Tag

CIDH

Browsing

Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país», tuiteó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera los dejaron subir al avión. Los tres enviados por la CIDH a Caracas se quedaron en tierra, en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, desde donde tenían previsto volar a Venezuela para realizar una visita in loco (sobre el terreno), según denunció la propia CIDH, organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de sus redes sociales.

Era un viaje que se esperaba con expectativa, tras 18 años sin presencia de la CIDH en Venezuela y con las amenazas previas lanzadas desde el gobierno de Maduro. La misión de la CIDH, que viajará de inmediato a la frontera con Colombia, está presidida por la relatora panameña Esmeralda Arosamena y compuesta también por el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, y por el relator especial para la libertad de información, el uruguayo Edison Lanza.

«Día triste para la historia de los derechos humanos en la región. En 60 años hemos observado situación en gobiernos de cualquier tendencia, dictaduras cedieron a presión internacional», expresó Lanza respecto de lo sucedido.

Los tres delegados habían preparado una agenda intensa de cinco días con reuniones con organizaciones de derechos humanos, víctimas y sociedad civil, tras la invitación cursada por Juan Guaidó, el Parlamento democrático y la presidencia encargada. Horas antes de este incidente, Diosdado Cabello, cabecilla radical del chavismo, había advertido que «para nosotros la CIDH no existe, puede venir hasta la corte celestial». La semana pasada, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, había adelantado que la visita no estaba autorizada por Nicolás Maduro .

Los motivos de la visita frustrada

La agenda pública de la CIDH confirma porqué le gustaba tan poco esta visita al chavismo. Para hoy estaba previsto reunirse con embajadores y diplomáticos europeos y con los miembros de la misión de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Desde mañana y en adelante los tres enviados se habrían encontrado con víctimas de «graves violaciones», autoridades de la Asamblea Nacional (AN), con gremios y defensores de la libertad de expresión, con los parlamentarios perseguidos y dirigentes refugiados en embajadas, con expertos que conocen en profundidad la crisis humanitaria compleja de Venezuela, con defensores de los derechos de los niños, con familiares de militares privados de libertad y con la Iglesia Católica. Imprescindibles todos ellos para dibujar el mapa del horror venezolano.

El muro levantado por el chavismo contra la CIDH supone una infracción en los tratados internacionales, ya que Venezuela sigue formando parte de la OEA y del sistema interamericano, denunció Guaidó. «Al impedir la entrada de la CIDH, la dictadura se reconoce como violadora de derechos humanos, también vuelve a exponer sus contradicciones: los mismos que pidieron que la CIDH visitara otros países, que fueron visitados, hoy bloquean su ingreso a Venezuela», dijo el presidente interino tras conocer la noticia.

Uno de los países a los que se refiere es Chile, visitado recientemente por este organismo de la OEA. Incluso Evo Morales, aliado fiel de Maduro, denunció ayer ante la CIDH los obstáculos que está sufriendo su candidatura electoral. «Esto no va a ocultar las pruebas de que en Venezuela se violan los derechos humanos», sentenció Guaidó.

La misión de la CIDH también había advertido de antemano que de ser rechazada se desplazaría hasta la frontera con Colombia para entrevistarse con víctimas y con organizaciones.

La lista negra del chavismo en materia de derechos humanos suma cada día nuevos abusos y violaciones. La última conocida son las torturas: sólo en 2019 casi 600 personas fueron torturadas por agentes gubernamentales, lo que provocó la muerte a 23 de ellas. Desde la llegada de Maduro al poder en 2013 son 72 las víctimas mortales por torturas.

Ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, la creación de un «batallón de exterminio», persecución política y casi 400 presos políticos son sólo la parte más sangrienta de las violaciones chavistas a los derechos humanos. Además hay que sumar el éxodo obligado de más de cinco millones de personas y las constantes vulneraciones a los derechos en materia de salud.

La prohibición contra la misión de derechos humanos coincide con el aniversario del golpe de estado de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Maduro madrugó para desfilar con un batallón de militares, «una movilización llena de amor y sentimiento patrio para conmemorar el día de la dignidad nacional».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó para mañana a una audiencia de alegatos,antes de que dictamine sobre la responsabilidad del Estado argentino por «falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad».

La CIDH convocó a la audiencia -en la que estarán presentes representantes del Estado- a partir de un pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Se trata de la audiencia de alegatos, último paso antes de que la Comisión dicte el informe de admisibilidad y fondo y declare la «responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad», informó el CELS en un comunicado.

Luego de esto, el caso deberá pasar a ser tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace 20 años, en 1999, los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa denunciaron la responsabilidad de la Argentina por la falta de respuesta y por las irregularidades manifiestas para encubrir el atentado que ya eran públicas.

El pedido de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales responde también al «incumplimiento» del Estado de los compromisos asumidos en 2005, con el decreto 812/05.

Mediante ese decreto, con fecha 12 de julio de 2005, se aprobó el Acta suscripta el 4 de marzo de ese mismo año en la CIDH, por medio de la que el PEN reconoció la responsabilidad internacional del Estado y se propuso una serie de medidas para garantizar la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994. Informó Diario el Télam

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron este jueves su preocupación por la grave situación que vive Ecuador, donde se desataron masivas protestas contra reformas económicas impulsada por el presidente Lenín Moreno, quien tuvo que declarar el estado de excepción.

El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, cuestionó que «la situación en Ecuador sea tan extrema como para amenazar la integridad del Estado», rechazando «que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos».

La CIDH, por su parte, repudió el «uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales».

«Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos», indicó el organismo vía Twitter.

Policías y manifestantes se enfrentaron ayer en Quito, mientras varias ciudades sufrieron paros, manifestaciones, ataques a cajeros automáticos y asaltos a comercios.

«Hasta el momento tenemos 21 policías heridos, hay 277 detenidos que cometieron actos de vandalismo y atentaron contra la propiedad», dijo anoche el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

La Cruz Roja ecuatoriana también acudió a esa red social para denunciar «agresiones» contra «el personal humanitario que brindaba atención pre hospitalaria en las ambulancias», citó la agencia de noticias Europa Press.

Moreno decretó este miércoles el estado de excepción en todo el país «para garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad frente al caos generado por la ola de protestas».

Las manifestaciones se desataron en contra del último paquete de reformas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalización de precios.

El gobierno enmarca el conocido ya como «paquetazo» dentro de sus esfuerzos para reducir el déficit fiscal, que se estima actualmente en los 3.600 millones de dólares.

El objetivo de Moreno, que en febrero firmó un acuerdo de 4.200 millones de dólares con el FMI, pasa por reducir el déficit hasta los 1.000 millones de dólares en 2020, de esta manera lo reseñó El Clarín.

El Comité de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también atribuyó el «paquetazo» al acuerdo con el FMI, y sostuvo que «lo que el gobierno llama ‘Plan Prosperidad’ es en realidad un plan de ajuste estructural».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaba hace 40 años una visita a Argentina para verificar las denuncias que había recibido sobre torturas, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que perpetraba la dictadura militar como parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado.

Las presentaciones ante la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Argentina se remontaban a 1975, pero tras el golpe de Estado del 24 de marzo del año siguiente, las denuncias se multiplicaron, sobre todo las referidas a casos de desapariciones.

La dictadura militar que encabezaba Jorge Rafael Videla se negaba a recibir a los integrantes de la CIDH, al punto de lanzar una campaña de desprestigio contra los organismos de derechos humanos.

La presión ejercida por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, permitieron que en diciembre de 1978 los militares argentinos aceptaran que una delegación de la CIDH llevara adelante una visita al país.

La delegación de la CIDH llegó a Argentina el 6 de septiembre de 1979 y permaneció en el país hasta el 20 de ese mes, y las oficinas de la OEA, ubicadas en Avenida de Mayo al 700, recibieron 5.580 denuncias por parte de las víctimas, y los organismos de derechos humanos aportaron otras 3.000.

“Llegué a la mañana muy temprano y tuve que hacer varias horas de cola para presentar mi caso. Era una fila larguísima que daba vuelta a la manzana. Todos éramos familiares que desde hacía años buscábamos a nuestros desaparecidos”, cuenta en diálogo con Télam Cristina Muro, esposa de Carlos Alberto Chiappolini, secuestrado por los grupos de tareas de la ESMA en febrero de 1977.

El presidente Mauricio Macri encabezará un acto conmemorativo por los 40 años de la histórica visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó al país en plena dictadura militar, para verificar las denuncias que había recibido sobre torturas, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El acto se realizará a las 15.30, en la residencia de Olivos, y contará con la participación de una delegación de la CIDH que llegó el jueves al país, encabezada por su presidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

“Los argentinos debemos estar siempre agradecidos a la CIDH por el trabajo realizado y el informe que permitió echar luz ante la opinión pública de las atrocidades de la dictadura y el terrorismo de Estado implementado”, afirmó a Télam el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Durante el acto de este viernes serán oradores el presidente Macri, la titular de la CIDH y la ex integrante de la Conadep Graciela Fernández Meijide, así lo reseña Télam.