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Colegio de Abogados

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Los últimos 25 años, que llevaron a que “la situación actual del Poder Judicial es la peor de toda su historia”, el titular del organismo de selección de magistrados, Enrique Maglione, sostuvo que esas críticas no aportan ninguna solución constructiva, y parten de una entidad que nunca emitió una opinión ni hizo ningún aporte, a pesar de tener representación dentro del cuerpo.

Maglione adelantó que en breve enviará una nota al presidente de ese colegio, el Dr, Sergio Fassio, a quien aconsejó que sus críticas a la calidad del servicio de justicia de Chubut “las canalice a través del órgano máximo del Poder Judicial, al cual con gusto le haremos llegar a través de la representación que el STJ ejerce en este Consejo”.

El presidente del Consejo de la Magistratura dijo que lamenta que la opinión de ese colegio sobre el organismo que preside sea negativa y que su balance en sus 25 años de historia ha provocado el “peor Poder Judicial de la historia”, pero también dijo lamentar “que no tenga conocimiento cómo funciona el Consejo de la Magistratura» cuando eleva su voz, livianamente, en críticas que no construyen ni nos llevan a ninguna parte. «Le sugiero que las críticas deben hacerse en forma constructiva y para construir hay que participar y tener responsabilidad en dichos y en los hechos”, dijo.

Por otra parte, agregó que «no me consta ni he tenido noticia que el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn haya formalizado denuncias contra magistrados que presuntamente hayan incumplido con sus funciones y que pertenecen a este Poder Judicial, que a su juicio “es el peor de la historia”.»

Y señaló Maglione que, si bien ese Colegio tiene la posibilidad de presenciar las sesiones de este Consejo como así también los concursos, “no recuerdo que hayan participado en las últimas sesiones que se llevaron a cabo en la ciudad de Puerto Madryn ni de otras donde se seleccionaron y designaron Magistrados de vuestra Circunscripción”. En tal sentido, indicó que “regularmente y en todas las oportunidades se le ha cursado las notas respectivas para su opinión sobre la evaluación o designación de magistrados, y jamás hemos tenido ninguna objeción al respecto, presumiendo, por cierto, su aquiescencia respectiva”.

También le planteó a su colega madrynense que, si considera que el Consejo “hubiera favorecido a algún concursante o hubiera sucumbido a los designios, presiones o apetencias del Poder Ejecutivo, por favor recurra a través de los canales correspondientes a efectos de llevar adelante las impugnaciones que corresponda”. De este modo, “podrán efectuar las denuncias correspondientes individualizando aquellos magistrados que no hubieran estado a la altura de las circunstancias, tal lo expresado en forma genérica y sin fundamento alguno”.

Finalmente, Maglione destacó respecto a la integración del Consejo de la Magistratura que “en lo personal considero que es la mejor forma de selección de magistrados que con participación de distintos estamentos de la Sociedad, garantizando la pluralidad de voces e igualando en este sentido a quienes tienen la posibilidad de ser parte de este mecanismo de designación: Representantes Populares, Abogados del Foro, Magistrados, Representantes de los trabajadores del Poder Judicial y El Superior Tribunal de Justicia”.

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco denunció ante el Colegio de Abogados a su propio colega, Nicolás Suárez Colman, al entender que se “inmiscuyó” en un proceso con el objetivo de continuar con el patrocinio de un vecino de Roca, quien perdió a su esposa en un caso de mala praxis que ocurrió en el hospital Francisco López Lima.

La nota fue presentada ante el Tribunal de Conducta donde Hertzriken Velasco solicitó no sólo la investigación sino también la sanción de su colega “por inmiscuirse, a sabiendas, que el letrado interviniente de la querella en autos ALVAREZ CANTUARIAS, VICTOR ISRAEL S/HOMICIDIO CULPOSO” era él.

En la presentación, el abogado asegura que Suárez Colman asumió el patrocinio del marido de la víctima sin haber sido revocado previamente el que tenía con su estudio jurídico, “sin haber mediado la comunicación de estilo que entre colegas debe efectuarse”. Asegura que esta obligación “está prevista en el Código de Ética profesional que los letrados honramos diariamente”.

“El letrado Suárez conoce mi teléfono, mi estudio, mi mail y no había ninguna circunstancia contingente o de apuro, que autorizara excepcionalmente adoptar el temperamento, primero de inmiscuirse en asunto ajeno ofreciéndose frente a mi cliente Víctor Álvarez en estado de absoluta vulnerabilidad y luego de presentarse sin dar noticia al colega”, dijo en uno de los párrafos de la nota.

Y aseguró que “es una práctica desleal ante la inminencia investigativa del suscripto de formular cargos a los cuatro médicos, pedir detención por entorpecimiento investigativo y rechazar, a cambio de la impunidad absoluta de los cuatro galenos (médicos) cualquier indemnización económica”.

El Poder Judicial resolvió exhortar a Nación a que acuerde un subsidio del Tesoro Nacional para hacer frente a los salarios de los judiciales y dio un término de 30 días para que se normalice el servicio de la Justicia en Chubut. También solicitó a diputados y senadores nacionales que informen «a sus pares de las Cámaras» la situación de la Provincia.

Mirta Antonena, presidenta del Colegio de Abogados de Trelew dialogó con FM EL CHUBUT tras el fallo del juez.

El juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, falló a favor del amparo que presentó días atrás el Colegio de Abogados de Trelew para poder ejercer la profesión y decidió exhortar a Nación a realizar aportes del Tesoro Nacional para garantizar el normal funcionamiento de la justicia en Chubut. A su vez, se resolvió un plazo de 30 días para que vuelva todo a la normalidad en el servicio de la Justicia.

Se requirió al ministro de Economía, Oscar Antonena, que dentro del plazo de dos días calcule el monto necesario para hacer frente a los salarios del Poder Judicial hasta el cierre del 2019.

En la parte resolutiva del documento, se solicitó a diputados nacionales y senadores que «informen a sus pares de las Cámaras la situación del Poder Judicial y la violación masiva al derecho de la jurisdicción que se vive en Chubut y apoyen la exhortación que se cursará al Congreso de la Nación».

 

El Acuerdo plenario fue dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se les solicita que, en el término de 72 horas, dejen sin efecto el mismo.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn cuestionó por inconstitucional al Acuerdo plenario Nº 4723/19 de fecha 12 de marzo del año 2019, dictado por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut que aprueba la aplicación del “Protocolo de desarrollo de la etapa probatoria en procesos civiles y comerciales”, en vigencia a partir del día siguiente a la firma del mismo, norma de alcance general que obliga a todos los magistrados civiles, comerciales y multifuero de la provincia, abogados y ciudadanos del Chubut.

En una resolución dictada el día 25 de Marzo, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn dispuso solicitar al Superior Tribunal de Justicia del Chubut que, en el término de 72 horas, deje sin efecto el Acuerdo Plenario N° 4723/19, por ser el mismo manifiestamente inconstitucional, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.

Entre los fundamentos de la resolución, que fue remitida al Gobernador del Chubut, al Presidente de la Legislatura y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), se afirmó que el Acuerdo Plenario 4723/19 en su ANEXO “A” denominado “PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LA ETAPA PROBATORIA EN PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES PROVINCIA DEL CHUBUT”, en cuanto modifica de manera ostensible y grosera el Código Procesal Civil y Comercial, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut desvirtúa el principio de la división de las funciones gubernativas y la correlativa asignación de cada una de ellas a órganos distintos e independientes.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut ha invocado para emitir este Acuerdo Plenario las potestades de la Ley Orgánica de la Justicia de la provincia del Chubut; sin embargo, esta norma exclusivamente le otorga facultades de organización, funcionamiento y orden de los Juzgados, pero no puede ser fuente para arrogarse las facultades que naturalmente corresponden al Poder Legislativo.

Por el principio de división de poderes, como derivación directa del sistema republicano de gobierno, núcleo esencial de nuestra constitución política, el Poder Legislativo sanciona, modifica o deroga las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial las interpreta y aplica sólo en pleitos concretos y con un alcance estrictamente limitado a éstos. Este ha sido el criterio de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dejó sentado que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió, estándole vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades.

Nos encontramos ante una situación irregular, de gravedad institucional que, además del trámite legislativo que establece la Constitución provincial, omitió todo tipo de consulta a los Colegios de Abogados, representantes genuinos de la abogacía.