Tag

Comodoro PY

Browsing

La expresidenta Cristina Fernández Kirchner se presentó este lunes 10 de junio a los tribunales de Comodoro Py para presenciar la cuarta audiencia del juicio por la causa «Vialidad», donde se la acusa de presuntas irregularidades en la obra pública. Durante la jornada se continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio que se prevé culmine la próxima semana tras lo cual se va a dar pie a que las partes planteen sus cuestiones preliminares y luego las indagatorias.

Cristina Kirchner se sentó junto con su abogado Carlos Beraldi y siguió atenta la lectura del requerimiento de juicio, con el contenido de la acusación fiscal. Horas antes de su llegada, compartió un video en su red social Twitter con fuertes críticas al juez Claudio Bonadio, al que acusa de no ser «imparcial».

«Ayer ví en @eldestapeweb este excelente video que comparto con vos y me acordé del capítulo 8 de Sinceramente, cuando en ‘Claudio Bonadio, el sicario’ afirmo que «Ya es poco lo que espero… los tribunales superiores no son diferentes a Bonadio'», comentó en su red social.

El video, realizado por El Destape, sostiene que el juicio a la actual senadora nacional carece de los «tres principios del Estado de derecho», entre ellos un «juez imparcial, derecho a la defensa y el principio de inocencia». En es sentido, resaltaron que las 14 causas que enfrenta la precandidata a vicepresidenta «cayeron en manos de Bonadio».

Cristina faltó a la tercera audiencia del pasado lunes 3 de junio del juicio oral que se le sigue junto a otros exfuncionarios y empresarios en el caso de presunta corrupción en la obra pública conocida como «Causa Vialidad». A través de su abogado Carlos Beraldi, hizo saber al Tribunal Oral Federal 2 por medio de una nota que asistiría a una reunión en el Congreso que fue convocada por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes.

La expresidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez. Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.  Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad.

 

 

Perfil

El juez federal Claudio Bonadio se reincorporó a su juzgado luego de una licencia para realizarse estudios médicos.

El magistrado, a cargo del juzgado federal 11, arribó a los tribunales federales de Retiro pasadas las 9, y de inmediato se dirigió a su despacho, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002.

Bonadio está a cargo de la causa por los llamados cuadernos de la corrupción, y fue reemplazado en su licencia por su par Ariel Lijo.

El juez pidió licencia del 1 al 22 de mayo, y ahora se reintegró al trabajo al frente de su juzgado.

Bonadio debe resolver, entre otras cuestiones, si comienza los trámites para el envío a juicio oral del tramo de la causa cuadernos, en la que está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros acusados.

El juez evitó formular declaraciones, hizo saber que «está bien» a través de su secretaría privada y comenzó a reunirse con sus secretarios.

 

 

Ambito

El juicio oral y público a la expresidenta Cristina de Kirchner, por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos, comenzó hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

El inicio del juicio, donde junto a la precandidata a vicepresidenta hay otros doce acusados, quedó confirmado ayer por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que rechazó dos planteos formulados por la defensa del detenido empresario Lázaro Báez, que tenían por objeto desplazar a dos jueces de ese cuerpo y aplazar el comienzo del debate.

El primer juicio a la exmandataria se inició con la lectura de las acusaciones en la Sala AMIA, la más amplia del edificio judicial de Comodoro Py 2002, y según fuentes judiciales ese trámite puede demandar más de tres jornadas, en las que todos los acusados tendrán la obligación de estar presentes.

La senadora y expresidenta, su ministro de Planificación, Julio De Vido; Báez y otros diez acusados son juzgados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Para los fiscales que llevaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los acusados se asociaron de manera ilegal para favorecer a Báez con la adjudicación de 52 obras públicas en Santa Cruz entre 2004 y 2015, por valor de 46.000 millones de pesos.

Fuentes judiciales estimaron que el debate se extenderá casi un año y destacaron que está prevista la declaración de unos 160 testigos, entre ellos el ex jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández, quien el fin de semana fue anunciado como precandidato a presidente en una fórmula que compartirá con la propia Fernández de Kirchner.

Durante todo este lunes continuaron los preparativos: más de 50 policías federales se sumarán a la seguridad habitual del edificio, mientras los alrededores estarán custodiados por Prefectura y Gendarmería, informaron fuentes que trabajan en el tema.

Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, prevén iniciar el debate con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales Pollicita y Mahiques; de los dos organismos querellantes, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y el auto de elevación del juez de instrucción Julián Ercolini.

Si bien el juicio comenzará un martes, luego las audiencias pasarán a los lunes y el TOF 2 tiene previsto agregar una jornada semanal en cuanto sea posible para agilizar el trámite del proceso, informaron fuentes judiciales.

La expresidenta ingresará al edificio ubicado en Comodoro Py 2002 por un acceso lateral -en este caso la calle Combate de Costa Brava-, como hizo cada vez que le tocó concurrir a los tribunales, y llegará casi sobre la hora del inicio de las audiencias para ir directo a la sala.

Cuatro de los 13 acusados serán trasladados desde los penales en los que están detenidos e ingresarán directamente a la sala junto a personal del Servicio Penitenciario Federal: De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner y Báez.

Una vez finalizada la lectura de los requerimientos de acusación, se dará paso a las llamadas «cuestiones preliminares» y allí se espera que las defensas intenten suspender el juicio al plantear nulidades vinculadas a la falta de resolución, por parte de la Corte Suprema, de ocho recursos de queja planteados contra decisiones del Tribunal Oral.

La queja más trascendente de la que llegaron al máximo tribunal es la referida al rechazo sistemático a la medida de prueba planteada por la defensa de la ex Presidenta, relacionada con la realización de una pericia integral sobre todas las obras cuestionadas, informaron a Télam fuentes vinculadas al caso.

Los planteos deberán ser respondidos por el fiscal de juicio, Diego Luciani, y las querellas, y luego serán resueltos por el Tribunal.

Además de Cristina Fernández, De Vido, López, Kirchner y Báez serán juzgados Nelson Periotti, Raul Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Fatala.

Para el segundo semestre se prevé el comienzo de las declaraciones de testigos con unos 160 convocados, entre ellos los ex jefes de Gabinete Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa; el ex secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y el financista «arrepentido» Leonardo Fariña.

Además se citará a empresarios como Angelo Calcaterra, Carlos Wagner, Juan Chediak, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian.

«Cuando llegue el momento de citarlos se evaluarán los casos en los que hay ahora procesamientos en la causa ‘Cuadernos’ y se verá si se mantiene la decisión de llamarlos como testigos», explicaron fuentes judiciales.

Días pasados surgieron dudas sobre el comienzo del juicio, ya que la Corte Suprema pidió la causa para analizar los planteos. Pero finalmente el máximo tribunal sacó copias del expediente, por lo que el original volvió al TOF2 para que se pudiera iniciar el proceso oral y público.

 

 

Ambito

Tras su fuga que terminó en una paradisíaca isla de Belice, Alberto Samid se presentará frente a los magistrados del tribunal que lo juzgan por evasión fiscal y asociación ilícita. El empresario conocido como «Rey de la carne» fue trasladado de la sede de Drogas Peligrosas de la Policía Federal donde pasó la noche a los tribunales de Comodoro Py. Allí estará ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilin, que habían ordenado su detención.

Luego de que lo expulsaran de Belice por delitos migratorios a Samid lo trasladaron hacia Buenos Aires. Llegó al aeropuerto de Ezeiza a las 22.30 escoltado por dos efectivos de la Policía Federal que viajaron con ese objetivo al paradisíaco país. Lo esperaba un fuerte operativo de seguridad en la pista, y luego fue trasladado a la sede de la Federal. Cuando bajó de la camioneta se dio vuelta, miró a las cámaras que lo esperaban y exclamó: «¡Viva Perón!».

En los tribunales federales de Retiro se desarrollará una audiencia en la que se tratarán las llamadas ‘dúplicas’ de los abogados. O sea, las respuestas a las acusaciones de la fiscalía y la querella previo a la convocatoria a últimas palabras y veredicto. Se prevé que el abogado del empresario, Vicente D’Attoli, pida la excarcelación de su cliente, la prescripción del caso y la realización de una pericia psiquiátrica a partir de la fuga de Samid, que se fue clandestinamente de la Argentina pese a que no corría riesgo de ser detenido.

Al empresario lo expulsaron de Belice porque la justicia de ese país determinó que incurrió en un delito migratorio al mentir con el motivo de su viaje. Indicó que estaba como turista en ese lugar, cuando la realidad es que huía de la justicia argentina a partir del proceso por una causa iniciada en 1996 por evasión de impuestos en su cadena de frigoríficos. No se había presentado a una audiencia que iba a desarrollarse la semana pasada, para escuchar el veredicto del tribunal.

Antes de volver un equipo de TN Central encabezado por Maru Duffard consiguió su testimonio: nunca admitió haberse fugado. «Me fui un fin de semana de vacaciones. Estaba muy estresado. Ahora, no sé qué pasó acá. No tengo miedo de ir preso», afirmó.

El «Rey de la carne» es juzgado por el Tribunal Oral Penal Económico 1 por los delitos de asociación ilícita, evasión impositiva y lavado de dinero en la cadera de carnicería «La Lonja».

En caso que la Justicia lo condene el Ministerio de Seguridad le pedirá al tribunal que también le ordene pagar los $366.567,80 que costó el operativo para buscarlo y detenerlo, durante los tres días que permaneció en clandestinidad.

 

 

 

TN

Su defensa hizo la presentación ante el juez federal de Dolores que lo citó a indagatoria para la próxima semana.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla deje la causa penal en la que investiga una supuesta extorsión y en la que fue citado a indagatoria para la próxima semana.

El planteo lo hizo a través de su abogado Roberto Ribas quien se presentó en el juzgado federal para asumir el cargo como defensor de Storelli y pidió la incompetencia de la justicia federal. El argumento es que los hechos sucedieron en la ciudad de Buenos Aires y no solo en Pinamar, lugar donde habría sido la reunión con Marcelo D’Alessio, preso y procesado por extorsión.

El fiscal del caso Juan Pablo Curi también pidió que el caso pase a Comodoro Py. En esos tribunales, donde Stornelli tiene su fiscalía, ya hay un causa. La tiene el juez federal Julián Ercolini a instancias de una denuncia que Stornelli presentó contra D’Alessio.

Los planteos de incompetencia los tiene que resolver Ramos Padilla. El próximo viernes Stornelli tiene que presentarse a indagatoria. El juez lo acusó de estar involucrado en «las maniobras vinculadas con las operaciones de inteligencia y espionaje llevadas a cabo por Marcelo D´Alessio» donde habrían sido afectados Pedro Etchebest -un empresario agropecuario que grabó y denunció a D’Alessio por extorsión-, José Manuel Ubeira -abogado que habría sido registrado con una cámara oculta- y Gonzalo Brusa Dovat -arrepentido en la causa penal del gas natural licuado que declaró ante el fiscal llevado por D’Alessio-.

Junto con el llamado a indagatoria, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, inició un sumario disciplinario para investigar su conducta. Stornelli se presentó ayer en la Procuración y dejó un escrito. Allí negó la acusación y dio una explicación de lo sucedido.

 

INFOBAE

El líder piquetero está condenado por la toma de una comisaría en La Boca en 2004. Había pedido la prisión domiciliaria, pero el TOF 6 lo rechazó.

«El Tribunal Oral Federal 6 ha ordenado mi detención estoy en camino a Comodoro Py» , publicó en su cuenta de twitter.-

Ampliaremos

 

 

 

 

“Debo reconocer que, en términos cinematográficos, esta película merecería recibir un Oscar por su originalidad”, se descargó irónicamente la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes sociales antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py para la maratónica ronda de declaraciones indagatorias citada por la justicia federal. CFK volvió a denunciar a la alianza Cambiemos y al fiscal Carlos Stornelli como parte de la “persecución y ensañamiento” en su contra.

La ex presidenta fue citada a las 10 y permanecerá algunas horas en Comodoro Py para escuchar la lectura de la acusación en su contra en ocho nuevas causas que se desprenden de la investigación de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Se espera que la senadora presente un escrito para responder a las investigaciones abiertas por concesión de obras viales, concesión de ferrocarriles, subsidios a colectivos, hallazgo de una carta de San Martín en su domicilio, compra de Gas Natural Licuado, traslado de diarios en el avión presidencial, obras en corredores viales y una nueva indagatoria por la causa de los cuadernos.

“Pretende hacerme responsable, una vez más, de la misma presunta asociación ilícita por la cual ya estoy siendo investigada ante otro Juzgado de este fuero y ante dos Tribunales Orales. Algo inédito e inexplicable que únicamente puede comprenderse”, apuntó la exmandataria en una serie de tuits, lo que describió como “una persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido”.

“Hoy, 25 de febrero, Néstor cumpliría años y yo debería estar en Río Gallegos, como siempre. No voy a poder porque Bonadío, que en 2015 allanó las oficinas de Máximo el día del cumpleaños de su hijo y el año pasado allanó mi casa durante el cumpleaños de la hija de Florencia”, fue el primer mensaje de la referente del peronismo esta mañana, resaltando la premeditación con la que se la convoca a declarar por el juez federal.

La senadora volvió a desestimar las nuevas denuncias y su imputación como jefa de una asociación ilícita en el caso de las fotocopias de los cuadernos al asegurar que se trata de una película que “merecería recibir un Oscar por su originalidad”. “El guion es del fiscal Carlos Stornelli y uno de sus socios Marcelo D’Alessio; fotografiados, filmados, grabados y whatsapeados extorsionando y coimeando empresarios en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Montaje y producción: Cambiemos. Dirige Claudio Bonadío”, se burló la ex mandataria –según publica Página 12-.

“La única y verdadera asociación ilícita son ellos… que no sólo arman causas para hacer operaciones políticas de estigmatización y destrucción de opositores, sino que recaudan dinero en divisa extranjera coimeando a empresarios e imputados”, apuntó Cristina en referencia a la investigación abierta en la justicia federal a partir de la denuncia del empresario Pedro Etcheves, quien fue extorsionado por el falso abogado Marcelo D’Alessio en el marco de la causa en la que se imputa a la senadora.

“Mientras proyectan esa película por la cadena nacional de medios oficialistas, los argentinos y argentinas ya no saben cómo hacer para pagar los útiles del colegio, las facturas de luz, gas y agua, la cuota de la prepaga, las expensas y alquileres, el changuito del supermercado”, cerró la expresidenta su serie de mensajes antes de presentarse en Comodoro Py.

Es por el caso Ciccone, en el cual había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión; lo votó la Camara de Casación Penal de manera unánime.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revocar la excarcelación del exvicepresidente Amado Boudou por el caso de la ex Ciccone Calcográfica. Después de la decisión, el exfuncionario se presentó en Comodoro Py y quedó detenido.

El tribunal tomo la decisión de manera unánime, luego de un pedido de los abogados de la Unidad de Información Financiera y de la oficina Anticorrupción.

Boudou está condenado a 5 años y 10 meses de prisión por esta causa y, ahora, tendrá que volver a prisión para seguir con la condena.

Según se supo, el ex vicepresidente llegó al establecimiento junto a su esposa y, luego, quedó detenido.

El 7 de agosto de 2018, el Tribunal Federal Oral número 4 condenó a Boudou – primer exvicepresidente preso de la historia de Argentina- y dictó su inmediata detención por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, en tiempos en que era ministro de Economía (2009-2011).

Tras más de cuatro meses en prisión, el 11 de diciembre el mismo tribunal aceptó el pedido de excarcelación de la defensa -a la espera de que haya una condena firme- y recuperó su libertad, monitoreada con una tobillera electrónica, una vez que se acreditó el pago de un millón de pesos (26.400 dólares).

 

Diario Popular

En menos de 48 horas hubo dos acusaciones escandalosas contra el juez Rodríguez y el fiscal Stornelli. Operadores judiciales y espías hacen su trabajo en el año electoral.

Por estas horas, en Comodoro Py todo es sospecha y desconfianza. Al punto que algunos llegan a ver en lo que sucedió el viernes pasado, cuando se reactivó la actividad judicial tras el receso de verano y se rompió una cloaca, un posible sabotaje interno. La suciedad quedó al descubierto. Luego se cortó el agua y también la luz. “Hubo problemas con los servicios”, explicaban en el edificio más importante de la justicia federal. Una semana después, el conflicto es otro, pero las palabras “servicios” y “suciedad” se repiten aunque con otra connotación.

En los pasillos y despachos de Comodoro Py son varios los que coinciden en que en las últimas 48 horas, casi como nunca antes, los pormenores del fuero más cuestionado del país quedaron al descubierto con una contundencia que asombra.

El primer paso rumbo al escándalo de 2019 fue la denuncia contra el juez Luis Rodríguez en base a la declaración de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñóz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, por el presunto pago de sobornos para evitar ser investigados por enriquecimiento ilícito.

La segunda, la que apunta al fiscal federal Carlos Stornelli, en un sentido similar y que comenzó a investigarse en la justicia federal de Dolores. La primera información se conoció en el atardecer del jueves, luego de que se difundiera la acusación que Pochetti había hecho contra Rodríguez, el primero en tener una causa contra ella, su entonces marido, y un grupo de testaferros, por enriquecimiento ilícito. El magistrado, en un contacto con los periodistas este viernes, negó las acusaciones de Pochetti y señaló que ya prepara su defensa en el caso.

A la hora de arrepentirse en la causa de los “cuadernos de las coimas”, Pochetti apuntó al magistrado Rodríguez como presunto destinatario del soborno que evitó ponerla en aprietos, tal como explicó el diario La Nación, al momento de dar la primicia. Este viernes, Bonadio extrajo testimonio de la declaración de Pochetti y lo mandó a sorteo, a través del cual salió elegido su juzgado. Es decir que Bonadio deberá ser el magistrado que determine si Rodríguez cobró 10 millones de dólares para no avanzar en el caso contra la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner.

Stornelli. Apenas unas horas después, en El Cohete a la luna, el sitio de Horacio Verbitsky, se dio a conocer la presentación contra Stornelli, que tramita en Dolores, desde el lunes 28, tras la declaración del productor agropecuario Pedro Etchebest. Fue tras la supuesta extorsión de Marcelo D’ Alessio, sobrino de Carlos D’ Alessio, escribano General del Gobierno nacional, para que a través del presunto pago de unos 300 mil dólares, Stornelli no investigara su presunta participación en los cuadernos de las coimas.

La información fue dada a conocer junto a un grupo de fotos, chats, audios y videos. Este viernes, ambas denuncias eran el principal tema de conversación en Comodoro Py, donde las reacciones iban desde la indignación hasta la resignación y comprensión hacia la mirada que desde afuera se tiene del lugar. “Tanto tiraron todos de la cuerda en este lugar, que era obvio que algo así iba a terminar pasando”, explicaban algunos. “Es una vergüenza este lugar, hay que investigar la corrupción y al final todos terminan denunciados”, completaban otros. “Acá hace falta una buena limpieza, pero nadie está dispuesto a hacerla porque los que la tienen que hacer tienen causas o amigos acá adentro”, explicaban por otro lado. E iban por más: “el macrismo falló porque tiene causas desde Macri y su familia, hasta el primo incluido”, ejemplificaban otros.

Año electoral. El 2019 como año electoral tampoco pasó desapercibido. “Empezó el año y ya se están tirando con todo. ¿Vos te acordas lo que era este lugar en enero – febrero de 2015? (cuando se produjo la denuncia contra Cristina Kirchner la posterior muerte de Alberto Nisman), bueno entonces como acá también tenés servicios sin parar”, comentaron a este medio varios funcionarios judiciales. También este viernes, nombres vinculados a los servicios de inteligencia local como el de Javier Fernández, operador judicial del kirchnerismo en su época dorada, y amigo personal de Rodríguez (es el padrino de uno de sus hijos), así como el del ex juez Norberto Oyarbide, sobrevolaban las conversaciones en los pasillos y despachos.

Para entonces habían pasado menos de 12 horas del acuerdo como arrepentido que había alcanzado el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, con Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas, que ahora deberá ser homologado por Bonadio, pero parecía mucho más tiempo. Manzanares había involucrado a Oyarbide –ya alcanzado en el escándalo de los cuadernos de las coimas- al sostener que manipuló la pericia que hizo que Néstor y Cristina Kirchner quedaran sobreseídos en 2009 por su ya entonces escandaloso incremento patrimonial. A la hora de declarar en el caso, Oyarbide había puesto detrás de las presiones en el caso a Fernández y el propio Antonio “Jaime” Stiuso, ícono de la inteligencia local. Poderoso y con baja estima en la opinión pública, Comodoro Py abrió un 2019 marcado por la polémica.

Dos investigaciones ponen bajo la lupa de la justicia penal a un juez y un fiscal del fuero más cuestionado. El tema tiene ribetes de escándalo, donde los que tienen que investigar son investigados.

Tras extraer testimonio de la declaración como arrepentida de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, sobre el presunto pago de coimas al juez Luis Rodríguez, Claudio Bonadio envió la denuncia a sorteo. El sistema de la Cámara Federal de Apelaciones determinó que saliera elegido para encarar la investigación el propio juzgado de Bonadio, con lo cual se espera que la semana próxima corra vista al fiscal Gerardo Pollicita, con quien está de turno este año, para que decida si da impulso a la investigación y requiere la instrucción del caso.

En octubre pasado, Bonadio acumuló bajo su órbita la investigación por presunto lavado de dinero contra Pochetti y sus testaferros, que hasta entonces había estado en el despacho de Rodríguez. Fue luego de que la Cámara de Apelaciones se la sacara al magistrado ahora apuntado por la viuda de Muñoz. Aunque el expediente inicialmente fue a sorteo y así recayó en el juzgado de de Daniel Rafecas, este último entendió que había conexidad con cuadernos de las coimas y lo remitió a lo de Bonadio.

 

Perfil.com

 

Este martes, acusada de ser coautora de lavado de dinero, Cristina Kirchner debe declarar en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, un expediente por el cual el empresario kirchnerista Lázaro Báez lleva preso dos años y medio, acusado de haber blanqueado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.

La ex Presidenta vuelve a los Tribunales de Comodoro Py para ser indagada por lavado de dinero. No lo hará en cualquier contexto pues sobre ella pesa su sexto procesamiento. Este lunes, el juez Claudio Bonadio la procesó como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de coimas y además, requirió su prisión preventiva.

La de este martes, es la primera vez que Cristina Kirchner debe responder ante la Justicia en esta causa cuyo principal acusado es Báez. Esta instancia ocurre a raíz de una orden dictada por la Cámara Federal porteña que planteó el 31 de agosto, que no se podía excluir de la maniobra a la ex Presidenta por sus lazos comerciales con Báez y por el delito precedente que originó esos fondos que finalizaron en operaciones de blanqueo: la defraudación en la obra pública.

Los lazos comerciales entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez y las operaciones comerciales que los unieron por años, entre ellas los negocios hoteleros y el direccionamiento de obra pública a favor del Grupo Austral, condujeron a la ex presidenta a una nueva instancia de indagatoria en la justicia federal, donde ya acumula seis procesamientos.

Esta causa, que cuenta con 25 imputados, entre ellos Báez y sus cuatro hijos, se encuentra en instancia de juicio oral. El mismo dará comienzo el 30 de octubre, por ahora, sin la presencia de Cristina como procesada, a pesar de que el fiscal Guillermo Marijuan pidió su indagatoria en dos oportunidades.

Sin embargo, en caso de resultar procesada y confirmada la acusación, podría ser incluida en el juicio ya en curso o considerarse una nueva instancia para juzgarla a ella.

Todos los involucrados en esta investigación fueron procesados por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013, un delito agravado por la habitualidad”. El juez Sebastián Casanello, que instruyó la causa, tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza” por parte de Báez, lo que complicó la situación judicial del empresario K que, hasta entonces, había sido procesado por sacar dinero y reingresarlo al país para blanquearlo.

La última acusación que pesa sobre Báez fue por haber lavado 60 millones de dólares y esto le valió un embargo de 600 millones de dólares: es decir, diez veces la suma de los fondos blanqueados, tal como estipula la ley de Lavado de Dinero.

Según la investigación por la corrupción en la obra pública, Cristina favoreció a Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Fueron, según la investigación, licitaciones “plagadas de irregularidades” donde confluyeron otros agravantes: la mitad de las obras no se terminaron, se les aplicó un sobreprecio del 65% y se armaron pliegos a la medida de Austral Construcciones, entre los puntos más relevantes.

La Sala II de la Cámara federal porteña fue la que determinó que esos flujos millonarios de fondos que recibió el Grupo Austral son el “delito precedente” del lavado, pues parte de ese dinero se volcó al blanqueo ilegal.

No terminó todo allí. Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens indicaron que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero arroja ingresos a favor de la ex familia presidencial por más de $ 50 millones entre 2009 a 2015.

Según la Sala II de la Cámara, que ordenó la indagatoria a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA), no sólo la base de que el dinero blanqueado por Báez proviene, en parte, de los contratos financiados por el Estado, sino que esto permitió un crecimiento patrimonial del 1.200%, que no respondería exclusivamente a sus bienes sino que podría haber oficiado como un “prestanombre” de la familia Kirchner.

Por estas conexiones comerciales que son investigadas en otras causas, Cristina vuelve a los Tribunales de Comodoro PY después de ser procesada por el juez Claudio Bonadio como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos. Este martes debe declarar como coautora de las maniobras de lavado que encabezó su socio comercial, Lázaro Báez.

 

 

Clarín