presos vuelven a delinquir. Algunas de las causas son volver a hacer amistad con malas influencias o por la falta de oportunidad de trabajo que tienen los ex presidiarios.

Un tribunal estadounidense condenó al presidente Donald Trump a pagar los gastos del proceso judicial abierto a raíz de una denuncia que le realizó la exactriz porno Stephanie Clifford, más conocida como «Stormy Daniels».

El Tribunal Superior de California ordenó a Trump pagar 44.100 dólares por la demanda presentada por Daniels en 2018 contra el acuerdo de confidencialidad que firmó con Trump para no revelar la relación que mantuvieron entre 2006 y 2007.

Si bien la demanda fue desestimada, la legislación local señala que Daniels es la parte beneficiaria, por lo que el presidente estadounidense debe asumir los honorarios de los abogados querellantes.

La Fiscalía General en Nueva York confirmó que Trump ordenó a su abogado Michael Cohen hacer un pago ilegal de 130.000 dólares a Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 para comprar su silencio por un supuesto encuentro sexual con Trump.

La sentencia llega un año después de la querella de Daniels contra Trump por un escándalo sexual que sigue amenazando política y legalmente al presidente.

En 2018 Daniels publicó ‘Full Disclosure’, el libro en donde revela detalles de uno de sus encuentros sexuales con el magnate en 2007 después de un torneo de golf en California. Según cuenta la actriz, pasó tres horas escuchándolo autoelogiarse para luego tener «dos minutos de mal sexo».

El exjuez Jorge Urso, recordado por haber ordenado la detención del expresidente Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, murió este miércoles tras sufrir un accidente mientras practicaba equitación en una estancia de Moreno.

El exmagistrado, de 63 años, cayó de su caballo y murió en circunstancias que aún se investigan.

La Policía Bonaerense trabaja en el club hípico de Moreno donde se produjo el accidente. Interviene el titular del UFI 1 de Moreno Leandro Ventricelli, informó TN en la tarde de este miércoles.

Urso llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 en 1993. Antes había trabajado en la exMunicipalidad porteña durante la gestión de Carlos Grosso. Paradójicamente llegó a su juzgado durante el menemismo. Años después, el 7 de junio de 2001, ordenó la detención del expresidente, al que acusó de asociación ilícita por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

El exmagistrado también dictó la detención del dirigente Luis D’Elía por la toma de la comisaría en el barrio porteño de La Boca. La orden nunca llegó a concretarse y de hecho el expiquetero terminó en prisión recién en 2019, pero obtuvo la domiciliaria en abril pasado con motivo de la pandemia de coronavirus.

En su trayectoria también se destacó por el encarcelamiento de 12 represores, entre los que se encontraba el exministro del Interior de Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy.

El exjuez era amante de la ópera, coleccionista de armas, fumador de cigarros y conductor de autos caros, según consignó el diario Clarín, e incluso llegó a vérselo a bordo de un Porsche. También se lo conocía por sus corbatas, gemelos y trajes caros. Dicen que nunca faltó al festejo de la independencia de los Estados Unidos, cada 4 de julio, en la residencia del embajador.

Su patrimonio estuvo en la mira de la Justicia. El exmagistrado se defendió y negó ser dueño de un campo en la localidad de Magdalena. Afirmó que solo era propietario de unas caballerizas. En ese expediente se intentó determinar, además, si su departamento en Palermo Chico estaba a nombre de una misteriosa empresa con sede en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal.

El supuesto crecimiento patrimonial del exmagistrado motivó una causa en Comodoro Py por enriquecimiento ilícito, que se cerró en 2013 luego de que el juez Sergio Torres lo sobreseyó.

También fue denunciado por un supuesto «armado» de causas penales y sumó acusaciones por irregularidades procesales en el trámite de siete causas, la mayoría por venta de drogas.

La Corte Suprema de Justicia consideró acreditadas las acusaciones y denunció el caso ante el Consejo de la Magistratura. Ante el avance de este proceso, renunció en septiembre de 2006.

Fuente: TN

La Justicia condenó este viernes a un hombre identificado como “W.G.C.” a la pena de un año de prisión condicional de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta establecidas en el Código Penal.

La sentencia fue dictada por el juez de garantías Gustavo Castro y se trata de la primera condena en la Provincia por este tipo de delito. El abusador besó a una menor en su boca, avanzando así sobre la libertad sexual de la víctima, menor de edad.

La Fiscalía estuvo representada por la fiscal Florencia Gómez quien en el proceso logró acreditar el delito y la autoría del condenado. La calificación legal que se le atribuyó fue “abuso sexual simple en calidad de autor”.

El caso se registró en el barrio Área 12 de Rawson en 2017 cuando el imputado, un albañil, sabiendo lo que hacía y conociendo la significación de su conducta, abusó de la menor cuando ésta se encontraba en su habitación sola, a donde además ingresó sin autorización. El hecho fue denunciado por la madre de la víctima.

Eric Torales quedó procesado este lunes y embargado por 50 millones de pesos. El juez Néstor Barral lo acusó de haber cometido un delito contra la Salud Pública al propagar la enfermedad contagiosa y peligrosa por imprudencia, algo que está contemplado en el artículo 203 del Código Penal y prevé una pena de hasta cinco años de prisión.

El joven, de 24 años, volvió de viaje el 13 de marzo, luego de haber estado en Miami, Estados Unidos. No cumplió con la cuarentena obligatoria dictada para personas que arribaban del exterior y asistió al cumpleaños de su prima, donde terminó contagiando a más de 15 personas, entre ellas, a Luis María Suárez, de 78 años, su abuelo que murió el 1° de abril.

Al llegar a la Argentina, Torales tuvo que completar una declaración jurada y fue informado de las restricciones que debía cumplir. Sin embargo, fue al cumpleaños de 15. Por eso, la justicia considera que actuó con imprudencia.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal Nro. 1 de Morón, por Melina Mariel Fernández, intendenta del Municipio de Moreno. Luego de que, un día después de la fiesta, Torales comenzara con síntomas y fuera diagnosticado positivo por coronavirus en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

En principio, el joven fue acusado de homicidio culposo por el fiscal Santiago Marquevich. A mediados de abril, se negó a declarar por videollamada y dijo que hará su defensa de manera presencial cuando el aislamiento termine.

En el procesamiento, el juez desestimó esta carátula y lo acusó de cometer un delito contra la Salud Pública. En el documento, Barral asegura que”no quedan dudas que el comportamiento de Torales resultó un peligro” y lo considera responsable de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa culposa agravada por el resultado de enfermedad y muerte (artículos 45 y 203 en función del artículo 202 del Código Penal), en calidad de autor.”

El mexicano Abel Revill Ochoa fue ejecutado este jueves en el Centro Penitenciario de Huntsville, en el estado de Texas, tras ser condenado a muerte por asesinar a su familia.

El hombre, de 47 años, murió mediante una inyección letal, casi 17 años después de que un jurado lo sentenció a muerte por matar a cinco miembros de su familia. Revill Ochoa falleció a las 18:48 horas (local), 23 minutos después de haber recibido la dosis.

En 2002, Revill Ochoa, originario de Durango (norte de México), asesinó en su vivienda de Dallas (Texas) a su esposa Cecilia; a sus hijas Crystal, de 7 años, y Anahí, de 9 meses; a su cuñada y a su suegro.

Tras asesinar a cinco miembros de su familia, y herir a su cuñada, salió de su vivienda rumbo al centro comercial de Wynnewood, pero fue detenido por la Policía de Dallas.

La defensa del sentenciado argumentó durante el proceso judicial que su cliente actuó en un estado de delirio por consumir crack, tras un periodo de abstinencia. Ochoa aseguró que no recordaba nada de la masacre y dijo que «el diablo» lo poseyó.

La ejecución de Abel Revill fue llevada a cabo después de que la Suprema Corte de Justicia falló en contra de un recurso interpuesto por la defensa del mexicano para evitar la condena a muerte.

Polémica en México

El caso causó mucho revuelo en México, un país en donde está prohibida la pena de muerte, según lo establece el artículo 22 de la Constitución.

Este jueves, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su «absoluto rechazo» a la ejecución de Abel Revill en Texas.

«Se insta a las autoridades del estado de Texas a considerar conmutar la pena capital de Abel Revill Ochoa […] por una privativa de libertad que se encuentre acorde al derecho a la vida, la dignidad y la integridad de las personas», manifestó el organismo en un comunicado emitido previo a la ejecución.

Revill Ochoa fue el segundo preso ejecutado este año en el estado de Texas y el tercero en el país norteamericano. Otras siete ejecuciones están programadas para los próximos meses en Texas, según reporto Fox.

Se trata de Bruno Zunino, un exempleado judicial que tiene una condena en suspenso por violencia de género contra una joven. También tiene causas por quemar el auto de la madre de la joven y amenazar a un allegado. Estaba internado en un centro de rehabilitación pero incumplió las pautas de conductas.

Bruno Zunino, el exempleado judicial de Puerto Madryn condenado por violencia de género y que además cumple condena por haber quemado el auto de quien había sido su suegra, deberá volver a prisión tras incumplir una serie de pautas de conductas dentro de un centro de rehabilitación.

La jueza Marcela Pérez dispuso que regrese a prisión preventiva en un establecimiento carcelario por un plazo de dos meses, luego de que el joven hubiera incumplido una serie de pautas de conductas en la institución en la cual cumplía un tratamiento de rehabilitación y donde se encontraba internado.

Si bien oficialmente no trascendieron los motivos que llevaron a la medida, una serie de informes del centro de rehabilitación y conductas del condenado que habrían trascendido incluso en las redes sociales, motivaron la decisión de la jueza de ordenar la orden de aplicar la prisión preventiva a Zunino.

Zunino fue exonerado del Poder Judicial por disposición del Superior Tribunal de Justicia a raíz de los hechos que se le imputaron en su momento y fue condenado a la pena de seis meses de prisión en suspenso por violencia de género contra su pareja. Además se le impusieron diversas pautas de conducta, como ir al psicólogo y prohibición de acercamiento.

Pocos días después de ese fallo, el 20 de Mayo de este año, prendieron fuego el automóvil de la madre de la joven que había sido víctima de los episodio de violencia de género y el vehículo sufrió destrucción total. Por ese hecho se abrió una investigación contra Zunino, sobre quien además el fiscal sostuvo que incumplió la orden de prohibición de acercamiento que fuera impuesta por el juez penal Jorge Novarino.

Dos días antes de ese hecho, 18 de junio de 2019, el sujeto comenzó a enviar audios de WhatsApp a una persona a la que le había pedido que se haga cargo del incendio del vehículo. Y luego que ese se negara, lo amenazó con que “si te agarro te rompo la cabeza”, “te voy a buscar y te voy a encontrar donde sea y te voy a romper la cabeza”, “te voy a a reventar la casa a tu vieja”, entre otros insultos.

Entre las pautas que le impuso la justicia estaba la internación en un centro de rehabilitación, pero ahora ante el incumplimiento de conductas, deberá volver a prisión