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En diálogo con Radio 3, Sebastián Cuattromo, cofundador de “Adultxs por los derechos de la Infancia” repasó la tarea que desarrollan a nivel nacional y en este sentido, en Chubut.

Destacó la reciente condena por abuso sexual contra dos menores al ex jefe de la Policía y ex Diputado provincial, Juan Luis Ale, además de informar que el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver en breve respecto a la sentencia sobre una mujer y su pareja, quienes fueron juzgados por abuso sexual contra el hijo de ella, en Puerto Pirámides.

Asimismo, reiteró la importancia de no callar o invisibilizar este delito como sociedad, alertando que de cada 10 personas, dos han sido víctimas en sus infancias o adolescencias.

De esta forma, Cuattromo se refirió a la reciente condena dictada para el ex jefe de la Policía del Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, quien fue hallado culpable por abusos sexuales cometidos contra dos menores.

El caso, lo “conocemos desde hace años y acompañamos solidariamente a sus víctimas”, reveló, y subrayó que “el fallo que ha condenado a Ale ha sido otro formidable logro de lucha de las víctimas”.

Destacó así la “valentía y coraje llevado adelante en esta búsqueda de reparación y Justicia”, por parte de las víctimas de Ale.

En este sentido, se refirió al impacto que ha tenido la causa ya que “se ha retirado el cuadro de este abusador de la policía provincial –e incluso- se iniciarían trámites para exonerarlo. Con ello vemos que la lucha de las víctimas logran efectos simbólicos y concretos”.

Esto, consideró, es “indispensable para que los distintos poderes del Estado realmente asuman al abuso sexual contra la infancia como una máxima prioridad institucional, planteando cambios de prácticas, mentalidades y políticas para que todos podamos poner a la infancia y la protección de sus derechos en un lugar de máxima prioridad”, sentenció.

Asimismo, se refirió a otro caso de relevancia de la provincia, el de una madre y su pareja que fueron condenados por el abuso sexual de un nene en Puerto Pirámides; caso en el que “acompañamos desde lo solidario y lo vincular”.

Informó así que “estamos esperando y acompañando a la familia protectora de la víctima –ya que- los condenados abusadores apelaron la doble condena que recibieron y estamos esperando que el Superior Tribunal de la Justicia (STJ) dicte un fallo ante esta apelación”.

Asimismo, reveló que la condenada fue beneficiada con la prisión domiciliaria: “Hace poco logró que el juez de Trelew, Cesar Zaratiegui, le dicte domiciliaria –lo cual- nos pareció un fallo lamentable”.

Remarcó que “los abusadores no tienen que volver a tener contacto con los niños y niñas, algo que tenemos que lograr que el Poder Judicial entienda y lleve a la práctica”.

Precisamente, con este antecedente, de esta “bochornosa domiciliaria a una abusadora, las expectativas de todos los que acompañamos esta lucha están puestas en el STJ, que tendrá que fallar y esperemos que ratifique la condena”, expresó Sebastián Cuattromo.

Destacó en este sentido que “tanto el juicio como en la apelación, la condena ha sido un logro formidable para esta causa colectiva, a nivel nacional”, con lo cual esperan que el máximo Tribunal provincial lo ratifique.

En otro tramo de la conversación con Radio 3, Cuattromo se refirió a la necesidad como sociedad de escuchar y no ocultar los abusos sexuales hacia las infancias, “es indispensable la visibilización y difusión, que estos temas estén en la agenda pública y que circule como debate colectivo y social”.

Por eso, como sobrevivientes, “estamos empeñados en compartir una y otra vez, por todo el país, nuestro testimonio y relatos, porque es una forma fundamental de darle voz y aliento a quienes hoy sufren esta injusticia o que han sufrido, hoy son adultos y todavía no han podido ponerlo en palabras”.

Destacó que el esfuerzo y empeño “sirve, es impresionante, tanto que no damos abasto. Todos los días del año recibimos mensajes y comunicaciones de personas de todo el país”, reveló.

Se trata de cientos de personas que “se contactan para compartir sus historias. Muchas veces hablamos de personas que décadas después de haber sido víctimas de esta injusticia sienten que pueden empezar a compartirlo, liberarse y poder transformar su calidad de vida”.

“Las víctimas de abuso sexual infantil tienen que cargar con una pesadísima mochila de vergüenza y culpa”

“Desde hace años, no hay día en que no estén comunicándose personas que lo están necesitando y sienten que al encontrar a sobrevivientes y a protectores, dejan de estar solo”, señaló Cuattromo.

En esta línea, remarcó que nuestra provincia no es ajena a estos delitos, “eso también nos pasa con personas de los más diversos lugares de Chubut –recordando y destacado que- hace una año estuvimos ahí y encontramos a personas de a pie que luchan contra esta injusticia o que se encuentran organizadas, como ‘Red de Infancias Robadas’ o ‘Madres de Víctimas contra la Trata’”.

“Lo maravilloso que encontramos allí es que hay mucha gente y en Trelew fue conmovedor, el ver tanta gente comprometida”, sentenció.

Sobre el final, reiteró las cifras de la Unión Europea que da cuenta que “el abuso sexual contra la infancia lo sufren 1 de cada 5 niños, niños y adolescentes; es decir que de cada 10 personas 2 lo sufren, y de esas 2, 1 es de carácter incestuoso e intrafamiliar, en todos los sectores sociales, culturales y económicos”.

Estas cifras, “esta masividad, nos da cuenta de la magnitud del desafío colectivo que teneos por delante”, y desde Adultxs, “en la práctica, corroboramos esa masividad”, concluyó.

Mañana martes a las 12.30 está previsto que se desarrolle la audiencia en la cual se dará a conocer la condena para el ex Jefe de la Policía del Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale.

El Tribunal encargado de le decisión está integrado por los jueces Marcela Pérez Bogado, Gustavo Castro y Marcelo Orlando.

La lectura del fallo se realizará en los Tribunales de Madryn luego de la audiencia de cesura de pena desarrollada la semana pasada, en la cual la Fiscalía pidió la pena máxima para Ale de 14 años de prisión.

El ex jefe de la Policía fue declarado culpable del abuso sexual de dos menores de edad entre los años 1998 y 2001 cuando él mantenía una relación de pareja con la madre de las víctimas.

La calificación legal por la que fue condenado fue la de “abuso deshonesto en la modalidad de delito continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de dos menores”.

Para la jornada de este martes, además, está prevista una movilización en las afueras de los tribunales por parte de vecinos y organizaciones quienes esperarán la lectura del fallo y realizarán un homenaje a aquellas mujeres víctimas de abuso sexual y femicidio.

La fiscal María Alejandra Hernández solicitó la prisión preventiva para el ex policía y ex diputado pero el planteo fue rechazado. En la cesura de pena se sabrá los años que enfrentará, que van de 4 a 14 años de prisión.

Los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez recibirán este lunes el pedido de pena para Juan Luis Ale. El ex jefe de Policía del Chubut y ex diputado provincial fue declarado culpable por abuso deshonesto contra M.F.M. y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de M.B.M. cuando convivía en Puerto Madryn con la madre de las víctimas.

Según el Tribunal, ambas explicaron “las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieran los hechos, coincidentes con la acusación fiscal, desde el momento en que se van vivir con el imputado, luego de la separación de sus padres”. Ocurrió desde fines de 1998 hasta 2001, cuando su madre se separa de Ale.

La fiscal María Alejandra Hernández solicitó la prisión preventiva para Ale pero el planteo fue rechazado. En la cesura de pena se sabrá los años que enfrentará Ale, que van de 4 a 14 años de prisión.

El tribunal puso especial atención a la duración de los abusos. Eran reiterados episodios de tocamientos en sus partes íntimas y otras conductas con connotación sexual. Los profesionales certificaron los episodios de angustia, inestabilidad emocional y trastorno depresivo, vinculado con la situación de abuso.

Tal como destaca diario Jornada, este lunes declarará el actual jefe de Policia, Miguel Gómez, a pedido del Ministerio Público Fiscal.

La Corte Suprema confirmó la condena a cuatro años de prisión para el dirigente piquetero Luis D’Elía​, quien actualmente cumple domiciliaria por coronavirus. Fue condenado por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004.

La sentencia ya había sido confirmada anteriormente por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Ante esta situación, su defensa interpuso un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, que lo desestimó por unanimidad al considerar que el recurso resultaba inadmisible en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Además de su sentencia de cuatro años de cárcel, la Corte también ratificó su inhabilitación especial por el plazo de ocho años para el ejercicio de la función pública.

El 26 de junio de 2004, cuando era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el gobierno de Néstor Kirchner, el ex piquetero tomó junto a unas 40 personas la comisaría 24 de La Boca en reclamo por el asesinato de un miembro de su agrupación, Martín «Oso» Cisneros, por la que responsabilizó a las autoridades y efectivos de esa dependencia policial.

En 2017, la Justicia lo consideró autor de los delitos de «atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de las fuerzas de seguridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, en concurso ideal».

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6), integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero. Sin embargo, en ese momento no se dispuso su detención por no estar firme.

«Si tengo que ir a la cárcel cuatro años y ocho meses por esto, a los 60 años y después de 40 de militancia, lo hago con orgullo y dignidad y mirando a la cara», había señalado D’Elía en ese entonces al salir de los tribunales.

La causa, que tuvo su condena después de 13 años, evitó la proscripción por haberse sumado a la denuncia por agresiones durante las protestas del campo en Plaza de Mayo en 2008, hecho por el que finalmente fue absuelto.

D’Elía cumple prisión domiciliaria desde abril pasado por orden de la Justicia, tras haber estado internado anteriormente en el Sanatorio Anchorena por un estado febril.

A principios de julio estuvo ocho días internado en el Sanatorio Otamendi por haberse contagiado de coronavirus.

Durante estos días, el dirigente se mostró activo en las redes sociales. Participó de una videoconferencia con el ministro bonaerense y titular de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque​. También volvió a pedir por los funcionarios K presos y se solidarizó con Hebe de Bonafini por las amenazas que recibió.

Otro fallo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Andrés Galera, contador y presunto testaferro del ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López​, para que no se realice una investigación integral sobre su patrimonio.

El juez que lleva la causa por enriquecimiento ilícito a López ordenó la investigación porque se habían reportado movimientos patrimoniales y financieros sospechosos y sin justificación.

La defensa de Galera pidió la nulidad pero fue desestimado por el tribunal de alzada, corrió la misma suerte en casación y finalmente fue rechazado por la Corte. El máximo tribunal lo desestimó por unanimidad, al sostener que «no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal».

Un tribunal egipcio condenó el lunes a varias jóvenes a dos años de prisión por publicar vídeos de baile «indecentes» en TikTok, un caso considerado como una nueva ofensiva contra la autoexpresión en la sociedad conservadora.

Las mujeres también fueron multadas con 300,000 libras egipcias cada una por «violar los valores y principios de la familia egipcia», incitar al libertinaje y promover la trata de personas, según un comunicado del fiscal.

La declaración de la fiscalía nombró a solo dos de los acusados, la estudiante de 20 años Haneen Hossam, y Mawada Eladhm, de 22 años, y dijo que los otros tres ayudaron a administrar sus cuentas de redes sociales.

Ambas mujeres saltaron recientemente a la fama en TikTok, acumulando millones de seguidores por sus fragmentos de video con pegadizos temas egipcios de club-pop. En sus respectivos clips de 15 segundos, las mujeres posan maquilladas en autos, bailan en cocinas y bromean en sketches.

Sin embargo, su estrellato en las redes sociales se le vino en contra. En Egipto los ciudadanos pueden llegar a ser condenados a prisión por delitos vagos como «mal uso de las redes sociales», «difusión de noticias falsas» o «incitación al libertinaje y la inmoralidad».

El abogado de Eladhm, Ahmed el-Bahkeri, confirmó la sentencia. La fiscalía consideró las fotos y videos de Eladhm «vergonzosos e insultantes».

“Eladhm estaba llorando en la corte. ¿Dos años? ¿300.000 libras egipcias? Esto es realmente algo muy difícil de escuchar”, contó Samar Shabana, asistente del abogado.

“Solo quieren seguidores. No son parte de ninguna red de prostitución, y no sabían que así es cómo los fiscales percibirían su mensaje «, agregó Samar Shabana, en referencia a sus publicaciones que alientan a las mujeres jóvenes a compartir videos y chatear con extraños a cambio de dinero en otra red social.

Aunque Egipto sigue siendo mucho más liberal que los estados árabes del Golfo, el país de mayoría musulmana se ha movido en una dirección decididamente conservadora durante el último medio siglo. Las bailarinas del vientre, las divas del pop y las personas influyentes en las redes sociales se han enfrentado a una reacción violenta por violar las normas.

La serie de arrestos por «problemas morales» es parte de una represión más amplia de las libertades personales que se ha acelerado desde que el presidente Abdel Fattah el-Sissi llegó al poder en 2013.

Una petición en línea ampliamente difundida describió los arrestos como una «represión sistemática dirigida a mujeres de bajos ingresos» e instó a las autoridades a liberar a las nueve mujeres jóvenes detenidas en los últimos meses por publicar videos de TikTok. La sentencia del lunes fue la primera.

En las últimas semanas, el tema de los derechos de las mujeres ha despertado la atención nacional en Egipto. Docenas de acusaciones de asalto sexual en serie en la universidad más elitista del país han provocado incredulidad, indignación y un flujo de apoyo sin precedentes, convirtiéndose en la respuesta de Egipto al movimiento #MeToo.

Pero queda por ver si la tormenta de fuego tendrá un impacto a largo plazo en la libertad de las mujeres en Egipto. Los críticos dicen que la voluntad de los fiscales estatales de atacar tan severamente a las mujeres TikTok, que tienden a provenir de familias de bajos ingresos en las que los valores tradicionales están firmemente arraigados, ha generado dudas de que el movimiento pueda traspasar las líneas de clase rígidas del país.

Desde el Tribunal Oral Federal, con asiento en Comodoro Rivadavia, confirmaron a EL CHUBUT que se está a la espera de la evolución médica de Omar «Cura» Segundo para determinar donde quedará alojado para cumplir su condena. Segundo había sido descubierto incumpliendo el arresto domiciliario y, tras ser detenido, fue trasladado a una clínica por una descompensación.

Los habitantes de Puerto Madryn evidentemente saben quién es Omar “Cura” Segundo y los hechos en los que se vio involucrados, y que fue condenado, como también saben que debía cumplir con la prisión domiciliaria, que no podía salir de su domicilio, salvo para ir al médico tres veces por semana.

Al verlo en un supermercado en pleno centro de la ciudad, los vecinos lo reconocieron a pesar de llevar colocado un tapabocas y de inmediato dieron aviso a Policía, que trasladó personal al lugar y procedió a su arresto.

Esto fue reconocido por el jefe de la Unidad Regional, Comisario Mayor Javier Guzmán, quien confirmó que “fue detenido en un local comercial tras ser reconocido por un cliente” que dio aviso a policía.

Guzmán agregó que una vez trasladado, “en la comisaría se descompensó por lo que fue trasladado a una clínica donde quedó internado”, mientras que se realizaban las notificaciones y consultas ante el Tribunal Oral Federal.

Guzmán informó también que “aún no se realizó el traslado, sigue internado con custodia policial”, por lo que se está colaborando con la Justicia Federal en la custodia del reo hasta que se pueda realizar el mismo, lo que llevará a cabo la Policía federal una vez que el TOF determine en que cárcel quedará alojado, si en la U6 de Rawson o en la U14 de Esquel.

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic se expidió mediante redes sociales luego de producirse en Chubut nuevos sucesos de acuerdo a la denuncia de vecinos del barrio INTA de Trelew, donde señalan que les dispararon desde un colectivo policial en un operativo liderado por el máximo funcionario de la Seguridad provincial, Federico Massoni.

“Tras nuevos hechos de violencia institucional, vuelvo a recomendar a los gobiernos provinciales que, tal como hacemos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, repudien, investiguen y condenen cada vez que las fuerzas de seguridad violen la ley. La violencia institucional es un delito”, señaló Frederic vía Twitter.

En la misma red social de microblogging, Sabina Frederic agrega: “en el Cuarto Consejo de Seguridad Interior, Alberto Fernández nos pidió a las y los responsables ‘construir una mejor seguridad, una seguridad que prevenga, que actúe con severidad, recordando siempre los límites que el Estado de derecho impone’. Eso es impedir la violencia institucional”.

“La claridad del presidente y nuestra convicción en igual sentido se puede ver y escuchar en las palabras que compartió el último 10 de junio para abrir el Consejo de Seguridad donde participan todas las provincias del país”, agrega la funcionaria nacional Sabina Frederic .

En esa oportunidad, el Jefe de Estado pidió que “reflexionemos juntos: el combate al delito debe ser inflexible, pero siempre debe hacerse dentro del marco de la Ley, porque estamos en un Estado de Derecho y ahí derechos tenemos todos, también los que delinquen. Y los que delinquen en todo caso deberán responder ante la Justicia y cargar las penas que la Justicia les impone. Les pido que tratemos de construir una mejor seguridad, una seguridad que prevenga, que actúe con seguridad, recordando siempre los límites que el Estado de Derecho impone; y una seguridad que sea un apoyo importante para que la Justicia finalmente castigue a los que delinquen”.

📻🎙🗣️ “ME DISPARARON A QUEMARROPA, MASSONI ES UN PSICÓPATA” [AUDIO] Gabriel Frede fue unas de las víctimas de un violento operativo en la madrugada del lunes en el barrio INTA de Trelew.

📻🎙🗣️ “ME DISPARARON A QUEMARROPA, MASSONI ES UN PSICÓPATA” [AUDIO]Gabriel Frede fue unas de las víctimas de un violento operativo en la madrugada del lunes en el barrio INTA de Trelew, encabezado por el ministro Massoni: 🗣️ “me dispararon a quemarropa. Es una locura. No sé qué hubiera pasado si mandaba a mi hijo más chico a cerrar el portón. Una locura. Acá en el barrio Inta es así, el sábado lo mismo; nosotros estamos cansados. Trabajamos toda la semana: yo soy albañil, soldador, mi esposa trabaja en Salud, se levanta a las cinco de la mañana. Massoni está loco, es un psicópata. Encima la forma que me dispararon, cobardemente. Yo estoy limpio, no tengo antecedentes, que busquen en los expedientes. Lo que hacen acá en el barrio con la gente es impresionante”. 📻 Entrevista realizada por Radio Escuela Namunkurá FM 89.7#CholilaOnline

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Lunes, 15 de junio de 2020

La Justicia le redujo la condena a prisión y la hizo de cumplimiento condicional. Además, se le revocó una multa de cerca de 50 millones de pesos.

Este miércoles, se conoció la resolución de la Cámara Penal de Trelew a una impugnación que había realizado el abogado defensor del ex funcionario Oscar “Chito” Alarcón, Fabián Gabalachis.

De esta forma, el Tribunal integrado por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y el Martín Montenovo rechazó de manera parcial el planteo, reduciendo la condena de Alarcón a 3 años de prisión de cumplimiento condicional y revocándole una multa impuesta.

Vale recordar que la sentencia impugnada fue por la causa de “Enriquecimiento Ilícito” y la misma fue emitida el pasado 14 de noviembre.

En aquella ocasión, la Justicia condenaba al ex titular de Ceremonial y Protocolo de la Provincia a 4 años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el decomiso de los bienes que adquirió sin sustento económico y una multa del 100% del valor del enriquecimiento.

De esta forma, los magistrados resolvieron este miércoles una pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, como así también el decomiso de los bienes incautados en la causa.

Se trata de seis propiedades que estaban en poder del condenado y que están valuadas en 50 millones de pesos, valor que fijaba además el monto de la multa que se le había impuesto en primera instancia.

En este sentido, si bien le retiraron la multa, se le impuso las costas del proceso y regularon los honorarios del defensor particular como de los querellantes en la causa; en este caso la Fiscalía de Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

«Chito» Alarcón fue condenado a 4 años y medio de prisión», publicó Radio 3.

Al cura le faltan 11 años para cumplir con la condena, y solicitó el beneficio por razones de salud ante el riesgo de contagio de coronavirus.

El padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, pidió el arresto domiciliario por temor al contagio de coronavirus en la cárcel. En medio de la polémica por las condiciones de detención a grupos de riesgo, la defensa del sacerdote presentó la solicitud para que le otorguen el beneficio.

Grassi cumple condena desde hace 6 años en la cárcel de Campana y aún le quedan 11 años de prisión. Al delito por abuso sexual se sumó otra a dos años por malversación de fondos de la fundación «Felices Los Niños». Asimismo, se encamina hacia un tercer juicio oral por desviar donaciones que eran para la fundación hacia la cárcel, a cambio de beneficios.

El sacerdote solicitó la prisión domiciliaria ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Morón, y su defensa argumentó una supuesta afección respiratoria y señaló el caso positivo de coronavirus de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana.

Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por abuso sexual, calificó de «insólito» que sea el TOC N° 1 quien esté a cargo de controlar el cumplimiento de la pena de Grassi ya que «si se le aprobara el pedido, lo obtendría por fuera del sistema lógico legal».

«Estamos ante un sujeto que por el coronavirus pide la prisión domiciliaria y no está controlado a la fecha por los juzgados de ejecución de Morón teniendo condena firme. Es un disparate que debe corregirse de inmediato», dijo Gallego a Clarín.

La juez Fernanda Révori, dictó sentencia condenatoria a cuatro años y tres meses de prisión, a un hombre de la comarca, luego de declararlo autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual Simple agravado por el vínculo filial con el niño víctima. Por la Fiscalía actuó el fiscal Carlos Díaz Mayer y por la Defensa, Marcos Aníbal Ponce.

La juez tuvo en cuenta que el abuso sexual infantil se produce en un ámbito privado, en el que raramente hay testigos más allá del acusado y del niño o niña víctima. La Sala Penal del STJ de Chubut, en diversos precedentes, puso especial énfasis en el estándar probatorio especial que poseen estos delitos, la necesidad de entender el fenómeno, tener en consideración las especiales circunstancias y contextos muy privados en los que los mismos se producen, sin que por ello deban mermar las garantías constitucionales del imputado.

A partir de estas condiciones, la magistrada comenzó el análisis de la prueba. Uno de los elementos centrales fue el aporte de la psicóloga forense. La profesional descartó que hubiera fabulación, indicando que un niño de cinco años no puede relatar cuestiones que no haya vivido. A la directa imputación que surge del testimonio de la víctima, se sumaron una serie de indicadores inespecíficos de abuso sexual infantil que, “en conjunto y en el marco de una valoración integral de la prueba, corroboran a mí entender también el relato del niño”.

Para decidir la pena consideró como agravantes la reiteración de las conductas abusivas, la utilización de fuerza y amenazas. Como atenuante la falta de antecedentes penales del imputado.

El imputado tenía referentes familiares y sociales, que ignoró

“No será sin embargo contemplado en este mismo sentido el buen concepto que en el ámbito social, laboral, familiar y religioso posee el acusado. No se ha logrado demostrar a mi criterio, como estos aspectos deben traducirse en un menor grado de reproche de la conducta probada”, valoró Révori.

“El imputado contaba al momento del hecho con referentes familiares y sociales suficientes para actuar conforme a derecho. Su vínculo por más de treinta años con el ámbito religioso, según el mismo refirió, donde se refuerzan precisamente aspectos que tienen que ver con los valores, el respeto por el otro, la cohesión familiar, aportaban sin dudas un contexto que evidentemente el imputado ignoró.”

Con estas consideraciones, la magistrada condenó al acusado a la pena de 4 años y 3 meses de prisión como autor penalmente responsable de Abuso Sexual Simple agravado por el vínculo filial.

El abuso sexual infantil

A veces no vemos lo que no sabemos distinguir y otras muchas, lo que “no queremos” ver. Algunas investigaciones dan cuenta de que el abuso sexual y sicológico en la infancia disminuiría la capacidad protectora parental, constituyéndose, por lo tanto, en un factor de riesgo para los hijos. Este “no querer” no responde a una voluntad consciente, sino más bien a un mecanismo de defensa de la mente que trata de negar todo lo que tenga que ver con el horror alguna vez vivido.

Lo cierto es que cuando el develamiento se produce no solo el niño, niña o adolescente abusado requiere de acompañamiento terapéutico, también lo necesitará el adulto de referencia (muchas veces la madre), para potenciar sus recursos protectores y abordar el impacto traumático que implica la conciencia del abuso y sus consecuencias .

Por qué los chicos tardan en contar que están siendo abusados?

La guía elaborada por UNICEF para tomar acciones y proteger a los niños y niñas del abuso sexual infantil, refiere una serie de motivos que garantizan el “secreto”:

El niño y su familia reciben amenazas de daño físico o de muerte.

Tienen miedo de las consecuencias que sus dichos puedan ocasionar en el agresor y su familia.

Callan por temor a ser acusados de complicidad y complacencia con el abuso sexual que padecieron.
Evitan ser estigmatizados y rechazados.

Sienten culpa, vergüenza y desvalimiento.

Muchas veces, al padecimiento sufrido se suma otro: carecen de interlocutores válidos dispuesto a creer en sus palabras.

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual requieren de un entorno conformado por adultos que sean comprensivos y contenedores, que les brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias como del proceso de revictimización. Dependen de los docentes, psicólogos, médicos, policías y operadores del sistema de protección integral y judiciales, que deben estar capacitados para ofrecer un abordaje apropiado al trauma que atraviesan.

Educación sexual integral como modo de prevención y protección

La implementación de la educación sexual integral obligatoria, en las escuelas, ya está dando buenos resultados. En Esquel comienza a verse sus alcances en el develamiento de situaciones de abuso, el conocimiento del derecho a hablar con adultos de confianza y la comprensión y acompañamiento de los pares (compañeros de escuela).

Hablar de conocimiento y cuidado del propio cuerpo, formar a los niños y adolescentes en sexualidad, ofrece un marco de referencia, claridad, mayor confianza en sí mismos, conocimiento de sus derechos y, entre otros aspectos, los habilita a hablar con mayor naturalidad de lo natural y también a identificar sin dudas y denunciar lo que no lo es.

La denuncia

Según el artículo 9 de la Ley 26.061, cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Los adultos que tienen a cargo la responsabilidad parental y quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de salud del ámbito público o privado no solamente deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias, sino que además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial. El primer organismo interviniente debe denunciar el hecho y para hacerlo no es necesario cumplir con ninguna condición. Para formular la denuncia no se requiere el pedido de autorización de un superior jerárquico ni la asistencia de un abogado.