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El diputado provincial del Bloque de Cambiemos, Eduardo Conde catalogó el decreto como una acción electoralista y aseguró que la medida no tiene ningún efecto jurídico porque Chubut no es un Estado soberano.

El presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, criticó el decreto impulsado por el gobernador donde prevé expulsar a los extranjeros que delincan. “El decreto del gobernador Mariano Arcioni de expulsión de ciudadanos con antecedentes penales del territorio provincial es un acto de demagogia que eriza la piel. Participo absolutamente de extremar, a través del Estado, las acciones necesarias a fin de combatir la inseguridad y la delincuencia pero dentro del marco de la legalidad”, expresó al respecto el legislador.

Además sostuvo que la medida, “a mi juicio sin ningún efecto jurídico, es un avasallamiento al orden instituido. Es una medida de facto porque no halla fundamento legal, y mucho menos, constitucional”.

En este sentido argumentó que la organización política argentina alude a un Estado federal, “en tanto que las provincias ostentan autonomía, más no son independientes al punto de hacer del territorio un estado soberano”.

Entre las consideraciones que hizo sobre la posibilidad de avanzar en un marco normativo de tal magnitud, Conde manifestó que la temática hace a la legislación de fondo. “Es resorte del Estado Nacional, a través de las normas alusivas al régimen migratorio. La provincia no tiene ninguna injerencia, y mucho menos potestad para expulsar a nadie de nuestro territorio”.

En este marco, al tratarse de generalidades el proyecto: “no contiene precisiones, no sabemos si los sujetos alcanzados tienen condena o procesos penales en la provincia, en el país, o en sus lugares de origen”. Por eso consideró el legislador que: “es una mera declamación absolutamente demagógica que no se corresponde con los tiempos actuales”, concluyó el diputado.

 

El Patagónico

El diputado provincial cuestionó la designación del ex intendente de Dolavon porque se encuentra imputado por el delito de Asociación Ilícita en la causa “Revelación”. Habló de “desaprensión del Gobierno Provincial” teniendo en cuenta la gravedad de la causa judicial vinculada a la corrupción política.

En las últimas horas se conoció la designación del Juan Martín Bortagaray como personal de Gabinete, dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete. Fue mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nº 110, de fecha 23 de enero de 2019, en los términos previstos en el Artículo 66 de la Ley I Nº 74 del Digesto Jurídico de la provincia de Chubut.

En el citado Art. 66 se expresa: “Personal de Gabinete son aquellos agentes que desempeñan funciones de colaborador directo o Asesores del Gobernador, Ministros y Secretarios de la Gobernación…”. El funcionario designado, dice el decreto, percibirá una remuneración equivalente al cargo de subsecretario.

Manifestó el presidente del Bloque Cambiemos que la Ley I N° 74 es la norma que reglamenta el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial. En su Art. 1° dispone: “Las disposiciones de este Estatuto comprenden al personal de la Administración Pública Provincial, con las siguientes excepciones: a) Ministros y Secretarios de Estado, Secretarios de la Gobernación, Subsecretarios´.

Por su parte, el Art. 4° de la norma en análisis dispone: “No podrán ingresar a la Administración Pública Provincial: c) El que tenga proceso criminal pendiente, o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso, que a criterio de la autoridad administrativa competente, implique desmedro moral suficiente…”.

Una vez expuesto el marco fáctico jurídico, Conde señaló que “corresponde abordar el análisis de la situación puntual alusiva al funcionario designado, Juan Martín Bortagaray, en orden a su situación procesal en la causa penal conocida bajo el nombre de `Revelación`, donde se investigan hechos asociados a la corrupción política en la Provincia del Chubut. Bortagaray está imputado por el delito de Asociación Ilícita”.

Continúa diciendo el abogado comodorense que “si bien el Art. 1° antes transcripto exceptúa de la aplicación del régimen legal a los subsecretarios de gobierno, lo cierto es que la designación de Bortagaray lo es como personal de Gabinete -dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete-, en los términos previstos en el Artículo 66 con salario equivalente a subsecretario, pero en estricto rigor, no reviste esa categoría”.

En consecuencia, “está alcanzado el nombramiento por la expresa prohibición antes referida en el citado Art. 4°: ´…No podrán ingresar a la Administración Pública Provincial…: c) El que tenga proceso criminal pendiente…´. Este es el caso que nos ocupa”.

Recordó Conde que “el flamante funcionario renunció al cargo de Ministro al tiempo de ser imputado en la causa. Y ahora vuelve a la función pública como si su situación procesal hubiera cambiado”.

“Observamos con elocuencia la desaprensión del Gobierno Provincial para el tratamiento de estos asuntos de enorme sensibilidad social, especialmente en estas circunstancias particulares, vinculadas al defalco de la corrupción política que se investiga en las causas judiciales en trámite”, declaró el diputado provincial.

En este aspecto agregó que el Gobierno “violenta el marco legal vigente, circunstancia que no nos sorprende, pero asimismo violenta la moral pública, vapuleada, maltratada en estos años de degradación política”.

“Este es el gobierno que pretende seguir conduciendo el destino de nuestra provincia. Los hechos están a la vista, y la gente esta vez sabrá apreciarlos en su justa medida”, finalizó.

Notas Facebook

Teniendo en cuenta que el Ejecutivo tiene el deber de responder los pedidos de informes, y ante la falta de respuestas, el diputado asistió a la Justicia donde presentó un Mandato de Ejecución.

El presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, presentó en el Juzgado Universal de Rawson un Mandamiento de Ejecución contra el Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Coordinación de Gabinete se de respuesta a los pedidos de informes requeridos por vía legislativa en dos oportunidades, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a los requerimientos formulados.

Ambos pedidos fueron efectuados por el legislador y están referidos al estado de situación del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

El primero, formulado con fecha 13 de septiembre de 2018, tuvo por objeto obtener copia del fichero de obras del Instituto con identificación de las obras realizadas durante los últimos años, empresas intervinientes, descripción de la obra, localidad, monto contractual, inicio y finalización de las tareas ejecutadas.

Un mes después, el 11 de octubre de 2018, se efectuó el segundo pedido de informes para conocer el listado de los beneficiarios de viviendas nuevas desde el año 2003 hasta la fecha del pedido.

El plazo legal para obtener la información solicitada fue de 10 días. En ambos casos, habiendo transcurrido meses sin obtener respuesta alguna, se decidió acudir al procedimiento judicial.

Entre los fundamentos del pedido se consigna el interés del diputado de indagar en el conocimiento de aquellos aspectos irregulares vinculados al desenvolvimiento del Instituto durante los últimos 15 años que han impedido el acceso a la vivienda social de aquellas familias que verdaderamente lo necesitan, y en su lugar se han privilegiado personas y sectores acomodados a través de vínculos políticos, como asimismo posibles acuerdos económicos espurios que ameritan su esclarecimiento, tanto por la actuación de funcionarios públicos como también del empresariado a cargo de las obras.

“El silencio del Poder Ejecutivo al pedido de informe potencia el estado de incertidumbre acerca de los hechos que se pretenden indagar, circunstancia que amerita sin diferimiento la intervención del Poder Judicial para obtener compulsivamente el cumplimiento efectivo de la información solicitada”, remarcó el legislador Conde.

Sostuvo que “el Mandamiento de Ejecución es el remedio constitucional para abordar estos asuntos en donde el Poder Ejecutivo desoye injustificadamente el pedido de informes que también hace a las atribuciones constitucionales de los diputados de requerir información en los términos y con los alcances consignados para el caso concreto”.

El juez de la causa debe evaluar la admisibilidad del planteo y luego correr traslado de la demanda al Ministro Coordinador de Gabinete para que conteste la acción. Finalmente, el tribunal resolverá la controversia, y en caso de admitir la acción, condenará al funcionario a cumplir con la manda judicial bajo apercibimiento de imponerle sanciones pecuniarias y condenarlo con costas.

 

Diario El Chubut

El presidente del bloque Cambiemos, Eduardo Conde, cuestionó al gobernador Mariano Arcioni quien se comprometió públicamente a pagar la deuda a proveedores y no lo está cumpliendo. Recordó que en poco tiempo vence la Ley de Emergencia y el Ejecutivo podrá enfrentar cuantiosos juicios por no cumplir con su deber.

Conde deslizó que el gobierno provincial «obstruye deliberadamente el cumplimiento de la ley que prevé, por una parte, el pago en efectivo de aquellos créditos de hasta un millón de pesos dentro de los quince días de consolidado el crédito, en tanto que las sumas mayores a ese importe serán canceladas mediante la entrega de los Títulos de Cancelación de Deuda Provincial de Tesorería (TICADEP)».

El diputado radical recordó que Provincia «en cada reunión que mantuvimos en la Legislatura -con la presencia de los directivos de la Federación Empresaria de Chubut y los legisladores- echa por tierra el único camino posible para dar una señal mínima de voluntad de pago para con sus acreedores».

El Presidente del bloque Cambiemos remarcó que la organización empresarial «ha cursado sendas comunicaciones al titular del Poder Ejecutivo dando cuenta de la gravedad extrema que vive el sector, a riesgo de cerrar sus puertas cuantiosas empresas frente a la imposibilidad de afrontar los costos laborales y tributarios, sin hablar de la nula rentabilidad de los negocios frente al escenario descripto. Sin embargo, el gobierno no ha reparado en la situación sobreviniente que pondrá blanco sobre negro respecto de la sombría actitud asumida en el caso».

Concluyó manifestando que «ahora se escuchan voces que buscan trasladar la responsabilidad de los hechos gravosos que se habrán de generar en los legisladores, cuando en estricto rigor de verdad, el único responsable de tamaña conducta es el Poder Ejecutivo, quien soportará a la postre las consecuencias de su manifiesta inconducta».

 

 

El Chubut

El diputado Eduardo Conde afirmó que no se harán las elecciones en mayo.

El diputado remarcó que “todo lo vinculado al proceso electoral es resorte exclusivo de la Legislatura” y reclamó que Arcioni mande “un proyecto a la Legislatura para fijar la fecha” para que ambos poderes puedan “decidir”.

El diputado Eduardo Conde (Cambiemos) cuestionó en ADNSUR la decisión de adelantar las elecciones provinciales y dado que “la prensa está informando que el decreto está elaborado y pendiente de ser firmado por el gobernador, le digo a la opinión pública que no va a haber elecciones provinciales en mayo. Que quede definitivamente claro”.

Conde sostuvo que “acá se debate la tarea política y se pasa por alto el marco dentro del cual deben darse estos acontecimientos, el artículo 256 de la Constitución dice que todo lo vinculado al proceso electoral es resorte exclusivo de la Legislatura. Es cierto que la Legislatura no ha dictado un Código Electoral, pero también es cierto que el Poder Ejecutivo antes de decidir discrecionalmente lo que está haciendo, podría mandar un proyecto para fijar la fecha de elecciones a la Legislatura, y ambos poderes poder decidir”.

“Pero nada de esto va a ocurrir porque la arbitrariedad característica del Poder Ejecutivo pretende fijar una fecha para mayo, vulnerando todo el ordenamiento legal y constitucional y en la Legislatura vamos a dictar nuestra propia norma y vamos a poner en crisis ese decreto si eventualmente se firmara”, cuestionó

Y remarcó que “hay un principio básico de la jerarquía de las normas. El Ejecutivo debe saber que es resorte de la Legislatura, el Ejecutivo podrá hacer la convocatoria a elecciones, pero en los casos donde existe norma legal, no existe en la realidad concreta y el Ejecutivo acude a un instrumento carente de fundamento jurídico, no tiene respaldo legal la iniciativa”.

El diputado sostuvo que “se necesitan 21 votos para el supuesto que le demos a este tratamiento el carácter propio del régimen electoral. Pero hay otro proyecto del Frente Para la Victoria que pretende ponerle fecha a las PASO y esto está en el marco de partidos políticos, con lo cual una mayoría simple nos llevaría a un mismo resultado”.

Conde sostuvo que “no hay impedimento para que cualquiera de los actores acuda a la justicia para que le den una respuesta, pero con ese mismo temperamento, si se va para decir que el Poder Ejecutivo va a la justicia para decir que el decreto es válido, podemos desde la Legislatura decir otra cosa o cualquier ciudadano salir a decir que si no están los padrones definitivos, están privados de participar de las elecciones o ser candidatos, de manera que el escenario es muy complejo y el tiempo natural es octubre”.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a diputados provinciales, nacionales, intendentes, y a sindicatos petroleros de Chubut para analizar los alcances de la minería. Les pidió que abran la discusión en la Legislatura y habló de los beneficios que dejaría la actividad para el país y la región.

La reunión que se realizó ayer en Olivos aglutinó a diveros sectores de la provincia del Chubut. Por Cambiemos estuvo presente el diputado nacional Gustavo Menna, los legisladores provinciales Eduardo Conde y Manuel Pagliaroni, y el funcionario nacional Emiliano Alvarez Raso; por Chubut Somos Todos asistió Jerónimo García; por Convergencia lo hizo Alfredo Di Filippo; por el Frente para la Victoria Carlos Gómez; por la Meseta concurrió el jefe comunal de Telsen, Leonardo Bowman; en tanto que por los gremios petroleros participaron Jorge «Loma» Avila (Privados) y José Lludgar (Jerárquicos).

La cumbre tuvo como agenda estelar la minería en Chubut. Macri solicitó «abrir el debate» en la Legislatura y pronosticó que la actividad generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni.

Di Filippo le recordó al presidente de la Nación que en la Cámara provincial hay un proyecto presentado para regular los debates, entre ellos el de la minería, y hubo un pedido unánime al mandatario nacional para que Nación «ayude a garantizar las condiciones ambientales de la actividad».

Desde el sector petrolero, Avila, Lludgar y el diputado Gómez respaldaron en forma rotunda el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut. Di Filippo también se mostró a favor de la discusión, aunque también exigió «controles serios».

En el grupo de radicales la postura sobre la minería es más «aperturista», mientras que Jerónimo García está de acuerdo con debatir la actividad. Los representates chubutenses se comprometieron con Macri, que en las próximas semanas tratarían en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.

 

 

 

El Chubut