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bono de $5.000

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La jueza electoral María Servini dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal cual habían solicitado desde el Frente de Todos. De esta forma, suspendió el pago del bono de $5.000 a desocupados, que había sido dispuesto por el Ministerio de Producción y Trabajo.

El Frente que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández había denunciado que con el otorgamiento del plan se pretende «condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio».

Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.

Paralelamente se pidió una cautelar a partir de la cual Servini ordenó restricción en forma preventiva «al señor ministro Sica a sólo efecto de que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre».
Servini acompañó el dictamen del fiscal Jorge Di Lello quien había expresado que debía ordenarse al Ministerio de Producción y Trabajo que se suspenda la implementación del subsidio extraordinario a desocupados, dado que sus características podrían generar que fuera utilizado como un «mensaje electoralista».

El dictamen que el fiscal Di Lello le presentó a la jueza se produjo en el marco de una denuncia y amparo presentado por el apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, para que se suspendiera el pago extraordinario de $5.000 a desocupados.

«La definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podría albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores», sostuvo el fiscal Di Lello en su dictamen.

«No voy a ingresar en las razones y en los fundamentos de la disposición, porque seguramente estoy de acuerdo en la necesidad de que aquellos que no tiene un empleo puedan ser ayudados a transitar estos momentos difíciles», sostuvo el fiscal que, de todas formas, pidió que se dicte una medida cautelar que frene la ejecución del subsidio.

«No puede permitirse que en el marco de esa necesidad se apele a la entrega, bajo ropaje de subsidios, de dinero que por el tiempo en que se otorga -veda electoral- pueda estar utilizado con un mensaje electoralista», sostuvo el representante del Ministerio Público.

La primera cuota será de 2 mil pesos, la segunda por un monto similar la percibirán con los salarios de noviembre y la última será de mil pesos con los haberes de diciembre.

Así lo acordaron la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), junto a otras entidades del sector y la Unión Obrera Metaúrgica (UOM).

Según se informó, el acuerdo alcanzado deberá ser homologado por el Ministerio de Producción y Trabajo.

«Llegamos a este acuerdo con gran esfuerzo entre las partes para lograr un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las posibilidades de los empresarios», destacó el presidente de CAMIMA, José Luis Ammaturo, al finalizar el encuentro.

El bono corresponde a un decreto firmado por el Gobierno por el que se dispone que las empresas del sector privado otorguen una suma de 5 mil pesos, como adelanto de futuros aumentos salariales y tendrá carácter no remunerativo.

El Gobierno nacional publicó el jueves en el Boletín Oficial el decreto que oficializa el pago obligatorio de un bono de 5.000 pesos a trabajadores del sector privado.

Pero en el artículo 4°, el texto normativo aclara que «se encuentran excluidos los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, regulado por la Ley N° 26.727, sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes».

Fuentes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre) explicaron a La Voz del Interior que esta situación obedece a que el pago de este extra en realidad debe definirse, por ley, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Es decir, que no es que los trabajadores rurales no recibirán un bono, sino que en realidad su implementación será determinada por este órgano.

La CNTA tiene previsto reunirse este viernes, oportunidad en la que se planteará el tema. En principio, se adoptaría el pago de estos 5.000 pesos, que alcanzaría únicamente a peones rurales permanentes, y no a los que tienen un régimen transitorio o discontinuo.

Las cámaras de comercio acordaron con el gremio del sector que los 5.000 pesos a cuenta de futuros aumentos para los trabajadores se podrán pagar en cinco cuotas a partir de septiembre.

Según el documento firmado, las partes acordaron que la asignación no remunerativa «podrá efectuarse en un máximo de cinco cuotas, iguales y consecutivas, de 1.000 pesos cada una».

Así, el primer tramo se abonará con los salarios de septiembre y el último con los sueldos de enero de 2020.

El documento aclaró que «aquel empleador que así lo considere», podrá abonar la asignación no remunerativa en un pago único durante octubre.

El acuerdo fue alcanzado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, la Unión de Entidades Comerciales Argentina y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

Por su parte, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) aseguró tener preocupación por el bono de 5 mil pesos al sostener que las pymes sufren «caída de ventas y escasa rentabilidad».

El Gobierno nacional oficializó el pago de una «asignación no remunerativa» para el sector privado, la cual se pagará en octubre o «en los plazos, cuotas y condiciones» que las partes establezcan.

«Si bien nuestra entidad coincide en que resulta imperioso incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores para activar el consumo y oxigenar la economía familiar, las pymes locales atraviesan un escenario de caída de ventas y escasa rentabilidad, que vuelve casi imposible asumir la nueva obligación sin enfrentar mayores complicaciones», subrayó.

Afirmó coincidir con el Ejecutivo en «la importancia de acompañar y contribuir a paliar la recesión desde los diferentes sectores», pero aclaró que «de ninguna manera puede desconocer la realidad de sus representados ni omitir que las pymes se encuentran en estado de emergencia», así lo reseña Elonce.

El Gobierno detalló las características que tendrá el pago de los 5.000 pesos para trabajadores del sector privado, medida que fue acordada con empresarios y representantes de la CGT.

La decisión fue oficializada mediante el decreto 665/2019, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri y la totalidad de su Gabinete.

Se determinó que la asignación no tendrá carácter remunerativo y se abonará en cuotas que serán establecidas por los distintos sectores de manera individual. Así, el decreto permite que los sectores más complicados puedan negociar con sus respectivos sindicatos la forma de pago.

«Establécese una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), la cual se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva», señala textualmente el artículo 2.

El artículo 2º del decreto establece que si la jornada laboral es reducida, la compensación salarial será proporcional a esa cantidad de horas trabajadas. El 3º, en tanto, plantea que la suma de $5.000 se compensará en las próximas revisiones salariales y que los empleadores que hubieran otorgado unilateralmente un bono luego del 12 de agosto (es decir, a raíz del impacto devaluatorio) podrán ser compensados.

Esto implica que el escenario variará dependiendo del sector y de la situación de la empresa en particular, así lo reseña Elonce.

El decreto

Decreto 665/2019
DNU-2019-665-APN-PTE – Asignación.
Ciudad de Buenos Aires, 25/09/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-86742054- -APN-DGD#MPYT, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 23.546 (t.o. 2004), 24.013, sus modificaciones, 25.212, sus modificatorias y 27.345, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo del Sector Privado, regulado por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y según el procedimiento establecido por la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), se llevaron adelante las negociaciones colectivas correspondientes al año en curso.

Que en dicho marco normativo se realizaron las negociaciones salariales entre los representantes de los trabajadores y de los empleadores de cada actividad, sector o empresa, arribándose a las distintas fórmulas de aumento salarial, plasmadas en los respectivos instrumentos de efectividad convencional.

Que sobre los citados convenios y acuerdos se practicaron los controles de legalidad y de no vulneración del interés general.

Que son de público conocimiento los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso.

Que las recientes mediciones efectuadas por el organismo estatal competente han arrojado una variación coyuntural del nivel general del índice de inflación de precios al consumidor.

Que ante el impacto socio-económico producido por dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones que han sido considerados por las partes colectivas al momento de celebrar los citados acuerdos.

Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente establecer una asignación no remunerativa para los trabajadores del sector privado, dejándose constancia que ello no implica una afectación del derecho constitucional de negociación colectiva, el cual mantiene plena vigencia con los niveles y alcances que determinen las partes en cada caso.

Que el Servicio Jurídico de Asesoramiento Permanente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ha tomado la intervención que le compete.

Que la situación expuesta configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la formación y sanción de las leyes.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Establécese una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), la cual se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva.

ARTÍCULO 2°.- Cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- La suma referida en el artículo 1° del presente se compensará en las próximas revisiones salariales. Los empleadores que hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria, otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 12 de agosto de 2019, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1° del presente.

ARTÍCULO 4°.- Quedan excluidos de los alcances del presente decreto los trabajadores del sector público nacional, provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable. También se encuentran excluidos del presente decreto los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, regulado por la Ley N° 26.727, y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley N° 26.844, sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes.

ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña – Rogelio Frigerio – Jorge Roberto Hernán Lacunza – Guillermo Javier Dietrich – Carolina Stanley – Dante Sica – Jorge Marcelo Faurie – Germán Carlos Garavano – Patricia Bullrich – Luis Miguel Etchevehere – Alejandro Finocchiaro – Oscar Raúl Aguad

e. 26/09/2019 N° 73269/19 v. 26/09/2019

Fecha de publicación 26/09/2019

Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, reconoció este miércoles que las empresas PyMES van a tener «muchísimas dificultades» para abonar la recomposición salarial de 5 mil pesos, a la que rechazó calificar de «bono».

«Hay que sacarle el rótulo de bono. Es una recomposición salarial. Se dispone de una suma de 5 mil pesos no remunerativos, que se pueden pagar en plazos de acuerdo con las dificultades de los sectores. Hay empresas que lo pueden abonar fácilmente, pero las PyMES tienen muchísimas dificultades», sostuvo el dirigente.

Y añadió: «hay una tremenda crisis y la situación financiera de una fábrica grande no es lo mismo que la de una pequeña. Hay PyMES que no tienen efectivo, que están paralizadas».

En declaraciones a radio Continental, Daer comentó que «todavía no se discutió si (esos 5 mil pesos) van a entrar en el pago de Ganancias».

Además, explicó que esa suma «va a estar sujeta a revisión de las paritarias».

«La idea es pagarlo en una cuota para todos. La salvedad es dosificarlo en el marco de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, según el estado de ciertas actividades», enfatizó el sindicalista.

También, recordó que el dinero «debe pagarse en octubre, según lo que acordamos ayer. Aquellos que no lo puedan pagar, se tendrán que sentar con el sindicato y pagarlo, quizás, en dos cuotas».

Algunas entidades empresarias, como la CAME, propusieron abonar los 5 mil pesos en cinco cuotas de mil pesos cada una, así lo reseña Noticias Argentinas.

La «recomposición salarial obligatoria» de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado que acordaron pagar los empleadores será abonado en octubre «en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivo de trabajo», según explicaron fuentes presentes en el encuentro para la redacción del decreto, que se espera salga publicado esta semana en el Boletín Oficial, una vez que el presidente Mauricio Macri lo firme a su regreso de Nueva York.

«En la reunión con los representantes técnicos del sector sindical y empresario se avanzó en la implementación de la recomposición salarial obligatoria y no remunerativa de $5.000 acordada ayer para los trabajadores del sector privado», precisó una fuente.

Durante el encuentro se estableció que la suma se compensará con los aumentos que se otorguen en las próximas revisiones salariales, «se pagará durante el mes de octubre o en los plazos y las condiciones que se acuerden entre empresarios y trabajadores signatarios de cada convenio colectivo de trabajo».

a reunión en la que se confirmó el pago del bono se realizó el último lunes y fue encabezada por el ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica. «Alcanzará a todos los trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo», señaló por su parte Daniel Funes de Rioja, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el almuerzo del Consejo Iberoamericano de Comercio y Producción (Cicyp), entidad que preside y donde disertó como invitado el candidato a presidente de Uruguay, Daniel Martínez Villamil.

Funes de Rioja también refirió que deberá ser cada sindicato el que acuerde con el sector empresario la forma del pago de los $5.000 de recomposición. «Cada sector tendrá su forma de pago» y «no es un bono, sino que es una compensación de futuros aumentos», dijo. Las fuentes consultadas por la agencia Télam coincidieron que el pago será en octubre, en plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes según convenio colectivo.

También precisaron que será proporcional a la jornada laboral convencional y que será un compensatorio de las próximas revisiones salariales, con fechas distintas según cada sector productivo. Agregaron que quedan excluidos los trabajadores del régimen de trabajo agrario y personal doméstico.

Los empresarios que participaron del Cicyp se mostraron satisfechos con el acuerdo alcanzado respecto del pago de los $5.000 en cuotas, de acuerdo a las posibilidades y negociaciones que alcance cada sector.

Recién llegado a Nueva York para participar de la 74ta. Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Mauricio Macri subió a sus redes sociales un mensaje donde agradeció a empresarios y sindicalistas por el acuerdo para el pago del bono de 5.000 pesos a los trabajadores privados, y destacó que «es importante que todos hagamos nuestro aporte».

«Quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan», escribió el Presidente en su cuenta de Twitter.

La primera actividad oficial de la agenda del mandatario argentino será este mediodía, cuando asista al almuerzo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofrecerá en honor de los jefes de Estado y de Gobierno que participan de la Asamblea General de la ONU.

Macri mantendrá además un encuentro con la Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo internacional -y ex presidentra de Chile-, Michelle Bachelet.

Luego de la 17, el mandatario argentino expondrá ante la Asamblea (a la que asiste por tercera vez desde que llegó al poder), y al finalizar el encuentro participará de una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para jefes de Estado.

Macri tiene previsto regresar al país mañana, a primera hora de la mañana, en un vuelo privado, así lo reseña Télam.

Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), dijo que el Gobierno y los gremios acordaron pagar “lo antes posible”  el bono de $5.000 para los trabajadores del sector privado. Aunque el Ejecutivo aseguró que el pago es obligatorio, Acevedo dijo que no todas las empresas pueden afrontar el pago.

En diálogo con Radio Mitre, el líder la UIA dijo: “Es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad, lo va a hacer ya y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses”. Y añadió: “Las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar“.

Además, Acevedo dijo que hay muchos sectores de la industria que están operando al 50% de su capacidad. Es decir que se suma le suma la caída en el consumo, la ecuación sería fatal para las Pymes.

El lunes se reunieron el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), otras entidades empresarias y la CGT. Durante la jornada se concretaron las distintas formas a negociar del pago.

Entre los puntos, se concluyó que la cifra de $5.000 para el sector privado será “no remunerativo“. Es decir que no se aplicarán las cargas sociales para su efectivización y “a cuenta de las próximas revisiones paritarias” para compensar la caída salarial. Este punto fue una de las cláusulas que exigieron los empresarios.

El decreto aún no se publicó con el detalles de la iniciativa. Pero si se establecieron las primeras cláusulas. En términos prácticas, para el trabajador funciona como un adelanto salarial. Mientras que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas.

El Gobierno nacional iniciará esta semana una ronda de negociaciones con cámaras empresariales y sindicatos para intentar definir el pago de un bono salarial para el sector privado.

El encargado de las negociaciones será el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien hoy convocará a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Sica advirtió que para el Gobierno el tema del bono para los trabajadores del sector privado «no está cerrado», aunque existe «la voluntad política del Gobierno» para arribar a un acuerdo con empresarios y dirigentes sindicales.

Sostuvo que el objetivo del Gobierno es diagramar cuál es el mejor mecanismo» para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores tras la brusca devaluación que se produjo luego de las PASO de agosto pasado.

El funcionario sostuvo que la idea es, para las próximas horas, reunirse con «la Unión Industrial Argentina (UIA), a las distintas cámaras, a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la idea es que lo más rápido posible (se otorgue el bono), para que en octubre los trabajadores puedan tener una compensación».

Tras la negativa de distintos actores de sectores empresarios a la posibilidad de otorgar un bono de cinco mil pesos a los trabajadores, el funcionario sostuvo, en declaraciones a radio Millenium, que el tema «no está cerrado».

«Lo que está sí es la voluntad política del Gobierno», añadió al respecto.

La CAME, entidad nacional que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales de todo el país, agrupando a más de 600.000 pymes que emplean a 4.200.000 trabajadores registrados, ya anticipó su negativa a pagar el bono.

En un comunicado, la entidad cuestionó al Gobierno por habilitar un bono y dijo que esa decisión implica destinar dinero que el empresariado del rubro «no tiene» porque atraviesa una situación «angustiante».

«Sabemos que el dinero no alcanza, pero el problema es que hoy a las pymes tampoco. Estamos en una situación angustiante. Va a ser difícil», dijo la CAME.

El secretario de prensa de CAME, Pedro Cascales, sostuvo: «Las pymes estamos en una situación de agobio financiero. 5.000 pesos en una pyme típica impacta en unos 100 mil pesos que un empresario no lo tiene».

En declaraciones a Radio Nacional, recordó: «El bono del año pasado no era obligatorio para las pymes. Se daba a cuentas de futuros aumentos, no era adicional. El impacto no fue tan drástico».

Por otro lado, consideró: «Hay que ver cuánto de este bono se traslada a consumo. El año pasado se usó para pagar deudas».

«En CAME ya tenemos pautada la reapertura de paritarias», destacó el empresario, así lo reseña Elonce.