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Alarcón declarado penalmente responsable de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el juez Martín O’Connor.

La sentencia fue cuestionada por la defensa ante la Cámara Penal y esta confirmó la declaración de responsabilidad condenándolo a la pena de dos años y ocho meses de prisión. Su abogado presentó un recurso extraordinario, el que le fue rechazado por inadmisible.

Fabián Gabalachis cuestionó la decisión de la Cámara por considerar que aplicó erróneamente la ley penal, por considerarla arbitraria y que no observó las reglas relativas a la correlación entre la acusación y la sentencia.

Los jueces Martín Zacchino, Flavia Trincheri y Hernán Dal Verme, consideraron que el defensor reeditó de modo fragmentado los argumentos brindados por el tribunal a cargo del debate y que esos mismos argumentos fueron atendidos y “fundadamente descartados por esta Cámara”. Sostienen los camaristas que la “mera discrepancia expuesta, no abastece el concepto de arbitrariedad de sentencia reclamado”. Luego de citar el criterio del Superior Tribunal de Justicia, decidieron declarar inadmisible la impugnación extraordinaria por no reunir los requisitos mínimos de procedencia establecidos por el Código Procesal Penal.

La frase pertenece al fiscal general Omar Rodríguez y la expresó este martes durante la audiencia de alegados en el juicio por enriquecimiento ilícito a Oscar «Chito» Alarcón.

El tribunal cerró el debate y el jueves al mediodía se conocerá el veredicto. En tanto, el fiscal Alex Williams cargó con dureza sobre la pareja del ex director de Protocolo y Ceremonial, Carmela Mirenda: «vino a decir que el dinero era de ella y que como un pareja de buenos samaritanos compraron los bienes de por una cuestión de necesidad de su dueña, a un 4% de su valor. Vino y mintió descaradamente ante el Tribunal».

En la audiencia de alegatos, el primer funcionario en exponer por parte del Ministerio Público Fiscal fue el doctor Alex Williams: «Oscar Alarcón se enriqueció de manera ilícita cuando ejerció la función pública», aseveró.

Sostuvo que «adquirió en misma fecha y en un pago el edificio de oficinas y terrenos en Playa Unión. En 2007 presentó la primera declaración jurada y en 2008 la última. Si se compara los bienes con los que ingreso y los que tiene claramente se ve el incremento ilícito».

«Quedará demostrado el ilícito del origen del dinero y el elemento espurio de su fuente por lo precios en los que adquirió los bienes», aseguró Williams.

«¿Alarcón tenía esas propiedades al comienzo de la función pública? No. Es imposible de creer su intento para justificar el origen lícito de esos fondos», fundamentó.

«Además Alarcón pagó por una propiedad de 6 millones de pesos en esa época, solo 265 mil pesos, lo que es menor del 5%», cuestionó.

El fiscal también acentuó su acusación contra la pareja del ex director de Protocolo y Ceremonial, Carmela Mirenda: «vino a decir que el dinero era de ella y que como un pareja de buenos samaritanos compraron los bienes de por una cuestión de necesidad de su dueña a un 4% de su valor. Vino y mintió descaradamente ante el Tribunal».

Los fiscales pedirán una pena superior a los tres años contra “Chito” Alarcón y tendrán en cuenta que ya fue hallado culpable en otro juicio por cobrar dos sueldos del Estado provincial.

La confirmación de este agravante quedará determinada la próxima semana cuando se debata la cesura de pena, si es que resulta culpable del delito de enriquecimiento ilícito por el que se lo juzga en estos momentos en Rawson.

Además los acusadores pedirán inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una multa de 10 millones de pesos y el decomiso de sus bienes.

Alarcón tiene en la zona sur de Playa Unión, a pocos metros del mar, cuatro terrenos de alrededor de 350 metros cuadrados cada uno.  En Rawson compró un edificio de dos plantes muy cerca del centro de la capital provincial sobre la calle Gregorio Mayo con el objetivo de alquilar oficinas y consultorios.

Sueldos de empleado

Para los fiscales existen “serias y concretas inconsistencias en la evolución patrimonial de Alarcón” si se tiene en cuenta sus declaraciones juradas además de la información reunida en la investigación mediante el envío de oficios a organismos públicos y privado, además de entidades financieras.

En este aspecto los investigadores destacaron que Alarcón no tuvo otro ingreso salarial más que el de la función pública, por lo que creen que es imposible haber adquirido los bienes que posee”.

Cerca del poder

Para los fiscales Alarcón pudo consumar los hechos “aprovechándose de los lugares estratégicos que ocupaban dentro de la estructura de poder estatal” al señalar su paso por el municipio de Trevelin, la jefatura del Área de Ceremonial de la Provincia, su paso por el Instituto Provincial de la Vivienda en carácter de adscripto, para acompañar nuevamente a Das Neves, hasta su fallecimiento, comunicó Diario La Portada.

Para el próximo lunes a las 8.30 en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, está previsto que se inicie el juicio oral y público contra Oscar Alarcón, que fuera jefe de ceremonial del ex gobernador Mario Das Neves y que en función de ser funcionario público, está sospechado del delito de enriquecimiento ilícito.

La Unidad Fiscal Especializada dependiente del Ministerio Publico Fiscal, representada por los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, realizaron esta imputación durante la investigación que ahora comienza a desandar su etapa final y en la que se escucharán por parte de las acusación a 43 testigos. El imputado será defendido por el abogado penalista Fabián Gabalachis.

Los jueces

Los fiscales Williams y Rodríguez  consideraron que Alarcón no tiene la solvencia económica como para haber adquirido terrenos en Playa Unión y un local de dos plantas para oficinas a estrenar en pleno centro de Rawson. Los jueces Sergio Piñeda, Marcelo Nieto Di Biase  y Mirta Moreno conformaran el tribunal de enjuiciamiento en su contra.

Para los investigadores  Alarcón tuvo un incremento patrimonial inalcanzable y sin capacidad económica para adquirirlos con su sueldo de funcionario provincial y antes en la comuna de Trevelin.

Los fiscales de la Unidad Fiscal Especializado, creen que  “el incremento patrimonial de Alarcón “no cierra con los informes de sus ingresos y lo que indican sus movimientos bancarios”.  Concluyeron en la acusación que “entendemos que existen datos objetivos de un incremento patrimonial apreciable e injustificado por parte del ciudadano Oscar Alarcon, en el periodo que se desempeñó como funcionario público, dado que, como ya lo hemos sostenido, el nombrado no tenía capacidad económica para la adquisición de los bienes inmuebles de los que es titular”.

El Estado como víctima

Para los investigadores existen “datos objetivos de un incremento patrimonial apreciable e injustificado” por parte del ciudadano Oscar Alarcón, en el periodo que se desempeñó como funcionario público, dado que no tenía capacidad económica para la adquisición de los bienes inmuebles de los que es titular. “Teniendo en cuenta los hechos  nuevamente resultó víctima el Estado de la Provincia del Chubut”, destacaron.

Durante la investigación, Alarcón argumentó que las compras de los inmuebles las realizó con sus ahorros mensuales y los aportes de su concubina Carmela Mirenda. Dijo que su sueldo de director de ceremonial era de 30.000 pesos más las rendiciones de los viáticos por sus tareas al frente de área de Ceremonial de la provincia. Estos ingresos le permitían ahorros mensuales de entres cinco mil y diez mil pesos por mes, más la ayuda de su concubina, propietaria de una librería en Rawson.

Oscar «Chito» Alarcón, quien fuera director de Ceremonial y Protocolo de la Provinciafue declarado autor penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de empleado público.

Así lo determinó el Juez Martín O’ Connor en la audiencia llevada adelante esta tarde en la dependencia del Ministerio Público Fiscal en Esquel, así lo informó El Chubut.

Comprobaron que seguía cobrando como empleado municipal de Trevelin al tiempo que cumplía funciones como director de Ceremonial de la Provincia desde el inicio de la actual gestión, entre los años 2015 y 2018.

La Oficina Judicial deberá ahora fijar audiencia de cesura.

Luego de analizar las evidencias a la luz de los tipos penales en juego, Fiscalía presentó la acusación pública en la investigación que tiene por imputado a Oscar Roberto Alarcón. El pedido de apertura de la etapa de juicio, será analizado por la defensa y discutido en la audiencia preliminar.

Los hechos fueron calificados como fraude en perjuicio de la administración pública agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación fue supervisada por Fernanda Révori, quién no podrá participar del eventual juicio ya que próximamente jurará como juez penal, luego de haber sido designada mediante concurso del Consejo de la Magistratura.

De qué se acusa a Alarcón

El escrito sostiene que en el período comprendido entre el 10 de Diciembre de 2015 y el 28 de Febrero de 2018, en el Municipio de Trevelin, en circunstancias en que el encartado Oscar Roberto Alarcón, empleado municipal, quien se hallaba adscripto a legislatura, a través del Decreto Provincial Nº11/2015, es nombrado para desempeñar un cargo de Director General de Protocolo y Ceremonial de la Provincia a partir del 10 de Diciembre de 2015, omitiendo informarlo en el mencionado Municipio en el que se desempeñaba como empleado público integrante de planta permanente, en pleno conocimiento del deber de denunciar que le impone la normativa vigente (Arts. 67 segundo párrafo de la Constitución Provincial, Art. 14 y 20 de la Ley I Nº231 – Ética de la Función Pública).

La tesis de la acusación señala que este ardid le posibilitó la doble percepción de haberes en perjuicio patrimonial de la municipalidad, desde la fecha de su nombramiento hasta el día 28 de Febrero de 2018, fecha en que lo informó y solicitó licencia política (Art. 36 de la Ordenanza 35/95 del HCD – Estatuto Municipal) para continuar el desempeño del cargo provincia. Para la fiscal, con esta omisión, incumplió además los deberes legales derivados del cargo.

El monto percibido indebidamente por Alarcón ascendería a la suma de 711.448,37), comprensivo de los conceptos de haberes ($ 703.149,17) y asignaciones familiares ($ 8.299,20), conforme liquidación efectuada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuantificando la magnitud económica de los perjuicios.

Ahora la defensa deberá contestar la acusación pública y realizar su ofrecimiento de prueba. De acuerdo a los plazos procesales, la Oficina Judicial fijará fecha de audiencia.