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La inconsistencia de las cifras con las que justifica su cruzada contra los migrantes: la ministra de Seguridad dijo que hubo un “importante” aumento de extranjeros en las cárceles pero el número de detenidos que no son argentinos se mantiene constante desde 2002. También es ínfima la relación entre la cantidad de personas de otros países que llegaron a la Argentina en los últimos tres años y están en conflicto con la ley.

En el intento de justificar una serie de medidas para insistir en el endurecimiento de la política migratoria, dentro de un torbellino de anuncios de campaña centrados en el eje de seguridad, la ministra Patricia Bullrich dejó de lado las cifras oficiales que contradicen su análisis de la realidad. La ministra aseguró que estamos frente a un “importante” aumento de personas extranjeras detenidas en las cárceles, cuando esa cifra se mantiene constante desde 2002, de acuerdo a los datos de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN); e insistió en la necesidad de acelerar las expulsiones, cuando de acuerdo a cifras actualizadas por el director nacional de Migraciones, Horacio García, la relación entre la cantidad de extranjeros que llegaron al país en los últimos tres años y los que están en conflicto con la ley es ínfima.

“En el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, del 20 por ciento de la personas detenidas”, sostuvo Bullrich como argumento al anunciar que el Gobierno volvería a insistir en el endurecimiento de la ley migratoria —algo que intentó mediante el DNU 70/2017, declarado inconstitucional por la Justicia—y que impulsaría la creación de una Cámara en el Poder Judicial y una unidad especial dentro de su ministerio para perseguir a los extranjeros en conflicto con la ley.

De acuerdo al último informe de la PPN, lejos de lo señalado por Bullrich, “el porcentaje de personas privadas de su libertad extranjeras en las cárceles argentinas se mantiene estable desde hace más de una década”. El informe precisa que, en las prisiones de todo el país, la relación de los extranjeros detenidos se mantiene en el 6 por ciento desde 2005, mientras que en las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el porcentaje aumenta a un promedio del 20 por ciento, pero que es también constantes desde 2002, año en el que se inició el relevamiento.

El 20 por ciento referido por Bullrich se ajusta al porcentaje registrado en 2017 solo en las cárceles del SPF, que se ubica dentro del promedio de la última década y por debajo del 22 por ciento registrado en 2015, año en el que Cambiemos llegó a la Casa Rosada. Dentro de ese 20 por ciento, la mitad de las detenidos están en prisión por violación a la ley de estuperacientes, aunque el informe del PPN subraya que se debe a que la Ley 23.737 que regula ese delito está concentrada en poder de la justicia federal.

Además, el informe señala que los delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes no son exclusivos de la población extranjera, que representa el 9 por ciento del total de detenidos por esa causa. También señala el contexto particular de las mujeres extranjeras, que son utilizadas como mulas en las provincias de frontera, lo que lleva a que el 74 por ciento de las detenidas en el sistema federal estén relacionadas a esas causas.

“La ‘selección’ de esas mujeres no resulta azarosa, son principalmente madres o cuidadoras, jefas de familia, en situaciones de pobreza o de extremas necesidades socioeconómicas”, advierte el informe y apunta que “asociar a estas personas al narcotráfico, no hace más que desviar el foco de atención sobre los demás actores participes en la cadena, que ocupan lugares de poder y decisión”.

La urgencia demostrada por el relato de Cambiemos en avanzar con medidas restrictivas de la ley de migraciones, que aceleren las expulsiones, quedan evidenciadas por las cifras invariables relevadas por la PPN. De esa manera, lo entendió la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para declarar inconstitucional el DNU 70/17 con el que el Gobierno intentó reducir los derechos y garantías otorgados por la Ley de Migraciones. “Los considerandos del Decreto alusivos a la interrelación entre migración y delincuencia, no eran ajustados a la realidad”, sostuvo uno de los camaristas en su fallo.

Entre las cifras que circularon desde el viernes pasado, cuando Bullrich lanzó varias medidas de seguridad en tono de campaña electoral, como la compra de pistolas Taser, expulsión de migrantes y baja de la edad de imputabilidad, una de las que llamó la atención fue, precisamente, la baja cantidad de expulsiones de personas extranjeras en conflicto con la ley de migraciones o condenadas por delitos. Aunque exponencial en la era Cambiemos, la cifra de expulsiones repetida en las notas sobre el tema fue 4 en 2015, 33 en 2016, 75 en 2017 y 150 hasta octubre de 2018.

La cifra de expulsiones fue mucho mayor en la era Bullrich, según detalló el titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DIM) a la agencia Télam. García precisó que se trató de 234 en el 2016, 495 en 2017 y 703 en 2018. Sin embargo, también ofreció una perspectiva general al indicar que en los últimos tres años se radicaron en el país 666.000 personas migrantes en el país. Por lo que la cantidad de extranjeros expulsados por conflicto con la ley fue solo el 0,2 por ciento del total.

La cruzada chauvinista del Gobierno —a tono con la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil— también llevó a adelantar que ya estaban preparada una lista de expulsión para otros 1.000 extranjeros. El titular de la DIM confirmó la existencia de esa lista —sosteniendo que permitirá pasar a “hablar del verdadero tema que es el de la mayoría de los extranjeros que vienen de buena fe al país”— y precisó que “se trata de 101 extranjeros que cometieron delitos y otros 253 que tienen infracciones a la ley migratoria, que están en condiciones de ser deportados a sus países de origen . Además hay 600 casos en los que se pedirá la ‘retención’ para ser expulsados del país en una segunda instancia”.

De concretarse esas expulsiones, la relación entre los migrantes y el conflicto con la ley ascendería al 0,3 por ciento del total, lo que evidencia la arbitrariedad de colocar el tema con prioridad y urgencia en la agenda mediática. “El flujo migratorio creciente ha llevado a que las personas migrantes sean objeto de especial observación en los diversos Estados que los reciben. En los mejores, pero escasos supuestos, esta especial atención se traduce en medidas de acción positiva respetuosas de su situación de extrema vulnerabilidad, en los peores se expresa en forma contraria, mediante una mayor estigmatización, persecución e incluso criminalización”, sintetiza el informe del PPN.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concurre hoy al Congreso para brindar informes de su gestión ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior. El cuerpo que preside el diputado oficialista Waldo Wolff se reunirá a las 13:00 en el Salón Arturo Illia del Senado y prevé recibir a la funcionaria nacional.

Según se informó oficialmente, no hay un temario definido para la visita de Bullrich sino que la ministra brindará «un informe de su gestión». La Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior tiene a su cargo el seguimiento de las acciones del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La presentación de la titular de la cartera de Seguridad se da una semana después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acudiese al Congreso para brindar un nuevo informe de gestión del Gobierno Nacional, en medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores por el Presupuesto 2019 que debe tratarse en el Parlamento. En tanto, Peña vuelve tras haber cancelado su informe de septiembre en el Senado.

Se trató de la sexta vez que Peña brindó su informe de gestión tal como establece la Constitución Nacional: asistió a Diputados el 14 de marzo, el 23 de mayo y el 1 de agosto, y ante el Senado lo hizo el 25 de abril y el 27 de junio. Hace un mes, Peña había cancelado su último informe ante la Cámara Alta en común acuerdo con los diferentes bloques, ya que Macri recién había anunciado el nuevo organigrama de ministerios.

En tanto, durante la presentación, la oposición en su conjunto lanzó duras críticas contra el planteo económico, político y social macrista, que incluyó el exabrupto del jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi. “¡No nos tomen de tontos, viejo!”, se quejó y le reclamó: «No quiere hablar de economía y resulta que es lo que le preocupa a la mayoría de los argentinos».

 

 

El Instransigente

Dos ministras del gabinete de Mauricio Macri están enfrentadas por la política social y el rol de las organizaciones que negocian y articulan con la Casa Rosada.

Según publica Clarín, en medio de las dificultades económicas y riesgo de mayor conflictividad para los próximos meses, mantener la ayuda social no aparece en discusión. Habrá más refuerzos en la asistencia aunque también aparecieron reparos sobre si el esquema de reparto a las organizaciones promueve también las protestas en las calles.

Con la mirada en el crecimiento de la protesta social, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich marca en reuniones internas que las organizaciones intensificaron su presencia en las calles y vincula el financiamiento de esas acciones con la asistencia del Gobierno.

Carolina Stanley, titular de Salud y Desarrollo Social, defiende las reformas implementadas, con mayores controles y el declamado objetivo de promover el trabajo formal, más allá del contexto recesivo.

«Las organizaciones juntan plata y poder político y están cada vez más en la calle. Tenemos que ir hacia un esquema de menos intermediación, más autonomía de las personas, más responsabilidad y más centrado en el empleo», fue uno de los cuestionamientos al sistema actual.

De acuerdo con el otro sector, el paso de Argentina Trabaja y Ellas Hacen a Hacemos Futuro implicó avances y la bancarización generó una llegada más directa a los beneficiarios: «El 100% de las personas se reempadronaron, fueron a una oficina de la ANSeS, actualizaron sus datos, cada uno tiene su tarjeta. Es un error asociar el plan a las manifestaciones, las estructuras políticas no se financian de ahí».

 

 

El Sol