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Concejo Deliberante

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Hoy a las 10 dueños de clínicas y sanatorios privados de Trelew se reunirán con los concejales de la Comisión de Legales para dar su opinión sobre el proyecto de ordenanza que los obligaría a otorgar el servicio de guardias médicas las 24 horas, en horarios nocturnos, fines de semana y feriados.

Según el edil de Trelew al Frente, Oscar Villarroel, “ya tuvimos dos comisiones de Legales con representantes de Habilitaciones Comerciales para controlar sanatorios para que tengan guardias. Dicen que sería una parte más en horario nocturno. Normalmente tienen trabajo. Controlar 4 o 5 clínicas no le cambiaría la mecánica de trabajo. se recibirán muchas denuncias si no se aplica”.

Esta mañana “vienen a comentarnos e intercambiar opinión sobre el proyecto. Les enviamos el modelo de proyecto de ordenanza para que sepan de qué se trata. Mañana (por hoy) veremos los pro y los contra de la ordenanza más allá de la regulación por ley nacional”.

Remarcó que el proyecto “está bien trabajado. Bien pensado. Ya lo hablamos con todos los concejales. Podemos tener la opinión del ministro de Salud. El proyecto soluciona el problema a un sector y a quien no tiene obra social. Derivar a las clínicas las guardias ayuda a que cuando hay emergencia en el hospital no esté tan saturado”.

Por otra parte, sobre la decisión de Florencia Rossi de cambiar el nombre de su bloque de Cambiemos a Unión Cívica Radical, Villarroel dijo que “hablé mucho con Florencia. Somos críticos del Gobierno nacional. Ella es de base radical, no veíamos lejos lo que sucedía porque se está dando a nivel nacional. Escuché declaraciones de su referente Mario Cimadevilla que tampoco está de acuerdo con decisiones nacionales que no se condicen con las bases radicales”. Admitió Villarroel que “ella muchas veces se calló porque ella sentía que afectaban a nivel nacional. No estaba de acuerdo con muchas medidas. Cuando uno se siente en contra de muchas decisiones , en algún momento de reflexión tomó la decisión correcta. En esta alianza no se sintió contenida”.

 

 

Diario Jornada

El grupo que lidera la campaña “Ponete en mi lugar, no en mi espacio”, conformada por personas con discapacidad motora, se reunieron con concejales de la comisión 2 para plantear la necesidad de mejorar los accesos a comercios y espacios públicos en el casco céntrico, como así también mejorar las veredas y un mayor control de los estacionamientos reservados

Los concejales de la comisión 2, Pablo Martínez, Maximiliano Sampaoli y Adriana Casanovas, recibieron a un grupo de personas con discapacidad que llevan adelante la campaña “Ponete en mi lugar, no en mi espacio”. El objetivo justamente es concientizar y generar más y mejor accesibilidad, sobre todo en el centro de la ciudad, que fue uno de los temas abordados.

“Es un pedido de accesibilidad en las calles donde se centralizan los espacios comunes, ya sea comercios, oficinas públicas, bancos, para que las personas con discapacidad o movilidad reducida como puede ser también un abuelo o una madre con carrito, tengan mayor y mejor acceso”, explicó Sergio Aballar, quien además es referente de básquet en silla de ruedas.

En cuanto al diagnóstico realizado, certifican que “faltan rampas, lugares adaptados y reservados para personas con movilidad reducida. Se necesita un mejor estado de las veredas en todas las calles del centro y a la vez faltan rampas de acceso a comercios y también en algunas oficinas públicas como la Secretaría de Salud Municipal (que funciona en un edificio alquilado) donde no hay forma de entrar con una silla de ruedas”.

En este sentido, el concejal Maximiliano Sampaoli consideró pertinente “trabajar rápidamente en cuanto a la accesibilidad en todo lo que son edificios públicos de cualquier estamento estatal, lo tomamos como un punto de partida para poder mejorar los controles”.

Además, desde la comisión 2 generarán un diálogo “con la Cámara de Comercio respecto a la dificultad que tienen para ingresar a muchos comercios porque cualquier escalón por mínimo que sea es un obstáculo para la silla de ruedas o para personas mayores con bastón o caminadores”. Respecto a la zona comercial, también plantearon la necesidad de mejorar las veredas, algo que está previsto en el proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto”.

Por último, reclamaron “un control más férreo en cuanto a la utilización de los estacionamientos específicos para discapacitados motores que son los que se encuentran en las esquinas. Nos manifiestan que han visto algunas identificaciones que no acreditarían la condición necesaria para la utilización de estos espacios”, advirtió Sampaoli.

Tras mantener una nueva reunión con un grupo de padres de alumnos que no pueden asistir a la escuela por los problemas edilicios, y que se quedaron a presenciar la sesión, la crisis educativa fue otro de los temas destacados de la sesión ordinaria.  “Es bochornoso lo que está pasando, con los chicos no se jode”, criticó el concejal Ricardo Gaitán.

“No encontramos respuestas con relación a lo que está padeciendo la comunidad educativa de Comodoro. El Estado provincial tiene que dar respuestas porque es una obligación atender la educación, salud, seguridad e infraestructura. Hay 40 establecimientos educativos que tienen distintas falencias, desde la problemática del gas, de energía, aulas, colegios divididos, colegios técnicos cuyos alumnos deben solventar los gastos de internet, ¿a qué punto se llega?, cuestionó.

Además, advirtió que “hay problemas que vienen de años. Que vengan y pongan la cara, que al menos prioricen la educación, que pongan los servicios básicos para que los chicos terminen el año dignamente. Si ellos no pueden venir, nosotros vamos a ir con los padres a Rawson”.

Tras esta declaración, se hizo una moción para citar directamente al gobernador Mariano Arcioni o gestionar una reunión en Rawson para que viajen concejales con un grupo de padres.

La moción fue propuesta por Pablo Martínez, quien reclamó que “es un tema recurrente en nuestra ciudad: la ausencia del gobierno provincial en sus distintas competencias. Hoy es la educación, pero también la salud, la seguridad, la infraestructura. Ha llegado el punto en el que la reunión hay que solicitarla con el gobernador, que es vecino de nuestra ciudad, porque sus ministros no dan respuesta. Esta provincia se maneja a la deriva y no debemos seguir perdiendo tiempo. Esto no da para más”.

El concejal Nicolás Caridi, quien conoce en profundidad los alcances del Fondo de Asistencia Educativa Municipal, resaltó “la buena voluntad del municipio para tratar de solucionar el problema, además de lo que ya aporta mediante el FAEM”. “Nos encontramos con un obstáculo legal porque no tenemos la facultad de interpelar a los ministros como la Legislatura, que lo intentó pero no se pudo”.

Sin respuestas a citaciones

Caridi recordó también que en materia de seguridad se convocó en tres ocasiones al ministro Federico Massoni, “básicamente para explicar por qué no se ha avanzado con la obra del Centro de Monitoreo que otras ciudades tienen y acá no está operativa. A fines de 2018 Massoni se había comprometido a que la obra esté concluida y estamos casi en mayo sin respuestas. Lo mismo con el 911. Ya tenemos 10 homicidios en lo que va del año y la sensación en la ciudad es que estamos abandonados por parte del gobierno provincial”.

Por este motivo, se solicitó que en la reunión con el gobernador estén los ministros de Educación, Obras Públicas y Seguridad.

Almirón también se sumó a las críticas y puso alerta hacia el futuro en correlación de lo que ha sucedido con otras responsabilidades de los estados provincial y nacional. “Es una cuestión macro. No tiene que ver solo con Comodoro o la provincia. Cuando discutíamos las consecuencias del Pacto Fiscal, uno de los puntos era que los municipios se iban a tener que hacer cargo de muchas cuestiones. Pasó lo mismo con el transporte. Cuando Nación dejó de subsidiar, transfirió la responsabilidad sin recursos a las provincias y por ende a los municipios. Si la tendencia sigue, el municipio se va a terminar haciendo cargo de las escuelas. Hay que estar atentos cuando se vota algo como el pacto fiscal. Son decisiones que se toman en otros ámbitos, pero tienen consecuencias en los municipios. Pasa con la SCPL, para con el transporte, pasa con las escuelas”, sentenció.

Con fuertes críticas a la SCPL, desde los distintos bloques argumentaron el informe desprendido de las 4 mil fojas de la auditoría que hizo el Tribunal de Cuentas Municipal. “Administración ineficiente” y “cuestiones de dudosa legalidad” fueron los ejes recurrentes, además del repudio a la solicitada enviada a los medios. Además de la Asesoría Letrada del municipio, el informe también será evaluado por el INAES y a la Subsecretaría de Asociativismo provincial

El concejal de Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán, fue el primero en hablar sobre el tema en hora de preferencia. Luego de la solicitada publicada el domingo desde la SCPL y declaraciones mediáticas de algunos de los miembros actuales del Consejo de Administración, afirmó ver “con asombro algunas personas que cuando este cuerpo daba tarifa nos criticaban a más no poder, nos decían barbaridades y hoy que están en otro rol nos salen a exigir que le demos tarifa”.

En referencia a la situación financiera que llevó al embargo por parte de Cammesa (suspendido luego por 20 días), el edil advirtió que “la SCPL está como está por el desmanejo que data de muchísimos años. Del informe final de la auditoria se desprender muchas falencias, falta de documentación en temas sensibles como la adquisición de materiales, contratación de mano de obra y vehículos. Me gustaría saber si todavía le siguen pagando a una empresa de bs as para que liquide los sueldos del personal. Son interrogantes que todavía no fueron respondidos”. Y concluyó aduciendo que

Para el concejal del PJ, Guillermo Almirón, “el tema de la SCPL da la sensación que es una papa caliente que nos tiramos entre todos y nadie le encuentra la solución y el sistema ya no da para revolearse una papa caliente. Lo que hay que discutir es el sistema completo porque si seguimos tirándonos la papa caliente no encontramos soluciones. Más allá de que la conducción actual quiera salir del problema diciendo barbaridades sobre los concejales, por parte de gente que esta en la SCPL y todavía no ha tomado una decisión importante. Acusar para no hacer nada, es solo tirar la papa caliente. Por eso creo que enviando este informe al Ejecutivo, para que tomen las decisiones, es la decisión correcta”.

El edil recordó que Comodoro es prácticamente el único municipio en el que las tarifas son analizadas con audiencia pública y doble lectura -como marca la Carta Orgánica, porque desde 2016 “cambió la política tarifaria, que fue brutal, y nos tuvimos que adaptar. Nosotros decidimos que no había aumento sin que pase por el Concejo y que no habría aumentos sin estructura de costos. Esto no sucede en ningún lado más.  La desventaja es que siempre la culpa la tiene el Concejo, cuando no hay ningún factor que se defina a nivel local. A cambio pedimos una estructura de costos que nunca llegó”.

Sobre la auditoría, advirtió que “intuíamos que los servicios no concesionados por el municipio (sepelios, parque eólico, acueducto, telefonía) recaían igual en los usuarios. Y así sucedía. Estos 12 locos podemos tener diferencias, pero en este tema siempre tuvimos unanimidad. Tuvimos que gastar 2 millones de pesos en una auditoría para que aparezca lo que no querían mostrar. Aún así, todavía no tenemos la estructura de costos que se exige por la ordenanza 6050 y hay tres pedidos de aumento acumulados solo de energía”

Desde el Bloque Cambiemos, José Gaspar detalló cada una de las intervenciones del Concejo desde 2012 en referencias a la situación financiera de la SCPL: «le dimos la concesión de Manantiales; se prorrogó el contrato por 10 años como un paraguas protector ante cualquier intento de privatización; se los eximió de los impuestos municipales; les aprobamos un Fondo de Sustentabilidad; se aprobaron tarifas; se crearon nuevas categorías; se eximió a sectores sensibles. No pueden decir que el Concejo es responsable por este quebranto. Es una demostración cabal de cómo trabajó este Concejo protegiendo a las cooperativas”.

Y en referencia a críticas esgrimidas hacia su persona, agregó que “si todos los problemas se solucionan pegándole a dos concejales, ojalá fuera así. Es una vergüenza. Lo único que logran hacer es atacar pero la realidad es que tienen un embargo, que ahora hay 20 días para poder solucionarlo, y que la auditoría dice muchas cosas importantes”.

Por su parte, su compañero de bancada, Pablo Martínez, también coincidió en que “a pesar de haberse realizado una auditoría no tenemos la estructura de costos. No sabemos cuándo fe la última vez que tuvieron equilibrio financiero. Aquí se les ha otorgado tarifa y cuando no se podía otorgar tarifa, se aprobó un fondo de sustentabilidad. Ninguno de los consejos de administración estaba de acuerdo con que el municipio subsidiaria parte de la estructura y ahora la reclaman. Nunca se nos presentó un plan. Por eso yo reniego de algunas cuestiones que surgen a la luz de esta auditoría y que denotan desmanejos”.

Dos ejes: acciones de dudosa legalidad y falencias en la administración

El concejal Nicolás Caridi fue el encargado de argumentar los proyectos de comunicación enviados al Ejecutivo Municipal; al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; y a la Subsecretaría de Asociativismo de Chubut.

En una línea argumentativa muy crítica, el edil del PJ advirtió que en la auditoría “aparecen cuestiones de dudosa legalidad”, como “la referencia a que no ha habido un pleno cumplimiento con AFIP. Eso demuestra que la scpl ha utilizado como mecanismo de financiamiento de sus propias deudas, las deudas con los tributos, lo cual está penado con la ley. Otra situación que roza lo ilegal es la continuidad de la facturación del FODE, que nunca fue prorrogado por la Legislatura. Me pregunto si es legal ese cobro de recursos que al día de hoy seguimos pagando todos los socios. La facturación del fondo de capitalización de obras ¿corresponde que se cobre? Y la facturación del servicio de tratamiento de aguas servidas, cuando solo el 4% de los líquidos cloacales son tratados y el servicio se cobra en un 100%”, detalló punto por punto. “Queremos que el asesor letrado del municipio analice estas cuestiones y tome alguna determinación”.

El otro eje para Caridi es “una mala o ineficiente administración de los recursos”. Argumentó que “a pesar del esfuerzo que hacen los vecinos para pagar las facturas, falta planificación, no hubo una administración austera de los recursos. Lo demuestra la estructura excesiva del consejo de administración y los sueldos gerenciales. Tenemos una estructurada cargada de gerentes que cobran una abultada suma de dinero y por otro lado insuficiencia de empleados en algunos servicios. Es decir una estructura operativa insuficiente, que debería ser lo más importante”.

Criticó duramente que la SCPL saca una solicitada en donde habla de una deuda que mantiene con Cammesa y hace un análisis bastante simple de las 4 mil fojas que tiene la auditoria responsabilizando a la municipalidad. No dice nada de la cantidad de deudores que tiene la SCPL, entre ellas la Provincia del Chubut, Coagua, CoopSar, Caleta Olivia, y no se ha procurado ningún mecanismo legal para cobrar esas deudas. Con qué facilidad advierten que iniciarán acciones legales con la municipalidad por no darles tarifa y no repiten la misma modalidad con sus máximos deudores. Hay un doble estándar”

Sin aumento de tarifas

La conclusión contundente por parte de los concejales de los distintos bloques es que no habrá análisis de incremento tarifario hasta tanto defina el Municipio qué hará con los datos que arrojó la auditoría.

“La obligación de ellos es hacer una reestructuración seria y a partir de allí se podrán analizar algunas cuestiones. Mientras tanto, cualquier aumento que soliciten no tienen sustento legal ni técnico para pedirlo. Qué me van a plantear de Cammesa si cada vez que se les aprobó un aumento era para pagar a Cammesa. Incluso cuando tenían el “pass through” (actualización automática de tarifas), ya generaban deuda. Que no pretendan personalizar porque este cuerpo siempre reclamó que hagan una apertura de los números.”, argumentó Gaitán.

En tanto Caridi, advirtió que “parece que la única solución a todos los males es aumentar tarifa, por eso no me parece serio el planteo. Hay un sistema de discrecionalidad inmenso que no puede dejarse pasar. Todo esto merece ser estudiando por el Poder Ejecutivo y los organismos de control de la vida interna de todas las cooperativas. No podemos seguir enviando notas que no son respondidas y en el medio aprobando aumentos que piden las nuevas autoridades. No trataremos un aumento tarifario sin que esto se haya resuelto por las autoridades de aplicación”.

En tanto Almirón pidió que se eleve una nota al Consejo de Administración solicitando “que se ratifique o se rectifique la solicitada del domingo y saber si esa solicitada figura en el acta del consejo de administración. Creo que hay algunos actores en ese consejo de administración que se animan a cualquier cosa y no puede pasar desapercibido”, culminó.

Cuestionaron a un integrante del Tribunal de Cuentas

En el medio del debate por la auditoría de la SCPL, también se mocionó enviar una nota al Tribunal de Cuentas Municipal para que aclare el accionar sobre uno de sus miembros: Carlos Relly.

Ricardo Gaitán pidió “que se nos informe si Carlos Relly está designado por ellos para asistir a las reuniones con Cammesa, porque tengo entendido que estuvo. Si ejerce alguna responsabilidad desde el Tribunal de Cuentas Municipal en esas reuniones”.

Almirón declaró la presencia de Relly en una reunión de Cammesa como “incompatible”. Advirtió que “hay que tomar nota. Sería interesante saber cuál es el rol de este miembro en esa reunión”.

El Concejo Deliberante de Trelew aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Provincial de Emergencia Comercial que contempla beneficios para comercios e industrias con el fin de brindarles oxígeno financiero ante la crisis económica del sector. Según Juan Aguilar, presidente de la bancada de Chubut Somos Todos, “es un proyecto del Frente para la Victoria pero que por suerte pudo ser trabajado en conjunto con todos los concejales y contó con el aporte valioso del Ejecutivo, que lo perfeccionó”.

“Se incorporaron cuestiones de Rentas. Se suspenderán ejecuciones judiciales a los comercios con domicilio fiscal en Trelew. La Municipalidad lo hacía de hecho pero quedó reflejado de manera clara en una ordenanza. Es una medida que pone un paraguas de protección”.

En Hora de Preferencia se discutió el estado de las escuelas, la responsabilidad de Provincia y el convenio mediante el cual la Municipalidad recibió $ 21 millones para la refacción de establecimientos. La edil de Cambiemos, Florencia Rossi, adelantó que pedirá un detallado pedido de informes.

Cabe recordar que según el intendente Adrián Maderna, el dinero recibido no llega a esa cifra, que se estima alcanzar a fin de año. Incluso propuso rever el convenio. Pero la polémica de ayer fue por la fecha de ingreso del expediente al cuerpo (ayer). Para algunos concejales no puede ejecutarse sin su consentimiento y para la interpretación del oficialismo, no es necesario.

Según Aguilar, presidente de CST, es sólo para informar. Así salió al cruce de su par del Partido Justicialista, Simón Cimadevilla, quien criticó al municipio por no enviar el convenio mediante el que Provincia transfiere fondos para escuelas.

Aguilar aclaró que los ediles no tienen que ratificarlo. “Ayer (por el miércoles) ingresó el convenio. Lo pedimos todas las bancas. Está para el análisis. El Ejecutivo lo envía para conocimiento. Por la situación difícil de las escuelas no necesitaría la ratificación del Concejo. Aquí se manda para conocimiento, no es más que para mirarlo. Ya el municipio puede aplicarlo”.

Reiteró Aguilar que “el municipio entendió que por la clara necesidad y urgencia para el abordaje de refacciones menores lo podía hacer de manera directa. Hay convenios que se mandan para conocimiento y otros para ratificación. Este es para conocimiento porque se entiende que se puede aplicar sin esa ratificación”.

El edil del PJ, Simón Cimadevilla, se mostró molesto por el atraso del oficialismo de enviar el convenio. “Al bloque ese convenio no entró. No lo pudimos analizar. No entró tampoco el pedido de informes que hicimos hace un mes por la situación de las escuelas. Cuáles son los relevamientos y los fondos. Hoy el intendente dice que tal vez lo rechacen y devuelvan los fondos. La ministro dice que en otros municipios ya se ejecutaron. El anuncio que hicieron en enero, que los convenios eran para agilizar el término de los trabajos en las escuelas, no se cumplió”, manifestó.

“Es a fines de mayo y todas las escuelas siguen con problemas edilicios. Los chicos sin clases. Los municipios no dan respuestas. Está demostrada la falta de capacidad de gestión tanto de Provincia como municipal”.

Cimadevilla aclaró que el convenio “no puede ser ejecutado si no pasa por el Concejo. En enero se decía que se agilizarían las obras. No ingresó ni tuvo estado parlamentario. No se puede aprobar ni ejecutar. Frena la ejecución. En otros municipios tuvo mayor celeridad. Acá el convenio no fue tratado. Pedimos la situación de cada escuela, las obras necesarias y todavía no hubo respuesta”.

En la discusión en el recinto intervino Rossi. “Muy lejos de mí está plantear y manifestar otra vez que esperamos hace dos semanas que ingrese el convenio. Haré un pedido de informes, que se indiquen los gastos y las reparaciones que se realizaron en las escuelas. Espero que todos los bloques nos acompañen. Hay chicos que hoy no tienen clases. El responsable es Provincia y el Ministerio de Educación. Hoy le reclamamos al intendente qué pasa con las escuelas. Se usa enero y febrero para reparaciones. No es para discutir y se terminó”.

Apuntó que “seguimos sin resolver los problemas. Que Educación se haga cargo y resuelva la situación edilicia. La ministra no se da por aludida”, indicó. La misma concejal reflotó una iniciativa presentada en 2016 para crear un Programa de Prevención y Detección de Consumo de Estupefacientes que disminuyan la capacidad de conducción segura de vehículos en la vía pública. El expediente fue a la Comisión de Asuntos Legales.

La edil de Chubut Somos Todos, Marcela Roberts, manifestó su preocupación y pidió urgente respuesta a las autoridades porque –según relató- fue eliminada la carga de los datos obtenidos de un intenso trabajo realizado sobre violencia de género en Trelew volcada al “Mapa del delito”. Luego de explicar con detalles lo sucedido aseguró esperar cómo proponen solucionar la situación.

Sobre tablas se ratificó el acuerdo con los gremios en paritarias por el que los empleados municipales cobrarán a partir de abril y en forma escalonada, un 30% de aumento.

Según el concejal Aguilar, “es un aumento muy importante para los trabajadores y para las arcas municipales. Hay que afrontarlo con esfuerzo. Pero Maderna planteó que aún en un marco difícil desde lo económico, nunca se precarizará la situación de los trabajadores. Es en dos etapas: una en abril y la otra en junio con esquemas retroactivos”.

 

 

Diario Jornada

Los concejales madrynenses aprobaron la adhesión a la ley provincial que declara Emergencia Comercial en todo el territorio de la provincia del Chubut hasta el 31 de diciembre del corriente año. La legislación establece beneficios para micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Chubut que cumplimenten una serie de requisitos que la misma normativa establece.

Una vez que se accede a la misma se pueden obtener una serie de beneficios que van desde líneas de créditos a tasa diferenciada ante el banco del Chubut, así como la suspensión de los trámites de intimaciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias por ingresos brutos y sellos. Además de todo ello, avanza sobre la suspensión de ejecución y sentencia firmes consentidas en juicios de ejecución.

La adhesión a la ley de Emergencia Comercial realizada por el Concejo Deliberante madrynense se funda en la actual situación socio económica que atraviesa el país. Desde allí se pretende con esta medida favorecer la recuperación del sector comercial mediante el otorgamiento de beneficios fiscales que contribuyan a superar las dificultades y crisis que atraviesa el sector. La legisladora de extracción sindical, Andrea Moyano, comentó que “desde el sindicato de Comercio llevamos un registro de despidos donde se deduce que en el primer trimestre del año se produjeron, en promedio, 10 despidos por mes”.

El sector donde más se sintió la crisis fue en las empresas tercerizadas que comenzaron a cesantear al personal, sin escapar a los rubros de electrodomésticos, indumentaria y alimentos. “Esta crisis no deja afuera a nadie” dijo la concejala, quien advirtió que “en paralelo a los despidos crece la precarización laboral, el maltrato y la pérdida de derechos conquistados. Así vemos trabajadores con miedo a perder sus fuentes de empleo”.

Ante ese escenario la legisladora de extracción sindical ponderó la decisión del cuerpo deliberativo de aprobar la adhesión a la ley provincial porque dispone de una serie de herramientas para alivianar a la compleja realidad económica que está viviendo la ciudad portuaria. “La adhesión a la ley es una decisión importante porque dispone de beneficios para lograr la reactivación económica en el sector”, comentó Andrea Moyano.

 

 

 

Diario Jornada

Padres de la escuela N° 742, de Km.5, acudieron al Concejo Deliberante para solicitar ayuda ante la falta de respuestas por las condiciones edilicias del establecimiento que impiden su funcionamiento, problemática que se repite en varias escuelas de la ciudad. La Oficina de Derechos y Garantías intervendrá al respecto en defensa de los chicos.

Un grupo de padres de la escuela N° 742 fue recibidos por el viceintendente Juan Pablo Luque y los concejales Adriana Casanovas, Mario Soto, Pablo Martínez, José Gaspar, Beatriz Neira y Ricardo Gaitán. “Hemos venido a buscar el apoyo por parte de los ediles para que nos acompañen en esta lucha que estamos llevando adelante con respecto a las fallas edilicias que tenemos dentro del establecimiento educacional”, transmitió Arturo Ruiz, padre de la escuela N° 742 que no tiene clases por una fuga de gas, entre otros problemas de calefacción y edilicios.

Si bien el Concejo Deliberante no tiene injerencia en las escuelas que son potestad del gobierno provincial, el viceintendente Luque se comunicó con el ministro Raúl Chicala para saber el plan de acción pensado para esta y otras 20 escuelas que se encuentran con reclamos similares.

Además, profesionales de la oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Concejo Deliberante, también estuvieron presentes y se comprometieron a actuar en defensa de los derechos de los alumnos. Al respecto, Natalia Castro explicó que “desde la Oficina solicitamos que traigan todas las copias de los pedidos de nota o antecedentes administrativos que han solicitado en cuanto al reclamo, para ver desde cuando existe esta situación y ver qué respuestas les dieron. Asimismo vamos a hacer una nota pidiendo las alternativas “paliativas” hasta tanto se solucione el problema de fondo que son los problemas edilicios”.

La referente de la Oficina advirtió que “son pedidos urgentes, porque mientras se solucionan los problemas edilicios los chicos están con hacinamiento o sin clases, es decir, en riesgo. Por eso vamos a empezar a rastrear lo que ya se ha solicitado y solicitar que no se vulnere el derecho a la educación”

En cuanto a los alcances que tiene la institución dependiente del Concejo, resaltó que a diferencia de otras entidades que también actúan en defensa de las personas, la Oficina de Derechos y Garantías atiende reclamos colectivos, como sucedió el año pasado ante el pedido de intervención de los padres por la cantidad de días sin clases que culminó con un recurso de amparo en la justicia. “Hay que agotar todo lo administrativo y si no dan respuestas desde el Ministerio de Educación, se puede iniciar un recurso de amparo. Igualmente, al ser un pedido colectivo, desde la oficina se va a visibilizar porque los chicos están en el medio de una situación que los tiene en riesgo”, agregó Castro.

La situación de la Escuela N° 742

El grupo de padres presentes se mostró muy conforme con el resultado de la reunión al haber sido recibidos en el Concejo Deliberante. “Nos vamos un poco más conformes y más tranquilos, ellos han hablado directamente con el ministro y el mismo nos ha dado unas garantías delante del señor viceintendente, de que van a arreglar los equipos de la escuela, que vamos a poder tener calefacción, que nuestros hijos van a ir con seguridad a la escuela”, comentó Arturo Ruiz,

Respecto a la situación que les toca vivir a sus hijos, lamentó que “a estas alturas del año estemos sufriendo una falta de gas y un problema edilicio en una escuela que es de nivel técnico y que esta sobre demandada. Consideramos que existe un poco de inacción, de desidia. No existe un mantenimiento y hay miles de falencias al punto de que nuestros hijos han tenido que sentarse a comer en el piso”, describió.

El referente del grupo de padres afirmó que sabían de la existencia de estos problemas pero que no tuvieron respuestas a sus demandas: “Desde hace un tiempo veníamos presentando notas y esperando respuesta por parte del gobierno de la Provincia pero la falta de las mismas está a la luz. La empresa que se tenía que hacer cargo no lo hizo debido a la ausencia de fondos para pagarle. Hemos ido a Defensoría del Pueblo, a Fiscalía y hemos salido en diferentes medios Es tiempo de que las cosas se tomen enserio porque implica el riesgo y la integridad física de nuestros hijos”.

Los padres se acercarán el jueves de la semana próxima a presenciar la sesión del Concejo Deliberante en donde los ediles se comprometieron a realizar alguna expresión al respecto. “Vamos a presenciar la sesión en donde se presentará el pedido para que podamos hablar con los ministros e incluso con el gobernador. Nos vamos muy conformes, pero continuando con nuestra lucha”.

Se trata de un taller para todas las áreas del cuerpo legislativo para adquirir herramientas que permitan mejorar la labor técnica diaria y la atención al público.

“Dispuse desde presidencia que todo el personal sea capacitado porque creemos necesario que el personal legislativo adquiera herramientas para mejorar tanto en sus funciones internas como externas respecto a la atención al público”, señaló el viceintendente Juan Pablo Luque.

El Taller de Redacción Administrativa es dictado por la Licenciada en Letras, Natalia Montes. Se estructura en base a la necesidad de brindar herramientas lingüísticas y discursivas a todo el personal que se desempeña en esta dependencia, entendiendo por ello la formación específica en un modo determinado de producir el lenguaje dentro de la Administración Pública tanto en sus relaciones internas como en sus relaciones con la comunidad.

“El ámbito legislativo es sumamente técnico, por lo cual el personal debe utilizar un lenguaje administrativo apropiado para cumplir una buena función. Una resolución mal escrita puede implicar pérdidas de tiempo o errores de comunicación que tenemos que evitar, por eso es importante este tipo de capacitaciones para las distintas áreas”, amplió Luque.

“El año pasado ya tuvieron la posibilidad de acceder a un curso similar pero fuera del establecimiento. Esta vez quisimos que todos tengan la posibilidad de hacerlo en el mismo SUM del Concejo y que se extienda a todas las áreas”, agregó.

A partir de la última sesión del Concejo Deliberante. La declaración permitirá la preservación del bien a lo largo del tiempo y que cualquier intervención en el mismo sea realizada luego de consultar a la Comisión Evaluadora del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ciudad

La Estación de Trenes motivó la fundación del barrio Diadema, 27 kilómetros al noroeste del centro de Comodoro, en 1921, y aunque fue construido mucho antes –en la década del 10- le dio vida, movimiento y conexión al barrio hasta 1978, año en que fue cerrado definitivamente. Y a partir de la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante recibió un merecido reconocimiento al ser declarado un bien de patrimonio histórico de la ciudad.

De esta manera, el inmueble se incorpora al registro permanente de Bienes de VALOR Patrimonial de la ciudad, conforme lo contempla la ordenanza Nº 6629-1/99. Además de la preservación del edificio, la declaración evitar cualquier intervención sin que sea avalada por la Comisión Evaluadora del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ciudad.

La Estación de Diadema formaba parte del ramal Comodoro Rivadavia-Sarmiento, inaugurado en 1914, junto a las estaciones Comodoro Rivadavia, Talleres, Escalante, Pampa del Castillo, Holdich, Cañadón Lagarto, Valle Hermoso, Parada KM164, Colhué Huapi y Colonia Sarmiento.

La estación funcionó hasta la década del 70`, aunque recién en 1992 el gobierno nacional ordenó el levantamiento de las instalaciones ferroviarias. Hoy solo quedan cortos tramos de vías y por supuesto el edificio que fue restaurado en los últimos años.

 

El concejal del PJ, Guillermo Almirón, presentó una serie de proyectos relacionados a los excombatientes, al cumplirse 37 años de las gesta. Además, se enviará una nota del cuerpo apoyando la Ley Malvinas, un proyecto de senadores fueguinos en la lucha por la soberanía argentina sobre las islas

Desde su banca y con la presencia de excombatientes en el recinto, el concejal Guillermo Almirón presentó una serie de proyectos que fueron aprobados por unanimidad, junto con un pedido para que salga desde el Concejo una nota en apoyo a la Ley Malvinas.

“Hay dos senadores fueguinos, José “Nato” Ojeda y Julio Catalán Magni, que han presentado un proyecto en el Congreso de la Nación, que lo hicieron en nombre del pueblo de Tierra del Fuego. El objetivo de la Ley es evitar que, así como sucedió con más de una decena de instrumentos internacionales –muchos de los cuáles son tratados prácticamente secretos entre los países, todos los acuerdos referidos a Malvinas sigan sin pasar por el Congreso de la Nación. No se discutió más la soberanía sobre las Islas, solo en organismos bilaterales que exigen pero que luego no tiene efecto”, explicó el concejal Guillermo Almirón.

En concreto, el proyecto de ley exige que cualquier instrumento firmado entre Inglaterra y Argentina sobre las Islas Malvinas, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Desde el Concejo se enviará una nota en nombre de todo el cuerpo apoyando la iniciativa de los senadores nacionales.

“Sin dudas la causa Malvinas si uno hace un repaso rápido debe ser la única causa que moviliza y une como nada. Malvinas es una causa que unifica. Tenemos que tomarlo hacia adelante como un impulsor de un proceso nacional”, expresó sentidamente Almirón.

Chubut es una de las dos provincias que siguen sin pensión honorífica para militares de carrera

Como cada año en la víspera del 2 de abril, Almirón reiteró a través de una expresión de deseos, el pedido para que la ley que creó la pensión honorífica Islas Malvinas y que reconoce de manera exclusiva a los soldados, considere también al personal civil, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas que participaron en el conflicto de las Islas Malvinas, que ya son reconocidos por el Poder Ejecutivo Nacional pero que tanto en Chubut como en Corrientes, no existe esta adhesión.

El último antecedente es el rechazo del Superior Tribunal de Justicia de la queja de un grupo de oficiales y suboficiales veteranos de la Guerra de Malvinas que reclamaron poder cobrar la “Pensión Honorífica Islas Malvinas”, por lo que en Chubut, sólo la perciben los exconscriptos que no eran soldados profesionales, ya que la ley XVIII Nº 35 que creó el beneficio vitalicio en diciembre de 1995 excluyó a los militares de carrera.

En el marco de este reclamo, la expresión de deseos expresa que “el Concejo Deliberante vería con sumo agrado que la Legislatura de la provincia del Chubut analice en su ámbito la viabilidad de lo peticionado por la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur en cuanto a la modificación de la Ley XVII Nº35”.

En Ciudadela se construirá la sede de la Unión de ex combatientes

Se aprobó un proyecto de ordenanza para la venta con pacto comisorio de un terreno en barrio Ciudadela a favor de la Unión de ex combatientes de Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, con un valor de venta similar al que rige para los veteranos. Fue un pedido de la propia Unión “en virtud de que se trata de una asociación civil sin fines de lucro y que tiene entre sus objetivos mantener vigente la causa Malvinas, recordar y honrar a los caídos en defensa de la soberanía nacional en el conflicto armado de 1982, así como organizar actividades sociales para los ex combatientes y para la comunidad”, argumenta el proyecto.

El Deporte unido a la causa

El concejal también presentó un proyecto que declaró de interés municipal, social y cultural el acto homenaje a veteranos de guerra de las Islas Malvinas que realizó el Club Social y Deportivo Petroquímica, en el marco de una nueva conmemoración de la gesta. Se presentó una casaca deportiva para la temporada 2019 con el grabado de las islas en su espalda.