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Este martes, acusada de ser coautora de lavado de dinero, Cristina Kirchner debe declarar en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, un expediente por el cual el empresario kirchnerista Lázaro Báez lleva preso dos años y medio, acusado de haber blanqueado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.

La ex Presidenta vuelve a los Tribunales de Comodoro Py para ser indagada por lavado de dinero. No lo hará en cualquier contexto pues sobre ella pesa su sexto procesamiento. Este lunes, el juez Claudio Bonadio la procesó como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de coimas y además, requirió su prisión preventiva.

La de este martes, es la primera vez que Cristina Kirchner debe responder ante la Justicia en esta causa cuyo principal acusado es Báez. Esta instancia ocurre a raíz de una orden dictada por la Cámara Federal porteña que planteó el 31 de agosto, que no se podía excluir de la maniobra a la ex Presidenta por sus lazos comerciales con Báez y por el delito precedente que originó esos fondos que finalizaron en operaciones de blanqueo: la defraudación en la obra pública.

Los lazos comerciales entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez y las operaciones comerciales que los unieron por años, entre ellas los negocios hoteleros y el direccionamiento de obra pública a favor del Grupo Austral, condujeron a la ex presidenta a una nueva instancia de indagatoria en la justicia federal, donde ya acumula seis procesamientos.

Esta causa, que cuenta con 25 imputados, entre ellos Báez y sus cuatro hijos, se encuentra en instancia de juicio oral. El mismo dará comienzo el 30 de octubre, por ahora, sin la presencia de Cristina como procesada, a pesar de que el fiscal Guillermo Marijuan pidió su indagatoria en dos oportunidades.

Sin embargo, en caso de resultar procesada y confirmada la acusación, podría ser incluida en el juicio ya en curso o considerarse una nueva instancia para juzgarla a ella.

Todos los involucrados en esta investigación fueron procesados por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013, un delito agravado por la habitualidad”. El juez Sebastián Casanello, que instruyó la causa, tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza” por parte de Báez, lo que complicó la situación judicial del empresario K que, hasta entonces, había sido procesado por sacar dinero y reingresarlo al país para blanquearlo.

La última acusación que pesa sobre Báez fue por haber lavado 60 millones de dólares y esto le valió un embargo de 600 millones de dólares: es decir, diez veces la suma de los fondos blanqueados, tal como estipula la ley de Lavado de Dinero.

Según la investigación por la corrupción en la obra pública, Cristina favoreció a Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Fueron, según la investigación, licitaciones “plagadas de irregularidades” donde confluyeron otros agravantes: la mitad de las obras no se terminaron, se les aplicó un sobreprecio del 65% y se armaron pliegos a la medida de Austral Construcciones, entre los puntos más relevantes.

La Sala II de la Cámara federal porteña fue la que determinó que esos flujos millonarios de fondos que recibió el Grupo Austral son el “delito precedente” del lavado, pues parte de ese dinero se volcó al blanqueo ilegal.

No terminó todo allí. Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens indicaron que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero arroja ingresos a favor de la ex familia presidencial por más de $ 50 millones entre 2009 a 2015.

Según la Sala II de la Cámara, que ordenó la indagatoria a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA), no sólo la base de que el dinero blanqueado por Báez proviene, en parte, de los contratos financiados por el Estado, sino que esto permitió un crecimiento patrimonial del 1.200%, que no respondería exclusivamente a sus bienes sino que podría haber oficiado como un “prestanombre” de la familia Kirchner.

Por estas conexiones comerciales que son investigadas en otras causas, Cristina vuelve a los Tribunales de Comodoro PY después de ser procesada por el juez Claudio Bonadio como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos. Este martes debe declarar como coautora de las maniobras de lavado que encabezó su socio comercial, Lázaro Báez.

 

 

Clarín

Días después de convertirse en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción, Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri, volvió a los Tribunales de Comodoro Py y presentó un escrito en la causa en la que está imputado en una causa vinculada a Odebrecht.

Se trata de la investigación sobre la construcción del soterramiento del Tren Sarmiento. Según confirmaron a Clarín, el empresario presentará un escrito ante el juzgado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, tras un pedido del fiscal Franco Picardi, citó a indagatoria al ex dueño de Iecsa junto a otros imputados, todos acusados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento.

Las indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se toman en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Iecsa, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: representantes de Ghella, Comsa.

En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.

La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.

Las indagatorias que incluyen a Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.

Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de e-mail donde “se habla del pago de sobornos”, explicaría “el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador”, que integraba entonces la constructora IECSA.

Todos los imputados están acusados ​de participar en lo que Martínez De Giorgi denominó como “anómalas circunstancias”señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron “sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas adjudicatarias de la obra, a la empresa CAESA y aquellos confesados por la empresa Odebrecht”, indica la resolución.

Sólo en la licitación se consignaron al menos 21 irregularidades: entre ellas, “se efectuó mediante un procedimiento de etapa múltiple, sin presupuesto ni crédito legal y poniendo en cabeza de los oferentes el proyecto de ingeniería y ejecutivo”, además, “no se cumplieron los plazos de publicación del llamado exigidos”, “se modificaron algunas cuestiones esenciales del Pliego de Bases y Condiciones Generales a requerimiento de los oferentes”, entre otras.

El fiscal Picardi cree que los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas offshore radicadas en el exterior.

Se trata de una red de empresas. Por un lado, las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y CAESA -, y aquellas que se habrían utilizado para recibir el “pago de sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de la empresa off shore “Klienfeld Service Ltd”.

En este contexto, el juzgado siguió la ruta del dinero, “los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan,a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular señalado”.​ En relación a la millonaria obra, se distinguieron al menos dos formas en las que se materializó la maniobra de pagos irregulares. Por un lado, a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes, y también, por intermedio de transferencias “que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través desde su “División de Operaciones Estructuradas”, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”, señaló Martínez De Giorgi.

Parte de esta ruta de fondos se investigó en base a unos correos electrónicos entre Vázquez y Marcelo Couri Ribeiro integrante de Odebrecht. Se destacó que “en dichos correos, éste último habría dejado asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento”.

Para el Juez ños ex funcionarios y los apoderados de las empresas privadas adjudicatarias “que hubieren intervenido de manera efectiva en el expediente y/o participando en reuniones con los funcionarios públicos intervinientes”. Como así también, los responsables dela firma CAESA S.A., señalados como intermediarios entre la firma brasileña y los ex funcionarios.

 

 

Clarín

El empresario Aldo Roggio se anticipó hoy a la declaración indagatoria que tenían que tomarle el martes y se presentó de forma espontánea en Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas.

Roggio quedó involucrado en la causa porque su nombre estaba incluido en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, detalla TN.

El presidente de BRH debía prestar declaración indagatoria en cuatro días, pero hoy acordó con el fiscal Carlos Stornelli sumarse como “imputado colaborador” a la lista de empresarios “arrepentidos”. Eso deberá definirlo Bonadio.

El empresario es nieto de Benito Roggio, fundador de la empresa que ahora es un holding. En los ’90 fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción y es uno de los fundadores de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Es la segunda vez en la semana que Roggio pisa Comodoro Py. El pasado lunes 6 se presentó en declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en una de las causas de Odebrecht en Argentina por la construcción de una planta potabilizadora de Aysa.

 

 

La Gaceta

López inició: “Voy a declarar porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro de la familia en los doce años y medio que estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación”.

La audiencia del juicio oral se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py. Allí, el ex funcionario manifestó que si bien hará uso de su defensa, no caerá en detalles ni precisiones con el fin de “no poner en riesgo” la seguridad de su familia.

López criticó que hasta el momento había sido limitado en su defensa ya que no tuvo la libertad para elegir a su abogado, y ahora sí lo pudo hacer.

De esta manera, señaló: “Esto quedó claramente evidenciado con mi primera defensora, que me la pusieron, que jamás la hubiese elegido voluntariamente y que me costó mucho esfuerzo que la cambiaran”.

Por otro lado, López aseguró que el dinero de los bolsos que llevaba al convento en General Rodríguez no era suyo sino de “personas vinculadas a la política”.

En este sentido, añadió: “Me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar agregando además ridiculeces inexplicables y que yo no tuve otra alternativa que obedecer”.

“Cuando antes señalé que es dinero de la política es porque así me lo indicaron pero en realidad lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona sino varias y yo mismo no sé bien quiénes son todos ni quiero saberlo”, manifestó.

También informo que en unas reuniones “algunas personas” le encomendaron una “diligencia” que”consistía en que debía trasladar esos bolsos al convento” al que él conocía y tenía entrada, “entendiendo que a partir de allí se los iba a ir retirando para darle otro destino”.

“Al lugar no llegué solo, me escoltaron tres personas, una en una moto y dos en un auto. Cuando digo que me escoltaron no digo que eran simples acompañantes, digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control”, disparó el ex funcionario.

Y continuó: ” A mediados del año 2016 estando en Montevideo, Uruguay para las sesiones de parlametnarios del Mercosur un parlamentario me dijo a vos, a mí, a Rossi y a otro parlamentario más nos están investigando, esto me dijeron fuentes allegada a la SIDE, a los servicios”.

“Cuando me dijo este parlamentario me hizo este comentario veníamos en su auto y venía en el asiento de atrás una parlamentaria y su secretaria”, detalló.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 está integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini.

Cronica

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, declaran por la causa de los cuadernos con pagos ilegales de empresarios y en la deenriquecimiento ilícito, respectivamente.

López fue trasladado desde el penal de Ezeiza en tanto que De Vido desde Marcos Paz, y ambos están alojados en la Alcaldia de Tribunales.José López detenido

Bonadio le tomará indagatoria a De Vido por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en tanto que López en instancia de juicio por los bolsos que le encontraron con casi 9 millones de dólares.

 

 

Diario 26

La Justicia definirá este martes si el ex vicepresidente Amado Boudou es detenido por el caso Ciccone Calcográfica, pero también se resolverá si empresarios y funcionarios son condenados por la tragedia ferroviaria de Once y, además, habrá novedades sobre la confirmación de las penas sobre el ex presidente Carlos Menem y el arrepentido Leonardo Fariña.

El martes, tras las últimas palabras a Boudou y demás acusado por el juicio de la compra de Ciccone Calcográfica -que se prevé serán a la mañana-, alrededor de las 15:00 el Tribunal definirá las condenas solicitadas por la Fiscalía y las querellas, de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la inmediata detención del ex vicepresidente sin esperar a que quede firme el fallo.

Luego de allanado el camino por la recusación que Boudou había hecho de Pablo Bertuzzi, presidente del Tribunal Oral Federal 4, el martes se escucharán las últimas palabras de él y del resto de los acusados y sólo resta saber si el ex vicepresidente queda en ese momento detenido.

Según indicaron fuentes judiciales, Boudou será condenado pero resta determinar si se lo detiene ese mismo martes en la sala de juicio de Comodoro Py, ante la presunción de fuga, o bien se le aplica alguna medida alternativa como la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte, la obligación de presentarse en Tribunales de manera periódica o el control por tobillera electrónica.

La condena ya está decidida por parte de los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Guillermo Costabel, pero los tres mantendrán este lunes una reunión clave para definir las penas y sobre todo el pedido de detención sobre Boudou: las fuentes judiciales consultadas no descartaron que suceda junto al veredicto condenatorio.

El fiscal de juicio Marcelo Colombo y la Oficina Anticorrupción (OA) pidieron una pena de pena de cinco años y medio para Boudou y la UIF de seis años, acusándolo de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Tribunal evalúa el contenido de la sentencia que se dará a conocer días después de la lectura del veredicto, pues tendrá mucho cuidado en no descartar la participación de otros ex funcionarios, como el caso del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y otros empresarios que aún investiga en primera instancia el juez federal Ariel Lijo.

Próximamente, también la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal definirá planteos que podrían tener como consecuencia directa la detención inmediata de empresarios y funcionarios condenados por la tragedia ferroviaria de Once.

En mayo el Tribunal ratificó las condenas fijando la de ocho años para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; cinco y medio para su sucesor Juan Pablo Schiavi; siete para el empresario Claudio Cirigliano y tres años y tres meses para el maquinista Marcos Córdoba.

Pero ese Tribunal, con otra integración, también definirá la condena del ex presidente Carlos Menempor la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, cuyo juicio finalizó en 2011, pero luego de idas y vueltas entre la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema quedó en una pena de siete años.

El fallo que se aguarda para fines de agosto será clave, pues si se confirma la pena se podría ordenar su desafuero a la Cámara de Senadores de la cual Menem es integrante, con la posibilidad de ir a prisión.

También antes de que termine agosto la Sala III definirá si confirma la condena que recibió Leonardo Fariña de cuatro años de prisión por el delito de evasión, a raíz de un campo en Mendoza que compró y luego vendió.

Se trata de un campo por el que había pagado 5 millones de dólares y luego vendió a 1,8 millones: si Casación confirma su condena y luego rechaza sus apelaciones para ir a la Corte, el ex marido de la modelo Karina Jelinek volverá a la cárcel.

 

 

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