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Claudio Bonadio

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Espoleado por las revelaciones de la Operación Puf, en la que está apuntado como supuesto partícipe de una maniobra para lastimar la causa de los cuadernos de las coimas, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla firmó este martes un escrito en el que pone al día y comunica los límites de su investigación de una supuesta red de espionaje ilegal, identifica 31 supuestas operaciones de inteligencia por parte de una asociación ilícita y enumera a todos los procesados en el caso, los querellantes, quienes pretenden ser aceptados en esa condición y los próximos investigados: el periodista de Clarín Daniel Santoro, a quien este lunes citó a prestar declaración indagatoria, el juez federal Claudio Bonadio y las diputadas y referentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, a quienes «invitó» a «presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles».

El juez responde a la orden de la Cámara Federal de Mar del Plata, que le había indicado que determine «con total claridad y precisión» el «concreto y definitivo objeto procesal» de la causa, que comenzó investigando un supuesto intento de extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest y terminó descubriendo una red de espionaje ilegal cuyos miembros, actos y víctimas no terminaron de aclararse en el transcurso de la instrucción.

Antes que nada, Ramos Padilla anticipa que la resolución de este martes se exponen «algunas consideraciones generales sin ahondar en el análisis y valoración de la prueba de cada uno de los casos particulares que fueron o habrán de ser materia de tratamiento específico en las resoluciones de mérito que corresponda dictar en relación a cada uno de los posibles involucrados.»

El juez sintetiza entonces que «se investiga en estos actuados una organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros».

Se trata de una organización extensa, de tipo modular,que modificó su composición y despliegue de acuerdo a los distintos tipos de operaciones a desarrollar. Así, sus integrantes entraron en acción conformando distintos grupos, aliándose con terceros, tomando cualquier recurso a su disposición, sin importar su legalidad o ilegalidad».

«Para concretar sus fines delictivos la organización tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los tres poderes del Estado; también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa que fueron claves para el éxito de sus operaciones», sigue la explicación del juez.

En su resumen, Ramos Padilla enumera a todos los procesados y detenidos en la causa -Marcelo Sebastián D’Alessio, Ricardo Oscar Bogoliuk,Norberto Aníbal Degastaldi, Rolando Hugo Barreiro y Juan Ignacio Bidone-;  a quienes fueron aceptados como querellantes -Pedro Etchebest, Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira, Roberto Porcaro, Ricardo Echegaray, Gabriel Traficante, Roberto Baratta, Gonzalo Brusa Dovat, Eduardo Félix Valdés, Gabriel Garcés, Gustavo Vera y Mario Cifuentes-; a los que pidieron esa condición y aún no tuvieron respuesta -entre otros, Aníbal Fernández, Julio De Vido, Hugo Moyano, el narco Ibar Pérez Corradi y el ex camarista Eduardo Freiler-.

El magistrado aclara entonces que «se encuentran querellados el doctor Claudio Bonadio, las legisladoras Paula Oliveto Lago, Elisa Carrió, Mariana Zuvic, y el periodista Daniel Santoro», quien será indagado el 25 de junio. Además, recuerda que el fiscal Carlos Stornelli se mantiene en rebeldía, y que fueron indagadas otras ocho personas sobre quienes aún no se decidió su situación procesal.

Respecto a Bonadio y las legisladoras de la Coalición Cívica, en cambio, el magistrado los «notifica», «haciéndoles saber de su derecho de presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes».

El técnico informático Diego Lagomarsino sostuvo que la cuenta del banco Merryl Lynch de Nueva York que es propiedad de Alberto Nisman no está inhibida por la Justicia, pese a que se desconoce el origen del dinero. El juez federal Claudio Bonadio envió un oficio pidiéndole al banco norteamericano que transfiera todo el dinero de esa cuenta a una sucursal del Banco de la Nación

«Me enteré hace tres semanas que la cuenta de Nisman no tiene restricción. Me llamaron de EEUU del Departamento de Bienes Abandonados», afirmó Lagomarsino en el programa Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio.

El informático sostuvo que si nadie reclama el dinero entonces quedará en manos de los Estados Unidos y afirmó que desde el Departamento de Bienes del Estado le informaron que la cuenta no tiene restricciones.

De acuerdo a una nota de Néstor Espósito en Tiempo Argentino, la cuenta que Alberto Nisman tiene 600 mil dólares cuyo origen se desconoce y que al dinero solo tienen acceso la madre del difunto fiscal, Sara Garfunkel; su hermana, Sandra Nisman, o Lagomarsino.

Con relación a los diálogos entre la ex presidenta Cristina Fernández y el entonces secretario de seguridad, Sergio Berni, Lagomarsino explicó: “»En la declaración de Berni está que habló con Cristina. Sería ilógico que no hablen».

En otro orden, respondió a los dichos del diputado nacional Waldo Wolf, quien había afirmado que al fiscal lo mataron: “No Waldo Wolff, la carátula no dice asesinato porque no hay una prueba que indique que Nisman fue asesinado, tomate el trabajo de leer la causa”.

Y recalcó que: “Primero tenemos que probar el homicidio a Nisman».

El juez federal Claudio Bonadio se reincorporó a su juzgado luego de una licencia para realizarse estudios médicos.

El magistrado, a cargo del juzgado federal 11, arribó a los tribunales federales de Retiro pasadas las 9, y de inmediato se dirigió a su despacho, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002.

Bonadio está a cargo de la causa por los llamados cuadernos de la corrupción, y fue reemplazado en su licencia por su par Ariel Lijo.

El juez pidió licencia del 1 al 22 de mayo, y ahora se reintegró al trabajo al frente de su juzgado.

Bonadio debe resolver, entre otras cuestiones, si comienza los trámites para el envío a juicio oral del tramo de la causa cuadernos, en la que está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros acusados.

El juez evitó formular declaraciones, hizo saber que «está bien» a través de su secretaría privada y comenzó a reunirse con sus secretarios.

 

 

Ambito

El juez federal Claudio Bonadio planea elevar a juicio la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por la que procesó a Cristina Kirchner luego que termine de la licencia de 15 días que comenzó esta semana.

Fuentes judiciales consultadas por El Destape indicaron que Bonadio padece una grave enfermedad y que iniciará estudios en las próximas horas, pero que la dolencia es lo suficientemente seria como para que el juez haya decidido retirarse.

Además, el magistrado que encabeza la embestida judicial contra Cristina Kirchner ya inició los trámites de jubilación: tiene 63 años y más de 40 de aportes en el mundo judicial.

Según los pasillos de Comodoro Py el plan de Bonadio es regresar de su licencia, llevar al banquillo a Cristina Kirchner en plena campaña para las presidenciales y luego retirarse de la justicia.

La semana pasada, Bonadio amplió el procesamiento contra la senadora y principal figura de la oposición a la que acusa de más de una veintena de delitos. El juez pidió la prisión preventiva de Cristina y el embargo de sus bienes por $80 millones.

 

 

El Destape Web

Es por la causa de los cuadernos de las coimas K.

Isidro Bounine, ex secretario de Cristina Kirchner, fue detenido por orden el juez federal Claudio Bonadio por la investigación de la causa cuadernos de las coimas, iniciada luego de las anotaciones de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, quien dejó por escrito, con lujo de detalles, cómo era el circuito de dinero ilícito entre empresarios y funcionarios del gobierno kirchnerista.

Bounine fue apresado por la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, en al calle Corrientes 436 saliendo del garage Apart Car cerca de las 15:45.

 

INFOBAE

El polémico magistrado dispuso un nuevo operativo en el inmueble de la ex mandataria, donde retiró 33 cuadros y obras de arte. El operativo fue tras el anuncio de nuevos tarifazos.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó retirar 33 cuadros y obras de arte del departamento que tiene la ex presidenta Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, en el marco de la causa surgida a partir de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Fuentes judiciales informaron a NA que son elementos que no se habían llevado en los operativos realizados en agosto pasado de ese domicilio, situado entre las calles Juncal y Uruguay.

El procedimiento se llevó adelante en otro día de malas noticias brindadas por el Gobierno que cerró una jornada marcada por anuncios de nuevos aumento del transporte (38%), luz (55%) y gas (35%), este último sin pasar por la obligatoria audiencia pública.

La avanzada judicial se realizó anoche por personal de la Policía Federal -estuvo hasta las 22:20 aproximadamente-, al igual que el efectuado hace cuatro meses en el mismo lugar y en la casa que la ex mandataria posee en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Ese primer allanamiento, realizado de forma escandalosa, sin la presencia del abogado de CFK, Carlos Beraldi, y con dos testigos en Santa Cruz que eran en realidad militantes de Cambiemos.

Luego de esos procedimientos, Cristina radicó una denuncia ante la sospecha de que hubieran sustancias tóxicas en su domicilio de Juncal y Uruguay.

Días después, el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, difundió un comunicado en el que ella hizo un extenso descargo sobre los allanamientos realizados en los domicilios.

Portal de Noticias

El juez federal Claudio Bonadio mostró sus cartas y adelantó los criterios bajo los cuales avanzará en el procesamiento de los implicados en la denominada causa cuadernos. Pero la sorpresa no es la maniobra descripta en su informe parcial (un calco de la hipótesis inicial), sino el recorte del expediente que al comenzar en 2008- esquivará cualquier esquirla que pueda impactar en la familia presidencial y en la figura de Franco Macri. Del resumen de avances que detalló para clarificar la dirección que adquirirá el expediente también se deja traslucir que tampoco profundizará las contradicciones que surgieron con la postura que adoptó el Grupo Techint, que quedó en offside con respecto a las supuestas motivaciones de los pagos a funcionarios K que reconoció ante la Justicia.

Tampoco conmovió la impactante declaración de Carlos Wagner, acerca de cómo las empresas que integraban la “Camarita” se cartelizaban desde 2004- para ganar obra pública vial a cambio de coimas. Al cercenar el punto de origen de la causa, también destartaló uno de los esquemas sobre la presunta recolección de sobornos que eran los corredores viales, admitidos por el propio Claudio Uberti, eyectado como funcionario en 2007. Tácitamente, otro de los beneficiarios del bisturí del juez termina siendo Aldo Roggio, cuyo arrepentimiento implicó reconocer que había pagado al secretario de Transporte el 5% de los subsidios recibidos.

“¿Lava-Jato o ´Lava-Jeta´?”, se preguntó en lunfardo procaz un operador de la Justicia federal apenas se conoció el viernes por la noche un inusual “informe” de Bonadio en el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema. La conclusión es que se desalienta cualquier expectativa de una réplica local de un proceso anticorrupción como el de Brasil, con una investigación profunda tanto en el sector público como en el privado. Fiel al “Bonadio-Style” todo apunta a un avance en una instrucción lo más veloz posible para proceder a una elevación a juicio oral con los elementos existentes. Poco y nada (hasta ahora) de la ruta del dinero de los presuntos sobornos descriptos en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno; hubo chequeo de coincidencias espacio temporales con los escritos; y también profusas declaraciones de 15 “imputados colaboradores”, pese a que la Ley del Arrepentido exige verificación de los dichos con prueba independiente.

Dos aspectos quedaron claros del enunciado del juez: toda la maniobra de la asociación ilícita descripta como eje de la acusación comenzó para esta investigación recién en 2008, casi 5 años después de que Néstor Kirchner llegara al poder y ya en la presidencia de Cristina de Kirchner. Y tres años después de que, por idénticos motivos, Elisa Carrió hiciera su denuncia original (en 2005) que versaba sobre delitos cometidos entre funcionarios y empresarios. Ya es un detalle que no se describan los roles de la asociación ilícita salvo en jefes y miembros. La otra faceta que quedó al descubierto es que no hay intenciones de incluir en la pesquisa a Franco Macri, quien se deshizo en los papeles- de la constructora IECSA en 2007, para dejarla en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Wagner, en su declaración, había arrastrado a la compañía a los presuntos “inicios” de la cartelización, cuando describió que Julio De Vido lo encaramó en 2004 al frente de la Cámara Argentina de la Construcción para que organizara el reparto de licitaciones entre las firmas competidoras y asegurara que se pagaran los retornos con los adelantos de obra. En ese entonces, el patriarca de los Macri controlaba la constructora a través Sideco Americana. Los balances de IECSA eran firmados hasta ese momento por Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica, en nombre de SOCMA que ostentaba el 95.25% de las acciones. Con el desembarco de Mauricio Macri en el Gobierno porteño, la familia se desprendió de esa firma y de Creaurban haciendo un traspaso accionario que implicaría pagos escalonados de Calcaterra hasta su cancelación recién en 2015. El extitular de IECSA se apurará esta semana a ampliar sus dichos, desactualizados de los iniciales “aportes de campaña” que reconoció, en vista de lo que declararon sus pares sobre coimas.

Otra consecuencia del hachazo temporal es que deja pedaleando a Uberti, quien confesó que era enviado por Kirchner para recolectar sobornos mensuales de u$s 150 mil de los concesionarios viales, por su rol en el OCCOVI. Su papel abría el esquema de recaudación por esa vía que entre otras firmas también incluía a la empresa que explotaba el Acceso Norte, Autopistas del Sol (consorcio entre Dragado y Construcciones, Impregilo y Sideco Americana, de Macri); y el Acceso Oeste (Roggio, Odebrecht y Grupo Mexicano de Desarrollo); entre otros muchos peajes concesionados. Pero también su confesión generaba roces con el N°2 de Techint, Luis Betnaza. El exfuncionario aseguró que durante 2005 y 2006 cobró 6 veces del holding de manos del ladero de Paolo Rocca, quien sólo había argumentado una cuestión humanitaria por la nacionalización de Sidor, en Venezuela, recién en 2008. Uberti aseguró que el dinero que le entregaba antes Betnaza en sus oficinas iba dirigido a Néstor Kirchner.

Roggio admitió pago de retornos a cambio de subsidios a Ricardo Jaime y tácitamente a su sucesor desde el comienzo del kirchnerismo hasta 2011. Con su bisturí, Bonadio atenuó el impacto en la ventana temporal, algo que podría dejarlo mejor parado al auto-apartado directivo en la puja de la empresa por renovar la concesión del subte porteño por otros 12 años.

 

 

Ambito Financiero

El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, difundió este lunes un comunicado en el que hizo un extenso descargo sobre los allanamientos realizados en los domicilios de la ex presidenta por orden del juez Claudio Bonadio.

Habló de «ilegalidades» durante los procedimientos, de «persecución política» y denunció que una empleada doméstica se intoxicó al ingresar al domicilio de Recoleta debido a la presencia de un «tóxico» en el ambiente. Además, negó tener bóvedas y habló de «pruebas falsas».

El documento, titulado «Sobre los allanamientos a los domicilios de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner» y publicado en el sitio web de la ex presidenta, se desarrolla en ocho puntos.

«Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay, violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento», señala Beraldi en el inicio del comunicado.

En el segundo punto el letrado señala que el allanamiento en la propiedad de la ex presidenta en la ciudad santacruceña de El Calafate (que comenzó el viernes) «fue extendido en el tiempo» para generar «estrépito y material para las tapas de diario».

A su vez, Beraldi señala que «en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita».

Asimismo, asegura que los elementos confiscados en los allanamientos «no guardan relación con el objeto de la causa» y que su decomiso «no tiene otro propósito que generar daño y humillación».

Puntualmente al respecto del allanamiento en la casa de El Calafate, señala: «no sabemos quien entra o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa».

Es en el apartado 6° donde Beraldi denuncia que «quien se dedica habitualmente a las tareas del hogar en ese domicilio» (por el departamento porteño) se intoxicó junto a otras dos personasmientras realizaban tareas de limpieza en el departamento después del operativo.

«Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar», sostuvo el abogado.

«Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente», agregó.

En ese sentido, aseguró que «por esa razón» Fernández de Kirchner decidió  no regresar al departamento en cuestión.

«Finalmente, poniendo en evidencia la actuación coordinada de distintas instancias judiciales, el día viernes a la noche el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicó un insólito informe en el que Bonadío anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita», sostuvo.

Y concluyó: «Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner».

Denunciarán «persecución» ante la CIDH

​Gregorio Dalbon, otro abogado defensor de Cristina Kirchner, aseguró este lunes que realizarán una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por «persecución»contra la ex presidenta y senadora.

«Vamos a pedir la intervención de la CIDH por la persecución a Cristina Fernández de Kirchner. Viajo esta semana a Washington a hacer la presentación», sostuvo Dalbón en diálogo con Radio 10.

«Bonadío hace las cosas enojado, no pensando. Y es así cómo ha montado un circo que le ha salido mal. Nunca pensamos que iban a secuestrar un vehículo, que nada tiene que ver con la causa», señaló.

«Estamos muy preocupados. Hablé con Cristina para ver cómo estaba. No creo que hayan atentado contra la vida de la presidenta, porque ya estaríamos hablado de un magnicidio, pero es un escándalo porque sabían que ella iba a volver a dormir”, finalizó.

 

 

Clarín

El Senado define este miércoles si autoriza o no los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner, con el Bloque Justicialista dividido ante la votación y sus senadores en «libertad de acción» para decidir.

En la misma sesión, convocada para las 14:00, la Cámara alta tratará el proyecto de extinción de dominio, una figura jurídica que permite al Estado recuperar los bienes obtenidos y usados por el delito, incluido el de corrupción, por lo que éste concepto sobrevolará toda la jornada de debate.

Los allanamientos a los domicilios que la senadora del Frente para la Victoria (FPV-PJ) tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires fueron solicitados por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, por presuntas coimas y asociación ilícita.

De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320) el Senado debe votar si autoriza al juez a realizar los allanamientos, una decisión que divide al Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto, del cual depende la aprobación de una iniciativa de este tipo.

Como anticipó la agencia NA, en esa bancada hay varios senadores que no quieren aprobar los allanamientos y se diferencian de Pichetto, que se opone a un eventual desafuero sin que haya una condena sobre la ex mandataria, pero avala el procedimiento solicitado por Bonadio, por entender que se trata de «una medida de prueba».

El Bloque Justicialista quedó así en el medio del tironeo entre la bancada oficialista de Cambiemos, que está unánimemente a favor, y el kirchnerismo, que cerrará filas detrás su líder. La decisión del Senado se postergó el jueves de la semana pasada, dado que los fundamentos de la medida solicitada por Bonadio (que fueron reclamados por el bloque del FPV) llegaron a la Cámara alta minutos antes de la sesión pautada para ese día y con información que se encuentra bajo secreto de sumario.

En la previa, Bonadio ordenó este lunes allanar dos departamentos ubicados en el mismo edificio en el que vive Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, operativo que fue calificado como «un gran circo» y un «amedrentamiento» por parte del abogado de la senadora, Gregorio Dalbón.

 

El Destape Web

Minutos antes del inicio de su declaración indagatoria de este lunes ante el juez Claudio Bonadio, Cristina Kirchner subió a las redes sociales tres escritos que presentará en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. En este expediente, la actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidenta de la Nación.

Está señalada como la responsable, junto a Néstor Kirchner, de «comandar» una estructura que habría movido en coimas más de 200 millones de dólares.

Con duras críticas al juez Bonadio, la ex mandataria pidió que la investigación sea remitida al juzgado del juez Julián Ercolini, que la investiga por el direccionamiento de la obra pública, y en cuyo juzgado se encuentran otros expedientes que podrían estar vinculados a esta nueva acusación.

En su presentación, acusa además al presidente Mauricio Macri de perseguirla políticamente y solicita la nulidad de los cargos en su contra.

«A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional», inicia el escrito de Cristina Kirchner. No es la primera vez que acusa al actual Gobierno de estar atrás de las causas judiciales que la rodena.

Bajo esta línea argumentativa, requirió que el Presidente sea llamado a declaración testimonial, al igual que el presidente de Boca, Daniel Angelici, por su rol de «operador judicial», adjudicándole la negociación por la cual Ángelo Calcaterra -primo de Macri-  se convirtió en imputado colaborador (el ex dueño de Iecsa se convirtió en uno de los ocho empresarios arrepentidos en esta causa).

La asociación ilícita pudo cumplir con sus objetivos porque contó con «aportantes» de los «fondos indebidos» y según el fiscal Carlos Stornelli, fueron los directivos y ejecutivos de las principales compañías de la construcción y del sector energético. Entre ellos, el ex dueño de Iecsa, así como su ex CEO, Javier Sánchez Caballero, ambos imputados colaboradores como otros empresarios que asumieron haber hecho pagos al gobierno kirchnerista.

¿Qué dijo Cristina sobre esta situación? ,»Resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80`!.

Así, arremetió contra los empresarios: «Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas».

En este sentido, Cristina Kirchner cuestionó que Calcaterra se haya convertido en «arrepentido» y se refirió a una frase adjudicada al fiscal Stornelli sobre las «pocas sortijas que hay» para quienes busquen avalar la tesis de la asociación ilícita. «Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra», y añadió: «quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita».

Dudas sobre los cuadernos

La causa se inició con los ocho cuadernos que escribió durante diez años, con una interrupción de tres, el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Éste se convirtió en el primer «arrepentido» en la investigación. Según sus anotaciones, se había montado una estructura que recibía órdenes de Néstor y Cristina Kirchner para «la recaudación de fondos ilegales y así enriquecerse de manera ilícita».

De acuerdo al chofer, quienes recaudaban eran José Baratta, segundo del ex ministro de Planificación Julio de Vido, y otros ex funcionarios de esa dependencia. El dinero era llevado a la casa de los ex presidentes: sólo en cuatro años Baratta realizó 72 entregas por 60 millones de dólares en el departamento de Uruguay 1306, donde vive actualmente la ex mandataria.

En su presentación, la hoy senadora puso en duda la veracidad del actuar del ex chofer. «A raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar», sostiene en el escrito Cristina.

Así, para la ex Presidenta ésta sexta acusación en su contra en la Justicia Federal sólo responde a «la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante».

En este punto se refirió, sin nombrarla, a María Eugenia Vidal, una de «sus figuras emblemáticas» por «haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta».

Bonadio el «juez enemigo»

Junto a sus críticas sobre el inicio de la causa, la actual senadora también cuestionó el accionar del juez Bonadio de quien pidió su apartamiento y consideró que ya es investigada en otro expediente a cargo del juez Ercolini, donde se involucra el manejo de la obra pública.

«Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo», sostuvo Cristina y añadió: «actor principal del Lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI».

Sostuvo, en consecuencia, que se está ante una «causa armada» y remarcó: «Resulta inconcebible que Bonadio, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior».

 

 

Clarín