Tag

causa

Browsing

Darío Fernández fue liberado durante la tarde de hoy, en menos de 24hs se rechazó la apertura de investigación por la dudosa denuncia en su contra.

En una serie de episodios cinematográficos propios de un digitado atentado contra la prensa y la libertad de expresión, la clara maniobra política contra Darío Fernández, Director de CholilaOnline, se cayó en menos de 24hs por graves irregularidades e inconsistencias en las acusaciones y procedimientos.

La Jueza Mirta del Valle Moreno, quien rechazó la apertura de investigación y dispuso la liberación de Fernández, argumentando su decisión en las variadas inconsistencias de la presentación del fiscal Heiber, en la inexistencia de elementos probatorios algunos, y en que el fiscal ni siquiera solicitó examen del médico forense.

La magistrada cuestionó el accionar del fiscal, y recordó que no es la primera vez que es cuestionado por un juez por presentarse a una audiencia en esas condiciones, por lo que anunció que elevaría la actuación del fiscal al procurador de la Provincia para que revise la actuación.

El historial del fiscal Heiber ya cuenta con varias irregularidades de este tipo y la inconsistente detención de Fernández, sumaría una más. Según los argumentos de la jueza Moreno, quien cuestionó además que el fiscal se haya “arrogado facultades de juez para ordenar la detención” y, como si fuera poco, haberse metido en el fuero de Familia, al disponer el destino de los menores que iban en el vehículo al momento de la detención.

En el año 2019, los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Provincia, resolvieron habilitar por unanimidad el jury contra Osvaldo Heiber, a partir de una denuncia que en su momento presentó el procurador general Jorge Miquelarena por cuatro episodios de distinta índole, en donde se cuestionaban las actuaciones del fiscal configuradas en mal desempeño y desconocimiento inexcusable del Derecho.

Rawson: inician investigación contra el fiscal Heiber por un caso

Desde esta editorial, ya adelantamos que el acuerdo entre el establishment político chubutense y la justicia corrupta, detuvieron ilegalmente a Fernández en una causa armada de la noche a la mañana, donde resultaban evidentes las motivaciones detrás de semejante circo mediático y papelón jurídico, que no hacen más que denigrar a la justicia chubutense y nuestras instituciones.

Los artífices tras el telón son varios personajes de renombre en la política provincial, pero los protagonistas en primera persona fueron el showman Federico Massoni y el propio fiscal Heiber.

Dos amigos de los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes el 18 de enero pasado en la ciudad de Villa Gesell, declararon por videollamada como testigos en el marco de la causa, a raíz de la incorporación en el expediente de un peritaje sobre los teléfonos celulares de los acusados, informaron fuentes judiciales.

Estas declaraciones, realizadas a través de videollamadas en el marco del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, forman parte de una serie de medidas de prueba ordenadas por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de la localidad balnearia, Verónica Zamboni, antes de avanzar en el pedido de elevación a juicio del caso.

El objetivo de la fiscal es precisar información surgida de las pericias realizadas por la Policía Federal (PFA) sobre los celulares de los imputados, donde estaban mencionados y aparecían mensajes de audio de los testigos Juan Neme y Alejo Arce, dos jóvenes oriundos de la localidad de Zárate, al igual que los rugbiers imputados.

Ambos fueron citados por el contenido de un grupo de Whataspp del que formaban parte, y en el que también participaba Máximo Thomsen (20), uno de los ocho detenidos acusados de ser coautores del homicidio.

En la audiencia por videollamada, según informó a Télam una fuente de la investigación, «se los interrogó sobre los diálogos en ese grupo con posterioridad al hecho», ocurrido frente al boliche Le Brique en plena temporada de verano.

En una de estas conversaciones, que está incorporada a la causa, uno de los testigos citados se refiere a una serie de incidentes dentro del boliche entre algunos de los rugbiers y otro grupo de jóvenes, y al ataque posterior fuera del local.

En ese audio menciona a Thomsen, apodado «Machu», y Enzo Comelli (20), quienes están imputados por el delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».

Comelli y Thomsen se encuentran detenidos en la Alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, junto a Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), acusados también como coautores.

Las declaraciones continuarán mañana y el próximo lunes, con otros cuatro testimonios de jóvenes oriundos de Zárate.

Uno de ellos será el de la novia de Juan Pedro Guarino (19), quien junto a Alejo Milanesi (19) están acusados de ser participes necesarios en el crimen y fueron excarcelados.

El defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, no prestó conformidad con estas declaraciones pedidas por Zamboni, ya que se opuso a que fueran realizadas por videollamada, aunque la fiscal desestimó este planteo.

Fuentes judiciales informaron por otro lado que el martes próximo se realizará una «pericia de video» y de «cotejo de registro fílmico y reconocimiento facial», que había pedido la fiscalía, y será efectuada por la División de Individualización Criminal de la PFA.

Los resultados de esos peritajes demorarán cerca de una semana y se sumarán a otras medidas de prueba que ya fueron incorporadas a la causa.

Una de ellas es la pericia scopométrica realizada por la PFA sobre una impronta detectada en el rostro del joven asesinado, que determinó que la marca corresponde a una zapatilla «Cyclone», que a su vez coincide con las huellas de pie tomadas a Thomsen.

Además, un peritaje de ADN realizado en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín, halló sangre de Fernando en la camisa de Benicelli, mientras que también fueron encontrados rastros genéticos de Cinalli en la uña de un dedo meñique de la víctima, según confirmaron fuentes judiciales.

Pareciera que en la fiscalía hubiera alguien — lógicamente con poder de decisión— al que le interesa que no avancen las denuncias que involucran tanto al ministro de Seguridad Federico Massoni como a altos jefes y miembros de la policía del Chubut, por aquellos excesos y detenciones ilegales que hubo durante la primera etapa de la cuarentena: ahí, cuando Massoni y los Gómez salían literalmente a cazar infractores en Trelew y en otros lugares de la provincia.

Todavía en los medios nacionales –cuando somos noticia en la Argentina por algún capricho autoritario de Massoni— se sigue mencionando que “hay más de 40 denuncias” por violencia policial en Chubut, pero acá en la provincia aún no se ha conocido que por alguna de esas denuncias se haya iniciado causa judicial o que Massoni, los Gómez o algún otro involucrado estén siendo investigados por algún fiscal.

La mayoría de esas denuncias fueron hechas en abril y ya han pasado tres meses en los que no se ha registrado ninguna novedad. Algunos del Poder Judicial le echan la culpa a la cuarentena y otros, aclaran que no todas llegarían a originar una causa penal, aunque lo cierto es que cuando en la Justicia tienen intención política de llevar a alguien al estrado no hay problema que lo evite.

Si no hay que preguntarle a la exministra Cecilia Torres Otarola, a quien en menos de un mes ya le abrieron una causa judicial con un fiscal que hasta ya ha adelantado la cantidad de años que podría ir a la cárcel.

Entonces, es más que evidente que hay alguien que está protegiendo a Massoni y a “sus muchachos” y que puede ser por eso que ellos se sienten impunes. Con la libertad de hacer cualquier cosa.

En “Amnistía Internacional” –a todo esto– todavía están aguardando el informe que en mayo le pidieron a Massoni, sobre las medidas que tomó a raíz de las denuncias contra el accionar desmedido de la policía en los primeros tiempos de la cuarentena.

Vale recordar aquí que la organización que está conformada por más de 7 millones de personas de todo el mundo, salió públicamente en aquel momento a decir que había preocupación y que ellos estaban en alerta por “la actuación de las fuerzas de seguridad durante el aislamiento por el coronavirus en Chubut”,

Amnistía Internacional no es cualquier cosa; es un organismo comprometido en defender a aquellos a quienes en el mundo se les ha negado justicia o libertad.

Finalmente en la mañana de hoy miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación por la causa Ñoquis Calientes en la que según pudo saber ADNSUR- imputará a la ex ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola por 13 hechos en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión, y además habrá 13 imputados en total.

De acuerdo a la información exclusiva a la que accedió nuestra agencia, la acusación consta de 13 hechos distintos en los que se acusa además de Otarola a otras 12 personas como partícipes necesarios, entre ellos, al ex ministro Coordinador de Mario Das Neves, Alberto Gilardino, y a su madre, Patricia Antonio.

Según la hipótesis de los investigadores, Gilardino sería uno de los asesores que trabajaba para Otarola, pero para no figurar , se hacía la contratación a través es de su madre, quien a su vez le giraba el dinero de los honorarios que cobraba como abogado.

En general, los hechos describen una conducta en la que se ve un modus operandi de Otarola en la época como diputada y en la era como ministra, en la que se contrataba personal que no cumplía funciones especificas, y a la vez se le exigía la devolución de parte de sus haberes, que iban a parar a una caja política que manejaría la misma Otarola, fondos que eran distribuidos a través de una cuenta que tenía su niñera, quien también es una de las imputadas.

Luego de la repercusión de lo investigado hasta el momento en la causa “ñoquis calientes”, el procurador general Jorge Miquelarena sumó a esta experiencia lo ocurrido en las causas “Embrujo” y “Revelación”. Así se refirió a los organismos de control existentes en el Estado y a las fallas de los “estamentos intermedios”. También a las advertencias que en el año 2018 le realizó al gobernador Mariano Arcioni. 

¿Lo investigado en el marco de esta causa, que se ha denominado “ñoquis calientes”, ¿lo consideran un hecho aislado o lo ven como una práctica que podría repetirse o tener ecos en otras áreas de la administración pública?

Cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar, porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar. En este caso, muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de pruebas son bastante más sólidas.

Por lo demás, uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, hay muchísimos “ñoquis”. Lo cierto es que, para eso, hay determinados organismos que tienen que hacer auditorias, que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está ni facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios “por las dudas” que existan “ñoquis”. Nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto. Efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, se hacen las denuncias y ahí sí, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir.

¿Desde su experiencia desde 2008 como procurador general, ve que es necesario, quizá, aplicar nuevos mecanismos de control, y que los que están no están funcionando como deberían?

Es una buena pregunta. En el año 2018, a partir de las causas que se conocieron como Embrujo y Revelación, yo le envié un oficio al gobernador Arcioni, con copia al que por entonces era contador general de la provincia, haciéndole saber, con preocupación, muchas de las falencias que nosotros veíamos a partir de esta investigación en los organismos de contralor. No en los organismos de contralor de rango o de jerarquía constitucional, como puede ser la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción: veíamos con preocupación muchas falencias de los estamentos intermedios, y me refiero a las direcciones de administración, a las jefaturas de compra.

¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, inclusive siendo fiscal de estado, allá por el 2004 al 2008, ver muchas licitaciones que llegan a la Fiscalía de Estado y en que, de algún modo, se puede llegar a sospechar que la cosa viene “armada”, como se puede decir en la jerga. Pero lo cierto es que la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar por la legalidad o la ilegalidad de lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, una licitación pública: y, si uno se pone a analizar, se encuentra con que todos los pasos se cumplieron, con que los presupuestos están, con que el llamado está, con que la apertura se hizo. Desde lo formal, no hay reproche para hacer. Pero de algún modo se olfatea que la cosa puede venir armada de antemano.

¿Qué advertimos nosotros, ahora, con todas estas cuestiones? Que están fallando, y mucho, los organismos intermedios. Las direcciones de compra, las direcciones de administración, que es donde se empieza a gestar la contratación, ya sea de insumos de bienes o de personal que involucran dineros públicos. Ahí empieza a fracasar. Por eso es que, como decía, en el año 2018 le envié un oficio al gobernador con copia al contador general de la provincia, advirtiéndole y recordando de algún modo cuáles son las misiones y funciones de estas personas que tienen que velar por el buen gasto y la buena compra dentro de la administración pública. Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de compra y de administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió, también, que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Evidentemente, mucho caso no hicieron, ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son la verdad, sorprendentes.

El gobernador Mariano Arcioni se refirió por primera vez este martes a la causa Torres Otarola, que investiga un presunto fraude al Estado por parte del Ministerio de Familia que conducía la exdiputada provincial, también investigada por supuesto enriquecimiento ilícito.

«Lo que sucedió en el Ministerio de Familia lo está investigando la Fiscalía -remarcó el gobernador-. Hasta ahora están los trascendidos porque no se ha demostrado nada. Que quede bien en claro que las personas que no trabajan conmigo no van. Puedo asegurar que todos los asesores que tenemos en el Ejecutivo están trabajando», enfatizó.

Arcioni aseguró que en su gobierno «aquellos que no trabajan, tienen que dar un paso al costado. El que es el responsable de esa área también tendrá que retirarse».

Detalló: «Yo tengo más de 40 asesores directos. En total, en Gobierno, hay 186 asesores. Toda la información está en el Internet y en los sitios oficiales. No hay ñoquis y si están ahora, se van a ir en un futuro. Quédense tranquilos. Logramos reducir en un 36% la Planta del Poder Ejecutivo», remarcó el gobernador de Chubut.

En las últimas horas, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, remarcó: «Vamos a avanzar en las responsabilidades penales de quienes deben controlar dentro del Estado”. Luego de que en la causa “Ñoquis Calientes” se volvió a verificar un relajamiento en el armado de los legajos del personal de gabinete que había sido contratado por la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, el procurador general advirtió que dado que el gobierno no hizo caso a las recomendaciones de la justicia, va a haber consecuencias penales para los funcionarios que no controlen.

¿Llevaran a juicio a la ex y a los hijos del sindicalista dueño del diario Jornada? Se habla de que hay muchas presiones para favorecerlos con el fallo.

Se viene la resolución del juez en la causa del “bosque de marihuana” en la mansión de los González

La semana que viene se cumplirían los diez días hábiles que tiene el juez para resolverle la situación procesal a la exmujer y los hijos del millonario sindicalista Héctor González, en la causa del “bosque de marihuana” que les encontraron en la casa, con aquel allanamiento que hizo la policía el pasado 19 de mayo en la zona sur de Trelew.

¿Qué dispondrán en la Justicia Federal de Rawson?,¿El procesamiento y el envío a juicio de los González?, ¿Les dictaran la prisión preventiva?.

Se comentó estos días en los pasillos de los tribunales –entre el abanico de rumores que ha generado esta causa—que habría “muchas presiones” para que el fallo favorezca al dueño del Grupo Jornada y a sus hijos.

Aunque al juez se le haría muy difícil justificar que tres personas que convivían con más de cien plantas de cannabis sativa (marihuana) y una decena de cactus “San Pedro”, otro alucinógeno, no tuvieran nada que ver con eso o no supieran de su existencia.

También sonaría a ridículo y nadie lo creería, si se dijera que a esa plantación la tenían para producir aceite de cannabis o que el millonario sindicalista Héctor González no tuviera conocimiento del verdadero “bosque de marihuana” que había en el patio de esa mansión de la calle Cangallo y Belgrano, en donde él vivió durante mucho tiempo.

Era por eso, quizás, que se decía que en la Justicia querían escuchar lo que dijera “el gordo” González en una declaración que hasta el momento no se habría concretado o si ocurrió se llevó a cabo en el más estricto secreto.

Capaz que eso pudo haber generado aquella confusa versión que circuló en las últimas horas y que muy pocos creyeron asegurando que habían ordenado la captura del “capo” del sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia.

El hermetismo en la causa continua: desde el Juzgado Federal de Rawson no dejan que trascienda absolutamente nada de las diligencias que se han estado efectivizando. Tampoco se ha filtrado la calificación que ha escogido el juez para caratular el expediente; algunas fuentes hablaban de tenencia para comercialización, otras de “acopio” de marihuana. En cualquiera de los dos casos la pena que prevé el Código va de los 3 a los 6 años de cárcel.

Audiencia preliminar por dos hechos contra la propiedad

Días pasados por videoconferencia se concretó la audiencia preliminar que tiene como imputado a Bruno (el conejo) Levicoy por dos hechos contra la propiedad acontecidos el pasado 12 de febrero. Los representantes de fiscalía hicieron referencia a la pieza acusatoria, refiriéndose a la prueba documental y testimonial que será ventilada en juicio, solicitando se eleve la causa a juicio y se mantenga la prisión preventiva del imputado. Por su parte la defensora se opuso al mantenimiento de la prisión preventiva de su pupilo, propiciando su libertad y subsidiariamente su arresto domiciliario.

Presidió el acto Daniela Arcuri, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Facundo Oribones y María Laura Martini, funcionario y funcionaria de fiscalía respectivamente; en tanto que la defensa de Levicoy fue ejercida por Claudia Torrecillas, abogada de la defensa pública.

El primer hecho acontece el 12 de Febrero de 2020, siendo las 7.50 hs aproximadamente, cuando Bruno Alberto Levicoy se hizo presente en el domicilio sito en calle Calafate al 900 de esta ciudad, propiedad de la primera víctima, y previo sortear un cerco perimetral de 1.50 mts de altura, y valiéndose de un hierro destruyó tres candados que aseguraban la puerta de ingreso del galpón emplazado en el domicilio antes mencionado, una vez dentro, sustrajo una moladora tipo bocha marca Bosch, una pistola de pintar, una moladora de color rojo, una remachadora, un taladro color verde marca Bosch y una llave francesa, entre otras herramientas, los cuales colocó en una bolsa color verde y se dio a la fuga a pie en dirección a calle Wilde. Dicho accionar fue observado por una vecina, quien dio inmediato aviso al damnificado.

El segundo ilícito contra la propiedad se produce el mismo día, 12 de Febrero de 2020 siendo las 8.00 hs aproximadamente, cuando Bruno Alberto Levicoy se hizo presente en el domicilio sito en calle Wilde al 2500 de esta ciudad, y previo forzar el portón de ingreso a la altura de la cerradura, ingreso al patio lateral de la vivienda donde se encontraba el rodado Ford Focus, propiedad de la segunda víctima, sin los seguros puestos. Así las cosas, Levicoy abrió la puerta delantera derecha del vehículo y sustrajo de su guantera una cartera con el logotipo de la empresa “Del Sol automotores” la cual contenía en su interior documentación del rodado Ford Focus, asimismo sustrajo del baúl del rodado un bolso color gris con prendas de vestir pertenecientes al marido de la damnificada, posteriormente se dio a la fuga a pie.

Calificando los representantes de fiscalía jurídicamente los mismos como “robo simple, en grado de tentativa, dos hechos en concurso real”, por el que Bruno Alberto Levicoy deberá responder en calidad de “autor”; y enfatizando que la pena aplicable, en caso de recaer condena, será de 2 años de prisión efectivos y declaración de reincidencia por cuarta vez.

Seguidamente los representantes de fiscalía solicitaron se eleve la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal y en base a la existencia de elementos de convicción suficientes y los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación se mantenga la prisión preventiva que viene cumpliendo Levicoy desde el 12 de febrero pasado.

En contraposición la defensora se opuso al mantenimiento de la prisión preventiva de su pupilo, solicitando su libertad y subsidiariamente su arresto domiciliario.

Finalmente la jueza natural de la causa resolvió admitir la prueba ofrecida por las partes, elevando la causa a juicio ante un tribunal unipersonal, dictando finalmente la prisión preventiva de Levicoy por el término de un mes, instando a la Oficina Judicial a que fije fecha de debate antes de esa fecha, en virtud de la privación de libertad que sufre el imputado.

El presidente de la Cámara Federal de Cómodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, convocó a una audiencia virtual para el jueves próximo con el objetivo de retomar el trámite de la causa por el hundimiento del submarino Ara San Juan ocurrido en noviembre de 2017, informaron hoy fuentes judiciales.

El magistrado convocó a la audiencia para organizar el eventual desarrollo de otra posterior, en la que deberían tratarse las apelaciones al fallo que dispuso el procesamiento de seis ex altos mandos de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino Ara San Juan y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri.

Las partes fueron convocadas a presentarse el jueves a las 12 en la sala de videoconferencia de los tribunales federales de Comodoro Py para desde allí tomar contacto con la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra radicada la causa, sin quebrantar las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio decretadas a nivel nacional.

La audiencia se celebrará “con el propósito de poder coordinar la posible modalidad de la celebración del acto procesal señalado, superar las dificultades existentes para su realización y escuchar a las partes al respecto –todo ello como forma de asegurar el trámite de apelación-«, se indicó en la cédula de notificación a la que tuvo acceso la agencia Télam.

“Se celebrará una audiencia a través del sistema de videoconferencia, con los letrados que asumieron la defensa técnica de los imputados, los abogados que han asumido las respectivas querellas y los representantes del ministerio público”, se explicó.

Fuentes vinculadas a la causa adelantaron a Télam que los abogados de las querellas de los 44 tripulantes fallecidos durante el hundimiento del submarino Ara San Juan insistirán –cuando se realice la audiencia de las apelaciones- en reclamar que se investiguen las responsabilidades del entonces presidente Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

En febrero pasado, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.

Yáñez les imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.

En una audiencia preliminar desarrollada en sala de oficina judicial, tercer piso de tribunales, el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Carolina Marín solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa por la cuál se acusa al abogado Edgardo Oscar Bruno Romero por tentativa de homicidio y portación de arma debido al hecho ocurrido el 16 de abril de 2019.

La fiscal relató lo sucedido aquel día cuando siendo aproximadamente las 20:15 horas, Edgardo Oscar Bruno Romero munido de un arma de fuego tipo pistola semiautomática completamente limada sin número de serie ni marca, con supresor de sonido adosado al caño del arma de fabricación casera calibre 45, se hizo presente en el domicilio sito en Avenida Hipólito Irigoyen 1015 de esta ciudad de Trelew, ingresó al mismo, se dirigió hacia el fondo del predio, en el que se encuentra el taller de tapicería de Horacio Pavés y conociendo el poder vulnerante del arma que portaba, gritando «te voy a matar hijo de puta» le realizó al menos 2 disparos de arma de fuego, alcanzando uno de ellos a la víctima en la región dorsal baja derecha de la espalda, momento éste en que Pavés se gira hacia Romero, se trenza en lucha con el mismo y para resguardar su integridad, con el destornillador que estaba utilizando en el arreglo de una silla se defiende, dándole con el mismo en la cara a su agresor, mientras forcejeaba con éste a fin de evitar que continuara con su ataque y lograra darle muerte.

Agregó que Romero no logró su cometido, por circunstancias ajenas a su voluntad, dado que la víctima ante gritos de auxilio advirtió a una transeúnte ocasional, la que de manera inmediata dio aviso a los empleados de la carnicería lindera a la tapicería, y provocó la reacción de dos empleados, quienes se hicieron presentes en el predio, siendo uno de ellos quien le saca de la mano a Romero el arma de fuego y llama de inmediato a la policía y a la ambulancia, dado que tanto víctima como victimario se hallaban heridos y fueron trasladados ambos al hospital zonal de la ciudad de Trelew.

La calificación es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, en calidad de autor, en el marco de los artículos 79, 41 bis, 42,45, 54 y 189 bis inciso segundo, párrafo cuarto del código penal y artículo 4 inciso 3 b) del decreto 395/75 y la pretensión punitiva alcanza a los siete años de prisión de ejecución efectiva.

Argumentó además sobre la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento al solicitar el mantenimiento de la prisión preventiva hasta tanto se efectivice el debate correspondiente.

Tras el ofrecimiento de pruebas ofrecido por las partes, el doctor Romero se explayó en un amplio alegato intentando revertir lo expuesto por la fiscalía en cuanto a los hechos endilgados como asimismo reiteró un pedido de morigeración de la medida de coerción y exigió el pronto cumplimiento de plazos fijados por las normas para el debido proceso.

Juicio y prisión preventiva

El Juez Gustavo Castro confirmó lo solicitado por el Ministerio Público y resolvió la elevación a juicio oral y publico de la causa por el delito fijado en la acusación y además informó que la oficina judicial ya resolvió la fecha del debate que será el jueves 5 de marzo próximo con un tribunal conformado por los Jueces Marcelo Nieto Di Biasse, Mirta Moreno y Gladys Olavarría. Del mismo modo, determinó la continuidad de la prisión preventiva hasta el momento del juicio, el que Romero deberá esperar alojado en una dependencia policial.