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Chito Alarcón

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Luego de ser declarado autor de fraude contra la Administración Pública, el Ministerio Público Fiscal pidió ayer 4 años de prisión para el ex funcionario dasnevista, Oscar «Chito» Alarcón. Por su parte la defensa solicitó 2 años.

La sentencia se conocería el miércoles de la semana que viene. Cabe recordar que el Juez Martín O’Connor encontró debidamente probados los cargos presentados por la Fiscalía y resolvió declarando autor penalmente responsable a Oscar Roberto Alarcón de los delitos por los que fue llevado a juicio.

Alarcón, que era empleado de planta permanente de la Municipalidad de Trevelin desde el año 1996, fue nombrado Director General de Ceremonial de la Provincia, el 10 de diciembre de 2015.

El juez tuvo por probado que el acusado no puso en conocimiento del Municipio la incompatibilidad que estaba obligado a informar de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ética Pública, la Constitución Provincial y el Estatuto del empleado provincial. Esa omisión llevó a que comenzara a percibir los dos sueldos, uno por la función provincial y otro por el empleo municipal. Situación que se extendió desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 1 de marzo de 2018. Recién entonces, solicitó licencia política.

El ex funcionario provincial estaba obligado por la ley de ser garante del cumplimiento de las normas, en lo que a él compete. Se encontraba en posición de garante de ese cumplimiento. Silenciar su situación ante la Municipalidad de la cual era empleado, le posibilitó la percepción de dos sueldos contemporáneamente, y de ese modo se configuró una modalidad de comisión por omisión del delito de estafa, agravada por ser en perjuicio de la administración pública.

El tribunal entendió que de ese modo llevó a error a la «Municipalidad de Trevelin al no tener ella un cuadro completo de la situación de revista del acusado. La actitud omisiva persistente (pese a su clara obligación en contrario) también permitió que la Administración Pública Municipal continuara en el error y la doble percepción salarial se extendiera hasta el 1 de marzo de 2018, esto es, por espacio de más de 2 años y 3 meses».

La defensa cuestionó la existencia de perjuicio real para el municipio, porque se llegó a un acuerdo entre las partes por el que Alarcón devuelve en cuotas los salarios mal cobrados.

Sin embargo el juez entendió que el perjuicio ocasionado al municipio se produjo al momento de no poder disponer de los fondos. La cifra asciende a $ 885.477,77, esto es el haber más los aportes y contribuciones. Más allá de estar devolviendo el dinero mal cobrado, el faltante de fondos que afrontó la Municipalidad configura el perjuicio exigido por la figura típica, especificó O’ Connor.

Asimismo, y además del fraude comprobado, «la omisión tenida por probada configura el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en su modalidad omisiva».

El fiscal Crettón lo acusó que mientras se desempeñaba como funcionario del último gobierno de Mario Das Neves, continuó percibiendo su sueldo como empleado de la Municipalidad de Trevelin. El abogado defensor, Fabián Gabalachis alega que no hubo ninguna conducta imputable a su defendido. Indicó que los órganos del Estado contaban con toda la información necesaria, y que si actuaron sin el debido celo, no es responsabilidad de su representado. El juez O’Connor anunció que el miércoles dará a conocer su fallo.

En el marco del juicio a Oscar “Chito”Alarcón, por el presunto cobro de doble sueldo –en el municipio de Trevelin y en el Estado chubutense-, caso que se ventila en los Tribunales de Esquel, el juez Martín O’Connor analiza los planteos de las partes en sus alegatos, y dictará el fallo el miércoles 31 de julio, así lo detallo El Patagónico en su portal web.

El fiscal Marcelo Crettón defendió la tesis de la acusación pública, y pidió la declaración de responsabilidad penal de Alarcón, “por haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública, agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El abogado defensor, Fabián Gabalachis, en cambio, sostiene que no hubo ninguna conducta imputable a su defendido, e indicó que los órganos del Estado contaban con toda la información necesaria, y que si actuaron sin el debido celo, no es responsabilidad de Oscar Alarcón.

De acuerdo a lo que informa el diario Jornada, Crettón repasó uno a uno los testimonios, resaltó las omisiones que entiende cometió Alarcón, y el desconocimiento del municipio de Trevelin respecto de que el imputado había comenzado a percibir haberes del Estado provincial. Expuso que al momento de conocer esta situación, se pidió opinión al cuerpo legal, iniciándose un sumario administrativo. Fue entonces cuando se aconsejó al intendente la realización de la denuncia penal.

El fiscal asimismo resaltó que no se había detectado antes porque no existía un sistema que lo pusiera en evidencia. Cuando el Tribunal de Cuentas fue informado, pidió la documentación.

Reiteró que “Chito” Alarcón omitió informar su designación en el municipio en el que se desempeñaba como empleado público integrante de planta permanente, en pleno conocimiento del deber de denunciar que le impone la normativa vigente (Arts. 67 segundo párrafo de la Constitución Provincial, Art. 14 y 20 de la Ley I Nº231 – Ética de la Función Pública). El acusador sostuvo que una persona que actúa de buena fe, al verificar la doble acreditación de haberes hubiera puesto en conocimiento de quién corresponda esta situación.

Mientras, Gabalachis volvió a criticar la acusación pública. Insistió en que en este caso no existió ninguna acción, comisión, ardid o engaño para lograr hacer incurrir a la Administración Pública en un error que le generara un perjuicio. Lo que hizo fue no informar. “No hubo maniobras de Alarcón, actitudes, actividades comisivas”, resaltó. Sostuvo además que el decreto de designación por el entonces gobernador Mario Das Neves, fue a parar a su legajo personal en la municipalidad de Trevelin. “Cuanto más exigible es la conducta de la víctima menos la del sujeto activo”, acotó.

“La deficiencia de no haber informado su rol o percepción dentro de la administración pública provincial –recalcó el letrado-, no se le puede achacar cuando el municipio no cuidó apropiadamente sus intereses”.

Finalmente se refirió al error de prohibición. Entendió que si en el decreto de su designación, el gobernador decía que comenzaba a remunerarse su función por el Ministerio de Coordinación de Gabinete, al cobrar ese salario era entendible que considerara que la situación era correcta. Solicitó la absolución. El fallo del juez, se conocerá el miércoles 31 de julio.

Hay que recordar que la Justicia también investiga a Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que ya fue elevada a juicio. La Fiscalía le imputó al exjefe de ceremonial de las administraciones del fallecido gobernador Mario Das Neves no poder justificar con sus sueldos de empleado público la compra de terrenos en Rawson y Playa Unión por casi diez millones de pesos.

La audiencia se realiza en Esquel y el Juez dio por desistida la querella al no presentarse la Fiscalía de Estado.

Empezó esta mañana en Esquel el juicio contra el exfuncionario provincial Oscar “Chito” Alarcón, en el marco de la causa por la doble percepción de sueldos en provincia y en la municipalidad de Trevelin.

Los hechos fueron calificados como fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el inicio de la audiencia la defensa de Alarcón, a cargo del Dr. Fabián Gabalachis pidió que se tenga por desistida la querella por incomparecencia de la Fiscalía de Estado y tras un cuarto intermedio de media hora el juez hizo lugar al pedido.

La acusación de la fiscalía sostiene que en el período comprendido entre el 10 de Diciembre de 2015 y el 28 de Febrero de 2018, en el Municipio de Trevelin, en circunstancias en que el encartado Oscar Roberto Alarcón, empleado municipal, quien se hallaba adscripto a legislatura, a través del Decreto Provincial Nº11/2015, es nombrado para desempeñar un cargo de Director General de Protocolo y Ceremonial de la Provincia a partir del 10 de Diciembre de 2015, omitiendo informarlo en el mencionado Municipio en el que se desempeñaba como empleado público integrante de planta permanente, en pleno conocimiento del deber de denunciar que le impone la normativa vigente (Arts. 67 segundo párrafo de la Constitución Provincial, Art. 14 y 20 de la Ley I Nº231 – Ética de la Función Pública).

La tesis de la acusación señala que este ardid le posibilitó la doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial de la municipalidad, desde la fecha de su nombramiento hasta el día 28 de Febrero de 2018, fecha en que lo informó y solicitó licencia política (Art. 36 de la Ordenanza 35/95 del HCD – Estatuto Municipal) para continuar el desempeño del cargo provincia. Para la fiscal, con esta omisión, incumplió además los deberes legales derivados del cargo.

El monto percibido indebidamente por Alarcón ascendería a la suma de 711.448,37, comprensivo de los conceptos de haberes ($ 703.149,17) y asignaciones familiares ($ 8.299,20), conforme liquidación efectuada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuantificando la magnitud económica de los perjuicios.

Jornada

Quien defiende a una persona que está yendo a juicio por la presunción de estafar y apropiarse de fondos del Estado es premiado e incorporado a la planta de CORFO.

Se trata de Carlos Alberto Conti y la matriz de corrupción del Dasnevismo sigue a pleno en algunos sectores del Estado provincial y esta vez es Sixto Bermejo (amigo personal de Conti), aliado de Das Neves desde el Pach, y presidente de CORFO quien habría resueltó incorporar a planta al cuestionado abogado.

Pensar que hay cientos de trabajadores de distintos organismos que pelean por años por el ingreso a planta o una mejora en su condición y algunos se lo ganan de muy dudosa manera.

La resolución del presidente de CORFO lleva el número 160/19 y tiene fecha del 30 de mayo de 2019, treta que se utiliza para que su nombramiento no pueda ser dado de baja por el próximo gobernador que tiene permitido revisar nombramientos y darlos de baja, seis meses para atrás.

Bermejo no sólo incorpora a alguien que está accionando contra el propio Estado sino que también tuvo temor de que Arcioni perdiera las elecciones. ¿Tiene dudas o no está jugando como tiene que jugar con el lugar que ocupa?

¿Por qué algunos siguen encubriendo y dando beneficios a quienes integraron lo peor de la corrupción dasnevista y siguen defendiendo a esta gente más allá del principio de inocencia la sociedad ya no los quiere en el estado?

La Fiscalía determinó que el presunto enriquecimiento ilícito de “Chito” Alarcón no es menor a 9 millones de pesos. Incluye propiedades y terrenos en Playa Unión, Rawson y la zona cordillerana. Cabe señalar que durante los años 2003 y 2018 Alarcón siempre ocupó cargos públicos ya sea en Ceremonial de Mario Das Neves, en la Municipalidad de Trevelin de donde es oriundo o en el Instituto Provincial de la Vivienda donde estuvo adscripto.

Conti también defendió a Dahur y Suárez

Otro defendido del abogado y ahora empleado de CORFO, Carlos Conti es David Josué Dahur, ex director de relaciones institucionales de la Lotería provincial que está imputado de organizar las maniobras en lo que los investigadores consideran, se trató de una asociación ilícita encargada de estafar al estado mediante contrataciones.

La lista de “amigos en desgracia” no termina ahí porque Carlos Conti también patrocina a Marcelo Suárez en uno de los desprendimiento de la causa “El Embrujo” y relacionados a la emergencia de Comodoro Rivadavia que responsabilizó a Leticio Huichaqueo por todo y a pesar de esto también la ex Ministra sigue cobrando un sueldo de “ñoqui”.

Un dato más

Este último dato parece menor a la par del “prontuario” de defendidos del abogado Conti. Dice la resolución que lo nombran como abogado para la Regional Oeste (Esquel y Comarca) de CORFO (artículo 2º de la Resolución), cuando en realidad Conti tiene domicilio en Playa Unión según consta en la web del Colegio Público de Abogados (http://www.cpatw.org.ar/abogados/). Su afincamiento en la capital provincial también está demostrado ya que trabajó como Secretario Legislativo en el Concejo Deliberante de Rawson, lugar al que llegó por propuesta de los concejales de Chubut Somos Todos en agosto de 2017.

Ayer se sorteó la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento en la causa contra Oscar «Chito» Alarcón por enriquecimiento ilícito. Los jueces José García, Mirta Moreno y Sergio Piñeda serán los que determinen la responsabilidad del exfuncionario.

El Tribunal que juzgará el accionar del exdirector de Ceremonial del Gobierno provincial quedó conformado luego del sorteo que se realizó al mediodía en la Oficina Judicial de Rawson, a cargo de la directora Karina Breckle.

En el juicio oral y público, Alarcón deberá justificar la adquisición de bienes inmuebles con los ingresos que percibía como director de Ceremonial en las gestiones de Mario Das Neves y como funcionario del Instituto Provincial de la Vivienda.

La designación del juez García está en dudas para el juicio, porque desde la Oficina Judicial de Rawson confirmaron que el proceso no comenzará hasta antes de octubre, fecha para la cual estimaban que el letrado ya estaría jubilado. De concretarse, el reemplazante será Marcelo Nieto Di Biase.

Los motivos del comienzo del juicio después de octubre están relacionados estrictamente al impedimento de los propios fiscales, ya que Omar Rodríguez y Alex Williams tendrán primero el juicio oral y público de «Embrujo», posteriormente otro en donde está imputado Pablo Korn, y recién ahí estarán disponibles para el proceso por presunto enriquecimiento ilícito de Alarcón.

 

 

El Chubut

Oscar “Chito” Alarcón, ex jefe de ceremonial del extinto gobernador Mario Das Neves, será sometido a juicio oral y público por el delito enriquecimiento ilícito al no poder justificar con sus sueldos de empleado público la compra de terrenos en Rawson y Playa Unión por casi diez millones de pesos.

En una audiencia realizada en la mañana de este jueves en la Oficina Judicial de Rawson, el juez de garantías Fabio Monti convalidó la calificación legal escogida durante la investigación por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, además de pruebas que de manera cruzada fueron cuestionadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal y el defensor Fabián Gabalachis. Se trata de grabaciones de llamadas interceptadas y fotocopias de documentación bancaria que fueron convalidadas por el juez Monti y que junto otros documentos y evidencias además de testigos –entre ellos Raúl Celi, ex esposo de la actual pareja de Alarcón- conformarán todo el marco probatorio de los hechos que se investigan.

Durante los años 2003 y 2018 Alarcón siempre ocupó cargos públicos ya sea en Ceremonial de la Provincia, en la Municipalidad de Trevelin de donde es oriundo o en el Instituto Provincial de la Vivienda donde estuvo adscripto. Para los fiscales los sueldos que percibió de ninguna manera justifican la posibilidad de la compra de los seis terrenos –cuatro en Playa Unión y Dos en Rawson- por un valor total de 9.700.000 pesos.

En la audiencia los querellantes representantes de los diputados del Frente Para la Victoria de la Legislatura el Chubut, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado convalidaron la acusación y las pruebas reunidas tal como fueron presentadas por los fiscales Williams y Rodríguez.

En el juicio serán tres los jueces que fallarán acerca de la culpabilidad o la inocencia de Oscar Alarcón que prefirió en la audiencia no hablar, desde la ciudad de Esquel mediante el sistema de video conferencia.

Tiene fecha y hora la audiencia de elevación a juicio contra Oscar “Chito” Alarcón, exdirector de Ceremonial durante el gobierno de Mario Das Neves, por el delito de enriquecimiento ilícito. Será el jueves 9 de mayo a las 9.

La investigación la llevan adelante los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams. Se inició el año pasado y es un desprendimiento de la causa El Embrujo.

Se lo acusa de tener un patrimonio cercano al millón de dólares en bienes, según la tasación que realizaron martilleros públicos y su imposibilidad de justificar la compra de múltiples propiedades inmuebles en octubre de 2014.

A modo de descargo, el mes pasado, el exfuncionario provincial presentó fotocopias de tres plazos fijos que datan del año 1999 y su abogado defensor, Fabián Gabalachis, se opuso a las intervenciones telefónicas y a la tasación que se realizó en el marco de la investigación por parte de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra la Administración Pública.

La investigación se abrió el 30 de julio de 2018 y durante esa audiencia los fiscales mencionaron que Alarcón sería investigado por la compra de tres terrenos en Playa Unión, la construcción de una casa en el barrio Gregorio Mayo de Rawson y la compra de un terreno con un edificio de oficinas de dos plantas a estrenar en la ciudad capital.

Por ese entonces Alarcón cumplía funciones como director de Ceremonial de la Provincia pero además como empleado de la Municipalidad de Trevelin. Es por eso que para los fiscales era sospechoso el incremento de patrimonio que tuvo, por la falta de capacidad económica para adquirir estos bienes con el sueldo de funcionario provincial y el de la Municipalidad cordillerana.

En su defensa Alarcón había argumentado que la compra de los inmuebles las había realizado con sus ahorros mensuales y con aportes de su concubina, Carmela Mirenda, y que los precios pactados por los mismos causaron una demanda civil entre los sucesores de la familia Tocho, propietarios originales.

Además había dicho en esa audiencia de 2018 que las compras las había podido concretar porque por ese entonces su sueldo como director de Ceremonial era de 30.000 pesos más los viáticos por su función, y que esto le permitía ahorrar mensualmente entre 5.000 y 10.000 pesos.


 

Diario Jornada

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase hizo suya la postura del fiscal Alejandro Franco y resolvió liberar a los imputados David Dahhur y Oscar “Chito” Alarcón. Se tuvo en cuenta que se ha avanzado en la producción de prueba y lo que resta son peritajes que están en curso por lo que ya no podrán entorpecer la investigación.

En tal sentido el fiscal Franco menciono que “ambos imputados fueron cambiando su situación en forma progresiva conforme se avanzaba en la investigación y producción de prueba”.

Los recaudos legales que dispuso el Juez fueron, la prohibición de contacto con los testigos de la causa, además deberán presentarse cada quince días en la oficina judicial para verificar que están en la zona y la prohibición de salir del país sin previo aviso, ambos defensores estuvieron de acuerdo con la postulación del MPF.

Cabe recordar que los dos imputados fueron ex funcionarios de la gestión de Mario Das Neves al frente de su última gobernación en la provincia del Chubut. Alarcón, cumplió funciones como director de ceremonial y la medida que debía cumplir era que durante tres meses tenia que ir de su casa al trabajo y del trabajo a la casa –único deambular permitido-, con una tobillera electrónica que mediante un satélite controlará sus movimientos. Dahhur, ex director de relaciones institucionales de la Lotería provincial que está imputado de organizar las maniobras en lo que los investigadores consideran, se trató de una asociación ilícita encargada de estafar al estado mediante contrataciones realizadas por el Instituto de Seguridad Social del Chubut, cumplía arresto domiciliario. Producto de la investigación surgieron lazos de estas maniobras en Lotería, con el accionar del grupo que se encuentra involucrado en la causa “Embrujo”.

Los fiscales indicaron que este grupo de imputados “montaba toda una infraestructura con dineros obtenidos ilegalmente y que ahora son parte de la causa Embrujo”, para destinarlos a seguir estafando al Estado mediante las contrataciones en Lotería utilizando la firma “SONO eventos”.

Oscar Alarcón, el ex jefe de ceremonial provincial imputado de enriquecimiento ilícito, presentó fotocopias de tres plazos fijos de 1999 como prueba de defensa. Los fiscales lo acusan de poseer una fortuna cercana al millón de dólares en bienes.

Fabián Gabalachis, el abogado particular de Alarcón, se opuso a las intervenciones telefónicas y a la tasación de bienes que realizaron martilleros públicos sobre las propiedades del ex jefe de ceremonial de provincia. Y como prueba de descargo presentó fotocopias de plazos fijos.

Los Fiscales Generales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública, Alex Williams y Omar Rodríguez, contestaron las objeciones formuladas y citaron jurisprudencia resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación e inconstitucionalidad»,  “Jaime Ricardo Raúl y Otros s/ Enriquecimiento Ilícito” y César Milani.

Desde el Ministerio Público Fiscal se oponen a las fotocopias de supuestos recibos de plazo fijo aportados por Gabalachis. “Se requirió se aporten originales,  requerimiento que no se cumplió ya que solo se trajeron las mismas fotocopias con una certificación de firma del empleado del Banco Emisor pero que nada prueba sobre la verosimilitud y contenido de la documental ofrecida, a ninguno de los operadores del sistema escapa la imposibilidad de realizar contra prueba sobre una fotocopia de ahí que surge la absoluta impertinencia de la prueba ofrecida más allá de lo inverosímil que resulta intentar justificar una compra de múltiples propiedades inmuebles en Octubre de 2014 con fondos provenientes de plazos fijos del año 1999 de los cuales no se ha acreditado su permanencia en el tiempo”, indicaron Williams y Rodríguez.

La causa está caratulada “Alarcón Oscar Roberto P.S.A Enriquecimiento Ilícito”. El siguiente paso procesal es la realización de la denominada audiencia preliminar, que será ante el juez penal Fabio Monti, y se discutirán los planteos previo a la elevación del caso a juicio oral y público.

Fiscalía presentó la acusación en la investigación que imputa al exdirector de Ceremonial de la Provincia, Oscar “Chito” Alarcón.

Lo acusan de cobrar indebidamente $ 711.448,37 (haberes de $ 703.149,17 más asignaciones familiares de $ 8.299,20), conforme liquidación efectuada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuantificando la magnitud económica del perjuicio.

El pedido de apertura de juicio será analizado por la defensa y discutido en la audiencia preliminar.

Los hechos fueron calificados como fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, con incumplimiento de deberes de funcionario público. La investigación fue supervisada por Fernanda Révori. No participará del eventual juicio ya que próximamente jurará como juez.

Según el parte de prensa, en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 28 de febrero de 2018, en la Municipalidad de Trevelin, en circunstancias en que Alarcón, empleado municipal, quien se hallaba adscripto a Legislatura, a través del Decreto Provincial Nº11/2015, es nombrado para desempeñar un cargo de Director General de Protocolo y Ceremonial de la Provincia a partir del 10 de diciembre de 2015, omitiendo informarlo en el mencionado municipio en el que se desempeñaba como empleado público integrante de planta permanente, en pleno conocimiento del deber de denunciar que le impone la normativa vigente por la Constitución Provincial y la Ley de Ética de la Función Pública).

“Este ardid le posibilitó la doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial de la Municipalidad, desde la fecha de su nombramiento hasta el día 28 de febrero de 2018, fecha en que lo informó y solicitó licencia política para continuar el desempeño del cargo provincia. Para la fiscal, con esta omisión, incumplió además los deberes legales derivados del cargo”.

La defensa deberá contestar la acusación pública y ofrecer prueba. La Oficina Judicial fijará fecha de audiencia.