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Tras el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, criticó al juez Claudio Bonadio al considerar que se trata de «un fallo tribunero».

El defensor de la exjefa de Estado sostuvo que la resolución es «arbitraria» y adelantó que apelará la decisión judicial. «El primer agravio es que no tiene contenido jurídico, se apoya en pruebas que no son validas, declaraciones de arrepentidos y después seguiremos con las cuestiones que el Juez no era el que debía actuar», expresó en diálogo con La Red.

En ese sentido, agregó: «Tengo la obligación como abogado defensor de apelar, presentaremos un escrito indicando los motivos que consideramos que el Juez asintió de manera equivocada».

Por otra parte, Beraldi sostuvo que «es innegable que el proceso tiene naturaleza política» y argumentó sus dichos al asegurar que «el juez lo muestra cuando dice que la plata era para los planes sociales, para la gente humilde».

En cuanto al embargo que el magistrado trabó sobre la exmandataria, Beraldi sostuvo que de acuerdo a la cotización del dólar son «4 mil millones de pesos» y criticó nuevamente a Bonadio. «Cristina ya tiene todo embargado en otras causas, comete la torpeza de embargar la jubilación, que no es embargable», afirmó.

Por último, cuando fue consultado sobre si Cristina Kirchner pudo haberse enterado del sistema de recaudación ilegal, Beraldi respondió: «La prueba es tan endeble que no se puede considerar si existió o no, su hubo procesos de corrupción deben ser sancionados».

 

 

La Prensa

Tras el escándalo político que desataron los cuadernos de las coimas, escritos por el chofer Oscar Centeno, y el avance de la investigación en base a testimonios de empresarios y funcionarios «arrepentidos», el juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita, que recaudaba sobornos millonarios de contratistas del Estado.

El magistrado, a su vez, dictó la prisión preventiva para la exmandataria. Pero para que esta medida se concrete, deberá enviar un pedido de desafuero al Senado, que se encargará de definir su situación.

El procesamiento también alcanzó a otros exfuncionarios kirchneristas del entonces Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y a una gran lista de empresarios que se habían convertido en «imputados colaboradores» en la causa.

Para el juez, la investigación -que se desencadenó por las anotaciones de Centeno- comprobó que desde el Ejecutivo se montó un aparato para «procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional».

Bonadio detalló que durante un periodo cercano a los ocho años -como mínimo- los exfuncionarios que se encargaban de recaudar los sobornos fueron Baratta; subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Ministerio de Planificación; Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta; Hernán Camilo Gómez, funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio Planificación; Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación; y Walter Fagyas, presidente de ENARSA. La mayoría de las veces, el dinero era trasladado por Centeno.

Con respecto a cómo funcionaba la operación, el magistrado indicó que, después de llevarse su parte por sus tareas, le entregaban los fondos recaudados a otros funcionarios, como José María Olazagasti, secretario privado de Julio De Vido; Hugo Martín Larraburu, coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros; Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros; y Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de la Presidencia.

De esa forma, la instancia final se completaba cuando se derivaba el dinero «a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido».

 

 

TN

La Cámara Federal porteña ordenó este viernes la indagatoria de la expresidente Cristina de Kirchner en el marco de la causa conocida como la «ruta del dinero k» por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal dispuso que se cite a indagatoria a la expresidenta, quien nunca fue convocada por el juez federal Sebastián Casanello.

Por mayoría constituida por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, se decidió hacer lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera y disponer que se convoque a prestar declaración indagatoria a la ex jefa de Estado a efectos que les sean impuestos los cargos por los que se encuentra imputada hace tiempo por la fiscalía y las querellas.

En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, quien entendió la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable.

 

 

ADN Sur

El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, difundió este lunes un comunicado en el que hizo un extenso descargo sobre los allanamientos realizados en los domicilios de la ex presidenta por orden del juez Claudio Bonadio.

Habló de «ilegalidades» durante los procedimientos, de «persecución política» y denunció que una empleada doméstica se intoxicó al ingresar al domicilio de Recoleta debido a la presencia de un «tóxico» en el ambiente. Además, negó tener bóvedas y habló de «pruebas falsas».

El documento, titulado «Sobre los allanamientos a los domicilios de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner» y publicado en el sitio web de la ex presidenta, se desarrolla en ocho puntos.

«Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay, violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento», señala Beraldi en el inicio del comunicado.

En el segundo punto el letrado señala que el allanamiento en la propiedad de la ex presidenta en la ciudad santacruceña de El Calafate (que comenzó el viernes) «fue extendido en el tiempo» para generar «estrépito y material para las tapas de diario».

A su vez, Beraldi señala que «en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita».

Asimismo, asegura que los elementos confiscados en los allanamientos «no guardan relación con el objeto de la causa» y que su decomiso «no tiene otro propósito que generar daño y humillación».

Puntualmente al respecto del allanamiento en la casa de El Calafate, señala: «no sabemos quien entra o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa».

Es en el apartado 6° donde Beraldi denuncia que «quien se dedica habitualmente a las tareas del hogar en ese domicilio» (por el departamento porteño) se intoxicó junto a otras dos personasmientras realizaban tareas de limpieza en el departamento después del operativo.

«Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar», sostuvo el abogado.

«Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente», agregó.

En ese sentido, aseguró que «por esa razón» Fernández de Kirchner decidió  no regresar al departamento en cuestión.

«Finalmente, poniendo en evidencia la actuación coordinada de distintas instancias judiciales, el día viernes a la noche el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicó un insólito informe en el que Bonadío anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita», sostuvo.

Y concluyó: «Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner».

Denunciarán «persecución» ante la CIDH

​Gregorio Dalbon, otro abogado defensor de Cristina Kirchner, aseguró este lunes que realizarán una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por «persecución»contra la ex presidenta y senadora.

«Vamos a pedir la intervención de la CIDH por la persecución a Cristina Fernández de Kirchner. Viajo esta semana a Washington a hacer la presentación», sostuvo Dalbón en diálogo con Radio 10.

«Bonadío hace las cosas enojado, no pensando. Y es así cómo ha montado un circo que le ha salido mal. Nunca pensamos que iban a secuestrar un vehículo, que nada tiene que ver con la causa», señaló.

«Estamos muy preocupados. Hablé con Cristina para ver cómo estaba. No creo que hayan atentado contra la vida de la presidenta, porque ya estaríamos hablado de un magnicidio, pero es un escándalo porque sabían que ella iba a volver a dormir”, finalizó.

 

 

Clarín

Efectivos de distintas fuerzas de seguridad y miembros de la AFIP reanudaron esta mañana en la ciudad santacruceña de El Calafate el allanamiento en la casa de la senadora nacional Cristina de Kirchner en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante el Gobierno anterior.

Luego de que en la noche del pasado viernes se decidiera suspender las tareas de registro en la propiedad ubicada sobre la calle Padre De Agostini, uniformados de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura retomaron las inspecciones ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio.

La casa de El Calafate, en la que falleció el ex presidente Néstor Kirchner en octubre de 2010, es la tercera propiedad de la líder de Unidad Ciudadana que es allanada en el marco de la denominada causa de los cuadernos.

Además de los efectivos de las tres fuerzas y los miembros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), también había en el operativo perros entrenados para allanamientos y distintos elementos de tecnología para revisar paredes, techos y suelos.

En la segunda jornada de tareas en la casa de El Calafate, los investigadores se abocaban a analizar el subsuelo de la propiedad, luego de las seis horas que había demandado registrar el resto del inmueble en la tarde del pasado viernes.

A diferencia de lo sucedido en la primera jornada de tareas en el predio de la calle Padre De Agostini, este sábado no había militantes kirchneristas presentes en la puerta del lugar.

Mientras tanto, la ex jefa de Estado permanecía en la Ciudad de Buenos Aires en el departamento de su hija, Florencia, en el barrio de Constitución, luego de que su inmueble de Recoleta fuera allanado el pasado jueves durante 13 horas.

Además del operativo en el edificio de Uruguay y Juncal, la Policía Federal y la AFIP habían registrado la casa ubicada en Mascarello 443 en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.

Todos los allanamientos se dieron en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo ordenados por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, quien el último miércoles había recibido la autorización del Senado para proceder con las medidas de prueba en los domicilios de la líder de Unidad Ciudadana.

 

 

Ambito

Tras los allanamientos en las propiedades de la expresidenta Cristina de Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos en el marco de la causa por los cuadernos de las supuestas coimas de empresarios durante su gestión, la Policía realizará hoy el operativo en la casa de la exmandataria en El Calafate.

En estos operativos la Justicia busca corroborar los dichos de varios testigos sobre espacios físicos, estructuras y posibles lugares de almacenamiento, ya que estas propiedades fueron señaladas en la causa de los cuadernos de las supuestas coimas como los lugares de destino de los bolsos con dinero, indicaron fuentes judiciales.

La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en la investigación por los registros del ex chofer Oscar Centeno con detalles del supuesto traslado de bolsos con dinero para coimas de empresarios beneficiados con la obra pública a exfuncionarios en el Gobierno anterior.

En la sesión de este miércoles, la expresidenta había arremetido contra el juez Claudio Bonadio, asegurado que la causa era parte de una persecución política en su contra y señalado que no se arrepentía de «nada» de lo hecho en su gestión.

Tras la autorización del Senado, Bonadio avanzó con los allanamientos en las propiedades de la expresidenta en la Ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos. Efectivos de la Policía Federal ingresaron pasadas las 12:05 al edificio del barrio porteño de Recoleta donde reside la senadora, frente al cual se congregaron decenas de simpatizantes para darle su apoyo en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La expresidenta no estaba allí: había pasado la noche en el domicilio donde vive su hija Florencia en el barrio de Constitución y por la tarde se dirigió al Instituto Patria, donde recibió dirigentes cercanos y siguió las novedades de los operativos.

Quien abrió la puerta fue el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, que sin embargo debió retirarse a los pocos minutos por orden de Bonadio: «El juez dio la instrucción directa para sacarme del domicilio y hacer lo que les parezca. Están ellos solos para hacer cualquier tipo de ilegalidad», denunció el abogado, que este viernes pedirá la nulidad de los procedimientos y solicitará al Consejo de la Magistratura el juicio político del magistrado por mal desempeño en sus funciones.

«Fuerza Cristina», escribieron sus seguidores en una enorme bandera argentina que primero fue extendida sobre la calle en la esquina de Juncal y Uruguay, que estuvo cortada al tránsito, y luego se colgó de la fachada del edificio.

Dos horas después arrancó el allanamiento en la casa de dos plantas en la capital de Santa Cruz, el que se extendió durante tres horas y media. El operativo en el la calle Mascarello 441 del Barrió Jardín incluyó una decena de efectivos de la Policía Federal con asiento en Río Gallegos, que ingresaron con perros detectores de drogas y de divisas: allí tampoco había integrante de la familia Kirchner y los encargados de abrir la puerta fueron el diputado provincial Matías Bezi, cercano a Máximo Kirchner, y el abogado local Daniel Cabezas.

 

 

Ambito

Efectivos de la Policía Federal allanaron este jueves el departamento que Cristina Kirchner posee en el barrio porteño de Recoleta y la casa que tiene en Río Gallegos, luego de la autorización que el jueves le dio el Senado al juez federal Claudio Bonadio.

En Buenos Aires, alrededor de las 11.45 comenzaron a llegar los efectivos de la Policía Federal, apoyados por miembros de Infantería. Pasado el mediodía, también arribaron miembros de la Policía Científica.

Allanamientos en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos (OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz)

En Santa Cruz, en tanto, el operativo comenzó a las 14.43 con la llegada de tres móviles policiales que ingresaron al inmueble en la calle Mascarello 443, esquina Comodoro Py, junto a los dos testigos que formaron parte del procedimiento. El allanamiento a esta propiedad terminó a las 19.

En el marco de la investigación iniciada por los denominados «cuadernos de la corrupción», se realizará también un allanamiento en la vivienda que Cristina Kirchner tiene en El Calafate. 

En los alrededores del edificio ubicado en Recoleta se hicieron presentes varios vecinos del barrio, y se produjeron algunas discusiones entre quienes apoyan a la ex Presidenta y quienes la acusan de corrupta.

Allanamientos en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos. (OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz)

Además llegaron al lugar un grupo de turistas brasileños quienes, enterados del allanamiento, quisieron estar presentes y lo comparaban con los operativos realizados en el marco de la causa conocida en Brasil como «Lava Jato».

En estos operativos, la Justicia no busca dinero sino «corroborar los dichos de varios testigos» sobre espacios físicos en las dos propiedades ubicadas en Santa Cruz y en la vivienda porteña, de Uruguay y Juncal.

Además, se busca conocer la «estructura, espacios» de las propiedades como «posibles lugares de almacenamiento», informaron fuentes de la investigación a Clarín.

Allanamientos en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos. (OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz)

Pese a las exigencias de la ex Presidenta y actual senadora de Unidad Ciudadana, el juez Bonadio no modificó sus órdenes de allanamiento, que se emitieron sin restricciones en su contenidoeste jueves a la mañana después de recibir la autorización por parte del Congreso.

El primero en señalar el departamento de la calle Juncal como lugar central del circuito de las coimas fue el ex chofer Oscar Centeno, quien escribió los ocho cuadernos que dieron inicio a la causa judicial.

Indicó que la «recaudación del día» se llevaba «siempre a Uruguay y Juncal». Entre 2011 y 2013, en esa propiedad Roberto Baratta habría realizado 72 entregas por 60 millones de dólares.

Allanamientos en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos. (OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz)

En el caso de la casa de la calle Mascarello, en la capital santacruceña, ya se pidió al juez Julián Ercolini la certificación de los planos del inmueble, ya que también se encuentra investigado en el expediente Los Sauces SA.

Esa propiedad de 892,8 metros cuadrados, ubicada en la costanera de Río Gallegos, fue tasada por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) en US$ 570.000: más del doble de los US$ 250.000 que declaró la firma de Cristina Kirchner.

Más números sospechosos rodean esa casa: Osvaldo Sanfelice le vendió la casa a la ex Presidenta. El empresario la compró por $ 200.000 y la vendió a $ 1.260.000. El inmueble se investigó por presunto lavado de dinero y en esa causa quedaron procesados Cristina y su socio comercial Lázaro Báez.

El juez Bonadio ordenó ingresar a las propiedades de Cristina Kirchner porque fueron indicadas por varios imputados en la causa de los cuadernos de las coimas, como los lugares de destino de los bolsos con dinero.

La causa investiga una ruta de más de 200 millones de dólares en sobornos que se recaudaban de empresas contratistas del Estado.

 

 

Clarín

En medio del allanamiento al departamento que Cristina Kirchner tiene en el barrio porteño de Recoleta, uno de los abogados de la ex Presidenta, Carlos Beraldi, denunció que no le permitieron presenciar el operativo por lo que planteará la nulidad y pedirá el juicio político para el juez Claudio Bonadio.

“Una vez más se pone en claro que estamos ante una farsa y no un procedimiento judicial. Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y a requerir el juicio político del magistrado”, afirmó.

Según Beraldi, el Senado, en su autorización al pedido del juez, “hizo específicamente mención de que el abogado defensor iba a estar dentro del edificio para controlar el procedimiento”, cosa que Bonadio impidió.

Encabezado por efectivos de la Policía Federal, el operativo comenzó pasado el mediodía de este jueves. También se espera que se concreten inspecciones en las viviendas que la ex mandataria tiene en Río Gallegos y en El Calafate.

Beraldi relató que fue él mismo quien abrió la puerta del departamento para el ingreso de los efectivos, pero que inmediatamente quien lideraba la inspección recibió un llamado del juez para que no le permitieran ingresar.

«Indudablemente aquí no se quiere hacer ninguna inspección. Aquí se quiere hacer una farsa en donde el juez, una vez más,muestra la ilegalidad de su procedimiento», fustigó.

Por último, admitió que teme por lo que puedan hacer los efectivos dentro del departamento y anticipó que realizará una denuncia penal contra Bonadio.

Clarín

Los operativos policiales para allanar las tres propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner comenzaron durante el mediodía de este jueves, luego de la autorización del Senado para cumplimentar el pedido del juez Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida como cuadernos de las coimas.

Con un importante despliegue de efectivos de la policía federal y gendarmería, y personal de la división canes, comenzó la inspección en los domicilios de la ex mandataria en Recoleta, ubicado en Juncal 1306, y también lo harán en Río Gallegos, en la calle Mascarello 441, y en El Calafate, en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches.

Ayer, en la intersección de las calles Uruguay y Juncal, alrededor de 300 militantes siguieron en sus celulares la sesión del Senado frente al departamento de Cristina Kirchner.

CFK, una de las últimas oradoras de la sesión, habló más de 40 minutos y basó su defensa en críticas hacia el Gobierno. También dejó en claro que no está arrepentida de nada: «No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir o convencer de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la República Argentina».

Sin embargo, ninguno de estos requerimientos quedó plasmado en el texto que se aprobó. De hecho el segundo punto, que disponía que el magistrado «deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro», fue rechazado por el Frente para la Victoria y otros peronistas.

El artículo completaba que debían respetarse «los derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la intimidad; ello así advirtiendo que se trata de un deber en todos los casos, en el marco de medidas de orden restrictivo como la presente y en particular atención a tratarse de una senadora de la nación que fue dos veces presidente de la República».

 

 

Infobae

La senadora nacional por Chubut, Nancy González, se convirtió ayer en tendencia en la red social Twitter por su presentación en el Senado, donde acusó al gobierno nacional de utilizar los allanamientos a la vivienda de Cristina Kirchner «para no hablar de la realidad, de los aportantes truchos, por ejemplo. El show mediático va a terminar y van a tener que salir a hablarle a la cara a los que no llegan a fin de mes y no tienen trabajo».

En el marco del debate que se dio en el Senado para tratar el pedido del juez Claudio Bonadio para allanar propiedades de la expresidente, la chubutense que integra el bloque del FPV se convirtió en tendencia en Twitter por su discurso.

Nancy González sostuvo que los allanamientos son un “show mediático para no hablar de la realidad, de los aportantes truchos, de la Ley de Blanqueo con la que se vio beneficiado el presidente Mauricio Macri y su entorno, o los bolsos que se encontraron en su casa, señora presidenta (señalando a Gabriela Michetti)”.

También agregó: “se ríen de la gente. El presidente de la Nación, tomando palabras y frases de una persona desquiciada mentalmente (por las declaraciones de Alfredo Casero en Animales Sueltos), sacándose fotos comiendo un flan. ¿Ustedes se creen que el pueblo es tonto? Se ríen del pueblo. Son ridículos, distraen la atención de la gente. ¿Qué show van a inventar después de los allanamientos?”, sentenció.

País cauto

Otro senador nacional por Chubut que dijo lo suyo en el debate fue Mario Pais, quien fundamentó la autorización del Senado al pedido para allanar los domicilios de su par, “con las limitaciones y resguardos que la ex presidenta solicitó” mediante un escrito difundido el martes.

Pais destacó que los resguardos requeridos por la ex mandataria son “razonables” en lo referente a la cadena de custodia de los registros fílmicos y fotográficos de los operativos, así como la solicitud de la presencia del abogado defensor, “como garantía del derecho de defensa de cualquier persona sometida a un proceso judicial”.

Pais consideró atinado que la expresidenta “pida el resguardo de su intimidad para que no sea vulnerada, como ha pasado anteriormente”. En este sentido destacó que las solicitudes de respeto al derecho a la intimidad y el resguardo de la actividad legislativa “no son condicionamientos: son absolutamente razonables y son absolutamente compatibles con un debido y prudente accionar de la Justicia”.

El senador chubutense remarcó que “la búsqueda de la verdad no puede ocasionar daños al patrimonio ni mucho menos afectar la función de una senadora nacional, que puede implicar la tenencia de información confidencial, por eso debemos preservarla y evitar la intromisión de un poder de la Nación sobre otro”.

“Espero que se valore adecuadamente la circunstancia de conformidad de la senadora y la razonabilidad de sus reclamos”, señaló el legislador que integra la bancada de Argentina Federal que preside Miguel Pichetto.

 

 

El Patagónico