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Javier Romero, el abogado de Federico Gatica, hizo la presentación en el Juzgado de Rawson para que la causa pase al fuero federal. Gatica, de profesión contador y quien permanece detenido desde el año pasado, coordinaba la empresa Meseta Consulting y se lo acusa de lavar los activos que generaba con plata proveniente de sobreprecios y coimas, Diego Correa, mediante emprendimientos inmobiliarios.

“Se presentó en el Juzgado Federal de Rawson una inhibitoria respeto de la situación procesal del contador Gatica. En noviembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que se originó en Trelew, que establece que el lavado de activos es de competencia exclusivamente federal“, dijo y agregó: “el Juzgado Federal deberá analizar la procedencia y se expedirá. Si concuerda al respecto, hay diversas variables”.

En diálogo con ADN Sur, manifestó que “se deberá resolver si es el Juzgado Federal quien debe intervenir o la instancia procesal equivalente que sería el Tribunal Oral Federal (TOF). Señaló que “el primero que debe dictaminar es el Ministerio Público Fiscal Federal, que tiene que enunciar fundadamente el por qué”.

El Comodorense

En menos de 48 horas hubo dos acusaciones escandalosas contra el juez Rodríguez y el fiscal Stornelli. Operadores judiciales y espías hacen su trabajo en el año electoral.

Por estas horas, en Comodoro Py todo es sospecha y desconfianza. Al punto que algunos llegan a ver en lo que sucedió el viernes pasado, cuando se reactivó la actividad judicial tras el receso de verano y se rompió una cloaca, un posible sabotaje interno. La suciedad quedó al descubierto. Luego se cortó el agua y también la luz. “Hubo problemas con los servicios”, explicaban en el edificio más importante de la justicia federal. Una semana después, el conflicto es otro, pero las palabras “servicios” y “suciedad” se repiten aunque con otra connotación.

En los pasillos y despachos de Comodoro Py son varios los que coinciden en que en las últimas 48 horas, casi como nunca antes, los pormenores del fuero más cuestionado del país quedaron al descubierto con una contundencia que asombra.

El primer paso rumbo al escándalo de 2019 fue la denuncia contra el juez Luis Rodríguez en base a la declaración de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñóz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, por el presunto pago de sobornos para evitar ser investigados por enriquecimiento ilícito.

La segunda, la que apunta al fiscal federal Carlos Stornelli, en un sentido similar y que comenzó a investigarse en la justicia federal de Dolores. La primera información se conoció en el atardecer del jueves, luego de que se difundiera la acusación que Pochetti había hecho contra Rodríguez, el primero en tener una causa contra ella, su entonces marido, y un grupo de testaferros, por enriquecimiento ilícito. El magistrado, en un contacto con los periodistas este viernes, negó las acusaciones de Pochetti y señaló que ya prepara su defensa en el caso.

A la hora de arrepentirse en la causa de los “cuadernos de las coimas”, Pochetti apuntó al magistrado Rodríguez como presunto destinatario del soborno que evitó ponerla en aprietos, tal como explicó el diario La Nación, al momento de dar la primicia. Este viernes, Bonadio extrajo testimonio de la declaración de Pochetti y lo mandó a sorteo, a través del cual salió elegido su juzgado. Es decir que Bonadio deberá ser el magistrado que determine si Rodríguez cobró 10 millones de dólares para no avanzar en el caso contra la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner.

Stornelli. Apenas unas horas después, en El Cohete a la luna, el sitio de Horacio Verbitsky, se dio a conocer la presentación contra Stornelli, que tramita en Dolores, desde el lunes 28, tras la declaración del productor agropecuario Pedro Etchebest. Fue tras la supuesta extorsión de Marcelo D’ Alessio, sobrino de Carlos D’ Alessio, escribano General del Gobierno nacional, para que a través del presunto pago de unos 300 mil dólares, Stornelli no investigara su presunta participación en los cuadernos de las coimas.

La información fue dada a conocer junto a un grupo de fotos, chats, audios y videos. Este viernes, ambas denuncias eran el principal tema de conversación en Comodoro Py, donde las reacciones iban desde la indignación hasta la resignación y comprensión hacia la mirada que desde afuera se tiene del lugar. “Tanto tiraron todos de la cuerda en este lugar, que era obvio que algo así iba a terminar pasando”, explicaban algunos. “Es una vergüenza este lugar, hay que investigar la corrupción y al final todos terminan denunciados”, completaban otros. “Acá hace falta una buena limpieza, pero nadie está dispuesto a hacerla porque los que la tienen que hacer tienen causas o amigos acá adentro”, explicaban por otro lado. E iban por más: “el macrismo falló porque tiene causas desde Macri y su familia, hasta el primo incluido”, ejemplificaban otros.

Año electoral. El 2019 como año electoral tampoco pasó desapercibido. “Empezó el año y ya se están tirando con todo. ¿Vos te acordas lo que era este lugar en enero – febrero de 2015? (cuando se produjo la denuncia contra Cristina Kirchner la posterior muerte de Alberto Nisman), bueno entonces como acá también tenés servicios sin parar”, comentaron a este medio varios funcionarios judiciales. También este viernes, nombres vinculados a los servicios de inteligencia local como el de Javier Fernández, operador judicial del kirchnerismo en su época dorada, y amigo personal de Rodríguez (es el padrino de uno de sus hijos), así como el del ex juez Norberto Oyarbide, sobrevolaban las conversaciones en los pasillos y despachos.

Para entonces habían pasado menos de 12 horas del acuerdo como arrepentido que había alcanzado el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, con Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas, que ahora deberá ser homologado por Bonadio, pero parecía mucho más tiempo. Manzanares había involucrado a Oyarbide –ya alcanzado en el escándalo de los cuadernos de las coimas- al sostener que manipuló la pericia que hizo que Néstor y Cristina Kirchner quedaran sobreseídos en 2009 por su ya entonces escandaloso incremento patrimonial. A la hora de declarar en el caso, Oyarbide había puesto detrás de las presiones en el caso a Fernández y el propio Antonio “Jaime” Stiuso, ícono de la inteligencia local. Poderoso y con baja estima en la opinión pública, Comodoro Py abrió un 2019 marcado por la polémica.

Dos investigaciones ponen bajo la lupa de la justicia penal a un juez y un fiscal del fuero más cuestionado. El tema tiene ribetes de escándalo, donde los que tienen que investigar son investigados.

Tras extraer testimonio de la declaración como arrepentida de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, sobre el presunto pago de coimas al juez Luis Rodríguez, Claudio Bonadio envió la denuncia a sorteo. El sistema de la Cámara Federal de Apelaciones determinó que saliera elegido para encarar la investigación el propio juzgado de Bonadio, con lo cual se espera que la semana próxima corra vista al fiscal Gerardo Pollicita, con quien está de turno este año, para que decida si da impulso a la investigación y requiere la instrucción del caso.

En octubre pasado, Bonadio acumuló bajo su órbita la investigación por presunto lavado de dinero contra Pochetti y sus testaferros, que hasta entonces había estado en el despacho de Rodríguez. Fue luego de que la Cámara de Apelaciones se la sacara al magistrado ahora apuntado por la viuda de Muñoz. Aunque el expediente inicialmente fue a sorteo y así recayó en el juzgado de de Daniel Rafecas, este último entendió que había conexidad con cuadernos de las coimas y lo remitió a lo de Bonadio.

 

Perfil.com

 

El juez Padilla de Dolores investiga al fiscal por extorsión en la causa de los cuadernos. Marcelo D’Alessio, un abogado allegado a Stornelli habría pedido coimas en su nombre.

El escándalo que explotó hoy por la información sobre presuntos pedidos de coimas por parte de un allegado al fiscal Carlos Stornelli, el mismo que investiga el pago de coimas en la causa “fotocopias”, promete un giro copernicano en el curso de la causa. No solo porque guarda relación directa con la nueva denuncia, sino por la credibilidad que hasta ahora se le adjudicaba al fiscal, exempleado del presidente Mauricio Macri en Boca Juniors, y actual ladero del juez Claudio Bonadio en la cruzada contra la supuesta corrupción K.

Según se conoció en las últimas horas, Marcelo D’Alessio un abogado sindicado como operador del fiscal, fue allanado en la tarde del miércoles en el marco de investigación por haber pedido 300.000 dólares de coima a un empresario para salvarlo de una supuesta acusación en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

De acuerdo a un artículo publicado por el periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna, D’Alessio invocando una amistad con Stornelli le pidió 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investigara su presunta participación en diversos delitos mencionados por el arrepentido ex presidente de la ONCCA, Juan Manuel Campillo, quien sindicó a Etchebest como recaudador “entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios” de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. La cifra terminó bajando a U$S300.000 y D’Alessio debía cobrarlos el jueves 7, acompañado por dos policías de la custodia de Stornelli.

Los empresarios involucrados en la causa Cuadernos debían incriminar a Cristina para poder figurar como arrepentidos y ser salvados de la cárcel.

Verbitsky informó que un allanamiento realizado el miércoles al domicilio de D’Alessio lo puso sobre alerta y no concurrió. Pero un adelanto de 15.000 dólares quedó documentado con audios, filmaciones, fotografías y numeración de los billetes. La espada de Cambiemos, Elisa Carrió dijo en un tuit la noche del jueves que se estaba montando de una operación por parte del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, “que es de La Cámpora para ensuciar a Stornelli”. La diputada tuiteo antes de enterarse la prueba documental que existía en la causa.

Además de amigo de Stornelli, Marcelo D’Alessio es sobrino de Carlos Marcelo D’Alessio, el escribano general de gobierno. Ante una pregunta de Etchebest sobre el inicio de la causa, dice canchereando que la digitalización de los cuadernos que el ex policía Jorge Bacigalupo le entregó al diario La Nación fue realizada por un escribano que designó su propio tío.

De confirmarse este ilícito, ¿cuanta credibilidad le cabe a Carlos Stornelli en la causa más escandalosa de la política argentina, y principal arma del oficialismo para ensuciar a la líder de la oposición y única dirigente política con capacidad de borrar al macrismo de la Casa Rosada?. El tiempo dirá.

 

portaldenoticias.com

El lunes empieza el juicio abreviado a Abel Reyna, ex delegado del Instituto Provincial de la Vivienda.

El próximo lunes comenzará en Comodoro Rivadavia el juicio abreviado por corrupción en la delegación local del Instituto Provincial de la Vivienda, en la que el ex funcionario Abel Reyna ya ha aceptado su responsabilidad por los delitos que se le imputan, además de otros ex integrantes de dicho organismo. Se trata de las irregularidades cometidas en el plan de 81 viviendas de Ciudadela, en la que se le imputan los delitos de cohecho, exacciones ilegales y tráfico de influencias, ya que hubo viviendas entregadas a cambio de entrega de dinero o favores sexuales, entre otras irregularidades que la fiscal Camila Banfi buscará probar ante la juez Daniela Arcuri.

Además de Reyna, la causa involucra a otros ex funcionarios de la delegación, acusados por distintas irregularidades para favorecer la entrega de viviendas: Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, tal como informó ADNSUR.

El juicio abreviado implica el reconocimiento del principal imputado de la mayor parte de los delitos imputados, lo que permite acortar el camino para llegar a la etapa de sentencia, por lo que si bien la Fiscalía está obligada a presentar las pruebas para una eventual condena, no será necesario que declare la totalidad de los testigos que lo hicieron en la instancia previa de la investigación.

Según pudo saber ADNSUR, el ex funcionario estaría dispuesto a asumir la mayor parte de la responsabilidad de los hechos, lo que de algún modo aliviana la responsabilidad de los otros involucrados, que estaban bajo su dependencia jerárquica. En algunos casos, se podría aceptar la suspensión de juicio a prueba, siempre y cuando los involucrados restituyan al IPV las viviendas que se auto adjudicaron ilegalmente.

Posible condena y antecedente nacional

La causa del IPV es una de las primeras investigaciones por corrupción de fuerte impacto público en la provincia, a punto tal que el gobierno nacional tomó como antecedente este hecho, según se anunció a mediados del año pasado.

La puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales, que se lanzó por entonces, tiene como objetivo declarado “evitar los abusos”, según se dijo desde el Ministerio del Interior. El tema fue expuesto durante la reciente reunión del Consejo Nacional de la Vivienda celebrado en San Juan, donde se mencionaron como ejemplos los casos de irregularidades tanto en la provincia anfitriona como el juicio al ex delegado del IPV que, finalmente, comenzará el lunes próximo en Comodoro Rivadavia.

Tal como se fue informando desde ADNSUR, la investigación fue de un carácter complejo, según describieron quienes trabajaron de cerca en el caso, ya que la situación de muchos testigos de los hechos implicaba involucrarse directamente en los delitos investigados, al aceptar haber entregado dinero u otros favores a cambio de recibir una vivienda. Y también por temor a presiones políticas.

En cualquier caso, si se llega a una condena sería de prisión en suspenso, ya que los tipos de delitos imputados parten de mínimos de pena de 1 año ó 6 meses de prisión, si bien en la máxima pueden llegar hasta los 6 años. Sin embargo, por tratarse de personas sin antecedentes penales, la ley exige acusar por el mínimo, por lo que en una hipotética condena la pena no superaría los 3 años de prisión, quedando la misma en suspenso.

De igual modo, la fiscalía busca el castigo de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según indicaron fuentes cercanas a la defensa de Reyna a ADSNUR, en el caso del ex delegado se apuntaría a modificar por “cargos políticos”, para de ese modo impedir que pierda su condición de empleado municipal.

Otra de las reparaciones que podrían resultar al final del juicio es la recuperación de viviendas entregadas en condiciones irregulares, a personas que no cumplen los requisitos para acceder a las mismas, ya que esas unidades podrían ser redistribuidas para responder, al menos parcialmente, a la gran demanda de viviendas que hay en Comodoro Rivadavia.

ADN Sur

Los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli y las razones de la decisión de aplicar esa figura legal. Las respuestas al sector político y la incomprensión de la sociedad. La mayor responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en la causa.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz están convencidos en la aplicación de la probation para algunos empresarios involucrados en la causa “Revelación”. Los fiscales, que trabajan con el mínimo de recurso humano disponible, insistieron en defender su postura legal en disidencia con críticas de algunos diputados provinciales respecto a estas medidas. Ratificaron las mismas bajo el precepto de respeto de la Ley y la aplicación del Código Procesal del Chubut que guía el trabajo que realizan. “Lo hicimos ante la alternativa de tener que darles una pena simbólica o recuperar algo y que vuelva a la sociedad”.

Respecto a la probation, Nápoli dijo que “durante un año y medio (los beneficiados) van a estar controlados exhaustivamente en cuanto al cumplimiento exacto de las pautas de conducta que se les ha impuesto. Mal se puede decir no tienen nada que ver con el proceso. De incumplir algunas de estas pautas (por ejemplo y la principal) la comisión de un nuevo hecho delictual no solo que se le abrirá de nuevo el proceso sino que la condena que se puede obtener será de cumplimiento efectivo”.

Consideró que “hay muchas cuestiones técnicas que se nos hacen difícil de explicar porque no somos comunicadores sociales y es a veces frustrante no poder trasladarle al ciudadano de qué se trata. Lo cierto es que requerimos que confíen en nosotros, que renovamos día a día el compromiso con el proceso y vamos a tratar de llegar por todos los medios al juicio oral para los mayores responsables de este perjuicio que son los funcionarios públicos. Ellos tienen la obligación de cuidar los bienes del estado y en cambio han hecho un despilfarro no solo delictual sino también en el engrandecimiento de su patrimonio. Es a ellos a quien vamos a dirigirnos con la mayor fortaleza y estamos orientados a hacerlo”

Por su parte Iturrioz criticó al diputado provincial de Cambiemos Eduardo Conde quien cuestionó la decisión de aplicar una suspensión de juicio a prueba a cuatro de los empresarios imputados por cohecho activo y coimas. Dijo que “Conde hace política. Me llama la atención que diga algo así un legislador que aprobó hasta la ley del 2 por 1 en delitos de lesa humanidad porque dijo que había que respetar el imperio de la ley. Y acá que respetamos el imperio de la ley y está en desacuerdo. Es una inconsistencia terrible. Si Conde no conoce la ley que dicta su propio cuerpo, estamos en problemas”, remarcó.

Agregó que en la causa “hay mucha prueba dura, objetiva” y sobre si con la misma no se podía avanzar y condenarlos aunque las penas no fueran de prisión efectiva manifestó: “Se podía pero era una decisión que había que tomar: o recuperar algo para la sociedad o una pena simbólica”.

El fiscal comentó además que “en el sistema acusatorio uno de los principios es la teoría del conflicto y la reparación y precisó que lo que se repara acá es “el daño que causó cada uno”. Respecto al aparato del Ministerio Público, dijo que “lo poco que tiene nos lo ha dado, pero tenemos recursos escasos: Trabajamos con una contadora, con un funcionario de fiscalía, una administrativa y tres policías compartidos”.

“Es una megacausa cuyo tamaño nunca se vio”, explicó y consultado sobre si las querellas aportaron algún tipo de prueba dijo que “no, absolutamente nada. Por eso la crítica nos indigna. Acá los únicos que vamos a recibir sanción son el doctor Nápoli y yo porque nos denunciaron. No somos buenos para la parte política”.

“Nos criticaron por la morigeración a (el exsecretario del entonces gobernador Mario Das Neves) Gonzalo Carpintero pero dijimos que cuando no haya riesgo procesal tenemos que ceder en la medida de coerción porque sería inconstitucional y abusaríamos de nuestra función. Ahí iríamos de nuevo al Consejo de la Magistratura”.

“No cambiamos nuestra hipótesis de trabajo en ningún momento. Siempre dijimos que Carpintero era la pata política de la sociedad criminal y sin la política nada de esto hubiera sido posible”, finalizó.

En los próximos meses los fiscales Iturrioz y Nápoli estarán en condiciones de tener concluida la acusación que será la base del juicio oral y público que se cree podría realizarse sobre fines de este año o principio del próximo.

Gianfranco Macri estaba citado a indagatoria en la causa de los cuadernos y presentó un escrito. El hermano del Presidente negó haber pagado coimas al gobierno anterior a cambio de contratos de peajes. Cuando le consultaron si su padre, quien no se presentó a declarar, había pagado sobornos, Gianfranco Macri se desligó y dijo: “Pregúntenle a él”.

Gianfranco negó ayer haber pagado coimas al gobierno de Néstor Kirchner a cambio de renovar contratos de peajes en autopistas. Citado a prestar declaración indagatoria en una derivación de la causa de las fotocopias de los cuadernos inhallables, el hermano del presidente Mauricio Macri presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio en el que afirmó que en el período bajo investigación “ni siquiera estaba abocado a Socma”. Su padre, Franco Macri, también imputado, no se presentó a declarar alegando problemas de salud. “Nunca en mi vida”, respondió Gianfranco cuando le preguntaron si había pagado coimas. Sobre Franco no puso las manos en el fuego: “No sé, pregúntele a él”, sugirió dos veces.

El padre y el hermano del Presidente y jefe del clan familiar están acusados de haber pagado coimas para mantener las concesiones del Acceso Oeste a través de la empresa Concesionaria Oeste, y por el Acceso Norte a través de Autopistas del Sol (Ausol). La base de la imputación es la declaración del arrepentido Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi). Bajo amenaza de ir a la cárcel, el ex funcionario dijo que entre 2003 y 2007 todos los empresarios pagaron, para mantener sus concesiones, comisiones mensuales de 150 mil dólares, que presuntamente recibían el ex ministro de Planificación Julio De Vido o el fallecido Kirchner.

Gianfranco Macri tomó notoriedad en 2016 cuando PáginaI12 publicó que había blanqueado –gracias al decreto firmado por Mauricio Macri– el equivalente a 35 millones de dólares, dato llamativo porque representaba cinco veces el patrimonio declarado por el hermano presidencial. Cuando trascendió la citación de Bonadio, pidió postergar la indagatoria pero el juez lo rechazó. Pese a que su declaración estaba prevista para las 11, ayer a las 7.30 (recién llegado de Estados Unidos) se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde había un operativo se seguridad montado para que los periodistas no pudieran acercarse al pasillo del juzgado.

En el escrito que presentó como defensa, Gianfranco afirmó que hasta 2009 desarrolló “la mayor parte” de sus actividades empresariales y laborales “fuera del ámbito de Socma”. Afirmó que nunca vio ni habló con Uberti, que no tenía idea de los temas de Ausol porque no tenía injerencia y que hasta 2009 se dedicó al desarrollo del club Buenos Aires Golf y negocios inmobiliarios en los predios cercanos. “Entre 2001 y 2009 me aboqué casi exclusivamente a ese emprendimiento inmobiliario. Eso resulta relevante pues denota que, precisamente en los años en que habrían ocurrido los hechos aquí investigados, no solamente Sideco carecía de influencia en Ausol y el suscripto no ocupaba ningún cargo relacionado con Ausol, sino que, además, yo ni siquiera estaba abocado a Socma en sí”, sostuvo. “Con relación a autopistas del Oeste, el grupo Socma ni nadie de la familia Macri a título personal tuvo jamás ninguna relación tanto económica como societaria con esa empresa”, agregó.

–¿Es cierto lo que dice Uberti? ¿Es cierta la imputación o ustedes no tienen nada que ver y son inocentes? –le preguntó una periodista cuando salía de tribunales.

–Ya quedó todo aclarado y no tenemos nada que ver –balbuceó con una sonrisa nerviosa.

–O sea nunca pagaron una coima.

–Nunca en mi vida.

–¿Su padre tampoco?

–No sé, pregúntele a mi padre –dijo mientras se metía en un auto.

–¿Pero usted cree que su padre nunca pagó una coima?

–Pregúntele a él –se desligó.

En el marco de la causa de los “Cuadernos”, el hermano del Presidente, Gianfranco Macri, se presentó este jueves y dejó un escrito donde negó haber pagado soborno y pidió ser sobreseído.

Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, negó mediante un escrito las acusaciones sobre presuntos pagos de sobornos en los corredores viales. La presentación se realizó en Comodoro Py, ante el juez federal Claudio Bonadio.

Macri sostuvo que no tenía poder de decisión en la empresa Autopistas del Sol ya que su participación accionaria no era mayoritaria negó el pago de coimas y pidió ser sobreseído de la causa.

El padre y el hermano del Presidente fueron citados por Bonadio el lunes, junto a una treintena de empresarios ligados a las concesiones viales.

Se les imputa haber pagado coimas por las concesiones del Acceso Oeste a través de la empresa Concesionaria Oeste, y por el tramo Acceso Norte, a través de Autopistas del Sol.

Concretamente, este tramo de la investigación se abrió a partir de la declaración del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, quien declaró como arrepentido el pasado 13 de agosto.

Él sostuvo que cobró 150.000 dólares por mes de cada empresa concesionaria vial para la renovación de contratos.

Cabe recordar que el Juez había rechazado un pedido de prórroga presentado el miércoles por la defensa del empresario, con lo cual se presentó pasadas las 7.30 en los tribunales federales de Retiro, Capital Federal.

En su paso por Comodoro Py, el hermano del presidente dejó un escrito y al retirarse sostuvo a la prensa: “Yo no nunca pagué una coima en mi vida. Mi papá no sé, pregúntale a él”, dijo.

Fuente: ámbito.com / La Nación

Diputados, empresarios y sindicalistas involucrados en presuntas coimas en la gestión de permisos de pesca en Chubut.

Esta mañana el portal de noticias de Pesca Chubut tiró una verdadera bomba cuando publicó una de las primicias más importantes del año cuando reveló que los Diputados Provinciales del bloque de Convergencia Alfredo “Peludo” Di Filippo y Sergio Bruscoli fueron denunciados junto al empresario Eduardo del Río síndicado como “El Yabrán de la Pesca” de la planta pesquera Cabos Vírgenes en la oficina anticorrupción de la provincia del Chubut. Nota relacionada: DENUNCIAN EN LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN AL EMPRESARIO EDUARDO DEL RÍO Y AL DIPUTADO ALFREDO DI FILIPPO

Eduardo del Río – Alfredo Di Filippo

EDUARDO DEL RÍO: ¿EL YABRÁN CHUBUTENSE, LA RAÍZ DE TODOS LOS MALES?

La denuncia es por por los presuntos delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público, cohecho activo, tráfico de influencias que involucran a funcionarios, diputados y empresarios en el polémico proyecto de Ley Provincial n°196/18 que pretende otorgar cuatro permisos de pesca para barcos grandes direccionados a plantas pesqueras y 18 permisos para barcos artesanales a punteros políticos.

Nota relacionada: LA FLOTA ARTESANAL DE PUERTO RAWSON DENUNCIA LOS “NEGOCIADOS” DETRÁS DE LOS PERMISOS DE PESCA

Del tridente de la corrupción al Cuarteto dinamita

Gustavo Fita – Alfredo Di Filippo levantando la mano.

Pesca Chubut continuó con una seguidilla de notas en la que el tridente de la corrupción conformado por Di Filippo, Bruscoli y Del Río se convierte en un cuarteto con la supuesta confesión del Diputado Provincial del FPV Gustavo Fita quién iba a votar en contra del proyecto de ley n° 196/18 pero llamativamente cambio de idea y le habría confesado a los empresarios pesqueros que votaría a favo de entregar permisos ya que con el FPV habrían acordado con Di Filippo que si le votaban a favor la entrega de permisos de pesca ese favor se cubría con las manos alzadas de Di Filippo y Bruscoli para que voten de nuevo la ley para derribar el adelantamiento de elecciones que fuera vetada por el ejecutivo volviendo a la legislatura para su tratamiento y de ser de nuevo aprobada con los ⅔ quedaría efectivizada. Nota relacionada FITA RECONOCIÓ QUE VOTAN POR LOS PERMISOS DE PESCA A CAMBIO DEL VOTO DEL PELUDO Y BRUSCOLI

Más de 4.800.000 millones de dólares en las presuntas coimas por los permisos de pesca

La insistencia por los permisos de pesca comenzó con el Peludo Di Filippo pero día a día se conocen quienes se prestan para este curro con los permisos de pesca, pasando de un tridente a un cuartero y de un cuarteto a sumar varias manos que se levantarían con la supuesta promesa de percibir una jubilación de privilegio con el pago de coimas por mas de 4.8 millones de dólares que convertido en pesos serían 176.000.000 millones de pesos en las supuestas coimas a Diputados. La ecuación es sencilla, de comprobarse este delito cada diputado se llevaría alrededor de 10 millones de pesos por levantar su mano en desmedro de la actividad pesquera que en pocos años presenciaría la crisis en el sector por esta decisión motivada por la corrupción.

Corrupción corporativa

El portal de noticias especializado en Pesca avanzó con notas todo el día revelando todo el entramado, sumándose a los diputados, empresarios y sindicalistas por eso la denominación “Corrupción Corporativa”

Luis Nuñez – Gustavo Fita

Y le tocó el turno a Luis Nuñez Secretario General del STIA y Capo de la CGT Virch Valdes a quién le sacaron los trapitos al sol revelandose que realiza lobby para que las plantas pesqueras reciban permisos de pesca. Pero fiel al estilo del sindicalismo siempre hay una trampa y en el caso del STIA solicitaba que no se entreguen más permisos sino que los existentes denominados bajo la figura de “experimentales” se les sean transferidos a las plantas pesqueras. Todo una trama oculta que se sacó a la luz para que los Chubutenses lo entiendan. ¿Pero cuál es el problema si le entregan permisos a las plantas? El problema suscita en que se rompe la cadena de producción, y se monopoliza en las plantas pesqueras la actividad industrial que esta dividida en secciones para tener un equilibrio, Barcos pesqueros Flota Amarilla, Flota Artesanales, Estiba, Plantas pesqueras. Si las plantas pesqueras alcanzan los permisos van a fijar el precio del langostino y los perjudicados serán los trabajadores a los cuales les van a precarizar sus convenios laborales y ya nunca más le firmarán un histórico 80% de aumento en paritarias como le firmó la flota amarilla al SOMU.

Nota relacionada: EL STIA REALIZA LOBBY A FAVOR DE LAS PLANTAS PESQUERAS PARA MONOPOLIZAR LA INDUSTRIA

Por este motivo la COIPE (Comisión Intersectorial Pesquera) conformada por los gremios de SUPA, SOMU, SICONARA, Las Cámaras de estibaje, Flota Amarila (CAFACH), Artesanales y hasta trabajadores núcleados en el STIA decidieron no solo que NO se entreguen más permisos de pesca para preservar el recurso pesquero y siempre tener trabajo y no como paso en Mar del Plata que reventaron el caladero estas mismas plantas pesqueras y dejaron a miles de trabajadores en la calle. La COIPE tiene como política pesquera preservar el recurso langostino para desarrollar una pesca sustentable que permita continuar con la industria por siempre y no exterminarla agotando el recurso por el esfuerzo pesquero irracional avalado por los políticos de turno que no toman en cuenta los estudios del INIDEP que advierten que el esfuerzo pesquero ya es excesivo. En pocas palabras tanto a nivel nacional como los diputados provinciales ven en la pesca su posibilidad de salvarse a corto plazo sin ver a futuro el desastre que pueden provocar por alcanzar más exportaciones y en otros casos unos cuantos millones de dólares en coimas para entregar estas licencias de pesca.

En definitiva el proyecto de Di Filippo ya es un escándalo, está manchado por las sospechas de coimas, por lo cual el Gobernador Mariano Arcioni debería vetarlo si todavía los diputados tienen la “caradurez” de aprobarlo siendo que ya existe una denuncia en la Oficina Anticorrupción y hay varios Diputados que seguramente serán citados a declarar por sus confesiones. Otro de los que confesó fue José María Grazzini presidente de la Legislatura que le manifestó al SUPA una cosa y luego mágicamente salió con otra.

Iván Pagliaroni – Alfredo Di Filippo

Los intentos fallidos del Peludo, primero intentó con Iván Pagliaroni, como no pudo porque el Portal de Noticias Pesca Chubut reveló sus estrategia apuntando directamente a Gustavo Menna como su jefe político lo que obligó a Menna a poner las cosas en su lugar opinando que sin estudios científicos no se podían otorgar más permisos de pesca y dejando al descubierto a los Diputados de Cambiemos que en realidad son radicales.

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Luego Di Filippo tras este fallidó intento le habría propuesto a Arcioni que le diera la Secretaria de Pesca y un permiso de pesca para Pescapuerta ( EPSA, Estrella Patagonica) a cambio de su voto y el de Bruscoli para beneficiarlo con el adelantamiento de elecciones. El Gobernador le habría negado este intentó de extorsión por lo cual el peludo enfureció y fue tras otro intentó, por que si hay algo que reconocerle al Peludo es que es insistente con la “cometa”. Nota relacionada: ¿Arcioni le dará un permiso de pesca y la secretaria a Di Filippo?

En uno de sus últimos intentos Di Filippo negoció con José María Grazzini, Javier Touriñan, Gustavo Fita, Gabriela Dufour y algunos diputados más del FPV que les votaría en contra a Arcioni el adelantamiento de elecciones si ellos le votaban a favor su proyecto de permisos de pesca por lo cual hay una denuncia en la Justicia revelando que se habrían ofrecido 1.200.000 millones de dólares por cada permiso de pesca entregado para barcos grandes, el proyecto estima cuatro permisos lo que hacen alrededor de 4.8000.000 millones de dólares de coimas. En cuanto a los 18 permisos de pesca a barcos artesanales ya se avizora varios punteros políticos y “palos blancos” en el listado.

En resumen seguramente la Justicia llamará a declarar por estar bajo el manto de sospechas por las supuestas coimas con los permisos de pesca a los Diputados Provinciales Alfredo Di Filippo, Sergio Bruscoli, Gustavo Fita, al empresario Eduardo Del Río y al sindicalista Luis Nuñez entre una larga lista de diputados y empresarios que van a empezar a desfilar por los pasillos de tribunales. Y seguramente también el Gobernador vetará esta ley de aprobarse por estar bajo sospecha de corrupción no de ahora sino hace más de un año que se viene adviertiendo de esto.

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Pesca una caja de pandora en Chubut

Langostino Verde: El S.U.P.A advierte sobre el Curro de los futuros permisos de pesca

Dos diputados provinciales y un empresario fueron denunciados en la oficina anticorrupción por presunto cohecho en el otorgamiento permisos de pesca.

RAWSON (ADNSUR) – Una grave denuncia fue presentada este lunes en la Oficina Anticorrupción de Chubut, para que se investigue a los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli, por una serie de presuntos delitos vinculados al polémico proyecto por el que esos diputados promovieron desde su bloque la entrega de 4 permisos pesqueros, a favor de empresas que habrían pagado millonarias coimas para lograr ese objetivo, según el planteo que deberá investigar dicho organismo.

La presentación, formulada por un abogado domiciliado en la ciudad de Rawson, se concretó ayer y suma alto voltaje a la sesión de este martes en Legislatura, en la que los diputados de la oposición volverán a insistir con el tratamiento de dicha ley, en una estrategia en la que contarían con los 18 votos necesarios para insistir en la abrogación (es decir, anulación) de los decretos de convocatoria a elecciones anticipadas que firmó el gobernador Arcioni.

“La investigación que solicita –plantea el denunciante, abogado Juan José Mediavilla- por los posibles delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público, cohecho activo, tráfico de influencias, tipificados en los artículos 210, 174 inc. 5, 248, 249 y 265 del Código Penal, y/o por el tipo penal que surja de la investigación que peticiona, todo ello conforme al elevado criterio de esa Fiscalía Anticorrupción, tipos penales que estarían configurados sobre la base fáctica que a continuación propone”.

La denuncia hace alusión a la sesión del jueves último en Legislatura, que debió interrumpirse ante una amenaza de bomba, pero en la que se apuntaba a tratar un proyecto vinculado a permisos pesqueros, en forma paralela a la insistencia de la oposición para impedir que el gobernador Arcioni avance con el cronograma de elecciones desdobladas en Chubut.

“Resulta de público y notorio conocimiento el escándalo ocurrido en la última sesión legislativa del pasado seis de diciembre –señala el denunciante- y que seguramente ocurrirá en la sesión legislativa que se desarrollara en el día de mañana 11 de diciembre. Toda esta violenta situación ha sido generada exclusivamente por las ansias desmedidas de fin lucro de varios diputados que con el único objetivo de enriquecerse ilícitamente impunemente intentan sancionar una ‘ley’, que no es otra que el proyecto de ‘ley’ Nro. 196/18 impulsado por los Diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli y que incluso el propio extracto del proyecto permite avizorar la obscena maniobra de otorgar permisos de pesca a cambio del cobro de una enorme suma de dinero”, señala el texto que deberá investigar el fiscal Anticorrupción de la provincia.

Rumores de coimas

El denunciante sostiene que el proyecto está redactado de modo tal que las empresas que podrían reunir los requisitos para acceder a los permisos son Cabo Vírgentes, Iberconsa, Veraz y Pescapuerta.

El denunciante alude al “rumor de pueblo” (sic) y añade que “ha llegado a saber el suscripto los supuestos valores de cada permiso de pesca y que el rumor asegura que cada empresa abonará a los diputados la suma de un millón doscientos mil dólares (USD 1.200.000) por permiso que obtendría con la sanción. El triángulo de corrupción a los fines de estos pagos no sería otro que el tridente Eduardo Del Río, Segio Di Filippo y Alfredo Di Filippo” (sic), quienes personalmente han intermediado y negociado este acuerdo y que seguramente los medios de prueba que el sr. Fiscal ordene podrán comprobar el rumor”.

En la presentación se alude a artículos periodísticos publicados por portales especializados en pesca, tales como Revista Puerto y Pesca Chubut, esta última en base a una publicación que habla de vínculos entre el empresario Del Río y el diputado Di Filippo.