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Donnet, quien tiene un pedido de juicio político por tratar de «negra chorra» a Milagro Sala, hizo efectiva su renuncia a partir del 31 de agosto de 2020, iniciando los trámites para acogerse a la jubilación.

El Dr. Miguel Ángel Donnet renunció a su cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, invocando razones de salud. La dimisión fue presentada a sus colegas de la Corte Provincial para que sea remitida para su consideración al gobernador Mariano Arcioni. Donnet estaba de licencia por cuestiones de salud y tiene un pedido de juicio político por tratar de «negra chorra» a Milagro Sala, tal como anunció en su momento ADNSUR.

Donnet hizo efectiva su renuncia a partir del 31 de agosto de 2020, iniciando los trámites para acogerse a la jubilación.

En la nota enviada al Superior Tribunal, expresó su agradecimiento a sus colegas ministros, y a todo el personal de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial por el acompañamiento recibido durante el tiempo en que ejerció el cargo.

El pasado martes 12 de mayo ingresó directamente a la Presidencia de la Legislatura una nota firmada por referentes de la lucha por los derechos humanos y de género, en la que se solicita la realización de un juicio político para destituir al ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Miguel Donnet, por haber realizado comentarios misóginos y discriminatorios contra la dirigente social Milagro Sala a través de la red social Facebook.

Donnet se encuentra de licencia desde hace más de 8 meses, luego de que en noviembre los médicos laborales de la justicia indicaron reposo para el abogado comodorense, en una situación en la que no ha trascendido un diagnóstico oficial, pero que está vinculada a su salud mental. Donnet -propuesto por el ex gobernador Mario Das Neves en 2016- ya cumplió los requisitos para acceder a su jubilación, y si bien más de una vez comentó a los empleados de la corte chubutense su intención de dejar su lugar, nunca presentó su renuncia al gobernador Mariano Arcioni, por lo que sigue en posesión del cargo, que es subrogado por los otros dos ministros, Mario Vivas y Alejandro Panizzi.

El pedido que ingresó a la Legislatura pide su remoción por desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en sus funciones, de acuerdo al planteo que lleva las firmas de Celia Debono (Coordinadora Cladem Argentina), María Luisa Gómez (Coordinadora Cátedra Libre UNPSJB), y la reconocida abogada en materia de género, Alejandra Tolosa.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut rechazó el intento de desplazar al intendente Pol Huisman, de su cargo al considerar que la resolución que lo pretendía es arbitraria, “carece de fundamento” y “no individualiza hechos concretos”, a la vez que lo considera poseedor de una “ostensible inconsistencia”.

“El déficit de fundamentación apuntado, especialmente exigible para adoptar una medida de la trascendencia institucional que se cuestiona, torna prima facie verosímil la arbitrariedad que se denuncia”, cuestionan los jueces.

El duro fallo del STJ sintonizó con el dictamen que pocas horas antes había sostenido el Procurador General, Jorge Miquelarena, para quien el avance del Concejo Deliberante contra Huisman era “sumamente confuso”, con “inconsistencias en las decisiones” y basado en “argumentos pueriles que no se verifican en hechos objetivos”.

“Lo actuado por el Concejo Deliberante de El Hoyo en las sesiones especiales que se traen a este proceso, se encontraría muy alejado de los estándares democráticos constitucionales”, había opinado el Procurador.

La Corte se pronunció por una resolución del Concejo Deliberante de El Hoyo que el pasado viernes suspendió en cuestión de minutos al Intendente Pol Huisman, en un golpe antidemocrático que intentó quebrar el orden legal de la localidad.

El fallo del Superior Tribunal puso fin a seis días de conmoción y caos institucional, obligó a interrumpir la continuidad administrativa natural, causó conmoción e incertidumbre en el pueblo y distrajo al conjunto de las tareas prioritarias para la reconstrucción de El Hoyo.

Ello, además, agravado por generar una inestabilidad política injustificable en el marco de una pandemia de escala mundial que ha derrumbado las economías de todo el planeta y dedsatado una crisis económico financiera sin antecedentes.

En esa misma línea que el procurador Miquelarena, aunque con mayores precisiones, la máxima jerarquía judicial de Chubut se pronunció ahora en un fallo contundente que fue muy trabajado por los ministros Mario Luis Vivas, Alejandro Panizzi y Florencia Cordón Ferrando.

No obstante descalificar lo actuado por el HCD, los magistrados decidieron validar la conformación de la comisión investigadora sin valorar su justificación, sino que la permitieron debido a que su conformación es una potestad del cuerpo legislativo.

El STJ cuestiona severamente al HCD porque que el único fundamento de la suspensión del intendente es un presunto entorpecimiento al funcionamiento del cuerpo, pero no individualiza “hechos concretos de los que se derive la conducta imputada, ni identifica qué actividad puntual se vio entorpecida”.

“Es ostensible la inconsistencia que se evidencia en la causa de entorpecimiento invocada” por los concejales, acusan los magistrados del Superior Tribunal de Chubut.

También les marca una notoria contradicción en una misma hoja, ya que mientras al comienzo lo acusan por una pretendida transgresión en la obtención de documentos supuestamente reservados, lo suspenden por otra circunstancia como fue realizar una “convocatoria de vecinos”. En otras palabras, lo acusan por “A” y lo suspenden por “B”.

“Debe señalarse que la Resolución en análisis carece de la fundamentación necesaria. Ello, en tanto no se ha dado cuenta en dicha Resolución siquiera mínimamente de las circunstancias” del presunto entorpecimiento que alegan para suspender al intendente.

La Municipalidad se hará cargo de la última cuota del césped sintético, Desde hacía un largo tiempo, había quedado trunco el pago total del césped sintético del Club Atlético Florentino Ameghino. Cuestiones administrativas incumplidas por parte de quienes se habían comprometido a finalizarlas, fueron el motivo de este retraso que se complicó más por la pandemia.

Pero la espera terminó. O, al menos, está a punto de concluir, ya que la Municipalidad de Comodoro Rivadavia se hará cargo del pago de la última cuota para que el CAFA pueda vestir de verde su campo de juego de fútbol 11.

Así lo dio a conocer el titular de la entidad de Kilómetro 3, Angel Cayetano Capurro. “El jueves tuvimos la suerte de que Hernán Martínez (presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes) nos avisó que nos van a pagar la última cuota de la cancha que quedó pendiente, la cual Provincia no cumplió. Este lunes tengo que presentar la documentación del club para que nos hagan efectivo el pago”, le explicó el dirigente a Pasta de Campeón.

“Son tres cuotas, se pagaron dos y se incumplió la última, que eran $500.000 y hoy son $2.350.000, más $500.000 que nos sale traer la cancha. La cancha va a llegar entre 60 y 70 días, aproximadamente”, anticipó.

La intención de la dirigencia es inaugurar la cancha de césped sintético el 1 de febrero de 2021, fecha en la que la institución cumple 102 años. Junto a la cancha, se renovará la iluminación y se pulirán detalles para que el club reluzca las nuevas obras.

Por otra parte, después de la venta de empanadas y dinero recaudado de las últimas actividades realizadas, se comenzaron a colocar las puertas metálicas de los vestuarios, se compraron seis mallas para los parapelotas, dos planchas de acero para colocar las ventanas nuevas al quincho y, además, se pagó la mitad de los honorarios del contador del club para memoria y balance 2018-2019.

Lo aseveró Pablo, el hijo de Elvio Ángel Bel, al colocar este lunes junto a su madre Hilda Fredes el cuadro del docente y militante desaparecido en 1.976 en el Concejo Deliberante, en reemplazo de la placa del policía retirado Tito Nichols, condenado como partícipe secundario de esa desaparición forzada.

“El Concejo Deliberante y el Partido Justicialista venían protegiendo a Nichols e incluso él pretendía que nosotros le pidiéramos perdón por haberlo sentado al banquillo de los acusados”, recriminó Fredes.

“Lamentablemente el juicio no se realizó en su totalidad en Rawson y ni nos avisaron de la sentencia”, remarcó.

“Los jueces tendrán que hacer nuevas lecturas de la realidad, después de esta pandemia hay que rever un montón de cosas, en este Concejo Deliberante con gente de joven ha entendido que ha habido una sentencia, y eso habla de un compromiso, el mismo compromiso que tuvimos nosotros en la búsqueda de la verdad”, enfatizó.

“A Elvio Ángel Bel se lo llevaron, lo secuestraron y lo mataron porque quería un cambio en la sociedad, y eso todavía no lo hemos conseguido. Entonces tenemos que tomar el legado del compañero y hacerlo nuestro”, exhortó.

“Esto tiene que ver con lo que ha pasado en el país, con las leyes de Obediencia de Vida y el Punto y todas las causas que fueron cerradas y archivadas durante muchos años”, señaló por su parte Pablo Bel.

“Estas personas deberían haber sido juzgadas después que se juzgó a la Junta Militar, Nichols nunca debió haber llegado a ocupar un cargo como concejal ni como presidente de la Cooperativa”, recalcó.

“Lo condenó la Justicia, no los familiares, y esta es la diferencia. A mi padre lo desapareció el Estado, nosotros fuimos a la Justicia y la Justicia determinó que esta persona fue responsable en parte de la desaparición de mi padre”, fundamentó.

“Hoy por hoy es un gran logro, si la Cooperativa lo hace o no lo hace, ya estamos. Quedará sucia teniendo la placa con ese nombre. Igual que acá en el Concejo Deliberante, si dejan el nombre sólo tenían que aclarar que tiene una sentencia por un crimen de lesa humanidad”, consideró.

“Eso demuestra cómo funciona el Estado, no es puntualmente en contra de Tito Nichols o de su familia, sino de todos los que han participado de la desaparición forzada y la muerte de personas. Que se respeten los valores democráticos del país”, demandó.

“No se puede subir o bajar un cuadro, es como si viniera un gobierno de derecha y quisiera subir el cuadro de Videla”, advirtió Bel.

“Esta persona fue considerada participe de una desaparición forzada y el Consejo Deliberante resolvió bajar su cuadro”, insistió.

“En cada acto o en cada reivindicación social por una Patricia diferente o por mayor cantidad de derechos vamos a recordar la figura de Ángel como de Mario Abel Amaya, Llorente, Cittadini, Cugura, Bau, Trigo, Amaturi y tantos otros que fueron desaparecidos por el aparato del Estado”, aseguró, así lo publicó Radio 3.

El Gobernador Mariano Arcioni se mostró este mediodía muy enojado con quienes por cuestiones políticas -supone- no manifiestan compromiso para sacar la provincia adelante en el marco de la crisis financiera que ésta atraviesa.

“Nunca dejamos de invertir a pesar de la situación económica financiera que atraviesan la provincia y el país, nunca dejamos de ver cuál era nuestra obligación como Estado, teniendo como algo primordial la Salud y la Educación”, sostuvo Arcioni en el marco de un acto oficial.

Y agregó que “así como los hemos jerarquizado para reconocer su trabajo, hoy lo que necesitamos es el compromiso de todos, que vean el esfuerzo que se hace. La deuda que tiene la provincia no es algo que haya caído desde el cielo de un día para el otro. Necesitamos absolutamente de todos, que aporten. Proyecto que presentamos, si es perfectible, bienvenido sea”.

“¿Ajuste de qué? ¿De qué me están hablando, si todos y cada uno de los trabajadores del Estado están dentro del mismo como corresponde? Optimizaremos recursos, los redireccionaremos”, esgrimió el titular del Ejecutivo provincial.

En tal sentido, expresó el agradecimiento a su equipo “y también a los trabajadores de la Salud a pesar que algunos sectores pueden estar en conflicto, pero entendamos el esfuerzo que hacemos, nada es mágico”.

“No tenemos la fábrica para hacer dinero, debemos cumplir obligaciones. En el día de ayer pagamos 30 millones de dólares para que la provincia no entre en default y podamos renegociar los vencimientos de deuda que tenemos para este año”, advirtió.

Arcioni remarcó que esa “es una deuda de todos los chubutenses. ¿Qué quieren que se haga? Escuchamos propuestas, a los legisladores, a la oposición. Acá somos todos humildes y queremos sacar esta provincia adelante”, determinó.

“Nada se consigue sin esfuerzo, sin trabajo, responsabilidad, honestidad y sinceridad. Volvamos a tener esos valores y ahí sí vamos a poder estar hablando de la provincia que todos nos merecemos”, agregó el mandatario.

Finalmente, sostuvo que espera que “de una vez por todas entendamos todos los chubutenses el esfuerzo que tenemos que hacer, dejar cuestiones políticas de lado. A esos miserables, como Gobernador, no los quiero como alianza política que solo busca un cargo, sino que quiero gente que se esfuerce por su pueblo”, señaló El Comodorense.

La capital de la provincia vive una crisis inédita, y la intendenta Artero, que se encuentra suspendida en sus funciones, será sometida a un juicio político con gravísimas acusaciones, vinculadas a presunto mal desempeño de su cargo y violaciones a la Carta Orgánica. ADN Sur accedió a la información que se ventilará en el debate que comenzará el 18 de octubre contra una socia política del gobierno que fue electa como diputada provincial para asumir el próximo 10 de diciembre, mientras el municipio sufre paros permanentes por atrasos en el pago de haberes.

El caso de Rossana Artero es muy particular dentro de la política: ingeniera química sin pasado militante, llegó a una banca en el Concejo Deliberante de Rawson en 2008 dentro de un partido vecinal, y luego recibió la oferta de Carlos Eliceche en 2011 para ser la candidata del FPV, con lo que llegó a la intendencia. Fue reelecta por el PJ en 2015, pero a comienzos de este año rompió con el peronismo a pesar del apoyo del candidato a gobernador Carlos Linares, y cerró un acuerdo con Chubut al Frentepara integrarse a la lista de diputados provinciales que acompañaba al gobernador Mariano Arcioni. Su gestión siempre recibió duros cuestionamientos internos, pero de todos modos hasta hace apenas unos meses atrás, cuando era tentada tanto por las listas de la oposición como por las del oficialismo,la figura de Artero seguía pareciendo una carta de triunfo que se disputaban los dos principales partidos, que incluso la llevó a auto adjudicarse el amplio triunfo del arcionismo el 9 de junio en la capital.

Sin embargo, inmediatamente terminadas las elecciones, el municipio comenzó a mostrar de manera abrupta una agobiante escasez de fondos, que generó la imposibilidad de afrontar los sueldos y aguinaldos en el mes de julio.A la crisis económica y la falta de herramientas financieras, se le sumó una crisis política inusitada, producto de las prolongadas ausencias de la jefa comunal desde el año pasado, para acompañar a su marido en un tratamiento médico fuera de la provincia.Se hizo común no ver a la intendenta en la ciudad durante semanas enteras, al punto tal que muchas veces había dudas de cuál de sus secretarios estaba al frente del municipio. Cuando la crisis se hizo más evidente en el mes de julio, y la falta de pago de sueldos generó un acampe de un mes frente al despacho municipal, su equipo de funcionarios no encontró la manera de conseguir el dinero para cumplir con sus obligaciones, y la ciudad entró en una falta total de respuestas con terribles consecuencias, como la no recolección de residuos domiciliarios durante más de un mes, lo que produjo casi un desastre ambiental.

En este contexto de caos, y luego dedos inasistencias consecutivas de Artero al Concejo Deliberante para dar explicaciones, los edilesdecidieronsuspenderla en el cargo hace 45 días para iniciarle un juicio político,por lo que asumió de manera interina en su lugar el pasado 20 de agosto la concejal oficialista Araceli Di Filippo. Si bien la suspendida intendenta recurrió al Superior Tribunal de Justicia objetando el procedimiento -por lo que la Corte deberá dirimir en breve sobre este conflicto de poderes-, el proceso siguió su curso yesta semana la notificaron del dictamen de la Sala de Acusar, y se fijó para el próximo 18 de octubre-10 días antes de las elecciones donde se definirá el próximo intendente- la audiencia de inicio del debate donde se va a leer la acusación completa en su contra para darle a la acusada la posibilidad de defenderse ante cada uno de los más de 20 hechos que se le endilgan.

Ese día comenzará el juicio propiamente dicho, en el que tres miembros de la Sala de Acusar, los concejales Dulio Monti (UCR), Nora Banuera y Sebastián Curtale (PJ) harán de fiscales ante un tribunal que estará integrado por los miembros de la Sala de Juzgar, los concejales Gisel Genoff, Marcos Tarumán, Daniel Boillos, Daniel Paredes y María Laura Nievas, quienes en un proceso que no podrá durar más de 30 días, deberán resolver si Artero es o no destituida de su cargo.

LOS CARGOS

El dictamen con el detalle de los hechos que se le imputan a Artero es mantenido hasta aquí en secreto por los integrantes de la Sala de Acusar, que pretenden se dé a conocer públicamente recién el día del inicio del juicio. De todos modos, ADN Sur accedió de manera extraoficial a la información sobre los puntos más trascendentes de la acusación contra la intendenta,que en totalserían más de 20 hechos, algunos muy graves que dejan entrever una presunta malversación de fondos públicos, razón por la cual hay quienes se animan a anticipar que esto podría derivar en una andanada de denuncias judiciales contra la jefa comunal y sus funcionarios.

Las fuentes consultadas sobre el contenido del dictamen, algunas de las cuales han realizado expresiones públicas, se refieren a violaciones a la Carta Orgánica, mal desempeño en el cargo y comisión de faltas graves.Por ejemplo, la acusación apuntará a un “ausentismo notorio e injustificado” de Artero, utilizando la comunicación “mientras dure la ausencia de su titular” sin especificar la cantidad de días hábiles, y aducen una suma asombrosa: afirman que del recuento realizado “las ausencias producidas entre enero y julio de 2019, de los 180 días del año, se ausentó 100 días”. Y le reprochan que las razones esgrimidas apuntan al estado de salud de su marido, lo que sería encuadrado en “una incapacidad física”, por lo que entienden es “una razón más por la que no estaría en condiciones de retomar el ejercicio de sus funciones”.

Un capítulo muy importante de la acusación será la cuestión ambiental, justamente el eje fuerte de la campaña electoral de Artero en 2011, cuandoprometía erradicar los basurales a cielo abierto en 90 días. Los concejales le pedirán explicaciones por la abultada deuda con el Girsu-el consorcio que maneja los residuos sólidos urbanos en el valle-, que supera los $ 5 millones más intereses en 2018 y llega a más de $ 6,6 millones en cuatro meses de 2019, y que estiman superaría los $ 12 millones más intereses en la actualidad. Según los acusadores, es inexplicable tal deuda teniendo en cuenta que el municipio recauda dos tasas en ese concepto, una de ellas a través de la boleta de la cooperativa de Servicios Públicos, por lo que no debieran existir mayores atrasos si el dinero hubiera sido destinado para ese fin.

También se la acusará a Artero por no proteger el medio ambiente, por las consecuencias motivadas en la falta de pago de haberes que generó una paralización completa del Servicio de Recolección de Basura, que motivó un amparo ambiental en el Juzgado Civil de la ciudad de Rawson, interpuesto por el procurador Jorge Miquelarena, porla no recolección de residuos durante un mes entero.

MANEJO DE FONDOS

Artero deberá responder además por varios hechos sobre el manejo de fondos con asignación específica que nunca se ejecutaron, y que según los ediles acusadores, fueron utilizados para gastos corrientes, lo que motivará una demanda judicial. Citan por ejemplo los más de $ 800 mil del subsidio que arribaron del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en noviembre pasado para la adquisición de equipamiento e insumos de refacciones para las Casas Tuteladas, destinadas a los adultos mayores, obras que nunca se realizaron a pesar de haber sido depositada la plata en el Banco Nación. También cuestionan el uso de la plata del convenio firmado en mayo con el Ministerio de Salud de la Provincia, que destinó más de $ 4 millones exclusivamente para la compra de un equipo de digitalización de rayos X para el Hospital “Santa Teresita”, que fueron depositados a una cuenta del municipio pero nunca se inició el expediente para la compra del equipo comprometido.

Además aseguran que la impericia de la intendenta generó demandas millonarias, como la falta de pago del alquiler del inmueble ubicado en calle Mariano Moreno 735, donde funcionarán las oficinas municipales, que acumuló la suma de $850.000 más intereses y costas. Y eljuicio de la empresa Industrias Bass S.A. por la obra del puente de El Elsa, donde no se realizó la determinación de precio, generando una deuda superior a los $ 500 millones.

Por otra parte, le adjudican a Artero la responsabilidad en la crisis del transporte urbano de pasajeros que presta la empresa Bahía S.R.L., ya que aseguran que el municipio nunca llamó a una nueva licitación pública por la concesión vencida, y como consecuencia de todos los desacuerdos y “desinterés” a lo requerido por la empresa, se generó una demanda donde se reclama la suma de $ 33 millones en concepto de subsidios, a lo que hay que sumarle los intereses, arrojando una deuda estimada en $ 50 millones.

Se menciona también otro cargo, a raíz del no pago de los seguros de trabajo de los empleados municipales, pero sí de su descuento compulsivo, lo que generó el expediente judicial de la firma aseguradora reclamando un monto que sumando intereses y gastos de juicio llegaría a $ 5 millones, acumulados desde noviembre de 2016 a septiembre de 2018, cuando se procedió a la anulación del contrato, quedando sin ART todo el personal de la Municipalidad hasta hace unos pocos días que se llegó a un acuerdo de pago.

INCUMPLIMIENTO

Otros puntos de la extensa acusación, refieren a varios incumplimientos en sus funciones que estipula la Carta Orgánica. Por ejemplo, mencionan la falta de designación de un nuevo juez de faltas municipal, ya que el mandato de Silvia Bustos venció el 22 de noviembre de 2018 y nunca no se envió ninguna terna de postulantes al Concejo Deliberante, lo que dicen, “marca un total desinterés acerca de la composición del Poder Judicial Municipal”.

También se le reprocha no acudir a las dos citaciones que hizo el Concejo Deliberante en julio y agosto, lo que consideran “falta grave”, ya que entienden fueron faltas injustificadas,especialmente la última, aduciendo falta de garantías de seguridad. Y respecto al Poder Legislativo, afirman que Artero nunca permitió el correcto y normal desenvolvimiento, sea porque nunca se implementó sistema de Boletín Oficialalguno, o por no remitir las Resoluciones al Concejo, o por no responder ninguno de los informes requeridos en los últimos tres años.

En este contexto, le cuestionan a Artero el permanente incumplimiento con la rendición de cuentas de los ejercicios presupuestarios, lo que además aseguran, “generó los problemas actuales del municipio para conseguir herramientas financieras, y el impedimento para solicitar créditos para hacer frente a la presente crisis”.

En el largo listado de hechos de la acusación que no se agotarán en esta nota, se enumeran una gran cantidad de expedientes que mostrarían el incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativopor parte del municipio, producto de contrataciones en los que no surgiría que se haya pedido al menos tres presupuestos para elegir el contratante al mejor precio ofrecido, ni tampoco hubo una imputación preventiva del gasto para prever su pago, ni firma de contrato de obra que delimite correctamente las obligaciones y derechos de las partes.

Y se enumeran otra gran cantidad de casos de la modalidad de pago por prestación de servicios a distintas personas y empresas, con pagos mensuales, regulares y consecutivos, creando según los concejales, la expectativa de que los beneficiarios sean empleados municipales, y sin estar debidamente acreditados y documentados. Por otra parte, el dictamen contiene varios expedientes de contrataciones de obras pública que –según afirman- contienen varias irregularidades.

INTERROGANTES

Está claro que Rawson vive una crisis política importantísima, aunque no es extraña, ya que hace 17 años también el Concejo Deliberante destituyó al ex intendente Pablo Helmer a través de un juicio político. Pero en este caso hay un agravante, que es la falta absoluta de recursos sumada a la casi nula recaudación impositiva, lo que genera gran preocupación para quienes asuman en diciembre en el despacho municipal, que deberán afrontar juicios y deudas millonarias, sin tener posibilidad de acceso al crédito.

Lo que muchos se preguntan en Rawson es si Rossana Artero se presentará a la convocatoria de la Sala de Acusar para defenderse ante semejante cantidad de cargos, teniendo en cuenta que no ha concurrido a las últimas convocatorias que ha realizado el Concejo Deliberante. O si en todo caso esperará la definición del Superior Tribunal sobre el planteo respecto a su suspensión.

Y las preguntas que también se escuchan en la capital, tienen que ver con anticiparse a un juicio cuya suerte parece echada de antemano, con denuncias penales posteriores, y pensando más allá, en las consecuencias que esto podría traer en la asunción de Artero el 10 de diciembre cuando jure como diputada provincial.Hay quienes se preguntan -si se llegara a demostrar impericia en el manejo de fondos públicos e incumplimientos de sus deberes-, si estaría habilitada para asumir como legisladora.

La primera respuesta que surge por un lado es que la justicia demora mucho tiempo en resolver estas cuestiones, y hay ejemplos de legisladores condenados durante su mandato como diputados. Y la segunda respuesta es de tipo político, y teniendo el apoyo del bloque mayoritario que comandarán Arcioni, Sastre y Maderna, está claro que Artero no debería tener inconvenientes en que se le permita asumir. Sin embargo,hay quienes aseguran que van a tratar de impedirlo, y citan antecedentes ocurridos por ejemplo en el Congreso Nacional. En todo caso, será una discusión a futuro. Por lo pronto la pelea más inmediata de Artero tiene fecha fijada para dentro de 12 días, y todo indica que será una batalla muy difícil, informó ADN SUR.

El secretario general de ATECh, Santiago Goodman, se refirió a la renuncia presentada ayer de la ministra de Educación de Chubut, Graciela Cigudosa. “Hay situaciones que deben resolverse. Pretendemos que la Justicia actúe en los casos que tenga que actuar. Lo del supuesto ofrecimiento para que yo ocupe el cargo de ministro de Educación es una fantochada creada por alguien. Querían vender pescado podrido”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “lo de la renuncia de Cigudosa fue un detonante propio de las circunstancias que se vienen dando”.

“Me parece que hay un desgaste. Hay situaciones que deben resolverse. Pretendemos que la Justicia actúe en los casos que tenga que actuar”, dijo en dialogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “lo del supuesto ofrecimiento para que yo ocupe el cargo de ministro de Educación es una fantochada creada por alguien. Querían vender pescado podrido”.

Finalmente, Goodman concluyó que “mis funciones son como secretario general de la ATECh no tengo ningún tipo de aspiración política en términos de cargo. Se tiran este tipo de operaciones con el único fin de manchar a las personas pero ya sabemos con los bueyes que aramos”.

El Comodorense

Es una administrativa de Policía ecológica. Fue detectada en un operativo policial de rutina.

En uno de los operativos preventivos que hace Policía del Chubut, y que se realizan de manera conjunta con Guardia Urbana de la Municipalidad de Trelew, se detectó a tres personas con Marihuana, una de las cuales integra el área administrativa de Policía Ecológica municipal. Ante la situación se le imputa en libertad el hecho, de acuerdo a la ley 23.737.

Al respecto, el titular de la Agencia de seguridad de Trelew, Segundo Almonacid, reveló que “lo que hacemos apenas me avisan, tras notificarme y en medio de las actuaciones en el lugar, es determinar la separación automáticamente del cargo administrativo en el que se desempeñaba esta persona.  De este modo, somos tajantes y no trabajará más en la dependencia municipal. No permitimos esta clase de hechos, cumpla la tarea que cumpla, dentro de la Agencia de Seguridad y Prevención”, expresó el funcionario municipal.

“Pedimos las actuaciones a Policía del Chubut, las enviamos a Asesoría Legal, y dependiendo de la evolución de la investigación, se tomarán las medidas que se tengan que tomar”, agregó.

“Esto tiene que ver totalmente con las responsabilidades individuales de cada una de las personas. Uno le otorgaba determinadas responsabilidades porque hace años que formaba parte de la Municipalidad de Trelew, pero lo que hacemos en estos casos es ser tajantes y la separamos del cargo de manera preventiva, y garantizamos que no volverá a cumplir tareas dentro de la Agencia. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, exigiremos que se investigue el hecho y aportamos los testigos de actuación en el lugar en el que se hizo el operativo”, sentenció el funcionario para finalizar.