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La expresidenta Cristina Kirchner apeló su procesamiento como jefa de una asociación ilícita ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos del chofer y señaló que al pedir su desafuero el magistrado “agrede” a la democracia.

En un escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi se indicó que el pedido de desafuero es una “agresión judicial al sistema democrático argentino”. Señaló además que la lectura del procesamiento, de más de 500 páginas es “agotadora” e “inútil” y sostuvo que el juez en su acusación es impreciso y que viola garantías constitucionales.

Según publicó el diario La Nación, la defensa de la exmandataria afirmó que el propio Bonadio escribió que “no se han constatado entregas de sumas ilegítimas a manos de la propia Fernández”, en alusión a Cristina Kirchner.

Y aseguró que, con esa frase, el magistrado reconoció que no hay elementos de prueba contra la exmandataria.

Señaló que en los cuadernos del chofer Oscar Centeno no aparece la expresidenta, sólo sus domicilios de la calle Uruguay y la quinta de Olivos, pero dijo que en esos registros hay anotaciones que se comprobaron que son falsas: apuntó a fechas, y montos de dinero, según lo que dijeron los arrepentidos, a quienes el juez le dio visos de certeza.

El defensor de Cristina Kirchner señaló que los cuadernos son fotocopias escritas por un chofer “que había sido declarado insano por la Justicia” en otra causa. Ademas, Beraldi afirmó que muchos de los empresarios mintieron. Destacó que el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, “insólitamente se presenta como un financista de las campañas del Frente para la Victoria”.

 

 

El Destape Web

Tras el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, criticó al juez Claudio Bonadio al considerar que se trata de “un fallo tribunero”.

El defensor de la exjefa de Estado sostuvo que la resolución es “arbitraria” y adelantó que apelará la decisión judicial. “El primer agravio es que no tiene contenido jurídico, se apoya en pruebas que no son validas, declaraciones de arrepentidos y después seguiremos con las cuestiones que el Juez no era el que debía actuar”, expresó en diálogo con La Red.

En ese sentido, agregó: “Tengo la obligación como abogado defensor de apelar, presentaremos un escrito indicando los motivos que consideramos que el Juez asintió de manera equivocada”.

Por otra parte, Beraldi sostuvo que “es innegable que el proceso tiene naturaleza política” y argumentó sus dichos al asegurar que “el juez lo muestra cuando dice que la plata era para los planes sociales, para la gente humilde”.

En cuanto al embargo que el magistrado trabó sobre la exmandataria, Beraldi sostuvo que de acuerdo a la cotización del dólar son “4 mil millones de pesos” y criticó nuevamente a Bonadio. “Cristina ya tiene todo embargado en otras causas, comete la torpeza de embargar la jubilación, que no es embargable”, afirmó.

Por último, cuando fue consultado sobre si Cristina Kirchner pudo haberse enterado del sistema de recaudación ilegal, Beraldi respondió: “La prueba es tan endeble que no se puede considerar si existió o no, su hubo procesos de corrupción deben ser sancionados”.

 

 

La Prensa

El auto de procesamiento dispuesto por el juez Bonadío contra un total de 54 personas, entre las que se incluye a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, junto a algunos de los empresarios más renombrados del país, reflota el paralelismo con las investigaciones judiciales abiertas en la provincia de Chubut. En particular, vuelve a quedar en la mira la propuesta de “Suspensión de juicio a prueba” a favor de algunos de los empresarios involucrados en la causa “Revelación”, luego de haber admitido el pago de coimas a funcionarios públicos.

“En el presente capítulo se tratará de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República Argentina entre los años 2003 a 2015 –señala el documento firmado por el juez Bonadío, al que ADNSUR tuvo acceso-, donde una colusión de funcionarios y empresarios (la Real Academia Española define la palabra “colusión” como: “un pacto ilícito en daño de tercero”), hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc.”. señala el escrito.

Y añade una consideración especial referida a los empresarios: “… y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.

Vale recordar que entre los procesados por la medida dictaminada por el polémico juez, a quienes imputa el delito de participar en la asociación ilícita, se encuentran, entre otros, Benito Roggio, Angelo Calcaterra, Eduardo Eurnekian, Enrique Pescarmona, Carlos Wagner y el chubutense Alejandro Ivanissevich, entre muchos otros, además de la ex presdiente Cristina Fernández y funcionarios como Julio de Vido y Oscar Parrilli. Declara además extinguida la acción penal en contra de Néstor Kirchner, a raíz de su fallecimiento en el año 2010.

“Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos retornos o coimas”.

Más allá del debate que se abre en torno a por qué mantiene la eximición de prisión para los empresarios que se transforman en colaboradores o delatores de la investigación, no pasa desapercibido el cuestionamiento que hace sobre el rol de los empresarios y la posterior victimización, en un modo similar al ocurrido en la provincia de Chubut.

La discusión en Chubut por la “probation”

Ante ese debate amplificado en el ámbito nacional, vale recordar que en Chubut está pendiente de resolver si el juez y los fiscales aceptan la propuesta de suspensión de juicio a prueba presentada por tres de los empresarios involucrados en la causa “Revelación”, que propusieron hacer algunas obras de refacción en comisarías y gimnasios para evitar el avance del juicio oral y público.

El tema provoca un debate no sólo en el ámbito social, con posturas esgrimidas desde la organización “Iniciativa Ciudadana” (con referentes que avalan y otros que se oponen a esa posible aceptación), sino también al interior del Poder Judicial.

En ese marco, algunos conocedores del derecho señalan que el país ha suscripto convenios internacionales, que lo obligan a ir a fondo en las causas por corrupción, por lo que ese tipo de solución intermedia (sin condena efectiva ni reconocimiento explícito del ilícito cometido) va en contra de dichos tratados. Entre estos, se menciona la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a las que Argentina ha adherido a través de leyes respectivas.

Además, se menciona el artículo 36 de la Constitución Nacional, que estipula que atenta contra el sistema democrático “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

En ese marco, se señala que no es seguro el resultado que algunos se plantean de que la pena prevista para el delito de cohecho, de entre 1 y 6 años de prisión, resultará en una condena de prisión en suspenso (siempre que no supere los 3 años), ya que el tipo de delito y la modalidad de haberse perpetrado en forma continuada en el tiempo podrían llevar una eventual condena por arriba de la media y hasta acercarse al máximo de la pena, en cuyo caso debe resultar de cumplimiento efectivo, aun cuando se trate de personas sin antecedentes penales.

 

 

ADN Sur