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El municipio de Río Grande confirmó que presentará una apelación luego de que la justicia rechazara el amparo.

Tras conocerse que la jueza federal Mariel Borruto rechazó el amparo interpuesto por el municipio de Río Grande por denunciar la adjudicación de áreas offshore a una petrolera que vulneraba la soberanía sobre Malvinas, el subsecretario de Innovación y Modernización de ese municipio, Andrés Dachary, aseguró en diálogo con Actualidad 2.0 que “fue una noticia muy dura” y confirmó que apelarán el fallo y que ahora deberá definir la Cámara de Apelaciones de Comodoro.

“Realmente veníamos con la mejor de las expectativas sobre el fallo; el dictamen del fiscal federal consideraba que se habían reunido todos los requisitos de verosimilitud de este decreto que llamaba a esta licitación y otorgaba los permisos y que se estaría resignando soberanía nacional sobre parte del territorio y por la cuestión ambiental corríamos un serio riesgo con la flora, fauna, recursos marinos e ictícolas”, enumeró.

Dachary agregó que hay un dictamen del fiscal del caso que “nos daba la razón. Esta presentación tenía tres puntos. Uno de ellos era el otorgamiento de licencias a empresas que expoliaron nuestros recursos hasta 2007 en áreas circundantes a Malvinas. Otro era la sesión de la soberanía jurídica porque este llamado determinaba que en caso de controversia se resolvía en tribunales internacionales, y un tercer punto en donde en ningún momento se hacía alusión a la preservación del ambiente y estudio de pre factibilidad”, enumeró.

“Lamentablemente a escasas horas vemos la sentencia de la jueza federal donde desestima estas cuestiones y hay un apartado bastante llamativo que prevé de mantener sin dar estado público de esta resolución. Ante esta notificación oficial los equipos trabajan en la apelación que será llevada a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia”, que es quien deberá resolver al respecto.

Luego de que la jueza desestimara “los tres puntos”, el funcionario del municipio de Río Grande consideró que “sería injusto aseverar” que pudo haber presiones desde el ámbito político nacional hacia la Justicia. “Fue un tema que escaló hasta internacionalmente. Una cadena conocida de noticias lo difundió –recordó-. No sé qué pudo haber pasado en el medio. Fue un tema de agenda pública y llama la atención” la resolución, sostuvo.

 

adnsur

La Cámara Federal confirmó este miércoles el procesamiento del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y del ex titular de la Dirección General Impositiva Ángel Toninelli por el presunto encubrimiento del empresario detenido Lázaro Baéz al cerrar la delegación de Bahía Blanca de la AFIP que investiga a la empresa Austral Construcciones por el uso de facturas falsas.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ratificaron los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. También rechazaron un pedido de las defensas para cerrar la causa por cosa juzgada.

La Cámara sostuvo que en la causa se investiga el «montado de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero a través de las cuales se emitían facturas apócrifas cargando un precio ficticio a la obra pública, de lo cual se obtenía una amplia ventaja patrimonial ilegal, en desmedro de las arcas públicas, lucro indebido que, además, debía reingresar al sistema, y que, en orden a realizar todo este circuito, se habría contado con la participación de quien debía velar por los intereses del Estado Nacional».

Para el tribunal, «esta presunta connivencia espuria entre funcionarios públicos y empresarios tejió un entramado de impunidad que, para desandarlo, requiere de máximos esfuerzos humanos y técnicos que muchas veces aparecen endebles ante la efectividad de los grupos empresarios y políticos que se valen de sus vínculos con los tres poderes del Estado para llevar adelante conductas perjudiciales al Estado Nacional y permanecer indemnes».

La AFIP cerró la delegación regional de Bahía Blanca, reubicó a personal y desplazó a directores y supervisores cuando investigaba a Baéz por facturas truchas, hecho por el cual luego fue citado a indagatoria. La investigación fiscal pasó a Mar del Plata que dejó de lado la acusación sobre Báez y se centró solo en las empresas que emitieron las facturas falsas.

En la causa penal también se detectó que Martín Báez, hijo del empresario, viajó en avión privado con Toninelli.

Con la confirmación de los procesamientos, el juez Casanello puede avanzar con el envío a juicio oral de los acusados.

 

 

 

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