Tag

Bullrich

Browsing

El fiscal federal Franco Picardi imputó este viernes a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a otros tres funcionarios de esa cartera.

Se los acusa de haber montado un plan para favorecer negocios inmobiliarios en el sur del país en perjuicio de las comunidades mapuches.

Además de Bullrich, el fiscal imputó a Pablo Noceti, secretario de Cooperación y ex jefe de Gabinete de esa cartera; Gonzalo Cané, ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, y Gerardo Milman, actual titular de la unidad de coordinación general de dicha cartera.

La causa se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Ese organismo acusó a los funcionarios imputados de lanzar un “plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios».

La denuncia repasa los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo como parte de ese supuesto plan en perjuicio de las comunidades mapuches.

Y destaca una serie de notas periodísticas para avalar la supuesta teoría de los negocios inmobiliarios que estarían siendo perjudicados por la causa mapuche. En ese marco, aparece mencionada la designación, en 2016, de Eugenio Indalecio Breard como titular de la Administración de Parques Nacionales.

“Con la llegada al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se inicia un plan sistemático de persecución y lucha contra el mal llamado «problema mapuche» que adquiere envergadura de grandes dimensiones y que culminaría con la muerte de dos jóvenes”, se puede leer en la presentación de la APDH.

En su requerimiento, el fiscal también pide investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con Carabineros de Chile, “para involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del ‘R.A.M.’ una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten”.

Picardi además busca determinar si existió un acuerdo entre los funcionarios para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso en los casos de Maldonado y Nahuel.

En su requerimiento, de unas 80 carillas, el fiscal le sugirió a la jueza María Eugenia Capuchetti una serie de medidas de pruebas como declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación y pedidos de colaboración internacional. También aceptó a la APDH como querellante.

La ministra Bullrich publicó un tuit en alusión al requerimiento de Picardi. “Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar”, dice.

El Ministerio de Seguridad decidió hoy enviar las actuaciones de la causa 9.608/2018 contra Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente electa, en una investigación por presunta corrupción en el Ministerio de Planificación Federal durante su gestión como presidenta, en la que el Gobierno ofreció una recompensa de $ 2.000.000 a quienes aportasen datos precisos pare la «recuperación del dinero, divisas o bienes».

La resolución, número 980 y publicada hoy en el Boletín Oficial, la tomó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dispuso que se remitan «las actas vinculadas a la causa Nº 9.608/2018 caratulada Fernández, Cristina Elizabet y otros s/asociación ilícita» al juzgado federal de Claudio BonadIo.

«El envío de las actas deberá realizarse en sobres cerrados y lacrados, debiendo el Juzgado mantenerlos en el mismo estado con el objeto de salvaguardar la identidad de los aportantes conforme lo establece la Ley 26.538 y la Resolución M.S. N° 828/2019», indica la medida.

La ministra de Seguridad de la Nación advirtió en diálogo con Cadena 3 que continuarán defendiendo «principios importantes como la independencia de la Justicia y los cambios en la Constitución».

Tras las elecciones de este domingo y el triunfo de Alberto Fernández, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich dijo que «van a tener una actitud colaborativa» con el gobierno electo desde el 11 de diciembre.

No obstante, advirtió que hay muchos principios que son inclaudicables. «Nos costó mucho tener un Congreso que estuvo mucho en contra nuestra. Aprendiendo eso vamos a tratar de ser colaborativos en todo lo que signifiquen políticas públicas a desarrollar», manifestó a Cadena 3.

«Defenderemos determinados principios que creemos importantes como la independencia de la Justicia y los cambios en la Constitución que son temas importantes para nosotros», agregó.

La ministra de seguridad sostiene que generan la idea de que esta gente tiene el control total del lugar” y creó una Unidad para controlar las ceremonias velatorias.

Los que se enteraron a través de las redes sociales –la inmensa mayoría– creyeron al principio que se trataba de una broma viral, una de tantas que pululan en la web y que tienen como protagonista recurrente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus, cuanto menos, polémicos arrebatos. Después, dada la insistencia de la noticia, se pensó en una fake news tan elaborada como maliciosa. Alguien al fin reprodujo la resolución N° 906/2019 publicada este lunes en el Boletín Oficial y no quedaron dudas: la “Unidad Preventiva de Análisis para Funerales de Alto Riesgo Social vinculados al Narcotráfico” es una realidad, y hasta la propia funcionaria salió a defender su creación ante la consulta de los periodistas: “Dan la idea (los funerales) de que el Estado no tiene control de la situación”.

De acuerdo al texto que lleva la firma de la ministra Bullrich, “en miras a reforzar la prevención y persecución de delitos vinculados al narcotráfico, resulta necesario desarrollar nuevas capacidades para contrarrestar las innovaciones producidas por las bandas narcotraficantes; de esta manera, ante nuevas prácticas contrarias al orden público y la tranquilidad social, el MINISTERIO DE SEGURIDAD debe neutralizarlas de manera oportuna y eficaz”.

La resolución explica además que “una de las prácticas en donde usualmente se cometen distintos delitos tanto federales como ordinarios, pero siempre vinculados al narcotráfico, son los funerales de aquellas personas que han sido parte de estas organizaciones criminales” y detalla a continuación una serie de objetivos que tendrá la flamante “Unidad” como “calificar la gravedad y magnitud de los hechos, determinar la vinculación del contexto con el narcotráfico, establecer un flujo de información para determinar nivel de riesgo, crear una matriz de riesgo de valoración de impacto, definir un operativo policial según los resultados de la matriz de riesgo y el envío de las actuaciones a la autoridad judicial competente para el caso que se hayan cometido delitos o contravenciones”.

En declaraciones a Radio Mitre, la ministra explicó que “en el último tiempo hemos visto que en distintos funerales donde estaban velando a una persona vinculada al narcotráfico se generan situaciones de extrema violencia” y agregó que la intención es “impedir” ceremonias en caravana a los “tiros” como si se tratara de un Estado “narco criminal” porque “generan la idea de que esta gente tiene el control total del lugar”.

La resolución, por último, informa que se dará aviso a todas las fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) para que dispongan de áreas de apoyo “a los fines de la adecuada implementación de la presente”.

Circula en Facebook y WhatsApp una supuesta frase de la ministra de Seguridad de la Nación: “Fuimos premiados por Europol. Porque, desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas desde Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país”.

Pero Bullrich no dijo la primera parte de la frase y la Argentina tampoco recibió recientemente ningún premio de Europol por su labor contra el narcotráfico.

Además, es falso que desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri no llegó ningún cargamento con droga a Europa proveniente de la Argentina, según datos de la ONU.

Circula en Facebook una publicación en la que se ve una foto de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, acompañada por una frase supuestamente dicha por ella : “Fuimos premiados por Europol. Porque, desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas desde Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país”. Sin embargo, la ministra no hizo tal cual esta afirmación, sino que se trata de una frase adulterada. Pero, si se toma la frase que fue dicha realmente, según datos de las Naciones Unidas (ONU) es falso que ningún cargamento de droga llegó a Europa desde la Argentina, como aseguró Bullrich.

Las publicaciones que circularon en Facebook fueron compartidas más de 20 mil veces, según los datos que ofrecen los propios posteos (ver acá, acá y acá). También fue enviada una imagen con la misma frase (ver acá) al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182 3655) en reiteras oportunidades para ser verificada.

¿Cuál es el origen de la frase viral?

“Fuimos premiados por Europol. Porque, desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas desde Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país”, es la frase viral que circula en redes.

Sin embargo, la frase original de Bullrich fue: “Desde que nosotros estamos en el gobierno no ha habido un solo cargamento que llegó desde puertos o aeropuertos argentinos a ningún lugar de Europa. Esto lo hablé la semana pasada con la directora de Europol con lo cual la Argentina está realmente en estos casos: se descubre la droga y la droga no sale”.

Esto fue dicho por la ministra en una entrevista con el periodista Luis Majul en “La Cornisa”, que emite América TV, el 29 de septiembre último. Al mirar el reportaje íntegro, se puede confirmar que en ningún momento Bullrich hace referencia a ningún tipo de premio.

Por otro lado, la funcionaria se reunió en septiembre último con miembros de Europol, la Oficina Europea de Policía, como lo informaron desde la web oficial del Ministerio de Seguridad (ver acá). Pero en esa reunión no se hizo mención a algún premio ni se entregó ninguna distinción, según confirmaron desde la cartera de Seguridad.

Según la información oficial, la “reunión se realizó con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación bilateral de la Argentina con Europol; promover una profundización mutua del intercambio de información policial; y promover un mayor compromiso institucional de la región con Europa”.

Sí hubo cargamentos de drogas que llegaron a Europa

En la frase adulterada y en la original de la ministra se afirma que, desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri, “no ha habido un solo cargamento que llegó desde puertos o aeropuertos argentinos a ningún lugar de Europa”. Sin embargo, esto no es así.

Según cifras de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés), en 2016, al menos 50 veces ingresó cocaína a España y Portugal proveniente de la Argentina. Se trata de la última información disponible y surge de un reporte llamado Individual Drug Seizure Cases, que registra el tráfico de drogas en distintos países del mundo, donde se señala el origen de las sustancias que ingresan a cada país. En el caso de los países europeos mencionados solo se registran casos de cocaína.

En el Reporte Anual sobre Drogas de 2019, elaborado también por la ONU, la Argentina figura como un país de tránsito para el tráfico de cocaína, que luego se envía a Europa. Sin embargo, los datos que recopila este informe son de 2017 y no señala cuál es el país de origen de esa sustancia psicoactiva.

Reverso se contactó con Alejandro Corda, abogado integrante de Intercambios -asociación civil que tiene como finalidad el estudio y atención de problemas relacionados con estas sustancias-. El especialista señaló: “El dato del decomiso de sustancias no demuestra la efectividad de una política o que no haya ingresado ningún tipo de droga proveniente de la Argentina a otro país”.

Esto se debe, según Corda, a que “las líneas de comercio son ilegales y, como no están registradas, no se puede saber qué entra y qué no a un país”.

Este medio también se contactó con el Ministerio de Seguridad de la Nación para conocer la fuente de la información que comunicó Bullrich en la entrevista con Majul. Sin embargo, no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

El domingo por la noche, el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo que debido a la falta de empleo más personas se dedican a la venta de drogas y generó polémica en el Gobierno, que salió a responder sus dichos y a tacharlos de erróneos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las que se hizo eco de las palabras y tras pronunciarse ayer temprano, por la noche volvió a hablar del tema. En una entrevista en el canal A24, la funcionaria de Juntos por el Cambio aseguró: «el pobre para sobrevivir hace una changa, es cartonero, trabaja o arma un grupo de cumbia».

Y lo reforzó: «hace distintas cosas, es obrero de la construcción, hace un grupo cuartetero o de cumbia». Así le contesto al candidato, quien en televisión había afirmado: «ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo», así lo informó El Patagónico.

El ministerio de Seguridad de la Nación afirmó este viernes que el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que ordenó reabrir la investigación por la muerte del joven bonaerense Santiago Maldonado e investigar posible abandono de persona, «demuestra que la ministra (Patricia Bullrich) siempre defendió la verdad».

El fallo de la Cámara, sostuvo el ministerio en un comunicado, «confirmó que no hubo Desaparición Forzada» al sostener que «dicha hipótesis delictiva ha quedado definitivamente descartada».

Sostuvo que el fallo «confirma que Santiago Maldonado falleció ahogado sin la intervención de terceras personas» en un río de Chubut y dijo que eso «ratifica que la esencia de la causa ha sido desestimada en ambas instancias, descartando definitivamente esa acusación».

«Este fallo de segunda instancia ratifica la verdad que siempre sostuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación y Gendarmería Nacional Argentina. Esto demuestra que la Ministra siempre defendió la verdad», destacó el ministerio.

Asimismo, manifestó que la causa deberá centrarse «en la investigación del posible delito de abandono de persona».

Las pruebas citadas por los jueces en su resolución «dan cuenta de que las últimas personas que vieron a Santiago Maldonado con vida eran tres integrantes del grupo de manifestantes que lo acompañaban en el lugar», expresó la cartera a cargo de Bullrich.

En ese sentido, citó el texto del fallo que afirma: «Lo cierto es que más allá de las contradicciones en las que habrían incurrido los testigos, existen puntos de convergencia en sus dichos que permiten concluir que quienes vieron por última vez a Santiago Maldonado fueron Lucas Ariel Naiman Pilquiman, Matías Daniel Santana y Nicasio Luna Arratia».

Ese grupo formaba parte de una manifestación que cortaba el tránsito en una ruta chubutense y fue dispersada por la Gendarmería Nacional, tras lo cual los jóvenes corrieron hacia las montañas y varios de ellos lograron cruzar a nado un río pero Maldonado quedó relegado y se ahogó en las aguas heladas. Así lo informó ADNSUR.

La inconsistencia de las cifras con las que justifica su cruzada contra los migrantes: la ministra de Seguridad dijo que hubo un “importante” aumento de extranjeros en las cárceles pero el número de detenidos que no son argentinos se mantiene constante desde 2002. También es ínfima la relación entre la cantidad de personas de otros países que llegaron a la Argentina en los últimos tres años y están en conflicto con la ley.

En el intento de justificar una serie de medidas para insistir en el endurecimiento de la política migratoria, dentro de un torbellino de anuncios de campaña centrados en el eje de seguridad, la ministra Patricia Bullrich dejó de lado las cifras oficiales que contradicen su análisis de la realidad. La ministra aseguró que estamos frente a un “importante” aumento de personas extranjeras detenidas en las cárceles, cuando esa cifra se mantiene constante desde 2002, de acuerdo a los datos de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN); e insistió en la necesidad de acelerar las expulsiones, cuando de acuerdo a cifras actualizadas por el director nacional de Migraciones, Horacio García, la relación entre la cantidad de extranjeros que llegaron al país en los últimos tres años y los que están en conflicto con la ley es ínfima.

“En el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, del 20 por ciento de la personas detenidas”, sostuvo Bullrich como argumento al anunciar que el Gobierno volvería a insistir en el endurecimiento de la ley migratoria —algo que intentó mediante el DNU 70/2017, declarado inconstitucional por la Justicia—y que impulsaría la creación de una Cámara en el Poder Judicial y una unidad especial dentro de su ministerio para perseguir a los extranjeros en conflicto con la ley.

De acuerdo al último informe de la PPN, lejos de lo señalado por Bullrich, “el porcentaje de personas privadas de su libertad extranjeras en las cárceles argentinas se mantiene estable desde hace más de una década”. El informe precisa que, en las prisiones de todo el país, la relación de los extranjeros detenidos se mantiene en el 6 por ciento desde 2005, mientras que en las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el porcentaje aumenta a un promedio del 20 por ciento, pero que es también constantes desde 2002, año en el que se inició el relevamiento.

El 20 por ciento referido por Bullrich se ajusta al porcentaje registrado en 2017 solo en las cárceles del SPF, que se ubica dentro del promedio de la última década y por debajo del 22 por ciento registrado en 2015, año en el que Cambiemos llegó a la Casa Rosada. Dentro de ese 20 por ciento, la mitad de las detenidos están en prisión por violación a la ley de estuperacientes, aunque el informe del PPN subraya que se debe a que la Ley 23.737 que regula ese delito está concentrada en poder de la justicia federal.

Además, el informe señala que los delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes no son exclusivos de la población extranjera, que representa el 9 por ciento del total de detenidos por esa causa. También señala el contexto particular de las mujeres extranjeras, que son utilizadas como mulas en las provincias de frontera, lo que lleva a que el 74 por ciento de las detenidas en el sistema federal estén relacionadas a esas causas.

“La ‘selección’ de esas mujeres no resulta azarosa, son principalmente madres o cuidadoras, jefas de familia, en situaciones de pobreza o de extremas necesidades socioeconómicas”, advierte el informe y apunta que “asociar a estas personas al narcotráfico, no hace más que desviar el foco de atención sobre los demás actores participes en la cadena, que ocupan lugares de poder y decisión”.

La urgencia demostrada por el relato de Cambiemos en avanzar con medidas restrictivas de la ley de migraciones, que aceleren las expulsiones, quedan evidenciadas por las cifras invariables relevadas por la PPN. De esa manera, lo entendió la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para declarar inconstitucional el DNU 70/17 con el que el Gobierno intentó reducir los derechos y garantías otorgados por la Ley de Migraciones. “Los considerandos del Decreto alusivos a la interrelación entre migración y delincuencia, no eran ajustados a la realidad”, sostuvo uno de los camaristas en su fallo.

Entre las cifras que circularon desde el viernes pasado, cuando Bullrich lanzó varias medidas de seguridad en tono de campaña electoral, como la compra de pistolas Taser, expulsión de migrantes y baja de la edad de imputabilidad, una de las que llamó la atención fue, precisamente, la baja cantidad de expulsiones de personas extranjeras en conflicto con la ley de migraciones o condenadas por delitos. Aunque exponencial en la era Cambiemos, la cifra de expulsiones repetida en las notas sobre el tema fue 4 en 2015, 33 en 2016, 75 en 2017 y 150 hasta octubre de 2018.

La cifra de expulsiones fue mucho mayor en la era Bullrich, según detalló el titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DIM) a la agencia Télam. García precisó que se trató de 234 en el 2016, 495 en 2017 y 703 en 2018. Sin embargo, también ofreció una perspectiva general al indicar que en los últimos tres años se radicaron en el país 666.000 personas migrantes en el país. Por lo que la cantidad de extranjeros expulsados por conflicto con la ley fue solo el 0,2 por ciento del total.

La cruzada chauvinista del Gobierno —a tono con la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil— también llevó a adelantar que ya estaban preparada una lista de expulsión para otros 1.000 extranjeros. El titular de la DIM confirmó la existencia de esa lista —sosteniendo que permitirá pasar a “hablar del verdadero tema que es el de la mayoría de los extranjeros que vienen de buena fe al país”— y precisó que “se trata de 101 extranjeros que cometieron delitos y otros 253 que tienen infracciones a la ley migratoria, que están en condiciones de ser deportados a sus países de origen . Además hay 600 casos en los que se pedirá la ‘retención’ para ser expulsados del país en una segunda instancia”.

De concretarse esas expulsiones, la relación entre los migrantes y el conflicto con la ley ascendería al 0,3 por ciento del total, lo que evidencia la arbitrariedad de colocar el tema con prioridad y urgencia en la agenda mediática. “El flujo migratorio creciente ha llevado a que las personas migrantes sean objeto de especial observación en los diversos Estados que los reciben. En los mejores, pero escasos supuestos, esta especial atención se traduce en medidas de acción positiva respetuosas de su situación de extrema vulnerabilidad, en los peores se expresa en forma contraria, mediante una mayor estigmatización, persecución e incluso criminalización”, sintetiza el informe del PPN.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concurre hoy al Congreso para brindar informes de su gestión ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior. El cuerpo que preside el diputado oficialista Waldo Wolff se reunirá a las 13:00 en el Salón Arturo Illia del Senado y prevé recibir a la funcionaria nacional.

Según se informó oficialmente, no hay un temario definido para la visita de Bullrich sino que la ministra brindará «un informe de su gestión». La Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior tiene a su cargo el seguimiento de las acciones del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La presentación de la titular de la cartera de Seguridad se da una semana después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acudiese al Congreso para brindar un nuevo informe de gestión del Gobierno Nacional, en medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores por el Presupuesto 2019 que debe tratarse en el Parlamento. En tanto, Peña vuelve tras haber cancelado su informe de septiembre en el Senado.

Se trató de la sexta vez que Peña brindó su informe de gestión tal como establece la Constitución Nacional: asistió a Diputados el 14 de marzo, el 23 de mayo y el 1 de agosto, y ante el Senado lo hizo el 25 de abril y el 27 de junio. Hace un mes, Peña había cancelado su último informe ante la Cámara Alta en común acuerdo con los diferentes bloques, ya que Macri recién había anunciado el nuevo organigrama de ministerios.

En tanto, durante la presentación, la oposición en su conjunto lanzó duras críticas contra el planteo económico, político y social macrista, que incluyó el exabrupto del jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi. “¡No nos tomen de tontos, viejo!”, se quejó y le reclamó: «No quiere hablar de economía y resulta que es lo que le preocupa a la mayoría de los argentinos».

 

 

El Instransigente

Dos ministras del gabinete de Mauricio Macri están enfrentadas por la política social y el rol de las organizaciones que negocian y articulan con la Casa Rosada.

Según publica Clarín, en medio de las dificultades económicas y riesgo de mayor conflictividad para los próximos meses, mantener la ayuda social no aparece en discusión. Habrá más refuerzos en la asistencia aunque también aparecieron reparos sobre si el esquema de reparto a las organizaciones promueve también las protestas en las calles.

Con la mirada en el crecimiento de la protesta social, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich marca en reuniones internas que las organizaciones intensificaron su presencia en las calles y vincula el financiamiento de esas acciones con la asistencia del Gobierno.

Carolina Stanley, titular de Salud y Desarrollo Social, defiende las reformas implementadas, con mayores controles y el declamado objetivo de promover el trabajo formal, más allá del contexto recesivo.

«Las organizaciones juntan plata y poder político y están cada vez más en la calle. Tenemos que ir hacia un esquema de menos intermediación, más autonomía de las personas, más responsabilidad y más centrado en el empleo», fue uno de los cuestionamientos al sistema actual.

De acuerdo con el otro sector, el paso de Argentina Trabaja y Ellas Hacen a Hacemos Futuro implicó avances y la bancarización generó una llegada más directa a los beneficiarios: «El 100% de las personas se reempadronaron, fueron a una oficina de la ANSeS, actualizaron sus datos, cada uno tiene su tarjeta. Es un error asociar el plan a las manifestaciones, las estructuras políticas no se financian de ahí».

 

 

El Sol