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La Justicia provincial rechazó los pedidos del diputado radical Eduardo Conde, quien agotó la última instancia en el máximo órgano judicial del país. No está de acuerdo con la suspensión del juicio a prueba para empresarios porque considera que fueron parte fundamental del sistema de retornos de la obra pública.

Conde jugó la última carta en su intento de detener la suspensión del juicio a prueba para los empresarios que se acogieron a este beneficio en la causa que investiga los presuntos pagos de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política.

Entre los empresarios beneficiados se encuentran Patricio Musante de Sudelco; Juan Ignacio Salaberry de Arteco; Oscar Peña de la firma Peña Construcciones; y Esteban Torraca de Edisud.

«La Justicia del Chubut me negó en todas sus instancias la revisión de la decisión del juez penal de la causa «Revelación» que acogió favorablemente otorgar la probation al empresariado alcanzado por los delitos de corrupción política», señaló Conde.

Relató que luego de interponer recursos ante el propio juez Sergio Piñeda, como asimismo ante el Superior Tribunal de Justicia, y que fueran rechazados, «ingresé ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el denominado Recurso de Queja, como la última alternativa procesal en procura de revertir el resultado adverso evidenciado en nuestros tribunales provinciales».

El presidente del bloque de diputados provincial de Cambiemos y querellante en la causa, recriminó que los fiscales y jueces de nuestra provincia «no evidenciaron estar a la altura de las circunstancias, admitiendo la probation para los empresarios que participaron activamente en la consumación de los hechos más aberrantes de corrupción política que se conoce en nuestra provincia desde el nacimiento del Estado, hace más de seis décadas».

El criterio de la Procuración Nacional

Conde resaltó que la Procuración General de la Nación recientemente advirtió que las probation no podrían ser consideradas en casos vinculados a la corrupción.

«No está dicha la última palabra, más aún teniendo en consideración el criterio fijado por la Procuración General de la Nación – que debe dictaminar en el caso antes de que se avoque el Alto Tribunal del país -, de haber instruido a los fiscales federales de la Nación no admitir la aplicación del instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba en los procesos penales vinculados con los delitos de corrupción política», subraya.

 

 

 

El Chubut

El diputado Eduardo Conde fue duro con el discurso del Gobernador Mariano Arcioni, y señaló que su alocución fue tediosa y vacía de contenido. Asimismo, lo acusó de tener doble discurso sobre la minería. Arcioni dijo que su Gobierno es de puertas abiertas, pero el legislador le recordó que no ha respondido los informes solicitados por la Legislatura, por los cuales tuvo que recurrir a la Justicia.

El presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, señaló las notorias incongruencias del discurso del gobernador Mariano Arcioni en la 47º Apertura de Sesiones Legislativas.

“Confieso que aguardaba un discurso distinto, a sabiendas del escenario de campaña en el que se encuentra el gobernador Arcioni, no obstante las restricciones legales que se lo impiden. Fue un discurso tedioso, extenso y vacío de contenido”, calificó el diputado comodorense.

Remarcó que el énfasis estuvo puesto en el reproche al Gobierno Nacional, “a través de adjetivaciones descalificantes de manera reiterada, faltando a la verdad en algunas afirmaciones pero, fundamentalmente, victimizándose al punto de dejar entrever una situación de especial encono puesto por el gobierno federal en contra de los intereses provinciales, circunstancia absolutamente ajena a la realidad”.

“Habló de la construcción política mediante acuerdos y consensos -caminando juntos-, como dijera, lo que no se corresponde con los hechos, ya que no pudo construir, ni tampoco quiso hacerlo, vínculo alguno con la Legislatura”, aseveró.

Conde también cuestionó su doble discurso sobre la minería. “Insinuó en forma reiterada el valor del subsuelo, en clara alusión al potencial minero de nuestra provincia, cuando hasta ahora el discurso ha dado cuenta de una posición contraria a la minería”, expresó.

“El mensaje estuvo cundido de declamaciones, sin abordar el tratamiento de los asuntos importantes. Cuando aludió a los proveedores del estado, agradeció la buena disposición de los empresarios y comerciantes para con el gobierno pero no dijo que el estado tiene una deuda de $3 mil millones que no ha pagado aún –indicó-. Más allá del discurso triunfalista de haber salido adelante como una de las provincias mejor administradas del país, tampoco habló de la Emergencia Económica, Administrativa y Financiera que pretende perpetuar en el tiempo”, manifestó el abogado.

El legislador continuó analizando que Arcioni hizo alusión al rol de la Justicia como una labor trascendente, “pero no dijo una sola palabra acerca de la corrupción política generada por su propio gobierno, que es objeto de los procesos en marcha en los tribunales penales de nuestra provincia”.

Recordó la eliminación del fondo sojero, pero no dijo nada de la compensación económica alcanzada por la provincia al haber firmado el pacto fiscal; al igual que el subsidio del transporte”.

“Dijo que el Instituto de Seguridad Social y Seguros era una de sus preocupaciones, destacando el compromiso de su gobierno con la entidad, sin dar cuenta de la retención de sus recursos en forma reiterada para la atención de otros gastos del estado, lo que generó el desfinanciamiento de la caja y la obra social”, enfatizó.

A su vez, Arcioni “hizo una recorrida de la gestión de gobierno dando cuenta de acciones que son propias del Estado y de su rol pero que no adquieren relevancia alguna en orden a la envergadura de una buena labor política. Habló del déficit en materia habitacional como un objetivo central del gobierno, pero por otra parte las obras de construcción de viviendas no se corresponden con la envergadura de la demanda social y mucho menos con las promesas de su antecesor Mario Das Neves”.

Respecto a las Áreas Naturales Protegidas “no dijo una sola palabra del bosque nativo usurpado al dominio público por su gobierno”.

Destacó el traspaso del yacimiento Pampa del Castillo a la empresa Capsa “como una gestión eficiente de Petrominera cuando en rigor se trató de una clara pérdida de la participación societaria de la empresa estatal en la UTE, como asimismo la ausencia absoluta de controles en cabeza del directorio respecto de la explotación de las áreas y de las cargas impuestas a las concesionarias”.

Subrayó que su Gobierno es de puertas abiertas para cualquier consulta “pero no hemos logrado desde la Legislatura que sean respondidos los pedidos de informes formulados con amparo legal y constitucional respecto de las acciones de su gobierno”.

“En definitiva –señaló Conde- se trató de un discurso vacío, no solo de los contenidos de la acción de gobierno que le queda por delante hasta concluir su mandato, sino vacío de toda proyección para el futuro que justifique la aspiración del candidato de ser reelecto para gobernar la provincia cuatro años más”.

Tiempo Sur

El presidente del Bloque de Cambiemos, Eduardo Conde, quien es querellante en la Causa Revelación, no pudo asistir a la audiencia que se desarrolló este jueves por no estar en la zona. Ante los cuestionamientos de los fiscales, el diputado manifestó que no tiene sentido su lucha en la causa, debido a la decisión de  conceder la probation para los empresarios, pero agregó que continuará reclamando ante la Corte Suprema de Justicia.

“La causa revelación se encamina a reducirse a su mínima expresión cuando pareció convertirse en la puerta grande que se abría para desentrañar la corrupción política en la provincia del Chubut. Los fiscales intervinientes y el magistrado al frente del proceso son los responsables de esta suerte adversa en el resultado de la causa, al permitir que el empresariado corrupto quede liberado de toda responsabilidad penal cuando han sido coautores de las conductas ilícitas evidenciadas en el manejo de la cosa pública, conjuntamente con los funcionarios del actual gobierno provincial”, subrayó Conde.

Señaló que las audiencias que se llevan adelante “con la decisión tomada de antemano, de acoger favorablemente la probation para los demás empresarios imputados, son verdaderos simulacros tendientes a cumplir con las formas del proceso”.

Manifestó el legislador que el tiempo vinculado al desarrollo de la audiencia “lo dedico a fortalecer los argumentos jurídicos e institucionales en procura de lograr al final del camino el acompañamiento de la Corte Nacional que eche por tierra la gravosa decisión judicial, en cabeza de sus operadores, de acudir a un instituto que ha sido creado para fines distintos al caso que nos ocupa, buscando descomprimir el sistema de aquellos procesos de menor cuantía que entorpecen su marcha, colapsada por el cúmulo de actuaciones inoficiosas”.

“Jamás el asunto de nuestro interés podría ser alcanzado por el régimen procesal de la suspensión del juicio a prueba, al constituir una materia de elevado interés social, político, moral e institucional. No obstante, y a pesar de la lamentable actuación de nuestros funcionarios judiciales, confío que más tarde o más temprano habrá justicia en nuestra provincia”, concluyó.

 

lapostacomodorense.com

El diputado provincial del Bloque de Cambiemos, Eduardo Conde catalogó el decreto como una acción electoralista y aseguró que la medida no tiene ningún efecto jurídico porque Chubut no es un Estado soberano.

El presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, criticó el decreto impulsado por el gobernador donde prevé expulsar a los extranjeros que delincan. “El decreto del gobernador Mariano Arcioni de expulsión de ciudadanos con antecedentes penales del territorio provincial es un acto de demagogia que eriza la piel. Participo absolutamente de extremar, a través del Estado, las acciones necesarias a fin de combatir la inseguridad y la delincuencia pero dentro del marco de la legalidad”, expresó al respecto el legislador.

Además sostuvo que la medida, “a mi juicio sin ningún efecto jurídico, es un avasallamiento al orden instituido. Es una medida de facto porque no halla fundamento legal, y mucho menos, constitucional”.

En este sentido argumentó que la organización política argentina alude a un Estado federal, “en tanto que las provincias ostentan autonomía, más no son independientes al punto de hacer del territorio un estado soberano”.

Entre las consideraciones que hizo sobre la posibilidad de avanzar en un marco normativo de tal magnitud, Conde manifestó que la temática hace a la legislación de fondo. “Es resorte del Estado Nacional, a través de las normas alusivas al régimen migratorio. La provincia no tiene ninguna injerencia, y mucho menos potestad para expulsar a nadie de nuestro territorio”.

En este marco, al tratarse de generalidades el proyecto: “no contiene precisiones, no sabemos si los sujetos alcanzados tienen condena o procesos penales en la provincia, en el país, o en sus lugares de origen”. Por eso consideró el legislador que: “es una mera declamación absolutamente demagógica que no se corresponde con los tiempos actuales”, concluyó el diputado.

 

El Patagónico

El diputado provincial cuestionó la designación del ex intendente de Dolavon porque se encuentra imputado por el delito de Asociación Ilícita en la causa “Revelación”. Habló de “desaprensión del Gobierno Provincial” teniendo en cuenta la gravedad de la causa judicial vinculada a la corrupción política.

En las últimas horas se conoció la designación del Juan Martín Bortagaray como personal de Gabinete, dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete. Fue mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nº 110, de fecha 23 de enero de 2019, en los términos previstos en el Artículo 66 de la Ley I Nº 74 del Digesto Jurídico de la provincia de Chubut.

En el citado Art. 66 se expresa: “Personal de Gabinete son aquellos agentes que desempeñan funciones de colaborador directo o Asesores del Gobernador, Ministros y Secretarios de la Gobernación…”. El funcionario designado, dice el decreto, percibirá una remuneración equivalente al cargo de subsecretario.

Manifestó el presidente del Bloque Cambiemos que la Ley I N° 74 es la norma que reglamenta el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial. En su Art. 1° dispone: “Las disposiciones de este Estatuto comprenden al personal de la Administración Pública Provincial, con las siguientes excepciones: a) Ministros y Secretarios de Estado, Secretarios de la Gobernación, Subsecretarios´.

Por su parte, el Art. 4° de la norma en análisis dispone: “No podrán ingresar a la Administración Pública Provincial: c) El que tenga proceso criminal pendiente, o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso, que a criterio de la autoridad administrativa competente, implique desmedro moral suficiente…”.

Una vez expuesto el marco fáctico jurídico, Conde señaló que “corresponde abordar el análisis de la situación puntual alusiva al funcionario designado, Juan Martín Bortagaray, en orden a su situación procesal en la causa penal conocida bajo el nombre de `Revelación`, donde se investigan hechos asociados a la corrupción política en la Provincia del Chubut. Bortagaray está imputado por el delito de Asociación Ilícita”.

Continúa diciendo el abogado comodorense que “si bien el Art. 1° antes transcripto exceptúa de la aplicación del régimen legal a los subsecretarios de gobierno, lo cierto es que la designación de Bortagaray lo es como personal de Gabinete -dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete-, en los términos previstos en el Artículo 66 con salario equivalente a subsecretario, pero en estricto rigor, no reviste esa categoría”.

En consecuencia, “está alcanzado el nombramiento por la expresa prohibición antes referida en el citado Art. 4°: ´…No podrán ingresar a la Administración Pública Provincial…: c) El que tenga proceso criminal pendiente…´. Este es el caso que nos ocupa”.

Recordó Conde que “el flamante funcionario renunció al cargo de Ministro al tiempo de ser imputado en la causa. Y ahora vuelve a la función pública como si su situación procesal hubiera cambiado”.

“Observamos con elocuencia la desaprensión del Gobierno Provincial para el tratamiento de estos asuntos de enorme sensibilidad social, especialmente en estas circunstancias particulares, vinculadas al defalco de la corrupción política que se investiga en las causas judiciales en trámite”, declaró el diputado provincial.

En este aspecto agregó que el Gobierno “violenta el marco legal vigente, circunstancia que no nos sorprende, pero asimismo violenta la moral pública, vapuleada, maltratada en estos años de degradación política”.

“Este es el gobierno que pretende seguir conduciendo el destino de nuestra provincia. Los hechos están a la vista, y la gente esta vez sabrá apreciarlos en su justa medida”, finalizó.

Notas Facebook

Teniendo en cuenta que el Ejecutivo tiene el deber de responder los pedidos de informes, y ante la falta de respuestas, el diputado asistió a la Justicia donde presentó un Mandato de Ejecución.

El presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, presentó en el Juzgado Universal de Rawson un Mandamiento de Ejecución contra el Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Coordinación de Gabinete se de respuesta a los pedidos de informes requeridos por vía legislativa en dos oportunidades, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a los requerimientos formulados.

Ambos pedidos fueron efectuados por el legislador y están referidos al estado de situación del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El primero, formulado con fecha 13 de septiembre de 2018, tuvo por objeto obtener copia del fichero de obras del Instituto con identificación de las obras realizadas durante los últimos años, empresas intervinientes, descripción de la obra, localidad, monto contractual, inicio y finalización de las tareas ejecutadas.

Un mes después, el 11 de octubre de 2018, se efectuó el segundo pedido de informes para conocer el listado de los beneficiarios de viviendas nuevas desde el año 2003 hasta la fecha del pedido.

El plazo legal para obtener la información solicitada fue de 10 días. En ambos casos, habiendo transcurrido meses sin obtener respuesta alguna, se decidió acudir al procedimiento judicial.

Entre los fundamentos del pedido se consigna el interés del diputado de indagar en el conocimiento de aquellos aspectos irregulares vinculados al desenvolvimiento del Instituto durante los últimos 15 años que han impedido el acceso a la vivienda social de aquellas familias que verdaderamente lo necesitan, y en su lugar se han privilegiado personas y sectores acomodados a través de vínculos políticos, como asimismo posibles acuerdos económicos espurios que ameritan su esclarecimiento, tanto por la actuación de funcionarios públicos como también del empresariado a cargo de las obras.

“El silencio del Poder Ejecutivo al pedido de informe potencia el estado de incertidumbre acerca de los hechos que se pretenden indagar, circunstancia que amerita sin diferimiento la intervención del Poder Judicial para obtener compulsivamente el cumplimiento efectivo de la información solicitada”, remarcó el legislador Conde.

Sostuvo que “el Mandamiento de Ejecución es el remedio constitucional para abordar estos asuntos en donde el Poder Ejecutivo desoye injustificadamente el pedido de informes que también hace a las atribuciones constitucionales de los diputados de requerir información en los términos y con los alcances consignados para el caso concreto”.

El juez de la causa debe evaluar la admisibilidad del planteo y luego correr traslado de la demanda al Ministro Coordinador de Gabinete para que conteste la acción. Finalmente, el tribunal resolverá la controversia, y en caso de admitir la acción, condenará al funcionario a cumplir con la manda judicial bajo apercibimiento de imponerle sanciones pecuniarias y condenarlo con costas.

 

Diario El Chubut

El presidente del bloque Cambiemos, Eduardo Conde, cuestionó al gobernador Mariano Arcioni quien se comprometió públicamente a pagar la deuda a proveedores y no lo está cumpliendo. Recordó que en poco tiempo vence la Ley de Emergencia y el Ejecutivo podrá enfrentar cuantiosos juicios por no cumplir con su deber.

Conde deslizó que el gobierno provincial «obstruye deliberadamente el cumplimiento de la ley que prevé, por una parte, el pago en efectivo de aquellos créditos de hasta un millón de pesos dentro de los quince días de consolidado el crédito, en tanto que las sumas mayores a ese importe serán canceladas mediante la entrega de los Títulos de Cancelación de Deuda Provincial de Tesorería (TICADEP)».

El diputado radical recordó que Provincia «en cada reunión que mantuvimos en la Legislatura -con la presencia de los directivos de la Federación Empresaria de Chubut y los legisladores- echa por tierra el único camino posible para dar una señal mínima de voluntad de pago para con sus acreedores».

El Presidente del bloque Cambiemos remarcó que la organización empresarial «ha cursado sendas comunicaciones al titular del Poder Ejecutivo dando cuenta de la gravedad extrema que vive el sector, a riesgo de cerrar sus puertas cuantiosas empresas frente a la imposibilidad de afrontar los costos laborales y tributarios, sin hablar de la nula rentabilidad de los negocios frente al escenario descripto. Sin embargo, el gobierno no ha reparado en la situación sobreviniente que pondrá blanco sobre negro respecto de la sombría actitud asumida en el caso».

Concluyó manifestando que «ahora se escuchan voces que buscan trasladar la responsabilidad de los hechos gravosos que se habrán de generar en los legisladores, cuando en estricto rigor de verdad, el único responsable de tamaña conducta es el Poder Ejecutivo, quien soportará a la postre las consecuencias de su manifiesta inconducta».

 

 

El Chubut

El diputado Eduardo Conde afirmó que no se harán las elecciones en mayo.

El diputado remarcó que “todo lo vinculado al proceso electoral es resorte exclusivo de la Legislatura” y reclamó que Arcioni mande “un proyecto a la Legislatura para fijar la fecha” para que ambos poderes puedan “decidir”.

El diputado Eduardo Conde (Cambiemos) cuestionó en ADNSUR la decisión de adelantar las elecciones provinciales y dado que “la prensa está informando que el decreto está elaborado y pendiente de ser firmado por el gobernador, le digo a la opinión pública que no va a haber elecciones provinciales en mayo. Que quede definitivamente claro”.

Conde sostuvo que “acá se debate la tarea política y se pasa por alto el marco dentro del cual deben darse estos acontecimientos, el artículo 256 de la Constitución dice que todo lo vinculado al proceso electoral es resorte exclusivo de la Legislatura. Es cierto que la Legislatura no ha dictado un Código Electoral, pero también es cierto que el Poder Ejecutivo antes de decidir discrecionalmente lo que está haciendo, podría mandar un proyecto para fijar la fecha de elecciones a la Legislatura, y ambos poderes poder decidir”.

“Pero nada de esto va a ocurrir porque la arbitrariedad característica del Poder Ejecutivo pretende fijar una fecha para mayo, vulnerando todo el ordenamiento legal y constitucional y en la Legislatura vamos a dictar nuestra propia norma y vamos a poner en crisis ese decreto si eventualmente se firmara”, cuestionó

Y remarcó que “hay un principio básico de la jerarquía de las normas. El Ejecutivo debe saber que es resorte de la Legislatura, el Ejecutivo podrá hacer la convocatoria a elecciones, pero en los casos donde existe norma legal, no existe en la realidad concreta y el Ejecutivo acude a un instrumento carente de fundamento jurídico, no tiene respaldo legal la iniciativa”.

El diputado sostuvo que “se necesitan 21 votos para el supuesto que le demos a este tratamiento el carácter propio del régimen electoral. Pero hay otro proyecto del Frente Para la Victoria que pretende ponerle fecha a las PASO y esto está en el marco de partidos políticos, con lo cual una mayoría simple nos llevaría a un mismo resultado”.

Conde sostuvo que “no hay impedimento para que cualquiera de los actores acuda a la justicia para que le den una respuesta, pero con ese mismo temperamento, si se va para decir que el Poder Ejecutivo va a la justicia para decir que el decreto es válido, podemos desde la Legislatura decir otra cosa o cualquier ciudadano salir a decir que si no están los padrones definitivos, están privados de participar de las elecciones o ser candidatos, de manera que el escenario es muy complejo y el tiempo natural es octubre”.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a diputados provinciales, nacionales, intendentes, y a sindicatos petroleros de Chubut para analizar los alcances de la minería. Les pidió que abran la discusión en la Legislatura y habló de los beneficios que dejaría la actividad para el país y la región.

La reunión que se realizó ayer en Olivos aglutinó a diveros sectores de la provincia del Chubut. Por Cambiemos estuvo presente el diputado nacional Gustavo Menna, los legisladores provinciales Eduardo Conde y Manuel Pagliaroni, y el funcionario nacional Emiliano Alvarez Raso; por Chubut Somos Todos asistió Jerónimo García; por Convergencia lo hizo Alfredo Di Filippo; por el Frente para la Victoria Carlos Gómez; por la Meseta concurrió el jefe comunal de Telsen, Leonardo Bowman; en tanto que por los gremios petroleros participaron Jorge «Loma» Avila (Privados) y José Lludgar (Jerárquicos).

La cumbre tuvo como agenda estelar la minería en Chubut. Macri solicitó «abrir el debate» en la Legislatura y pronosticó que la actividad generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni.

Di Filippo le recordó al presidente de la Nación que en la Cámara provincial hay un proyecto presentado para regular los debates, entre ellos el de la minería, y hubo un pedido unánime al mandatario nacional para que Nación «ayude a garantizar las condiciones ambientales de la actividad».

Desde el sector petrolero, Avila, Lludgar y el diputado Gómez respaldaron en forma rotunda el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut. Di Filippo también se mostró a favor de la discusión, aunque también exigió «controles serios».

En el grupo de radicales la postura sobre la minería es más «aperturista», mientras que Jerónimo García está de acuerdo con debatir la actividad. Los representates chubutenses se comprometieron con Macri, que en las próximas semanas tratarían en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.

 

 

 

El Chubut