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El fiscal Marcos Nápoli, se refirió a la intención del periodista Andrés Ninin de acogerse a la figura de “probation” en el marco de la investigación de la Causa ´Revelación´. “Ninin tenía una participación en concreto, que era intervenir como aquella persona que representaba un grupo inversor con intención de comprar un porcentaje importante del Canal”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “hoy Andrés Ninin se hizo cargo de la imputación que nosotros le hacíamos: ser miembro de una asociación ilícita que estaba conformada por funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo Provincial”.

“En esta asociación ilícita Ninin tenía una participación en concreto, que era intervenir como aquella persona que representaba un grupo inversor con intención de comprar un porcentaje importante de Canal 9 de Comodoro Rivadavia”, dijo en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz.

“Se pudo comprobar que ese grupo inversor lo integraban Diego Correa, Diego Luthers y Federico Piccione, entre otros. Todo el dinero que fue invertido en Protel provenía del pago de coimas que realizaban empresarios para obtener certificados de obra”, indicó.

Asimismo, aclaró que “el dinero era administrado por Víctor Cisterna, Diego Correa y Gonzalo Carpintero”.

Por otro lado, recordó que “Daniel Fasciglione fue citada en esta causa. A Canal 9 entraron alrededor de 4.800.00 mil pesos a través de Andrés Ninin”.

“Los fines de la asociación ilícita iban mucho más allá de quedarse con Canal 9. Se quería manejar los fondos de campaña de los partidos políticos, mucho de este dinero se canaliza a Chubut Somos Todos. Atribuimos la intención de quedarse con el Canal porque el ex Gobernador Mario Das Neves necesitaba que los actos sean transmitidos de forma directa a todo Chubut”, aseguró el fiscal.

Finalmente, Nápoli concluyó que “la audiencia preliminar será sobe noviembre y diciembre de este año y el comienzo del juicio se dará a principios del año que viene”, así lo informó el Comodorense.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz presentaron ayer en la Oficina Judicial de Rawson el pedido de acusación y de elevación a juicio oral para todos los imputados de la causa por retornos en la ejecución de obras públicas en la provincia, conocida como «Revelación».

Los fiscales Iturrioz y Nápoli presentaron el pedido de acusación en la Oficina Judicial de Rawson.

En la víspera venció el plazo para presentar la acusación y pedir la elevación a juicio oral en la causa donde se investiga el financiamiento de una caja política que superaría los $ 24 millones con fondos provenientes de los retornos de la obra pública durante los años 2016 y 2017.

En la acusación, los fiscales sostienen que se integró una asociación ilícita en la que se beneficiaban funcionarios y empresarios de la construcción. Hay 5 ex funcionarios acusados de integrar una asociación ilícita como organizadores y de cometer cohecho pasivo: Víctor Cisterna, Diego Correa, Pablo Oca, Alejandro Pagani, Gonzalo Carpintero y otros 5 acusados como miembros o partícipes de la asociación ilícita: Martín Bortagaray, Diego Luthers, Federico Piccione, Andrés Ninín, y Pablo Bastida.

El Chubut

En la mañana de este viernes, en la Oficina Judicial, estaba previsto que se llevara a cabo la audiencia de impugnación de sentencia que fue presentada por la defensa de Abel Reyna, quien fue condenado a tres años de prisión por coimas en el IPV.

A una semana de que se cumpla el vencimiento total del proceso de la causa por coimas en el IPV,  la Cámara Penal iba a tratar la impugnación de sentencia que presentó la defensa de Abel Reyna.

El ex delegado del IPV fue condenado – el pasado 11 de abril – a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la Administración Pública. Y para que el caso no quede impune, antes del 24 de mayo la sentencia debe ser confirmada por la segunda instancia.

Al respecto,  el abogado defensor de Reyna, Guillermo Iglesias, pidió la recusación de los jueces Guillermo Müller y Luis María Pintos, que iban a resolver la impugnación de la sentencia.

“Originalmente se había rechazado por extemporánea y ahora hicimos un nuevo planteo haciendo entender, que está dentro del plazo que se cuenta desde la última notificación”, dijo Iglesias.

Iglesias indicó además que se trata de dos magistrados que intervinieron antes en la resolución de una probation “y la ley nos permite que puedan ser objeto de apartamiento”.

Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó pasadas las 11 de la mañana, que por unanimidad,  se rechazó revocatoria de Müller y Pintos presentada por Iglesias.

 

 

ADN Sur

Así lo adelantó el abogado defensor. Al mismo tiempo, aseguró que van a apelar la medida pero reconoció debilidades en el caso.

“Vamos a apelar a este fallo” dijo el abogado defensor Guillermo Iglesias en referencia a la sentencia que se conoció ayer contra Abel Reyna, ex responsable de la zona sur del Instituto Provincial de la Vivienda. Reyna está acusado de haber cobrado coimas por la entrega de viviendas.

El abogado también cuestionó la acusación de algunos delitos en los que se eligió sólo a Reyna para ser imputado. Mientras que al resto se los eligió como testigos.

En todo el proceso, Iglesias destacó el accionar de la jueza Mónica García. Reconoció que habían algunas debilidades por parte de la defensar. Sin embargo, aseguró que irán por la apelación de la decisión.

Al mismo tiempo, adelantó que su cliente cumpliendo 8 meses de prisión efectiva, quedaría con el beneficio de libertar condicional.

 

 

 

ArgentarNoticias

Lo decidió este jueves la Justicia. Se trata de una condena de cumplimiento efectivo.

El Tribunal de justicia confirmó este jueves la sentencia contra Abel Reyna, quien está acusado de recibir coimas durante su gestión como delegado del IPV en la ciudad de Comodoro.

A las 13 horas, en los Tribunales penales del barrio Roca, la justicia hizo lectura de la sentencia, donde se confirmó que Reyna fue condenado a tres años de prisión efectiva.

El ex delegado del IPV estaba acusado de entregar viviendas a cambio de dinero o favores sexuales, y de haber montado una estructura dentro de la institución para cometer estas irregularidades.

La sentencia se dio a conocer luego de que el jueves 4 de abril se diera por finalizado el juicio oral y público contra Reyna, acusado de 5 delitos:  incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

ADNSur

Javier Romero, el abogado de Federico Gatica, hizo la presentación en el Juzgado de Rawson para que la causa pase al fuero federal. Gatica, de profesión contador y quien permanece detenido desde el año pasado, coordinaba la empresa Meseta Consulting y se lo acusa de lavar los activos que generaba con plata proveniente de sobreprecios y coimas, Diego Correa, mediante emprendimientos inmobiliarios.

“Se presentó en el Juzgado Federal de Rawson una inhibitoria respeto de la situación procesal del contador Gatica. En noviembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que se originó en Trelew, que establece que el lavado de activos es de competencia exclusivamente federal“, dijo y agregó: “el Juzgado Federal deberá analizar la procedencia y se expedirá. Si concuerda al respecto, hay diversas variables”.

En diálogo con ADN Sur, manifestó que “se deberá resolver si es el Juzgado Federal quien debe intervenir o la instancia procesal equivalente que sería el Tribunal Oral Federal (TOF). Señaló que “el primero que debe dictaminar es el Ministerio Público Fiscal Federal, que tiene que enunciar fundadamente el por qué”.

El Comodorense

En menos de 48 horas hubo dos acusaciones escandalosas contra el juez Rodríguez y el fiscal Stornelli. Operadores judiciales y espías hacen su trabajo en el año electoral.

Por estas horas, en Comodoro Py todo es sospecha y desconfianza. Al punto que algunos llegan a ver en lo que sucedió el viernes pasado, cuando se reactivó la actividad judicial tras el receso de verano y se rompió una cloaca, un posible sabotaje interno. La suciedad quedó al descubierto. Luego se cortó el agua y también la luz. “Hubo problemas con los servicios”, explicaban en el edificio más importante de la justicia federal. Una semana después, el conflicto es otro, pero las palabras “servicios” y “suciedad” se repiten aunque con otra connotación.

En los pasillos y despachos de Comodoro Py son varios los que coinciden en que en las últimas 48 horas, casi como nunca antes, los pormenores del fuero más cuestionado del país quedaron al descubierto con una contundencia que asombra.

El primer paso rumbo al escándalo de 2019 fue la denuncia contra el juez Luis Rodríguez en base a la declaración de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñóz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, por el presunto pago de sobornos para evitar ser investigados por enriquecimiento ilícito.

La segunda, la que apunta al fiscal federal Carlos Stornelli, en un sentido similar y que comenzó a investigarse en la justicia federal de Dolores. La primera información se conoció en el atardecer del jueves, luego de que se difundiera la acusación que Pochetti había hecho contra Rodríguez, el primero en tener una causa contra ella, su entonces marido, y un grupo de testaferros, por enriquecimiento ilícito. El magistrado, en un contacto con los periodistas este viernes, negó las acusaciones de Pochetti y señaló que ya prepara su defensa en el caso.

A la hora de arrepentirse en la causa de los “cuadernos de las coimas”, Pochetti apuntó al magistrado Rodríguez como presunto destinatario del soborno que evitó ponerla en aprietos, tal como explicó el diario La Nación, al momento de dar la primicia. Este viernes, Bonadio extrajo testimonio de la declaración de Pochetti y lo mandó a sorteo, a través del cual salió elegido su juzgado. Es decir que Bonadio deberá ser el magistrado que determine si Rodríguez cobró 10 millones de dólares para no avanzar en el caso contra la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner.

Stornelli. Apenas unas horas después, en El Cohete a la luna, el sitio de Horacio Verbitsky, se dio a conocer la presentación contra Stornelli, que tramita en Dolores, desde el lunes 28, tras la declaración del productor agropecuario Pedro Etchebest. Fue tras la supuesta extorsión de Marcelo D’ Alessio, sobrino de Carlos D’ Alessio, escribano General del Gobierno nacional, para que a través del presunto pago de unos 300 mil dólares, Stornelli no investigara su presunta participación en los cuadernos de las coimas.

La información fue dada a conocer junto a un grupo de fotos, chats, audios y videos. Este viernes, ambas denuncias eran el principal tema de conversación en Comodoro Py, donde las reacciones iban desde la indignación hasta la resignación y comprensión hacia la mirada que desde afuera se tiene del lugar. “Tanto tiraron todos de la cuerda en este lugar, que era obvio que algo así iba a terminar pasando”, explicaban algunos. “Es una vergüenza este lugar, hay que investigar la corrupción y al final todos terminan denunciados”, completaban otros. “Acá hace falta una buena limpieza, pero nadie está dispuesto a hacerla porque los que la tienen que hacer tienen causas o amigos acá adentro”, explicaban por otro lado. E iban por más: “el macrismo falló porque tiene causas desde Macri y su familia, hasta el primo incluido”, ejemplificaban otros.

Año electoral. El 2019 como año electoral tampoco pasó desapercibido. “Empezó el año y ya se están tirando con todo. ¿Vos te acordas lo que era este lugar en enero – febrero de 2015? (cuando se produjo la denuncia contra Cristina Kirchner la posterior muerte de Alberto Nisman), bueno entonces como acá también tenés servicios sin parar”, comentaron a este medio varios funcionarios judiciales. También este viernes, nombres vinculados a los servicios de inteligencia local como el de Javier Fernández, operador judicial del kirchnerismo en su época dorada, y amigo personal de Rodríguez (es el padrino de uno de sus hijos), así como el del ex juez Norberto Oyarbide, sobrevolaban las conversaciones en los pasillos y despachos.

Para entonces habían pasado menos de 12 horas del acuerdo como arrepentido que había alcanzado el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, con Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas, que ahora deberá ser homologado por Bonadio, pero parecía mucho más tiempo. Manzanares había involucrado a Oyarbide –ya alcanzado en el escándalo de los cuadernos de las coimas- al sostener que manipuló la pericia que hizo que Néstor y Cristina Kirchner quedaran sobreseídos en 2009 por su ya entonces escandaloso incremento patrimonial. A la hora de declarar en el caso, Oyarbide había puesto detrás de las presiones en el caso a Fernández y el propio Antonio “Jaime” Stiuso, ícono de la inteligencia local. Poderoso y con baja estima en la opinión pública, Comodoro Py abrió un 2019 marcado por la polémica.

Dos investigaciones ponen bajo la lupa de la justicia penal a un juez y un fiscal del fuero más cuestionado. El tema tiene ribetes de escándalo, donde los que tienen que investigar son investigados.

Tras extraer testimonio de la declaración como arrepentida de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, sobre el presunto pago de coimas al juez Luis Rodríguez, Claudio Bonadio envió la denuncia a sorteo. El sistema de la Cámara Federal de Apelaciones determinó que saliera elegido para encarar la investigación el propio juzgado de Bonadio, con lo cual se espera que la semana próxima corra vista al fiscal Gerardo Pollicita, con quien está de turno este año, para que decida si da impulso a la investigación y requiere la instrucción del caso.

En octubre pasado, Bonadio acumuló bajo su órbita la investigación por presunto lavado de dinero contra Pochetti y sus testaferros, que hasta entonces había estado en el despacho de Rodríguez. Fue luego de que la Cámara de Apelaciones se la sacara al magistrado ahora apuntado por la viuda de Muñoz. Aunque el expediente inicialmente fue a sorteo y así recayó en el juzgado de de Daniel Rafecas, este último entendió que había conexidad con cuadernos de las coimas y lo remitió a lo de Bonadio.

 

Perfil.com

 

El juez Padilla de Dolores investiga al fiscal por extorsión en la causa de los cuadernos. Marcelo D’Alessio, un abogado allegado a Stornelli habría pedido coimas en su nombre.

El escándalo que explotó hoy por la información sobre presuntos pedidos de coimas por parte de un allegado al fiscal Carlos Stornelli, el mismo que investiga el pago de coimas en la causa “fotocopias”, promete un giro copernicano en el curso de la causa. No solo porque guarda relación directa con la nueva denuncia, sino por la credibilidad que hasta ahora se le adjudicaba al fiscal, exempleado del presidente Mauricio Macri en Boca Juniors, y actual ladero del juez Claudio Bonadio en la cruzada contra la supuesta corrupción K.

Según se conoció en las últimas horas, Marcelo D’Alessio un abogado sindicado como operador del fiscal, fue allanado en la tarde del miércoles en el marco de investigación por haber pedido 300.000 dólares de coima a un empresario para salvarlo de una supuesta acusación en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

De acuerdo a un artículo publicado por el periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna, D’Alessio invocando una amistad con Stornelli le pidió 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investigara su presunta participación en diversos delitos mencionados por el arrepentido ex presidente de la ONCCA, Juan Manuel Campillo, quien sindicó a Etchebest como recaudador “entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios” de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. La cifra terminó bajando a U$S300.000 y D’Alessio debía cobrarlos el jueves 7, acompañado por dos policías de la custodia de Stornelli.

Los empresarios involucrados en la causa Cuadernos debían incriminar a Cristina para poder figurar como arrepentidos y ser salvados de la cárcel.

Verbitsky informó que un allanamiento realizado el miércoles al domicilio de D’Alessio lo puso sobre alerta y no concurrió. Pero un adelanto de 15.000 dólares quedó documentado con audios, filmaciones, fotografías y numeración de los billetes. La espada de Cambiemos, Elisa Carrió dijo en un tuit la noche del jueves que se estaba montando de una operación por parte del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, “que es de La Cámpora para ensuciar a Stornelli”. La diputada tuiteo antes de enterarse la prueba documental que existía en la causa.

Además de amigo de Stornelli, Marcelo D’Alessio es sobrino de Carlos Marcelo D’Alessio, el escribano general de gobierno. Ante una pregunta de Etchebest sobre el inicio de la causa, dice canchereando que la digitalización de los cuadernos que el ex policía Jorge Bacigalupo le entregó al diario La Nación fue realizada por un escribano que designó su propio tío.

De confirmarse este ilícito, ¿cuanta credibilidad le cabe a Carlos Stornelli en la causa más escandalosa de la política argentina, y principal arma del oficialismo para ensuciar a la líder de la oposición y única dirigente política con capacidad de borrar al macrismo de la Casa Rosada?. El tiempo dirá.

 

portaldenoticias.com

El lunes empieza el juicio abreviado a Abel Reyna, ex delegado del Instituto Provincial de la Vivienda.

El próximo lunes comenzará en Comodoro Rivadavia el juicio abreviado por corrupción en la delegación local del Instituto Provincial de la Vivienda, en la que el ex funcionario Abel Reyna ya ha aceptado su responsabilidad por los delitos que se le imputan, además de otros ex integrantes de dicho organismo. Se trata de las irregularidades cometidas en el plan de 81 viviendas de Ciudadela, en la que se le imputan los delitos de cohecho, exacciones ilegales y tráfico de influencias, ya que hubo viviendas entregadas a cambio de entrega de dinero o favores sexuales, entre otras irregularidades que la fiscal Camila Banfi buscará probar ante la juez Daniela Arcuri.

Además de Reyna, la causa involucra a otros ex funcionarios de la delegación, acusados por distintas irregularidades para favorecer la entrega de viviendas: Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, tal como informó ADNSUR.

El juicio abreviado implica el reconocimiento del principal imputado de la mayor parte de los delitos imputados, lo que permite acortar el camino para llegar a la etapa de sentencia, por lo que si bien la Fiscalía está obligada a presentar las pruebas para una eventual condena, no será necesario que declare la totalidad de los testigos que lo hicieron en la instancia previa de la investigación.

Según pudo saber ADNSUR, el ex funcionario estaría dispuesto a asumir la mayor parte de la responsabilidad de los hechos, lo que de algún modo aliviana la responsabilidad de los otros involucrados, que estaban bajo su dependencia jerárquica. En algunos casos, se podría aceptar la suspensión de juicio a prueba, siempre y cuando los involucrados restituyan al IPV las viviendas que se auto adjudicaron ilegalmente.

Posible condena y antecedente nacional

La causa del IPV es una de las primeras investigaciones por corrupción de fuerte impacto público en la provincia, a punto tal que el gobierno nacional tomó como antecedente este hecho, según se anunció a mediados del año pasado.

La puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales, que se lanzó por entonces, tiene como objetivo declarado “evitar los abusos”, según se dijo desde el Ministerio del Interior. El tema fue expuesto durante la reciente reunión del Consejo Nacional de la Vivienda celebrado en San Juan, donde se mencionaron como ejemplos los casos de irregularidades tanto en la provincia anfitriona como el juicio al ex delegado del IPV que, finalmente, comenzará el lunes próximo en Comodoro Rivadavia.

Tal como se fue informando desde ADNSUR, la investigación fue de un carácter complejo, según describieron quienes trabajaron de cerca en el caso, ya que la situación de muchos testigos de los hechos implicaba involucrarse directamente en los delitos investigados, al aceptar haber entregado dinero u otros favores a cambio de recibir una vivienda. Y también por temor a presiones políticas.

En cualquier caso, si se llega a una condena sería de prisión en suspenso, ya que los tipos de delitos imputados parten de mínimos de pena de 1 año ó 6 meses de prisión, si bien en la máxima pueden llegar hasta los 6 años. Sin embargo, por tratarse de personas sin antecedentes penales, la ley exige acusar por el mínimo, por lo que en una hipotética condena la pena no superaría los 3 años de prisión, quedando la misma en suspenso.

De igual modo, la fiscalía busca el castigo de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según indicaron fuentes cercanas a la defensa de Reyna a ADSNUR, en el caso del ex delegado se apuntaría a modificar por “cargos políticos”, para de ese modo impedir que pierda su condición de empleado municipal.

Otra de las reparaciones que podrían resultar al final del juicio es la recuperación de viviendas entregadas en condiciones irregulares, a personas que no cumplen los requisitos para acceder a las mismas, ya que esas unidades podrían ser redistribuidas para responder, al menos parcialmente, a la gran demanda de viviendas que hay en Comodoro Rivadavia.

ADN Sur