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Causa Revelación

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Lo aseveró el doctor Marcos Nápoli, uno de los fiscales de la Causa Revelación al admitir que, la investigación que derivará en el juicio oral y público y en una eventual condena a ex funcionarios provinciales y empresarios por integrar una asociación ilícita que cobraba coimas de la obra pública, abarca sólo a una mínima parte de la administración estatal. «Somos conscientes que esto era mucho más grande», sostuvo el fiscal sobre el fraude estimado en unos 50 millones de pesos. El juicio comenzaría recién a principios del 2020 y las audiencias se harían por la tarde.

La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.

Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.

«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.

Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».

«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.

«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.

«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.

La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.

Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.

«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.

Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».

«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.

«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.

«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.

“La situación resulta compleja para determinar que empresarios pagaron coimas para cobrar certificados porque estaban ahogados financieramente, en un estado de extorsión, o que empresarios lo hacían de una manera continua y hasta lo incentivaban”, admitió,

“La coima está en este caso comprobada y documentada, porque por ejemplo en la Causa de los Cuadernos de Bonadio tiene fotocopias y anotaciones que se cuestionan. En cambio acá tenemos la documentación del control que llevaba Diego Luthers, pero también los cheques originales, lo que nos permitió trazar un camino, un seguimiento, sobre el emisor, el dosante y en qué cuenta terminó ese cheque”, destacó Nápoli.

“Hay hilos conductores que son comunes como las empresas de Diego Correa, Cepat o Dual Core, o en la financiera de Comodoro Rivadavia en la que se pagaban acciones para la compra de Canal 9, de la sociedad Protel. Todos estos cheques eran emitidos por empresarios de la construcción, no parecían otros prestadores del Estado, todos eran de la obra pública”, argumentó.

CONDENAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES

Sobre la diferencia en los pedidos de condena; ocho años de prisión para Diego Correa, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero; siete para Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray y seis para Diego Luthers, Nápoli puntualizó: “la diferencia tiene que ver con la responsabilidad que le imputamos a cada uno de ellos en la asociación criminal. No sólo con la intensidad con la que maniobraban dentro de la organización, sino que grado de responsabilidad tenían».

«Nosotros le achacamos a Cisterna que era uno de los fundadores y el ideólogo de cómo generar este tipo de fraudes y como continuadores de ellos a Correa y Carpintero», aseveró Nápoli.

«Y los demás ingresaron posteriormente a la asociación ilícita como el caso de Bortagaray, o tuvieron una menor injerencia dentro de la organización, como el caso de Luthers, que mostró una conducta muy reprochable, era muy activa su participación, pero en la línea jerárquica de mando y obediencia, no tenía a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, por el contrario, las obedecía, aunque lógicamente era funcional a la asociación», profundizó el fiscal.

«Como el impacto de la pena es bastante conflictivo, en este caso en particular es interesante es transmitir la garantía de que estas personas no vuelvan a ejercer cargos públicos. Y esto es una forma de responder a quienes se preocupaban con un sano interés, como los doctores Pérez Galimberti o Eduardo Hualpa, que no haya posibilidad de repeticiones. Y no la habrá al menos con estas personas, porque si la condena se confirma, no podrán ser reelectos o nombrados a dedo para ejercer cargos públicos», aseguró..

LA IMPLICANCIA DE LOS EMPRESARIOS

Nápoli aclaró respecto de los empresarios imputados que “hay distintas situaciones: hay quienes no accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque saben que aún tienen tiempo de pedirlo hasta que se inicie el debate oral y público. Otros que consideran que es injusto reparar una suma millonaria o hacer una obra cuando se sintieron extorsionados por el Estado y quieren demostrar esta situación. De llegar a comprobarse en el debate, van a resultar absueltos”.

“También hay empresarios que se consideran totalmente inocentes y descreen que nosotros podamos probar que formaron parte de este tipo de maniobras”, agregó.

OTROS ROLES

En el caso de quienes oficiaron de valijeros, Nápoli explicó que “en este entramado siempre hay personas que cumplen esa función porque son dineros que no provienen de licitaciones públicas o partidas presupuestarias, y no pueden transferirse a través del sistema o entidades financieras, y llevan el dinero de un lugar a otro o de un interesado a otro”.

La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.

Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.

«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.

Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».

«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.

«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.

«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.

“La situación resulta compleja para determinar que empresarios pagaron coimas para cobrar certificados porque estaban ahogados financieramente, en un estado de extorsión, o que empresarios lo hacían de una manera continua y hasta lo incentivaban”, admitió,

“La coima está en este caso comprobada y documentada, porque por ejemplo en la Causa de los Cuadernos de Bonadio tiene fotocopias y anotaciones que se cuestionan. En cambio acá tenemos la documentación del control que llevaba Diego Luthers, pero también los cheques originales, lo que nos permitió trazar un camino, un seguimiento, sobre el emisor, el dosante y en qué cuenta terminó ese cheque”, destacó Nápoli.

“Hay hilos conductores que son comunes como las empresas de Diego Correa, Cepat o Dual Core, o en la financiera de Comodoro Rivadavia en la que se pagaban acciones para la compra de Canal 9, de la sociedad Protel. Todos estos cheques eran emitidos por empresarios de la construcción, no parecían otros prestadores del Estado, todos eran de la obra pública”, argumentó.

CONDENAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES

Sobre la diferencia en los pedidos de condena; ocho años de prisión para Diego Correa, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero; siete para Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray y seis para Diego Luthers, Nápoli puntualizó: “la diferencia tiene que ver con la responsabilidad que le imputamos a cada uno de ellos en la asociación criminal. No sólo con la intensidad con la que maniobraban dentro de la organización, sino que grado de responsabilidad tenían».

«Nosotros le achacamos a Cisterna que era uno de los fundadores y el ideólogo de cómo generar este tipo de fraudes y como continuadores de ellos a Correa y Carpintero», aseveró Nápoli.

«Y los demás ingresaron posteriormente a la asociación ilícita como el caso de Bortagaray, o tuvieron una menor injerencia dentro de la organización, como el caso de Luthers, que mostró una conducta muy reprochable, era muy activa su participación, pero en la línea jerárquica de mando y obediencia, no tenía a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, por el contrario, las obedecía, aunque lógicamente era funcional a la asociación», profundizó el fiscal.

«Como el impacto de la pena es bastante conflictivo, en este caso en particular es interesante es transmitir la garantía de que estas personas no vuelvan a ejercer cargos públicos. Y esto es una forma de responder a quienes se preocupaban con un sano interés, como los doctores Pérez Galimberti o Eduardo Hualpa, que no haya posibilidad de repeticiones. Y no la habrá al menos con estas personas, porque si la condena se confirma, no podrán ser reelectos o nombrados a dedo para ejercer cargos públicos», aseguró..

LA IMPLICANCIA DE LOS EMPRESARIOS

Nápoli aclaró respecto de los empresarios imputados que “hay distintas situaciones: hay quienes no accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque saben que aún tienen tiempo de pedirlo hasta que se inicie el debate oral y público. Otros que consideran que es injusto reparar una suma millonaria o hacer una obra cuando se sintieron extorsionados por el Estado y quieren demostrar esta situación. De llegar a comprobarse en el debate, van a resultar absueltos”.

“También hay empresarios que se consideran totalmente inocentes y descreen que nosotros podamos probar que formaron parte de este tipo de maniobras”, agregó.

OTROS ROLES

En el caso de quienes oficiaron de valijeros, Nápoli explicó que “en este entramado siempre hay personas que cumplen esa función porque son dineros que no provienen de licitaciones públicas o partidas presupuestarias, y no pueden transferirse a través del sistema o entidades financieras, y llevan el dinero de un lugar a otro o de un interesado a otro”.

“Tenemos a tres personas, o básicamente a dos, porque Andrés Minín forma parte de la asociación ilícita por intervenir en la compra de Canal 9. Las otras dos personas son Pablo Bastida y Federico Piccione, a quienes se les achaca el rol de movilizar los dineros mal habidos”, apuntó.

SÓLO UNA PARTE DEL UNIVERSO DE COIMAS

En cuanto a una recaudación total estimada, Napoli dejó otra frase para llamar la atención: “de acuerdo a las maniobras que hemos probado, son alrededor de 50 millones de pesos. Suena fuerte desde el punto de vista numérico, pero no es relevante desde el punto de vista del entramado de esta asociación”.

«Tenga en cuenta que vamos a poder probar aquellos hechos donde contamos con cheques, donde ha confesado algún que otro empresario o los que estaban anotados en las planillas que Luthers prolijamente llevaba. Pero todo el universo de pago de coimas que estaba circunscripto a la administración pública central no está inserto en esta investigación”, reconoció Napóli.

“No somos sonsos y somos conscientes que esto era mucho más grande y que probablemente este sea uno de los kioskos dentro de un supermercado. No podemos dimensionar exactamente hasta qué punto se llegaba con todos”.

“Los viejos comentarios de pasillos decían que en cada escritorio de la administración pública había que dejar algo. Nosotros tomamos solamente un ministerio, una parte de otro y las vinculaciones con el Instituto Provincial de la Vivienda. Lejos estamos de cubrir todo el espectro”, enfatizó Nápoli.

Enseguida confirmó que la recaudación permitía financiar el aparato político: «estos pagos de sobresueldos que lucen veraz en las planillas solventaba ese mecanismo”.

CONVENCIONES PROBATORIAS

Respecto de si algún funcionario podría romper el silencio en el juicio, analizo que “tenemos expectativas de hacer convenciones probatorias, aunque con los funcionarios públicos no podemos hacer juicios abreviados. Como también hubo una ardua discusión con los fueros de Bortagaray, hemos declinado esa alternativa. El juicio abreviado tiene la ventaja que el imputado reconoce la responsabilidad y se acuerda la pena».

“Pero sí podemos hacer convenciones probatorias, en las que los funcionarios se pongan de acuerdo con los fiscales en reconocer los hechos, lo que permitiría no dilatar discusiones como el camino de los cheques”, adelantó.

“Los pactos de silencios en estos casos en los que las maniobras han sido tan públicas son difíciles de pergeñar, aunque consideramos que los funcionarios saben cosas que nosotros desconocemos», advirtió.

«Creo que hemos podido desentrañar el manejo que han tenido y ellos saben que nosotros tenemos esa información y que a través de la acusación quedará sobre la mesa», confió Nápoli.

«Las escuchas telefónicas existen, pero no son el fuerte de la Causa Revelación. Las vamos a usar sólo si fuera necesario», aclaró.

CASI 300 TESTIGOS

«Son casi 300 testigos, muchos de ellos personal policial, que se dedicó a la investigación y recopilación de datos, y otros son civiles que han vivido en carne propia situaciones interesantes para el caso; como quienes han visto pasar dinero, o funcionarios pergeñando maniobras en determinados lugares, los choferes de la Unidad Gobernador que iban a cambiar los cheques constantemente, personal del Instituto Provincial del a Vivienda, del Ministerio de Economía o de Infraestructura, trabajadores de carrera que cayeron en la cuenta que esto ocurría a partir de lo que nosotros le mostrábamos del caso», detallo Nápoli.

Respecto de la reparación de las probation, admitió que “no es una cuestión directamente proporcional, pero la cantidad de dinero ronda el mismo monto, de entre 50 y 60 millones de pesos, aunque hay un defasaje por la inflación”.

AUDIENCIAS POR LA TARDE

“No creemos que vamos a llegar al inicio del juicio este año, porque todavía hay audiencias largas, y después se elevará la causa a juicio, que podría comenzar a principios del año próximo. Conversando con la Oficina Judicial y teniendo en cuenta que algunos imputados forman parte de más de una causa, ya hemos acordado hacer las audiencias de tarde para no superponerlas con las de las otras causas”, reveló Nápoli sobre el final del extenso diálogo.

 

Radio 3

 

La acusación formal contiene 438 páginas, de las cuales 106 son las pruebas ofrecidas por los fiscales. En total son 20 imputados: siete exfuncionarios y 14 empresarios. Los fiscales ofrecieron 292 testigos. Es la causa más grande de corrupción en la historia del Chubut que llegará a juicio.

EL CHUBUT accedió a la presentación de la acusación de los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz en la causa que investiga el presunto pago de retornos de empresas constructoras al Gobierno provincial para conformar una caja negra de la política destinada a pagar sobresueldos a gran parte de los funcionarios del Estado.

Después de un trabajo exhaustivo, meticuloso y que demandó 13 meses de investigación y análisis de pruebas, los fiscales presentaron la documentación que cuenta con 438 páginas, donde detallan el rol de cada uno de los acusados, cómo se pergeñó el plan, las reuniones entre los empresarios y los funcionarios y los recaudadores de esta presunta maniobra.

LAS CONDENAS PEDIDAS
PARA EX FUNCIONARIOS
Gonzalo Carpintero Patterson: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de dos hechos. Multa del 50% de los bienes incrementados ilegítimamente y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Pedirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Diego Correa: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Solicitarán el decomiso de los bienes producto del delito.

Víctor Cisterna: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo, bajo la modalidad de delito continuado. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y exigirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Pablo Oca: 7 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pedirán el decomiso de los bienes producto del delito.

Alejandro Pagani 7 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Martín Bortagaray: 6 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Diego Luthers: 6 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

LAS CONDENAS PEDIDAS
PARA LOS EMPRESARIOS
Federico Piccione: 6 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita y el decomiso de los bienes producto del delito.
Pablo Bastida: 5 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Andrés Ninín: 4 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.

Mauricio Capandeguy: 2 años de prisión, el decomiso de bienes producto del delito y la expresa condenación por costas del proceso.

Patricino Manzanel: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Jorge Rossi: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Juan Riquelme: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Massoud Ighani: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Miguel Freile: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Pablo Menedin: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Martín Castillo: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Gonzalo Cordón Ferrando: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Oscar Sandín: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.

Hoy a las 8:30 se revisarán todas las prisiones de la causa Revelación debido a que se cumplen seis meses de las primeras detenciones que involucró a ex ministros y siete empresarios.

El juez Sergio Piñeda revisará las medidas de coerción que recaen sobre los imputados de la causa Revelación, que investiga los presuntos retornos de la obra pública. Estarán presentes los fiscales Marcos Nápoli y Hector Iturrioz, las querellas y los abogados defensores.

Así lo aseguró en LU 20 el fiscal Marcos Nápoli, uno de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Chubut que impulsa la investigación de presuntos casos de corrupción durante la última administración provincial.

Nápoli explicó que días atrás estuvo reunido con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y autoridades de la Procelac, y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), quienes “nos han brindado todo su apoyo para poder avanzar en las causas que estamos investigando”.

En este sentido, explicó que de acuerdo a lo manifestado por los organismos nacionales ofrecerían su cooperación para monitorear cuentas y activos en el exterior, en el marco de la investigación por las causas “Embrujo” y “Revelación” que se llevan adelante en nuestra provincia.

“Ellos tienen una estructura establecida, resortes para poder obtener información en el exterior, cuestiones que a nosotros se nos dificulta demasiado”, reconoció.

Asimismo, el fiscal Marcos Nápoli aseguró que de acuerdo a las conversaciones mantenidas con los funcionarios de la justicia nacional, la causa “Revelación” está más solida que la de los “Cuadernos K”.

“Estuvimos con el presidente de la UIF quien nos comentó pormenores que por supuesto no pudo revelar del caso de los cuadernos que está llevando (el juez Claudio) Bonadío, si puedo decir que, como dijimos desde el principio, estamos mejor parados desde el punto de vista documental y probatorio en la causa “Revelación” de Chubut.

“En la causa revelación tenemos una teoría bastante más solida que la que puede demostrarse en la causa de los cuadernos hoy por hoy”, agregó.