fbpx
Tag

Bonadío

Browsing

El juez federal Claudio Bonadio ayer procesó al ex intendente de Esquel, Rafael Williams, por presunta malversación de fondos públicos destinados al programa de Residuos Sólidos Urbanos, durante la gestión entre 2013 y 2015.

Williams integra una extensa nómina de procesados con otros 91 intendentes de todo el país, que percibieron fondos de Nación durante el kirchnerismo.

El juez Bonadio investiga la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro que estaban asignados, a través de la Jefatura de Gabinete, al financiamiento del programa de Residuos Sólidos Urbanos, que comprendía a más de 190 municipios.

Entre junio y diciembre del 2019, cerca de un centenar de intendentes, ex intendentes y funcionarios municipales desfilaron por el juzgado para prestar declaración sobre el tratamiento de dichos fondos debido a las sospechas de defraudación.

En la misma causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina; al igual que los ex secretarios de Medio Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y el ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete Andrés Meiszner.

Paralelamente, Bonadio ya dictó los sobreseimientos de los ex intendentes Omar Goye (Bariloche), Nancy Sand Giorasi (Bella Vista) y Carlos Espínola (Corrientes), en tanto que Ricardo Moccero (Coronel Suárez) recibió la falta de mérito.

Los intendentes procesados en su mayoría son de Chaco, y también le siguen de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

El Chubut

Se trata de una causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos. Tres ex jefes de Gabinete kirchneristas ya estaban procesados.

Casi un centenar de intendentes de todo el país quedaron procesados hoy en una causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa.

En la causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

Ahora, el juez Claudio Bonadio resolvió procesar a 92 intendentes de distintas comunas. Entre ellos están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.

El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.

La maniobra

Paralelamente, Bonadio citó a indagataria a un centenar de intendentes que habían aplicado esos programas. Es que los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a cada programa. Luego, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación aprobaba el informe y luego se realizaba la transferencia de fondos.

La auditoría que dio origen a la causa del Ministerio de Medio Ambiente demostró que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”. Y que tanto la ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no le enviaron nada. “En cambio, solo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional”.

Los nombres

Esta es la lista de los intendentes que quedaron procesados: Claudia Panzardi, Mateo Daniel Capitanich, Gustavo Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andion, Hugo Sager, Walter Corra, Alicia Leiva, Eladio Aguirre, Elba Lescano, Jorge Batalla, Aldo Leiva, María Susana Simonofsky, Gerado Cipolini, Jorge Rodríguez, Oscar Nievas, José Carbajal, Carlos Palacios, Pedro Bodnarczuk, Lorenzo Heffner, Héctor Vega, Carlos Ibáñez, Pedro Maidana, Antonio José Rodas, Estela Mitore, Diógenes Requena, Rosario Belkys Avalos, Alfredo Zamora, Raúl Cantín, José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Horacio Mazu, Rafel Williams, Pablo Salazar, Gustavo Racca, Roberto Dehesa, Monica Stumpo, José Freyre, Héctor Godoy, José López, Juan Carlos Bacalini, Gullermo Cornaglia, Fernando Almada, Cesar Dip, Juan Orellana, Julio Castro, Rodolfo Cappellini, Luis Erro, Juan Carlos Kloss, Rubén Vázquez, José Luis Dume, Luis Stanicia, Alberto Escudero, Juan Manuel Pereyra, Eduardo Galantini, Ernesto Domínguez, Hermes Bordon y Federico Neis.

El juez incluyó también a Juan Ramón Barrionuevo, José Inza, Pablo Zurro, Alberto Conocchiari, María Gianini de Lafleur, Ricardo Casi, Walter Torchio, Gastón Arias, Néstor Álvarez, Diana Arguello, Héctor Olivera, Oscar Ostoich, Jorge Eijo, Martín Caso, Gustavo Walker, Gustavo Trankels, Marcos Luis Fernández, Francisco Iribarren, Enrique Tkacik, Marta Médici, Curetti Ricardo y Alfredo Fisher.

Por último, la nómina de procesados agregó a José Medina, Marcelo Skansi, Carlos Racciatti, Juan Carlos Bartoletti, Gusatavo Cocconi, Francisco Echarren, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.

Los sobreseimientos fueron para Omar Goye, Nancy Sand Giorasi y Carlos Espinola, mientras que recibió la falta de mérito Ricardo Moccero.

 

INFOBAE

Es por razones de salud del empresario, según la revisación que le realizaron peritos judiciales. No tuvo la misma actitud hacia Timerman en la causa memorandum.

El juez Claudio Bonadio, responsable de la causa derivada de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, que busca llevarse puesta la cartelización de la obra pública y que persigue a exfuncionarios kirchneristas pero que ya se ramificó hasta la familia Macri, decidió suspender la citación a declaración indagatoria que había resuelto para el padre del presidente de la nación, Franco Macri.

El magistrado basó su decisión en el informe del Cuerpo Médico Forense, que señaló que Franco Macri no está en condiciones de ejercer su derecho de defensa ni declarar en indagatoria, según publicó el portal Infobae.

Los facultativos deben revisar cada tres meses al magnate, de 88 años, para comprobar su estado de salud y comunicar su estado al juez del caso.

Cabe recordar que el magistrado, que ahora muestra algún grado de sensibilidad con el padre presidencial, no tuvo la misma actitud con el fallecido excanciller, Héctor Timerman cuando este padecía un cáncer que finalmente terminó con su vida.

La causa en la que está involucrado el patriarca de la familia Macri está relacionada con el pago de coimas por parte de empresas que explotaban corredores viales por peaje durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Claudio Uberti, quien estuvo a cargo del Órgano de Control de Concesiones Viales, declaró ante Bonadio que los empresarios de pagaban una coima mensual. Algunos de ellos ya admitieron los pagos irregulares.

Entre los citados estaban Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del jefe del Estado. Gianfranco declaró el 13 de diciembre último y negó estar involucrado en las coimas.

Infobae

Graciana Peñafort, abogada del fallecido Héctor Timerman, sostuvo hoy que la indagatoria de su defendido en el juzgado de Claudio Bonadio en la causa por el Memorándum con Irán “fue lo más parecido a una sesión de tortura” por el grave estado de salud del exfuncionario.

“Cuando Héctor supo del avance de la enfermedad me pidió que le pidiese a Bonadio poder declarar antes. Cosa que hice, porque sus médicos me habían explicado que el dolor extremo del cuadro que presentaba obligaría a propocionarle medicación que le dificultaría declarar. Y a diferencia de lo que Bonadio hizo con Franco Macri, enviándole los médicos a la casa, con Héctor no”, señaló Peñafort.

A través de una red social, la letrada recordó: “Héctor, que ya caminaba con dolor y dificultad, tuvo que ir a tribunales a certificar lo enfermo que estaba”.

“Fue un calvario. Y además un calvario inútil, porque pese a constatar la enfermedad, Bonadio no adelantó la declaración”.

Según dijo, el juez “llamó a indagatoria siguiendo el cronograma electoral”.

“Y fuimos, previo un complejo proceso de retirarle parte de la medicación para que pudiera declarar. La indagatoria fue lo más parecido a una sesión de tortura. Héctor estaba extremadamente dolorido y respiraba con dificultad”, señaló.

Y relató: “Cuando vino Bonadio a saludar y vio el cuadro de situación desolador, me escribió una nota diciendo Dra. cuando usted indique suspendemos esto . Héctor quiso seguir declarando y solo interrumpí esa declaración cuando sus labios se pusieron azules por falta de aire”.

“De esa indagatoria salimos y nos fuimos a una clínica porque Héctor se desmayó en el auto. Tuvo una crisis cardíaca fruto del dolor y la falta de oxígeno. Cuando volvió en sí me decía: me mataron Graciana, y yo no quiero morirme así, no dejes que manchen mi nombre, por favor “.

Peñafort dijo que “luego vino el infame procesamiento y la prisión domiciliaria”.

“Y yo recorrí (Comodoro) Py explicando que Timerman necesitaba poder viajar para hacer su tratamiento. Y también se lo explicamos a la Cámara de apelaciones”, subrayó.

“Al final de esa apelación yo le dije al Dr. (Martín) Irurzun, a estas alturas la política no me importa, pero por favor levanten la prisión, porque necesita salir para tratarse, se va a morir sino puede tratarse “.

“Revocaron el cargo de traición a la patria, pero confirmaron la prisión preventiva. Por el delito de encubrimiento, delito porque nadie en este país va preso durante el proceso. Nadie salvo Hector Timerman. Y como era lógica consecuencia, Estados Unidos le revocó la visa y no pudo viajar”, señaló.

También relató que “más allá de la buena voluntad de Cancillería, la visa especial no se logró gracias a las gestiones del gobierno argentino: se logró gracias a la presión de los democratas norteamericanos, entre ellos Patrick Leahy, quien instó al Congreso de Estados Unidos a dar la visa”.

“Tuve oportunidad de ser testigo de como buena parte del peronismo desfiló por su casa para abrazarlo y respaldarlo, al menos mientras pudo recibir gente”, señaló Peñafort, quien indicó que Cristina Kirchner “siempre estuvo atenta a como estaba su salud y su ánimo”.

“Era a mi a quien Cristina Kirchner llamaba para preguntar y para trasmitir mensajes de afecto. Que yo siempre retransmití y Héctor siempre sonreía. Porque Timerman en un momento ya no pudo hablar por telefono y luego, ya no pudo hablar. Mucho menos recibir visitas”, dijo.

Jornada

El departamento de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner fue escenario anoche de un nuevo procedimiento policial en el que se secuestraron 33 cuadros y obras de arte. Se trata de una medida que había quedado postergada desde agosto pasado, cuando se concretaron los procedimientos judiciales sobre la propiedad de CFK en el marco de la causa que investiga las supuestas coimas narradas en fotocopias de cuadernos que nunca fueron hallados por la Justicia.

El procedimiento tuvo lugar en el departamento de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, y el valor estimado de las obras secuestradas oscila los 4 millones de dólares. Se llevaron pinturas, jarrones y esculturas que quedarán en el juzgado de Claudio Bonadio, quien dictó la medida.

El allanamiento tuvo lugar entre las 20:20 y 22:20 de ayer y estuvieron a cargo brigadas de la Policía Federal. Fue similar al efectuado hace cuatro meses en el mismo lugar y en la casa que la exmandataria posee en la capital santacruceña de Río Gallegos. La diferencia es que en esta ocasión el secretario de CFK fue el que se encargó de entregar el material a los efectivos de la PFA.

El procedimiento en Recoleta de hace unos meses superó las 12 horas, mientras que el operativo en Santa Cruz duró 72 horas. Días después, el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, difundió un comunicado en el que ella hizo un extenso descargo sobre los allanamientos realizados en los domicilios.

Y el mismo Beraldi señaló entonces: “Por disposición del juez Bonadio me fue obligado a retirarme del domicilio y así evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento”.

 

Pagina 12

La expresidenta Cristina Kirchner apeló su procesamiento como jefa de una asociación ilícita ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos del chofer y señaló que al pedir su desafuero el magistrado “agrede” a la democracia.

En un escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi se indicó que el pedido de desafuero es una “agresión judicial al sistema democrático argentino”. Señaló además que la lectura del procesamiento, de más de 500 páginas es “agotadora” e “inútil” y sostuvo que el juez en su acusación es impreciso y que viola garantías constitucionales.

Según publicó el diario La Nación, la defensa de la exmandataria afirmó que el propio Bonadio escribió que “no se han constatado entregas de sumas ilegítimas a manos de la propia Fernández”, en alusión a Cristina Kirchner.

Y aseguró que, con esa frase, el magistrado reconoció que no hay elementos de prueba contra la exmandataria.

Señaló que en los cuadernos del chofer Oscar Centeno no aparece la expresidenta, sólo sus domicilios de la calle Uruguay y la quinta de Olivos, pero dijo que en esos registros hay anotaciones que se comprobaron que son falsas: apuntó a fechas, y montos de dinero, según lo que dijeron los arrepentidos, a quienes el juez le dio visos de certeza.

El defensor de Cristina Kirchner señaló que los cuadernos son fotocopias escritas por un chofer “que había sido declarado insano por la Justicia” en otra causa. Ademas, Beraldi afirmó que muchos de los empresarios mintieron. Destacó que el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, “insólitamente se presenta como un financista de las campañas del Frente para la Victoria”.

 

 

El Destape Web

Tras el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, criticó al juez Claudio Bonadio al considerar que se trata de “un fallo tribunero”.

El defensor de la exjefa de Estado sostuvo que la resolución es “arbitraria” y adelantó que apelará la decisión judicial. “El primer agravio es que no tiene contenido jurídico, se apoya en pruebas que no son validas, declaraciones de arrepentidos y después seguiremos con las cuestiones que el Juez no era el que debía actuar”, expresó en diálogo con La Red.

En ese sentido, agregó: “Tengo la obligación como abogado defensor de apelar, presentaremos un escrito indicando los motivos que consideramos que el Juez asintió de manera equivocada”.

Por otra parte, Beraldi sostuvo que “es innegable que el proceso tiene naturaleza política” y argumentó sus dichos al asegurar que “el juez lo muestra cuando dice que la plata era para los planes sociales, para la gente humilde”.

En cuanto al embargo que el magistrado trabó sobre la exmandataria, Beraldi sostuvo que de acuerdo a la cotización del dólar son “4 mil millones de pesos” y criticó nuevamente a Bonadio. “Cristina ya tiene todo embargado en otras causas, comete la torpeza de embargar la jubilación, que no es embargable”, afirmó.

Por último, cuando fue consultado sobre si Cristina Kirchner pudo haberse enterado del sistema de recaudación ilegal, Beraldi respondió: “La prueba es tan endeble que no se puede considerar si existió o no, su hubo procesos de corrupción deben ser sancionados”.

 

 

La Prensa

El auto de procesamiento dispuesto por el juez Bonadío contra un total de 54 personas, entre las que se incluye a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, junto a algunos de los empresarios más renombrados del país, reflota el paralelismo con las investigaciones judiciales abiertas en la provincia de Chubut. En particular, vuelve a quedar en la mira la propuesta de “Suspensión de juicio a prueba” a favor de algunos de los empresarios involucrados en la causa “Revelación”, luego de haber admitido el pago de coimas a funcionarios públicos.

“En el presente capítulo se tratará de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República Argentina entre los años 2003 a 2015 –señala el documento firmado por el juez Bonadío, al que ADNSUR tuvo acceso-, donde una colusión de funcionarios y empresarios (la Real Academia Española define la palabra “colusión” como: “un pacto ilícito en daño de tercero”), hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc.”. señala el escrito.

Y añade una consideración especial referida a los empresarios: “… y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.

Vale recordar que entre los procesados por la medida dictaminada por el polémico juez, a quienes imputa el delito de participar en la asociación ilícita, se encuentran, entre otros, Benito Roggio, Angelo Calcaterra, Eduardo Eurnekian, Enrique Pescarmona, Carlos Wagner y el chubutense Alejandro Ivanissevich, entre muchos otros, además de la ex presdiente Cristina Fernández y funcionarios como Julio de Vido y Oscar Parrilli. Declara además extinguida la acción penal en contra de Néstor Kirchner, a raíz de su fallecimiento en el año 2010.

“Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos retornos o coimas”.

Más allá del debate que se abre en torno a por qué mantiene la eximición de prisión para los empresarios que se transforman en colaboradores o delatores de la investigación, no pasa desapercibido el cuestionamiento que hace sobre el rol de los empresarios y la posterior victimización, en un modo similar al ocurrido en la provincia de Chubut.

La discusión en Chubut por la “probation”

Ante ese debate amplificado en el ámbito nacional, vale recordar que en Chubut está pendiente de resolver si el juez y los fiscales aceptan la propuesta de suspensión de juicio a prueba presentada por tres de los empresarios involucrados en la causa “Revelación”, que propusieron hacer algunas obras de refacción en comisarías y gimnasios para evitar el avance del juicio oral y público.

El tema provoca un debate no sólo en el ámbito social, con posturas esgrimidas desde la organización “Iniciativa Ciudadana” (con referentes que avalan y otros que se oponen a esa posible aceptación), sino también al interior del Poder Judicial.

En ese marco, algunos conocedores del derecho señalan que el país ha suscripto convenios internacionales, que lo obligan a ir a fondo en las causas por corrupción, por lo que ese tipo de solución intermedia (sin condena efectiva ni reconocimiento explícito del ilícito cometido) va en contra de dichos tratados. Entre estos, se menciona la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a las que Argentina ha adherido a través de leyes respectivas.

Además, se menciona el artículo 36 de la Constitución Nacional, que estipula que atenta contra el sistema democrático “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

En ese marco, se señala que no es seguro el resultado que algunos se plantean de que la pena prevista para el delito de cohecho, de entre 1 y 6 años de prisión, resultará en una condena de prisión en suspenso (siempre que no supere los 3 años), ya que el tipo de delito y la modalidad de haberse perpetrado en forma continuada en el tiempo podrían llevar una eventual condena por arriba de la media y hasta acercarse al máximo de la pena, en cuyo caso debe resultar de cumplimiento efectivo, aun cuando se trate de personas sin antecedentes penales.

 

 

ADN Sur