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La Cámara Federal porteña deberá resolver qué juzgado se hará cargo de la investigación al expresidente Mauricio Macri y otros imputados por presuntas presiones al Grupo Indalo durante su gobierno.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó la inhibición en el caso de su colega María Servini, luego de haber sido criticada en un programa televisivo emitido en un canal propiedad del querellante en la pesquisa, el empresario Fabián De Sousa, según la resolución del magistrado.

Ante esto, el Tribunal de Apelaciones tendrá que decidir cuál de los dos jueces quedará a cargo de la pesquisa, en el marco de la cual se ordenaron entrecruzamientos de llamados entre los teléfonos de Macri y otros imputados como Mario Quintana y los extitulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli.

«La doctora Servini es una Jueza Federal con competencia penal para actuar en la investigación de delitos -a través de su actividad como directora del proceso-, muchos de ellos graves», explicó Casanello, quien había resultado sorteado para seguir con el caso, tras la inhibición de la magistrada.

El juez federal agregó que «se espera de los jueces que estén en condiciones de sobreponerse a las críticas, denuncias infundadas y a las manifestaciones de esta índole».

«Mi colega expuso puntualmente que el motivo central de su agravio consistía en los insultos proferidos por el periodista antes mencionado (Tomás Méndez), en un canal de televisión cuyos propietarios son parte de esta causa», recordó el juez.

Casanello reconoció que «la situación no es grata».

«Sin embargo, debe entenderse que por desagradable e injusta que sea la crítica, la magistrada se encuentra en condiciones de desarrollar su labor con profesionalidad, responsabilidad y conciencia de su misión», concluyó.

Servini estaba a cargo de la pesquisa por presunta asociación ilícita vinculada a supuestas maniobras de presiones y hostigamiento contra el Grupo Indalo en el macrismo.

El 26 de agosto pasado «en el programa televisivo “ADN – Periodismo Federal” -que se emite por el canal “C5N” entre las 22 y las 23 y es conducido por el periodista Tomás Méndez-, se expuso un informe en el que se hizo referencia a la tramitación de este expediente y en el marco del cual el referido conductor realizó diferentes manifestaciones que la magistrada entendió agraviantes y denostativas sobre su persona», recordó Casanello en el fallo.

«Concretamente, luego de presentar la primera parte del correspondiente informe, Méndez dijo: “Servini deje de romper las pelotas ya, jubílese, ¿cuántos años tiene Servini, por qué se quiere, ama tanto el laburo Servini?, póngase una jardinería, póngase un vivero si quiere laburar Servini en serio por primera vez en la vida a los ochenta y pico de años, póngase un vivero a ver si labura…”, citó el juez.

Luego de la emisión del ciclo, Servini resolvió apartarse del caso al remarcar que el canal es propiedad de De Sousa y Cristóbal López, presuntos «damnificados en la maniobra investigada» y en el caso del primero, es querellante en la causa, señaló Red 43.

La Cámara Federal porteña resolvió hoy que la investigación por espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el macrismo, debe pasar a los tribunales de Comodoro Py y ordenó pedir la inhibición a la Justicia de Lomas de Zamora.

Los sucesos investigados «se vinculan con una actividad de espionaje ilegal producida por un organismo federal que tiene sede en esta ciudad», sostuvo el camarista Mariano Llorens al tomar esa decisión.

Ante esta resolución, la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti deberá pedir a su par de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge que se inhiba de seguir entendiendo en la causa y le envíe las actuaciones.

En caso de una negativa por parte de este magistrado, se trabará una cuestión de competencia que deberá dirimir un tribunal superior, la Cámara Federal de La Plata.

Llorens revocó una decisión previa de la jueza Capuchetti, quien había rechazado un planteo del extitular de la AFI acusado en el caso, Gustavo Arribas, para que la pesquisa se tramite en Comodoro Py.

«La investigación que se lleva a cabo en el marco del expediente señalado tiene como norte dilucidar los hechos vinculados con la realización de tareas de inteligencia ilegales sobre el Instituto Patria y en el domicilio particular de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ambos ubicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires», fundamentó el camarista.

En la causa que se investiga en Lomas de Zamora, Arribas ya fue procesado y embargado por 2 millones de pesos, al igual que su exsegunda en la AFI, Silvia Majdalani, por los hechos ocurridos en el 2018 cuando el organismo espió de manera ilegal a la entonces expresidenta, según la causa.

Llorens hizo lugar a una apelación de Arribas y del fiscal federal porteño Guillermo Marijuán.

«Los argumentos expresados por los recurrentes y, en especial, lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal en esta instancia, lucen acertados», concluyó.

Ante ello, revocó la decisión de Capuchetti y le ordenó librar oficio al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora para que «se inhiba de intervenir en la causa». En esta causa es querellante la Vicepresidenta.

Además de la investigación por el Instituto Patria, Arribas fue citado a indagatoria también por el juez Auge de Lomas de Zamora en otra pesquisa por espionaje ilegal que tuvo como víctimas a funcionarios, políticos, periodistas y empresarios, entre otros, informó Télam.

En cambio, le dictaron la falta de mérito por el uso de la flota para transportar diarios e informes de prensa, por considerar que se trataba de elementos vinculados a sus funciones.

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento a la vicepresidenta electa Cristina Kirchner por el presunto delito de «peculado» por la utilización de aviones presidenciales para el traslado de mobiliario particular.

Los jueces de la Sala I del Tribunal de Apelaciones confirmaron de manera parcial el procesamiento que pesaba sobre CFK por el uso de la flota presidencial: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, considerar que era elementos vinculados a sus funciones.

En el mismo fallo, según informó Télam, aunque en este caso por mayoría y no por unanimidad, los jueces del tribunal de apelaciones decretaron la falta de mérito para el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli.

Ambos habían sido procesados por el juez federal Claudio Bonadio, acusados de haber cometido el delito de “peculado” en una causa derivada del caso conocido como “cuadernos de la corrupción”, que ya fue elevado a juicio oral y público.

La causa

La ex presidenta y Parrilli habían sido acusados de “haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegoscuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades”. 

Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera senadora nacional o presidenta, en tanto que Oscar Parrili era Secretario General de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20”, sostenía la acusación en su contra.

También habían sido acusados de “haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner”.

En el fallo de hoy, el juez de la Cámara Federal porteña Mariano Llornes sostuvo que “una primera aproximación, que surge manifiesta de la secuencia de las conductas reconstruidas, es la utilización abusiva y desmedida de bienes públicos con una finalidad, en un caso para fines particulares y en el otro netamente con fines privados”.

“Esa circunstancia aleja la posibilidad de cualquier justificación que se le pudiera dar, aún aquella que se ensayó respecto de que había vuelos que debían salir sí o sí y cuyo recorrido podía aprovecharse para el traslado de elementos claramente alejado de las necesidades del Gobierno Nacional”, sostuvo Llorens, que en ese caso votó en la misma dirección que sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La causa está basada en los testimonios de quienes fueron pilotos de la flota presidencial durante las gestiones kirchnerisstas, hecho que fue cuestionado en las apelaciones de las partes que se quejaron por la falta de mayor prueba por fuera de los relatos de los testigos.

“Las defensas criticaron el hecho de que las imputaciones se hayan sostenido únicamente con declaraciones testimoniales, advirtiendo que debía tenerse en cuenta que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación indicó que no poseían en sus registros documentación que pudiera acreditar el detalle de la carga que transportaban los vuelos indicados”, recordó Llorens. 

“Sin embargo, el ensayo de la defensa, a mi juicio, no hace otra cosa que introducir un elemento sospechoso más dentro de la secuencia de conductas que involucraba la carga de los aviones presidenciales, trasladen –o no– a la Presidente de la República”, respondió el juez, informó Cronista.

Se trata de Gonzalo Brusa Dovat, quien acusó a sus ex jefes de supuestas maniobras y dijo que era perseguido por el servicio de inteligencia chavista. Pero luego dio un giro de 180 grados y denunció una supuesta coerción.

La Cámara Federal porteña ordenó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral reabrir la causa por la denuncia del ex directivo de PDVSA local Gonzalo Brusa Dovat sobre supuestas irregularidades en la sucursal argentina de la petrolera venezolana.

El juez Canicoba había archivado la causa porque Brusa Dovat, un mes después de haber denunciado esas maniobras ante el fiscal Carlos Stornelli, hizo un giro de 180 grados y denunció ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla que había sido “coercionado” para el falso Marcelo D’Alessio para dar su testimonio judicial y conceder cuatro entrevistas a periodistas. Brusa Dovat dio ese giro luego de haberse reunido con abogados y periodistas K.

En su declaración testimonial ante el fiscal Stornelli de febrero pasado, el ex directivo de PDVSA denunció supuestas maniobras de lavado de dinero, sobre todo el ex presidente de la petrolera Angel Morales, y amenazas de agentes secretos del servicio de inteligencia bolivariano de Venezuela (SEBIN).

En una resolución – firmada la semana pasada pero conocida hoy – por unanimidad los miembros de la sala I de esa cámara, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, rechazaronel argumento de Canicoba según el cual Brusa Dovat tuvo “afectada su voluntad” al hacer la denuncia original.

El fallo dice que la sola lectura del ordenamiento legal demuestra que “el archivo de una causa no funciona como sanción procesal, y que sólo resulta aplicable ante la imposibilidad de proceder o cuando el hecho imputado no constituye delito (artículo 195 del C.P.P.N.)”.

“La instrucción (de la causa) debe entonces ser encauzada, y para hacerlo basta con tomar al pie de la letra su sentido como proceso de conocimiento y de reconstrucción de hechos hipotéticamente delictivos”, dijeron los camaristas.

Brusa Dovat pidió archivar la denuncia abierta con sus primeras declaraciones afirmando que había sido “guionado” por D’Alessio y que éste resultó procesado por supuestamente coercionarlo, junto con el periodista Daniel Santoro quien dos veces le pidió su consentimiento para ser entrevistado. Luego de la entrevista con Clarín, Brusa Dovat repitió su misma denuncia ante los periodistas Rolando Graña, Eduardo Feinmann y Rodrigo Alegre y luego declaró ante el propio Stornelli.

“En cualquier caso, las versiones oscilantes que describimos dejan abiertas líneas investigativas que no pueden dejar de ser exploradas”, señalaron los camaristas.

La cámara ordenó a Canicoba Corral que, por ejemplo, pida a la justicia laboral la causa de la que habló Brusa Dovat por el despido arbitrario de PDVSA de él y varios de sus compañeros. También dispuso que llame a declarar como testigo al periodista Rolando Graña quien, antes de la entrevista con Santoro a principios de enero de este año, se había reunido dos veces con Brusa Dovat y fue el mismo ex directivo quien pidió contactarse con periodistas para denunciar su situación laboral y de “persecución” por parte de agentes del SEBIN.

“Creemos que esta serie de medidas servirá para orientar una investigación que hasta el momento se hallaba en ciernes y que estaba condicionada por elementos que, como se vio, aúnno suponen razón suficientepara tomar ni descartar la denuncia en su totalidad”, finalizó la Cámara Federal.

Más allá de la resolución de ese tribunal, Brusa Dovat incurrió en varias contradicciones en sus distintos testimonios. El periodista Rolando Graña dijo en su testimonial ante que ante las amenazas del Servicio Bolivariano de Informaciones (SEBIN) le recomendó, a principios de enero de este año, a Brusa Dovat quehaga “la denuncia (en los medios) para exponerse públicamente” y conseguir seguridad. En esa reunión, Brusa Dovat habló con D’Alessio, en el bar Fresh Market de Puerto Madero, de ex gerentes de PDVSA.

El juez Ramos Padilla dijo que D’Alessio “tenía información privada de Brusa” y que la escribió en su cuaderno. Y el mismo Brusa se alarma en su testimonial en Dolores porque D’Alessio tenía datos privados suyos.

Sin embargo, el intercambio de chats entre Gonzalo Brusa Dovat y Marcelo D’Alessio que está en la causa demuestra que el primero le mandó todos sus datos personales y de su familia, información sobre PDVSA y sus jefes antes de la entrevista con el periodista Santoro del 30 de enero del 2019.

En la causa de Dolores aparece el 22 de febrero, un amigo de Brusa Dovat declarando como testigo de identidad reservada quien entregó al juez una nueva entrevista del ex directivo de PDVSA pero esta vez a un blog K. El testigo dice que le dio “una entrevista a Santoro” y que su amigo se reunió con el abogado “Bobaton” que sería un letrado kirchnerista para ir a denunciar una supuesta coerción a Dolores, entre otras contradicciones, informó El Clarín.

La Cámara decretó la falta de mérito sobre la vicepresidenta electa en una investigación paralela a los «cuadernos de las coimas» y otra por barcos de gas natural licuado.

Dos días después de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaran las elecciones, la Sala I de la Cámara Federal revocó dos de los procesamientos que complicaban el futuro judicial de la vicepresidenta electa.

El primero se trataba del pago de coimas de empresarios a funcionarios durante el kirchnerismo para quedarse con las concesiones viales.

El segundo era sobre el pago de sobreprecios en la compra de gas natural licuado (GNL) durante el gobierno de Cristina.

De esta manera, la Sala I de la Cámara Federal, conformada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, decretó en el mismo día la falta de mérito a la vicepresidenta electa en esas investigaciones que llevaba adelante el juez federal Claudio Bonadio.

En el primer expediente, los camaristas confirmaron los procesamientos del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el extitular del Occovi, Claudio Uberti, por presuntamente haber cobrado coimas mientras que hicieron lo propio con siete empresarios que las habrían pagaron. Sin embargo, los superiores de Bonadio ordenaron, mediante la falta de mérito, que sigan investigando a la expresidenta.

En el segundo expediente, Bruglia y Bertuzzi resolvieron parecido: confirmaron los procesamiento de De Vido y su ex subsecretario, Roberto Baratta, por sobreprecios en la compra de barcos de GNL, pero dejaron por ahora fuera de la asociación ilícita a la vicepresidenta electa.

Por último, los mismos camaristas confirmaron «parcialmente la ampliación del procesamiento» de Cristina Kirchner» por 175 supuestos de cohecho pasivo en calidad de coautora» por la cartelización de la obra pública, informó TN.

La Cámara Federal, en fallo dividido, confirmó, sólo parcialmente, algunos de los procesamientos dictados en el marco de la causa conocida como “Oil 2”, que involucra a los funcionarios de la AFIP que participaron del trámite formal del otorgamiento de planes de refinanciación de la deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles a los que se acogió la petrolera.

Firmado ayer, fue la primera decisión judicial que acusa el impacto que generó los resultados de la pericia oficial de la Corte Suprema en la hipótesis difundida inicialmente respecto al supuesto perjuicio que habría ocasionado la deuda, que no era exigible al momento del cambio de Gobierno.

En tanto, el extitular del organismo recaudador Ricardo Echegaray finalizó ayer con su indagatoria –en la que subrayó contradicciones entre dos auditorías realizadas por la AFIP durante la gestión de Alberto Abad- y habilitó la instancia de las preguntas que continuará la próxima semana. Un tanto sinuosa, la dirección del interrogatorio apuntó a cuestiones laterales de comunicación entre funcionarios y cuál era el grado de conocimiento que Echegaray tenía con el matrimonio Kirchner.

La novedad en la Cámara no fue menor. Parte de las principales objeciones en el juicio oral es que Echegaray es acusado de autor del delito de defraudación pero todos los funcionarios de “línea” que autorizaron los planes a Oil quedaron fuera del debate, sin tener situación procesal firme, lo que les impide declarar como testigos. Con el voto de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, resaltaron un punto que es una obviedad: nadie negó su participación formal en los pasos administrativos para otorgar los planes; lo que niegan es que fuese ilegal, irregular o distinto al resto de los planes oficiales para financiar deudas con el fisco.

Pero los jueces –según publica Ámbito– dieron por resuelta la figura penal de la defraudación contra la administración pública porque así ya lo había convalidado Casación, por lo que se detuvo en el rol de cada funcionario. En el resto de los conceptos, los camaristas apuntalaron la versión plasmada por Julián Ercolini y la AFIP era Abad. Pero en concreto, modificaron la calificación legal de coautores del delito y la moderaron a “partícipes necesarios”, poniendo en cabeza de Echegaray la responsabilidad final. Pero revocaron tres procesamientos a funcionarios jerárquicos, ratificaron las faltas de mérito que habían sido apeladas por la fiscalía y redujeron los embargos. Por eso, agregó confusión respecto a qué hipótesis se va a sostener cuando pase a la instancia de Casación.

Pero la disidencia de Mariano Llorens iluminó un aspecto clave: consideró que en todo caso, los funcionarios de AFIP habrían incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario y que “las pruebas obrantes no permiten afirmar que exista una decisión común para la comisión de los hechos descriptos” por el otorgamiento de planes. Por eso, no iguala sus roles por no haber podido detectar el “dolo”, es decir la intención de cometer el ilícito. Y retoma que, pese a lo intentado por las defensas, no sería necesario incorporar la pericia oficial para resolver sus situaciones porque si se modifica el incumplimiento de funciones “no requiere para su consumación daño alguno para la administración pública”.

Es la primera alusión a que el mero otorgamiento de los planes –más allá de la deuda o el impuesto en cuestión- no generaba por sí mismo un daño al fisco, lo contrario del delito de defraudación contra la administración pública por el que hoy están en juicio Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Auditorías

A la vez, Echegaray culminó su extensa indagatoria remarcando contradicciones entre la auditoría N°14 (ordenada por Abad) y la N°15 en la que, a su criterio “intencionalmente” se postuló que una serie de 150 “desconfirmaciones” realizadas en el sistema informático habían impedido el reclamo de deuda a Oil en forma de cobro compulsivo. Pero la auditoría siguiente no cuestionó que hayan sido “desmarcadas”, sino que el motivo que se inscribió en el sistema no estaba incluido en los 20 previstos en el “manual de usuario”. “Falsearon informes y luego se construyó una acusación sobre bases falsas”, dijo Echegaray sobre procesos “ordinarios” de la AFIP. “Si todos los casos –de los planes otorgados sobre los que auditaron 300- fueron iguales ¿Por qué sólo en el caso de Oil hubo fraude?”, se preguntó Echegaray, levantando sospechas sobre por qué motivo se la había comparado con IECSA, también beneficiaria de planes y relacionada a la familia presidencial. Hubo un comienzo friccionado de las preguntas. Echegaray no reconoció a la AFIP como querellante y se negó a responder. Esa decisión pareció tomar por sorpresa a la fiscalía que ensayó distintos enfoques y mantuvo cruces con la defensa. Tanto que el presidente del TOF 3, Fernando Machado Pelloni hizo esfuerzos por reformular tanto cuando no se entendía el requerimiento, si ya había sido contestado o si no se aproximaba al objeto del juicio, así lo reseña El Comodorense.

El tribunal, con las firmas de Irurzun y Bruglia, consideró que pretender investigar también la conducta de Alejandro Fantino y Gustavo Grabia sería un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo.

En un fallo histórico, la Cámara Federal rechazó un pedido de Hugo Moyano de investigar a un grupo de periodistas como parte de una supuesta maniobra de inteligencia del Gobierno para perjudicarlo en las causas judiciales en que está involucrado.

La sala II de ese tribunal de apelaciones, integrada por Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, confirmó así una resolución del juez federal Ariel Lijo,quien había desestimado un pedido del líder de Camioneros -patrocinado por el abogado Daniel Llermanos- de investigar a Alfredo Leuco, Luis Majul, Alejandro Fantino y Gustavo Grabia como parte de una organización que buscaba perjudicar al gremialista. Los camaristas subrayaron la prioridad de la libertad de expresión y el secreto profesional periodístico para sentar esta posición y se opusieron a la criminalización del trabajo de los periodistas, informó El Clarín.

El municipio de Río Grande confirmó que presentará una apelación luego de que la justicia rechazara el amparo.

Tras conocerse que la jueza federal Mariel Borruto rechazó el amparo interpuesto por el municipio de Río Grande por denunciar la adjudicación de áreas offshore a una petrolera que vulneraba la soberanía sobre Malvinas, el subsecretario de Innovación y Modernización de ese municipio, Andrés Dachary, aseguró en diálogo con Actualidad 2.0 que “fue una noticia muy dura” y confirmó que apelarán el fallo y que ahora deberá definir la Cámara de Apelaciones de Comodoro.

“Realmente veníamos con la mejor de las expectativas sobre el fallo; el dictamen del fiscal federal consideraba que se habían reunido todos los requisitos de verosimilitud de este decreto que llamaba a esta licitación y otorgaba los permisos y que se estaría resignando soberanía nacional sobre parte del territorio y por la cuestión ambiental corríamos un serio riesgo con la flora, fauna, recursos marinos e ictícolas”, enumeró.

Dachary agregó que hay un dictamen del fiscal del caso que “nos daba la razón. Esta presentación tenía tres puntos. Uno de ellos era el otorgamiento de licencias a empresas que expoliaron nuestros recursos hasta 2007 en áreas circundantes a Malvinas. Otro era la sesión de la soberanía jurídica porque este llamado determinaba que en caso de controversia se resolvía en tribunales internacionales, y un tercer punto en donde en ningún momento se hacía alusión a la preservación del ambiente y estudio de pre factibilidad”, enumeró.

“Lamentablemente a escasas horas vemos la sentencia de la jueza federal donde desestima estas cuestiones y hay un apartado bastante llamativo que prevé de mantener sin dar estado público de esta resolución. Ante esta notificación oficial los equipos trabajan en la apelación que será llevada a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia”, que es quien deberá resolver al respecto.

Luego de que la jueza desestimara “los tres puntos”, el funcionario del municipio de Río Grande consideró que “sería injusto aseverar” que pudo haber presiones desde el ámbito político nacional hacia la Justicia. “Fue un tema que escaló hasta internacionalmente. Una cadena conocida de noticias lo difundió –recordó-. No sé qué pudo haber pasado en el medio. Fue un tema de agenda pública y llama la atención” la resolución, sostuvo.

 

adnsur

La Cámara Federal confirmó este miércoles el procesamiento del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y del ex titular de la Dirección General Impositiva Ángel Toninelli por el presunto encubrimiento del empresario detenido Lázaro Baéz al cerrar la delegación de Bahía Blanca de la AFIP que investiga a la empresa Austral Construcciones por el uso de facturas falsas.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ratificaron los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. También rechazaron un pedido de las defensas para cerrar la causa por cosa juzgada.

La Cámara sostuvo que en la causa se investiga el «montado de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero a través de las cuales se emitían facturas apócrifas cargando un precio ficticio a la obra pública, de lo cual se obtenía una amplia ventaja patrimonial ilegal, en desmedro de las arcas públicas, lucro indebido que, además, debía reingresar al sistema, y que, en orden a realizar todo este circuito, se habría contado con la participación de quien debía velar por los intereses del Estado Nacional».

Para el tribunal, «esta presunta connivencia espuria entre funcionarios públicos y empresarios tejió un entramado de impunidad que, para desandarlo, requiere de máximos esfuerzos humanos y técnicos que muchas veces aparecen endebles ante la efectividad de los grupos empresarios y políticos que se valen de sus vínculos con los tres poderes del Estado para llevar adelante conductas perjudiciales al Estado Nacional y permanecer indemnes».

La AFIP cerró la delegación regional de Bahía Blanca, reubicó a personal y desplazó a directores y supervisores cuando investigaba a Baéz por facturas truchas, hecho por el cual luego fue citado a indagatoria. La investigación fiscal pasó a Mar del Plata que dejó de lado la acusación sobre Báez y se centró solo en las empresas que emitieron las facturas falsas.

En la causa penal también se detectó que Martín Báez, hijo del empresario, viajó en avión privado con Toninelli.

Con la confirmación de los procesamientos, el juez Casanello puede avanzar con el envío a juicio oral de los acusados.

 

 

 

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