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Tras la declaración de Clarens, la Justicia busca el dinero de las coimas en el sur y no sería de extrañar que el escribano de Lázaro Báez, el actual gobernador de Chubut Mariano Arcioni podría estar en la ruta del dinero K y que su escribanía haya funcionado como una bóvega para guardar el dinero de la corrupción.

También se están investigando escalas del avión de Lázaro Baéz en Comodoro Rivadavia en donde se encuentran las oficinas de Arcioni, a este lugar se habrían pasado a retirar los retornos de la obra pública.

Nota relacionada: ¿El Avión de Lázaro Báez hacia escala en Comodoro para retirar las coimas de la obra pública de la escribanía de Arcioni?

Martin Buzzi ex gobernador de Chubut

Entre los mencionados en el mundillo judicial también figura el ex Gobernador Martin Buzzi y Sergio Mammarelli ex ministro coordinador del gobierno actual a quién adjudican roles durante la gobernación de Buzzi. Actualmente Sergio Mammarelli es funcionario del Gobierno Provincial de Arcioni.

Sergio Mammarelli

Qué pasó.

Tras las revelaciones del chofer Oscar Centeno, por medio de anotaciones en los cuaderno sobre cómo funcionaba el sistema de cobro de coimas del gobierno kirchnerista a empresarios, ahora la Justicia quiere encontrar y recuperar ese dinero. Se podría congelar lo que está en el exterior y secuestrar los dólares que sospechan estén escondidos en el país.

Dónde podría estar.

Los investigadores saben que una porción de ese dinero fue expatriado por las declaración de Clarens, el histórico financista de los Kirchner. Sin embargo, creen que otra parte está escondida en el sur del país por lo que será clave una investigación sobre uno de los escribanos de Lázaro Báez, nada más y nada menos que el Gobernador de Chubut Mariano Arcioni.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

PREÁMBULO

REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;

CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;

CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;

RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;

REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;

CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;

RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;

CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;

RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

PRINCIPIOS

1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.

4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

Investigan escalas en Comodoro de la ruta del pago de coimas de la obra pública 2011-2015., ya que Mariano Arcioni es su escribano y constituyo las empresas que luego le servirían a Báez para el enriquecimiento ilícito se sospecha que las mismas se podrían haber recaudado en sus oficinas.

La aeronave identificada llevaba al parecer las iniciales LV-ZSZ.

Fuentes judiciales confirmaron a Cholila Onliner que el Ministerio Público Fiscal estaría tras los pasos de una empresa que funcionaba como «taxi aéreo» y que se habría encargado de juntar «las coimas» de la obra pública en la gestión del ex gobernador Martín Buzzi entre 2011 y 2015. La investigación habría surgido a partir de testigos que declararon informalmente y forma parte de la causa «Revelación 2», que monitorea los retornos en la gestión anterior.

El avión pertenecería a la flota de Top Air, una empresa en la que participaba Lázaro Báez, dijo a Cholila Online un hombre que frecuenta asiduamente los pasillos judiciales. El empresario santacruceño que está preso se desprendió del paquete accionario de esta firma en 2015.

La fuente consultada por Cholila Online detalló que los datos que estaría investigando la Justicia indican que la aeronave «partía desde Río Gallegos y aparentemente hacía base en Comodoro, donde juntaba los cheques de los retornos de la obra pública y luego se dirigía a Buenos Aires para cambiarlos en una cueva financiera».

Debido a que Mariano Arcioni es escribano de Lázaro Báez y fundador de Acun Leufu S.A. se sospecha que el actual Gobernador pudo recaudar el dinero en su escribanía hasta que el avión hacía escala y continuaba su viaje presuntamente a “La Rosadita” adonde contabilizaban el dinero de la corrupción de la obra pública de la Patagonia.

Pablo Das Neves y Raquel Di Perna se presentaron ayer ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que llevan adelante la investigación sobre el patrimonio de la familia. Lo hicieron acompañados del abogado Emilio Galende y aportaron documentación sobre propiedades y bienes.

La familia Das Neves se presentó espontáneamente en fiscalía. Días antes, habían reprochado la decisión de los fiscales de no «citarlos» a declarar.

«Fue una buena jugada porque se muestran a derecho», confiaron a EL CHUBUT desde fiscalía en torno a la presentación espontánea de Das Neves y Di Perna. La familia que está siendo investigada por presuntas inconsistencias patrimoniales, dejaron documentación a los fiscales sobre propiedades y otros bienes. También llevaron el escrito que recibieron sobre supuestas compras de jugadores del club San Lorenzo de Almagro.

«Lo que hicieron está bien, sin embargo la contadora sigue analizando la documentación que ya teníamos porque entendemos que hay irregularidades en el patrimonio», aseguró uno de los fiscales.

Foto Archico

El ministro de Gobierno del Chubut, Federico Massoni, instó a la utilización de tobilleras electrónicas para el control de los arrestos domiciliarios. “De esta manera estaríamos generando la sociabilización de estas personas y descomprimiendo los espacios de detención que en su mayoría se encuentran completos o con sobrepoblación”, dijo el funcionario sin explicarle a la sociedad quién se hará responsable si alguno de los detenidos con tobilleras atenta contra los ciudadanos de bien.

“Ya tenemos la tecnología y la estamos aplicando”, manifestó Massoni que tiene cientos de patrulleros en mal estado, sin combustible y comisarías con deficiencia edilicia.  “Aceleramos su utilización porque nos encontramos que no tenemos espacios, lo que generó que se decrete la emergencia carcelaria en Chubut”.

De esta manera el Ministro le dejo bien el claro a los Chubutenses que ningún agente policial custodiará a estos condenados con arresto domiciliario lo que alertó y pone en riesgo la seguridad ciudadana de la población que está en alerta y movilización ante la ola de inseguridad que se vive en la provincia que es tapada por los medios que perciben pauta publicitaria.

Estimado Mariano me gustaría decirte Gobernador pero para eso se debe ganar una elección y vos no has ganado ni una elección barrial, por lo tanto me dirijo a ti mencionándote como el escribano de Lázaro Báez que es lo más importante que has hecho en tu vida, el mismo Arcioni que aparece en la libreta de Diego Correa con medio millón de pesos por mes.

Entonces, escribano de Lázaro Báez con respecto a la supuesta querella de Federico Massoni, como yo no tengo tanto tiempo como ustedes para perder porque trabajo te solicito encarecidamente que se pongan a gobernar y dejen de perder el tiempo en juicios que luego el Estado pierde y tienen que pagar todos los Chubutenses además de hacerle perder tiempo a la Justicia y la Sociedad.

Si queres poner un circo ponelo de manera privada no en el Gobierno porque le jodes la vida a más de 500.000 Chubutenses que se tienen que fumar que después que falleció Mario Das Neves haya quedado el escribano de Lázaro Báez como Gobernador como frutillita del postre.

Por Darío Fernández

Director General Cholila Online

Nota Relacionada: http://El Gobierno de Chubut contra Cholila Online

El diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni destacó la importancia de la participación y aportes de distintos sectores ligados a la actividad turística chubutense con relación a un proyecto de ley que presentó para crear el Colegio Profesional de Turismo de la Provincia del Chubut como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá a su cargo el control del ejercicio de la actividad del Profesional de Turismo y ejercerá el gobierno de la matrícula en el territorio provincial.

El Colegio Profesional no tendrá fines de lucro, y para el cumplimiento de los objetivos que habilita la presente Ley, se regirá observando sus disposiciones, la reglamentación específica y supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia del Chubut.

Para avanzar en dicha iniciativa, el legislador recibió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura a representantes del ámbito turístico regional, Mónica Robert, Leonardo Landa, Leonardo Jones, Viviana Rodríguez, Emiliano Servici, Guillermo Felgueras y Anahí Polaco quienes no sólo intercambiaron inquietudes y propuestas sino que le presentaron los avales de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y San Juan tres de las ocho provincias donde rige la ley.

La importancia del turismo

“Esta reunión, solicitada por los profesionales de actividades turísticas de esta región valletana, pone de relieve no sólo el interés participativo en avanzar en una ley de colegiación sino que ello refleja también la importancia que tiene esos sectores en el desarrollo de la actividad económica chubutense, como así también la valoración que tiene dicha actividad para la promoción de los recursos naturales de nuestra provincia”, resaltó Pagliaroni.

El legislador destacó la importancia de esta charla en comisión legislativa no solamente para plasmar la intención de colegiación sino también tratar aspectos generales sobre el actual panorama y expectativas generadas en torno al turismo chubutense.

En ese contexto, Pagliaroni expuso la importancia de los aportes de los sectores estatales y privados vinculados con el turismo que, más allá de la defensa desde el ámbito institucional y labor política, el legislador radical cuestionó que “no hay correlato con la función pública” en el sentido que, a su juicio, estos sectores deberían ser más escuchados en la formulación de políticas públicas inherentes a turismo provincial. Asimismo, planteó la importancia de la capacitación de esos sectores.

Importancia del registro

Tras aludir a la sanción de la ley creando el Colegio Público Profesional de Corredores Inmobiliarios en Chubut, Pagliaroni expuso la importancia de avanzar en esta colegiación de profesionales del turismo como también es indispensable organizar un registro para determinar concretamente cuántos operadores y profesionales trabajan en actividades en relación con el turismo chubutense, y reflexionó al respecto sobre unos 280 inscriptos en agencias turísticas y la necesidad de registro estatal sobre nuevos profesionales egresados en últimos años.

El legislador alentó expectativas sobre nuevos aportes a este proyecto de ley de colegiación por profesionales del turismo de otras zonas de la provincia, que también disponen de ese proyecto legislativo.

Aseguran que se encargaba de trasladar el pago de supuestas coimas de la obra pública. La aeronave identificada llevaba al parecer las iniciales LV-ZSZ.

Fuentes judiciales confirmaron a EL CHUBUT que el Ministerio Público Fiscal estaría tras los pasos de una empresa que funcionaba como «taxi aéreo» y que se habría encargado de juntar «las coimas» de la obra pública en la gestión del ex gobernador Martín Buzzi. La investigación habría surgido a partir de testigos que declararon informalmente y forma parte de la causa «Revelación 2», que monitorea los retornos en la gestión anterior.

El avión pertenecería a la flota de Top Air, una empresa en la que participaba Lázaro Báez, dijo a EL CHUBUT un hombre que frecuenta asiduamente los pasillos judiciales. El empresario santacruceño que está preso se desprendió del paquete accionario de esta firma en 2015.

La fuente consultada por EL CHUBUT detalló que los datos que estaría investigando la Justicia indican que la aeronave «partía desde Río Gallegos y aparentemente hacía base en Comodoro y Trelew, donde juntaba los cheques de los retornos de la obra pública y luego se dirigía a Buenos Aires para cambiarlos en una cueva financiera».

Según pudo saber este Diario, esa casa de cambio se encontraría ubicada en la calle Perón de la ciudad de Buenos Aires.

 

 

El Chubut

La espectacularidad de los procedimientos judiciales y las investigaciones penales en marcha, tanto a nivel nacional con los “cuadernos de la corrupción” como provincial, con detención de empresarios y ex funcionarios, parecen responder a patrones comunes, cualquiera sea el ámbito y el signo político involucrado.

El vínculo entre el poder político y económico aflora con intercambio de burdos bolsos con millones de dólares o complejos negocios más difíciles de explicar y de probar por su trama de sofisticación, pero igualmente turbios.

Sin embargo, resulta llamativo también por qué en algunos casos hay avances rápidos y en otros los expedientes duermen durante años hasta ser cubiertos por el olvido. Una de esas “bellas durmientes” parece ser la causa “Ingentis” en Chubut.

Lo llamativo en relación a este caso es que la investigación penal, en manos del fiscal Báez, no ha avanzado hacia ningún tipo de definición, pese a contar con una pericia contable elaborada por una integrante del cuerpo de peritos de la Procuración General de la provincia, en la que surgen elementos que bien podrían fundar la citación a declarar a ex funcionarios y empresarios participantes.

Dicha pericia, finalizada en diciembre del año 2014, arroja elementos que dan cuenta de que pudo haber maniobras de vaciamiento de la empresa, cuya participación le ha costado al Estado provincial una suma todavía no precisada de pérdidas, pero que puede resultar no inferior a los 30 millones de dólares, sin considerar que todavía está pendiente de pago un monto superior a los 6 millones de dólares por parte de Petrominera a favor de Pampa Holding, que le inició juicio por no haber terminado de comprarle el 24% de acciones que estaba en su poder y de las que la firma conducida por Marcelo Mindlin decidió despojarse en el año 2010.

Mal negocio estatal con beneficios privados

Ingentis comenzó en el año 2007, con una asociación entre el Estado provincial y la firma Emgasud, del empresario Alejandro Ivanisevich.

 

El propósito del proyecto era construir un parque de generación eléctrica de 400 Mw en Dolavon, lo que en poco tiempo quedó totalmente descartado. Posteriormente se sumó, a través de la creación de “Ingentis S.A”, la participación de Pampa Energía, compañía que hoy mantiene el litigio y que podría plantear la quiebra de Petrominera en caso de que no se le abone la cifra estimada en algo más de 6 millones de dólares.

Sin embargo, es interesante detenerse a observar algunos detalles de la pericia contable realizada en el 2014, en el marco de una denuncia penal formulada por la Fiscalía de Estado en 2012, por presunta defraudación al Estado:

“Hay situaciones que a mi entender profesional, teniendo en cuenta la situación de la empresa, pueden considerarse como indicios de vaciamiento”, advirtió la perito contable en el trabajo entregado hace más de 4 años, pero que al parecer no llamó la atención de los fiscales del caso.

La descripción de maniobras que realiza en forma posterior a la anterior afirmación es de un alto nivel de complejidad, pero queda en evidencia la falta de documentación de todo el proceso, en el que se describen pagos de varios millones de dólares sin claridad de los contratos y en el tipo de servicio brindado para efectuar dichas transacciones, considerando que el proyecto nunca llegó a ponerse en marcha.

La pericia

“Es también llamativo –sostiene la pericia- que el socio privado en diciembre de 2007 le presta plata a la Sociedad a una tasa en dólares del 18% aproximadamente (recuérdese que no estaba identificada la tasa de interés), que compensa cuando le reclaman el aporte pendiente de integración. Y en junio de 2011, cuando se da la situación inversa (es decir, toma plata de la sociedad para financiarse) el crédito es a una tasa del 4% anual en dólares”.

La descripción de acciones incluye además decisiones de ampliar el aporte de capital en el año 2008 ,que la provincia cumple en su carácter de socio minoritario, pero que los socios privados demoran y activan préstamos a la sociedad, beneficiándose con el cobro de altos intereses.

Asimismo, la pericia describe una serie de maniobras de ventas de caños usados por parte de Emgasud a precios que luego se verificó que eran superiores a los de mercado, entre otras maniobras que además incluyen la compra de dos turbinas, una de las cuales sigue en Estados Unidos y la segunda se quedó en manos de Pampa Energía.

¿Hay interés en investigar?

Esta columna dialogó con integrantes del Poder Judicial y se mostraron extrañados por el alcance de la pericia y el escaso resultado que registra la investigación penal.

No está claro si podría caber reproche penal a los empresarios involucrados, pero hay muchas dudas respecto de si los funcionarios que tuvieron participación extremaron los deberes de cuidado para gestionar fondos y bienes del Estado. Parece pura retórica, sobre todo cuando el mismo Estado cuyos recursos se dilapidan (¿o se embolsan a favor de bolsillos particulares?) en aventuras delirantes, es el que luego debe apelar a campañas solidarias para garantizar los mínimos aspectos de funcionamiento en servicios esenciales de salud, educación o justicia.

¿Hay elementos para indagar? ¿O para archivar, dando garantías de que solamente se trató de un “mal negocio” y no hubo ilícito alguno en la operación? Cuando en 2010 se ordena el ingreso de Petrominera a la sociedad, ¿ya estaba claro que el proyecto era inviable y se decidió avanzar de todos modos, pese al perjuicio que ello traería a la empresa estatal?

La peor respuesta a estos interrogantes sigue siendo la desidia y el contraste entre el énfasis puesto en algunos hechos y el desinterés en otros, igualmente graves por el tipo de perjuicio que encierran para el Estado. Por ahora, en lugar de quemar gas para generar electricidad, lo único que vaporizaron las turbinas son los millones de dólares que le sacaron a la provincia.

ADN Sur

La Administración de Vialidad Provincial (AVP), que conduce Nicolás Cittadini, continúa con el proceso licitatorio Nº 23/18 que contempla la adquisición de cubiertas varias con un presupuesto oficial de 4.012.000 millones de pesos.

Este miércoles se abrieron los sobres para la renovación de un insumo básico para el funcionamiento de todo el parque automotor. No solo durante el operativo invernal, sino con posterioridad para realizar los trabajos de repaso y mantenimiento de las rutas provinciales.

Ofertas

En esta oportunidad se presentaron tres ofertas, de las cuales una fue desestimada por falta de documentación, mientras que entre las restantes, la firma Abercar S.R.L realizó una propuesta económica de 5.776.188,93 pesos con una propuesta alternativa de 3.382.811,83 pesos.

En tanto, Sur Neumáticos S.R.L ofertó 4.720.175,37 pesos para que se concrete la adquisición de este tipo de insumos para Vialidad Provincial.