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Por consejo de su defensor Carlos Villada, el exministro de Infraestructura Alejandro Pagani no iba a declarar. Lo envalentonó el testimonio de Martín Bortagaray.

Contestó preguntas de los fiscales y reafirmó el esquema que planteó el ministro de Familia: las planillas con empresas listadas se confeccionaban para el control de gastos y deudas que exigía el gobernador Mario Das Neves a través de Diego Correa, y no para puntear el cobro de retornos. Afirmó que esas planillas se siguen haciendo con la gestión de Mariano Arcioni y con Pablo Oca y Alejandro Garzonio al frente de Economía. También invitó a que investiguen su patrimonio a fondo y negó haber embolsado sobresueldos.

“No me consta que nadie haya pedido ni que nadie haya cobrado coimas”, le contestó al fiscal Marcos Nápoli. “Leí que Diego Lüters dijo que Correa nos indicaba a todos qué hacer. No es cierto. Pero no voy a opinar sobre lo que imaginó Lüters sentado en su escritorio a 10 cuadras de los lugares donde estaban los problemas. Realmente no era fácil para el ministro Oca ni para mí definir un esquema de pagos razonable para sostener la obra pública”.

Pagani admitió que a Infraestructura llegaban planillas de todo tipo desde la Unidad Gobernador. Pero aseguró que no se elegían constructoras a dedo para cobrar o para perjudicar. “Si alguna planilla no se pagó completa fue por algún problema económico o administrativo. Además el Ministerio de Economía no era fácil ni tenía recursos para todos. Lo más fácil para nosotros hubiese sido pagar toda la obra cuando lo necesitábamos y hubiéramos evitado el trabajo extra de atender los problemas sociales que se generan”.

Dos empleados de Infraestructura, además de Franco Ferrari, jerárquico del Ministerio,  declararon que Pagani intervenía para sugestivamente bajar pagos y priorizar otros en planillas que ellos armaban. Pero el exministro insistió. “Jamás remiti a Economía planillas resaltadas, y si estaban resaltadas sería para un contralor”.

“Sí recibía a empresarios, porque era el ministro –contó-. Y me pasó de tener que definir si a una empresa se le debían 6 certificados, pagarle 4 o pagarle a otras. Fue una constante en la gestión tratar de favorecer las obras que sostenían empleo y esto puede haber sonado en perjuicio o desmedro de alguien”

 

 

Diario Jornada

No Coimas

En una entrevista radial en fm del Lago del Esquel el Gobernador Mariano Arcioni tuvo declaraciones explosivas al manifestar: “En mi Gobierno no existen coimas”. Rápidamente una catarata de comentarios de la gente en contra del gobernador se escribieron en las redes sociales.

Pontet denunció a Arcioni por corrupto

El presidente de la Unión Industrial de Chubut Celso Pontet denunció públicamente al Gobernador por continuar con la matriz de corrupción de Mario Das Neves a lo que Arcioni no tiene respuesta por estos días, y ni siquiera ha denunciado a Pontet.

Arcioni sorprendido por la detención de Bortagaray

En otro tramo de la entrevista con Ricardo Bustos el escribano de Lázaro Báez y actual gobernador “mimado” por Mauricio Macri por el ajuste feroz que está llevando adelante en la provincia expresó en torno a la detención de su Ministro de Familia: “Me sorprendió la detención de Martín Bortagaray”.

La astucia de Arcioni

Lo que a muchos le llama la atención es como siempre que hay detenciones, hoo casualidad! el gobernador no se encuentra en casa de Gobierno.

¿Acuerdo Arcioni-Luters?

A esto se le suma el pedido del Ministerio de Gobierno que preside Federico Massoni a la justicia para que le otorguen la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a Diego Luters bajo la excusa que no puede brindarle seguridad, esto aumenta el grado de credibilidad sobre la hipótesis de un acuerdo entre Arcioni y Luters.

 

Massoni Inseguro

Pero por otro lado ¿si Massoni no puede brindarle seguridad a un detenido como le va a brindar seguridad a la sociedad?.

El prestigioso abogado que patrocina al empresario Fernando Quistani de la firma Habitar SRL, Ignacio Ferreyra de las Casas, denunció ayer que los aprietes por los retornos de la obra pública comenzaron desde 2004 con el primer mandato de Mario Das Neves. Involucró al exgobernador Martín Buzzi y a los últimos tres intendentes de Comodoro Rivadavia. Esto va en linea con lo vertido por Celso Pontet Presidente de la Unión Industrial de Chubut que denunció que el Gobierno de Arcioni sigue con la misma matriz de corrupción.

Nota relacionada: Según el presidente de la UICH Arcioni sigue con la misma matriz de corrupción de Das Neves

En la audiencia de apertura de investigación contra siete nuevas empresas, el abogado comodorense prendió el ventilador y reconoció que los retornos de la obra pública nacieron desde el 2004 y se extendieron hasta la fecha.

Ferreyra de las Casas sacudió el tablero político y afirmó de acuerdo a la experiencia vivida por Quistani que «con Maestro, Lizurume y en el primer año año de gestión de Das Neves, la obra pública era transparente», sin embargo, de ahí en adelante, «todos los gobiernos fueron corruptos».

El abogado fue aún más categórico y señaló que «durante los últimos 12 años, la corrupción perforó el Estado provincial, que mutó de honesto a deshonesto». Aportando precisiones, delineó que el mecanismo y los porcentajes «siempre fueron los mismos», tanto en los gobiernos de Das Neves como en el de Martín Buzzi.

TEMOR EN EL BUZZISMO

El reconocido abogado del fuero penal comodorense prometió dar detalles sobre los actores en los diferentes gobiernos que estaban a cargo de la recaudación de la coima por la obra pública.

«La información sobre quién pedía la coima en el gobierno pasado (por la gestión Buzzi) será brindada en las presentaciones durante la etapa de la investigación», aseveró Ferreyra de las Casas, dejando un gran enigma y posibles datos concretos para el fiscal Héctor Iturrioz que está rastreando los presuntos retornos de la obra pública en el gobierno de Buzzi.

Dando algunas pistas, el defensor de Quistani indicó que los que pedían el pago de coima «eran todos funcionarios públicos».

 

Los empresarios no cuentan toda la verdad. No todos los pagos ilegales que admitieron ante la Justicia fueron aportes de campaña; no todos los pagos fueron bajo presión; no todo el dinero salió de sus bolsillos personales, sino de sus empresas, y no todo el sobreprecio fue para la política: una parte sustancial fue para ellos mismos, según los testimonios de otros empresarios y ejecutivos que participaron en la cartelización de la obra pública durante los últimos años, sabuesos de la AFIP , auditores, contadores y abogados que accedieron a dialogar bajo reserva expresa de sus nombres.

El primer paso lo dio el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. Ante el fiscal Carlos Stornelli buscó imponer esa versión, al declarar como “arrepentido”. Por un lado, detalló que la coima era “entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra”. Por el otro, admitió que las constructoras se cartelizaron. “Las empresas se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían”.

Sin embargo, las confesiones de Wagner y otros empresarios son incompletas o parciales, según coincidieron las fuentes consultadas por La Nación. Porque callaron sobre la doble remarcación de los precios y sobre el “doble conforme” de los gobernadores e intendentes, entre otros detalles de la operatoria de “el club de la obra pública”.

¿Cómo era la doble remarcación? “El primer paso era conocer de antemano, por contactos, que el Gobierno estaba por llamar a una licitación para la construcción de un puente, por ejemplo, que debería costar 100”, graficó un testigo de aquellos encuentros. “Entonces, las constructoras acordaban que iba a costar 120, cuál de ellas iba a ganar y cuáles iban a ‘acompañar’ la licitación, simulando que competían”.

Para eso, claro, primero había que conocer qué empresas compraban los pliegos de la licitación. “Eso es fácil, si por 1000 pesos te tiran por izquierda el listado en Vialidad”, cortó otro veterano de las lides del club.

Ya con ese listado y la primera remarcación -que los “arrepentidos” callaron hasta ahora-, luego llegaba la segunda remarcación de entre 10 y 20 puntos porcentuales fijados por el equipo de Julio De Vido. Es decir, que el puente terminaba por adjudicarse a un valor de 130 o 140.

Eso explicaría, según algunos de los consultados, por qué Wagner aludió a retornos del 10% al 20%, pero tanto el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , como el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel , estimaron que los sobreprecios en la obra pública durante el kirchnerismo fueron de entre el 30% y hasta el 50%.

¿En qué bolsillos terminó la diferencia entre lo que declaró Wagner y los cálculos de Dietrich y de Iguacel? En los de varios receptores cuyas identidades los “arrepentidos” callaron hasta ahora. “Los empresarios se quedaron con una parte, pero no lo pueden admitir porque no serían ‘víctimas’ de los políticos, sino cómplices”, contó un exalto ejecutivo de una constructora de ese club.

Esa diferencia de 20 puntos entre el valor real de la construcción de un puente (100) y la primera cotización presentada al equipo de De Vido (120) servía, además, como “colchón” para el empresario ganador, que de allí debía alimentar varias bocas. Entre ellas, las de aquellos constructores que lo “acompañaron” en la licitación simulada, en vez de “ir a la guerra”, como le dicen a la idea de competir en la Cámara de la Construcción y la Cámara de Empresas Viales, más conocida como “la Camarita”.

De esa primera remarcación también salían los fondos para pagarles a ciertos gobernadores e intendentes de las zonas receptoras de la obra pública. “¿Vos te creés que si vas a una provincia vas a poder construir sin el OK del gobernador del feudo o sin un mangazo del intendente del lugar?”, desafió otro empresario que aún no fue citado por la Justicia. “A veces no te piden guita de frente, pero sí que subcontrates a una empresa ‘amiga’ o le alquiles las máquinas a tal o cual, o que les des laburo a sus ‘muchachos’ de la zona”, resumió.

Ya con el proyecto en marcha, el cobro de los certificados de avance implicó otro “peaje” que los empresarios también debieron solventar con los fondos de la primera remarcación. “Para cobrar, tenías que tener el ‘doble conforme’. Es decir, que el gobernador o intendente dieran el primer OK a Nación y, luego, que la gente de De Vido te diera el segundo, entonces sí podías ir a cobrar a Vialidad”, graficó un protagonista.

A menudo, sin embargo, los llamados para cobrar no provenían de Vialidad, sino del financista Ernesto Clarens, quien así lo confirmó en la Justicia, esta semana, cuando confesó parte de sus acciones con la esperanza de que lo acepten como “arrepentido”, aunque evitó dar mayores precisiones sobre los roles de tres funcionarios de Vialidad durante el kirchnerismo: Sandro Férgola, Sergio Passacantando y Gustavo Gentili, quien luego pasó al Occovi en reemplazo del también ahora “arrepentido” Claudio Uberti.

“Férgola le pasaba a Clarens el listado de obras y Passacantando los certificados de obra que estaban para cobrar y era él quien nos llamaba”, rememoró un contador, que detalló cuál era la condición que les comunicaba el financista a los empresarios: “El jefe [en alusión a Néstor Kirchner ] quiere dólares”. Y de esa exigencia surgía una necesidad para las constructoras: de dónde sacar los dólares para pagar. “O los conseguías por tu lado en alguna cueva o como sea o él [por Clarens] te cobraba el 4% de comisión por encargarse”. Y esa tajada también tenía que salir de la primera remarcación, aquella que llevó al puente de valer 100 a 120.

A todo esto, los sabuesos de la AFIP suman otra sospecha. Investigan si los empresarios le mintieron a la Justicia al afirmar que esos pagos ilegales a los políticos salieron de sus bolsillos, ya fuera de sus ahorros personales o como “adelantos de dividendos”.

“Varios ‘arrepentidos’ buscaron proteger a sus empresas dejándolas fuera de la operatoria”, explicó una alta fuente del organismo tributario. “Lo que estamos verificando es si en realidad están ocultando el uso de facturas apócrifas, de firmas reales o ficticias, por mucho más dinero, que terminaron en los balances de sus empresas, lo que podría traerles más problemas”, estimó. Problemas para los ya arrepentidos -porque se caerían sus acuerdos con la Justicia y afrontarían mayores penas-, pero también porque alcanzarían a los restantes miembros de los directorios de sus empresas.

Desde la Subsecretaría de Fiscalización de Comodoro Rivadavia, su titular, Daniel Campillay, explicó que después de conocerse la denuncia de un comerciante sobre el pedido de coimas por parte de personal de la Dirección de Abasto, se procedió a la realización de sumarios y desafectación de tareas de los inspectores, hasta tanto se investigue el hecho. “Como responsable del
área, voy a poner a disposición todos los recursos necesarios para que se esclarezca lo acontecido”, subrayó el funcionario.

Sobre el tema, el subsecretario Campillay explicó que tomó conocimiento del supuesto hecho a través de los medios locales, por lo que se elevó una nota al Jefe de la Unidad Regional solicitando información acerca de la existencia de una denuncia por coimas contra inspectores de la Dirección de Abasto Municipal.

Al respecto, comentó que “el hecho denunciado está vinculado con una inspección de rutina, protagonizada por tres inspectores, que se realizó este miércoles, en horas de la mañana, en un comercio de la Avenida Chile al 1400; para constatar que la mercadería en exhibición pasó con éxito los controles de ingreso a la ciudad”.

“Saegún lo relatado –continuó- después de cumplimentar su horario de trabajo, uno de los inspectores regresó al local exigiendo una suma de $5000 pesos; y ante la negativa, se llevó mercadería equivalente al valor solicitado”, detalló el funcionario.

No obstante, Campillay dijo que “desde el Municipio no tenemos la certeza del hecho, por lo que solicitamos, ante Asesoría Letrada, la emisión de un sumario a los tres inspectores que participaron del control; y por otra parte, se los desafectó de los operativos, quedando a disposición para la realización de tareas administrativas sin contacto entre los supuestos implicados”.

“Acá hay una denuncia penal y confiamos en que la investigación será rigurosa, basada en las filmaciones y en el reconocimiento del autor del hecho. Desde el Ejecutivo no podemos confirmar la veracidad del mismo, pero sí poner en marcha ciertas acciones preventivas hasta que se identifique al inspector o se descarte la participación de estos efectivos municipales”, concluyó Campillay.

Luis Betnaza es el director corporativo y el hombre fuerte de Techint, una de las empresas más grandes del país. La semana pasada declaró como acusado en la causa de los cuadernos de la corrupción del gobierno anterior y reconoció que hizo pagos ilegales a funcionarios kirchneristas.
Con toda honestidad, llevo 20 años en esta posición, y me he cansado de lidiar con pedidos de contribuciones y coimas de todo tipo de gobiernos“, le dijo Betnaza al juez federal Claudio Bonadio en su declaración indagatoria a la que accedió Infobae.
Betnaza fue citado a indagatoria porque en los cuadernos de Centeno figura que Héctor Zabaleta, directivo de Techint, le dio bolsos con dinero a Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación de Julio De Vido y uno de los detenidos del caso.
Betnaza contó en su indagatoria que en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, de 2003 a 2005, tuvieron una buena relación. “Por no habernos prestado al pago de sobornos y contribuciones, prácticamente hemos quedado excluidos de la obra pública”, declaró el empresario y dijo que solo recibieron el 1% la obra pública nacional entre 2003 y 2006. Y que del 2007 a 2015 tuvieron una sola obra nacional, pero sí varias de provincias, como los subtes en ciudad de Buenos Aires, centrales hidráulicas en San Juan y obras privadas.

El punto central de la declaración de Betnaza fue sobre las empresas SIDOR y TAVSA que Techint tenía en Venezuela. Relató que “de 2003 a 2005 la relación con el régimen chavista fue razonable”, lo que coincidió “con la etapa de buena relación” con el gobierno de Néstor Kirchner.

Pero en 2005 comenzaron los problemas con el gobierno de Hugo Chávez y todo se complicó más –contó Betnaza– en 2007, cuando se enfrenta con el gobierno de Kirchner “por una discrepancia inaceptable en la construcción de dos centrales compresores de T.G.N.”.

Betnaza sostuvo que en Venezuela hubo personal de la empresa amenazado, micros quemados y que en abril de 2008 SIDOR fue nacionalizada. Ante eso, pidieron ayuda al gobierno de Cristina Kirchner.

“Hablo con la gente de Planificación Federal, que eran quienes mantenían el vínculo con Venezuela. El ministro De Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta y Claudio Uberti estaban al tanto de nuestra situación. Cuando a mí me tocó venir a las reuniones presidenciales con Chávez aquí, el dueño de casa era Uberti”, declaró Betnaza.

Olazagasti era el secretario privado de De Vido y fue detenido el fin de semana. Uberti era el funcionario de OCCOVI que declaró como arrepentido. Para la fecha que señala Betnaza, Uberti ya no era funcionario ya que había salido del cargo en 2007 tras el escándalo de la valija con 800 mil dólares del venezolano Hugo Antonini Wilson.

Betnaza siguió su relato: “Después de una cena muy amigable, al día siguiente, se me acerca Uberti y me manifiesta el enojo del presidente Kirchner, alegando que la empresa no contribuía económicamente con el gobierno. Él dijo ‘ustedes no aportan nunca nada y el presidente Kirchner está muy enojado’, mi respuesta fue ‘el grupo Technit no hace negocios, nunca, con la política’. Eso tuvo un efecto que, en mi opinión, fue el que cerró el vínculo con Chavéz”.

Los problemas con Venezuela continuaron y Techint volvió a acudir al gobierno de Cristina Kirchner. “Nos manifestaron que hagamos un aporte porque ello significaban gastos que el gobierno argentino no tenía por qué afrontar. Esto lo planteó, como contexto, De Vido y el que arregló el quantum y la forma fue Baratta”, contó.

Betnaza sostuvo que le dio “instrucciones a Zabaleta para que haga los pagos” y que esa persona “fue la única involucrada”, desligando a otras personas de la compañía. También sostuvo que no tiene detalle de cómo se pagó y que el monto global fue un poco menos de un millón de dólares.

Esa versión se contradice con la que Uberti dio como arrepentido. El ex funcionario dijo que Techint pagó 50 mil dólares de coimas por un caso que no está vinculado al de Venezuela.

A la par se realizaron reuniones con funcionarios nacionales y de Venezuela. “En esos encuentros, empieza a participar Olazagasti, que es a quien deriva Kirchner para participar”, contó.

Finalmente, se fijó en 1.900 millones de dólares la indemnización para Techint por la estatización de SIDOR. “El cierre financiero se realizó, de fines de 2008 a 2009, con intervención de Cristina Kirchner, en varias reuniones”, contó Betnaza.

 

 

Infobae

En el marco de una nueva jornada en la investigación por las presuntas coimas en la obra pública, el juez federal Claudio Bonadio tomará declaración indagatoria al exsecretario de Obras Públicas José López.

Preso desde que fuera sorprendido escondiendo bolsos en un convento de General Rodríguez, el exfuncionario fue involucrado en la causa, acusado de formar parte de la cadena de recaudación ilegal de fondos durante el kirchnerismo.

También será hoy el turno de declarar del empresario Aldo Roggio, titular de la centenaria constructora que lleva su nombre.

El empresario está imputado como “partícipe necesario” de la asociación ilícita que describió el fiscal Carlos Stornelli en función de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. Esa presunta organización ilícita, dice el fiscal, recaudaba dinero de empresarios ligados a contratos de obra pública.

Roggio se presentó a la Justicia el viernes pasado. Según trascendió, pese al secreto de sumario, el empresario admitió haber hecho “pagos aislados” por unos cien mil dólares, sin que se conocieran más detalles. El fiscal y el empresario habrían acordado en esa oportunidad el ingreso de este al régimen de “imputado colaborador”.

La jornada del lunes, que contó con la presentación en Comodoro Py de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, finalizó con un allanamiento de departamentos situados en el edificio donde vive, en Recoleta.

“Esto es un amedrentamiento, un circo mediático”, dijo su abogado Gregorio Dalbón.

 

Ambito

Efectivos de la Policía Federal allanaron dos departamentos del edificio de la calle Juncal al 1300, esquina Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, habitual residencia de la ex presidenta Cristina Kirchner. Pero no ingresaron al departamento de Cristina porque está protegido por sus fueros de senadora.

Operativo de la Policía Federal en el edificio de Cristina Kirchner en Recoleta: buscan dinero en dos departamentos. Foto: Marcelo Carroll

El operativo fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa conocida los cuadernos de las coimas. Fuentes judiciales aseguraron a  Clarín que el objetivo de la búsqueda está concentrada en los departamentos del 1° y 4 ° piso, donde habría dinero en efectivo. Ambos inmuebles están a nombre de Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y preso en el penal de Marcos Paz.  La abogada de la ex diputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, explicó que en el 2014 De Sousa vendió los departamentos al titular del grupo Indalo.

En el departamento del quinto piso, donde hoy vive Cristina, hasta fines del 2015 fue alquilado por Cristóbal López, quien a su vez se lo subalquilaba al abogado de Indalo Petróleo, Mauro Ismael Sánchez y su esposa Natalia Inés Lima, tal como reveló Clarín en el 2016 en exclusiva.

La ex presidenta no se encuentra en el lugar, ya que tras pasar por la mañana por el juzgado de Bonadio, en Comodoro Py, donde prestó declaración indagatoria, se recluyó en el Instituto Patria, donde, permanecía pasadas las 19. El juez ya dictó una orden de allanamiento para el departamento de Juncal y Uruguay y otros dos inmuebles de Cristina, pero no se concretaron debido a que cuenta con la protección de los fueros parlamentarios.

La metodología que confesó Carlos Wagner

En el departamento de Recoleta, según los cuadernos que escribió el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, se entregaban bolsos con miles de dólares. Allí, de acuerdo con la reconstrucción que surgen de los cuadernos, el secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido el equipaje cargado de dinero negro.

Ante la imposibilidad de ingresar al departamento de Cristina Kirchner, el miércoles próximo, el Senado podría autorizarlos, en una sesión que se observa con especial atención la actuación del peronismo. Se barajan dos posibilidades. Una sería la aprobación del permiso en el recinto de la Cámara alta. Pero tampoco se descarta que la autorización surja de un acuerdo entre los bloques políticos, que delegarían en la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti , la respuesta al juez.

 

Clarín

José María Olazagasti, ex secretario privado del ministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, se presentó esta mañana ante la Justicia y quedó detenido. Fue luego de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara ayer su detención en el marco de la causa de las cuadernos de las coimas K.

Olazagasti pasó la noche con sus cuatro hijos y a primera hora de este sábado se presentó en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado de Bonadio. Ante la ausencia de personal en el juzgado, se dirigió junto a su abogado defensor a la sede de la Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo.

En estos momentos está haciendo los trámites en la alcaldía de dicha sede de la Policía Federal para cumplir con la orden de detención que le dictó ayer por la tarde el juez .

Olazagasti fue uno de los nombrados, junto a Claudio Uberti y a De Vido, por Luis Betnaza, director de Techint, como uno de los que le había pedido dinero para interceder por la compañía ante el gobierno de Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en ese país.

De esta manera, Uberti, ex director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y conocido como el embajador paralelo de la Argentina en Venezuela, y Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), son los imputados que permanecen prófugos.

 

 

Infobae

El empresario Aldo Roggio se anticipó hoy a la declaración indagatoria que tenían que tomarle el martes y se presentó de forma espontánea en Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas.

Roggio quedó involucrado en la causa porque su nombre estaba incluido en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, detalla TN.

El presidente de BRH debía prestar declaración indagatoria en cuatro días, pero hoy acordó con el fiscal Carlos Stornelli sumarse como “imputado colaborador” a la lista de empresarios “arrepentidos”. Eso deberá definirlo Bonadio.

El empresario es nieto de Benito Roggio, fundador de la empresa que ahora es un holding. En los ’90 fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción y es uno de los fundadores de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Es la segunda vez en la semana que Roggio pisa Comodoro Py. El pasado lunes 6 se presentó en declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en una de las causas de Odebrecht en Argentina por la construcción de una planta potabilizadora de Aysa.

 

 

La Gaceta