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Código Penal

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El gobierno de Mauricio Macri resolvió hoy suspender por segunda vez la presentación del proyecto de ley de reforma del Código Penal que se iba a hacer el próximo martes y por ahora no se informó de una nueva fecha. El motivo fue una discrepancia sobre un artículo sobre la despenalización del aborto , cuya legalización fue rechazada por el Senado hace apenas una semana.

Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno resolvió no avanzar por ahora para no reavivar el tema del aborto, poco tiempo después del rechazo legislativo, cuando fue un tema muy divisivo social y políticamente. Dijeron entonces que se presentaría antes de fin de año, pero sin dar precisiones.

Según pudo saber LA NACION, dentro de la discusión talló la postura de un sector del Gobierno que habría propuesto directamente eliminar el artículo 88 del Código. Ello desató una disputa con la comisión redactora del Código Penal, que preside el juez Mariano Borinsky en el Ministerio de Justicia.

De acuerdo con algunas interpretaciones, la eliminación de ese artículo implicaría en los hechos una legalización. Ello es así porque ese punto establece penas de uno a cuatro años de prisión para la mujer que incurra en esa práctica.

En la nueva redacción, la comisión bajó la pena de uno a tres años y le dejó al juez una serie de prerrogativas para dejar la pena en suspenso y que las mujeres no vayan presas. Sin embargo, mantenía la penalización para que no se cayera la estructura legal del delito de aborto y siguiera penalizado para los médicos o clínicas clandestinas.

“El Congreso lo debatió seis meses y la comisión redactora trabajó un año para que en un día se eliminé el artículo 88. Y el Presidente se comprometió a respetar la decisión del parlamento”, dijo un diputado oficialista.

En la mañana de hoy, Macri resolvió postergar la presentación que se iba a hacer el martes próximo en el Centro Cultural Kirchner y no se informó cuándo se enviará el proyecto que tiene cientos de artículos sobre materia penal.

El propio Macri y el jefe de gabinete, Marcos Peña, habían anunciado que el Código Penal se trataría el 21, apenas el Senado rechazó la legalización del aborto el jueves último a la madrugada.

El presidente Mauricio Macri presentará el próximo martes el anteproyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso en los próximos meses.

El acto tendrá lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del gabinete en pleno y de invitados especiales, según confiaron fuentes oficiales. El lanzamiento ya fue suspendido dos veces, en buena medida por la discusión del aborto en el Parlamento.

El jueves pasado, horas después de la sesión en la Cámara alta en la que naufragó la media sanción de Diputados, Macri confirmó sin mencionarlo lo que había sobrevolado durante el debate en el recinto del Senado: que incluiría la despenalización de la mujer en el proyecto del Código Penal.

“El proyecto introduce una modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna sanción penal)“, sostuvo Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión de expertos que trabajó durante más de un año en el nuevo Código.

Los otros integrantes de la comisión son el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer; el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Jorge Córdoba; y los representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

El Gobierno aprovechará la presentación del martes próximo no solo como un hito histórico: el código actual data de 1921, hace casi cien años. Si no también para marcar la contracara  de la anterior gestión, que le imprimió un espíritu garantista a sus políticas en materia de Justicia y Seguridad.

Es que el proyecto del oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el ministro Germán Garavano, impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como “motochorros”.

“Significará una notable mejora para la Argentina en materia de seguridad, previsibilidad económica e inserción internacional. El nuevo Código Penal tiene como objetivo reducir los índices delictivos, mejorar la economía y lograr igualdad entre todos los habitantes de la República Argentina, a través de la efectiva aplicación de la ley penal y la transparencia, para así contribuir a la seguridad de la Nación y la inserción internacional del país”, escribió ayer Borinsky.

En el caso de los delitos de corrupción, en medio de la mega investigación impulsada por el estallido de los “cuadernos de las coimas K”, el anteproyecto del Gobierno establece un aumento de 4 a 12 años las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega la figura de “corrupción entre particulares” y se pena a las empresas ante ciertos delitos. En la causa que tramitan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, ya desfilaron una docena de empresarios arrepentidos que confesaron coimas a ex funcionarios.

El texto prevé además aumentos de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico.

Incorpora, en ese sentido, una novedad vinculada a la despenalización de las drogas, un debate que en el Poder Ejecutivo imaginan  en un corto plazo. El anteproyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo “Arriola”, por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.

El último año, las administraciones nacional y porteña estuvieron atravesadas por algunos cortocircuitos con la posición del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta relacionada con los cortes de calles por la proliferación de manifestaciones, en especial por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad en el inicio de la gestión de Cambiemos. Desde el Gobierno porteño se esforzaron en ese sentido ante las movilizaciones por evitar cortes en los carriles exclusivos para el transporte público.

La pasividad de la anterior gestión ante los piquetes, que de todos modos tuvo un intento de viraje con Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad, había sido cuestionada en forma constante por el macrismo.

La reforma del Código Penal establece en esa línea la introducción de penas para el entorpecimiento del transporte público. Y hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.

Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, informáticos -como casos de grooming- y de violencia de género también fueron incorporados tras el extenso estudio y análisis temáticos de la comisión de especialistas.

 

 

Aire de Santa Fe

Tras el rechazo al aborto legal en el Senado, el Gobierno evalúa impulsar la despenalización de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará este mes al Congreso. De ese modo no habrá que esperar al próximo tratamiento con fecha incierta para avanzar en ese paso que en la Casa Rosada consideran menos controvertido, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer.

La despenalización, de todo modos, podría generar una nueva polémica y ya abrió un debate dentro del propio Gobierno. Según el proyecto de reforma de Código Penal que adelantó Clarín, por ahora la despenalización queda a criterio de cada juez. Lo que se evalúa ahora, a la luz del debate, es si no hay que ir un paso más allá y directamente sacar el castigo para las mujeres. Esto impulsa, por caso, el ministro de Justicia, Germán Garavano.

En la Casa Rosada corrieron los análisis sobre el impacto político del rechazo al proyecto de legalización, luego de que Mauricio Macri habilitara el debate y tomara mayor impulso con la media sanción en Diputados. Las especulaciones van desde el efecto neutro hasta cierto impacto negativo o la pérdida de capitalizaruna ley histórica. “No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia”, dijo en la mañana del miércoles el Presidente, tomando distancia con la decisión del Congreso luego de haber arrancado “en defensa de la vida” y más adelante expresar una opinión diferente en privado: “El tema central es el derecho de las mujeres a decidir”. El Presidente encadenó reuniones en Olivos durante toda la jornada y no siguió el debate, según contaron sus colaboradores.

La alternativa de avance acotado en el Código Penal será analizada en las próximas horas. “Sabemos que por un tiempo es la única chance que queda”, dijo a Clarín uno de los funcionarios a favor de la legalización y con la mirada en que la despenalización de la mujer reúne consenso, aun de los sectores que resistieron el proyecto.

Para la reforma del Código, la comisión de expertos deja en manos del juez la posibilidad de despenalizar a la mujer -para la que se prevén de 1 a 3 años de prisión por abortar-, pero el Ministerio de Justicia buscaría que directamente quede sin sanción en la redacción. De ese modo el aborto seguiría configurado como un delito, aunque no habría pena para la mujer (se mantendrá para médicos, cirujanos, farmacéuticos, como en el actual Código).

Eliminar el aborto del texto, la “opción de máxima” como calificó un integrante del Gabinete, quedó descartada: “Sería volver a generar una discusión muy fuerte. El consenso que vislumbramos en la sociedad e incluso en la Iglesia, aunque no lo expresen abiertamente, es que la mujer no sea penalizada. Es algo que todas las partes tolerarían”.

En esa reforma a su vez el Ejecutivo propondrá convertir en ley los pronunciamientos de la Corte Suprema en el fallo “F.A.L”, de 2012 y garantizar un protocolo de asistencia médica para los abortos producto de una violación o por riesgo de vida de la mujer. Un sector de los impulsores de la legalización exploraron llevar al recinto del Senado una iniciativa en esa línea, ante la perspectiva desfavorable en la previa.

 

 

 

Clarín