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«Un edicto del boletín oficial dónde la Minera Argenta solicita el permiso del uso de agua para el proyecto navidad»

«PAGINA 26 BOLETÍN OFICIAL INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA EDICTOS – En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley XVII Nº 53 del Digesto de la provincia del Chubut, el Instituto Provincial del Agua comunica por el termino de tres 3 días se realizara la publicación en Boletín Oficial y se exhibirá por el termino de quince 15 días en los lugares visibles del Municipio y Juzgado de Paz de la Localidad de GASTRE y de GAN GAN, que Minera Argenta S.A., ha solicitado permiso de uso de Aguas Públicas con fines de uso Industrial, proveniente del pozo SP13 cuyas coordenadas Gauss Kruger son X=2.521.419; Y=5.305.454, en un caudal aproximado de 3.600,00 m3/ año, para su utilización en el campamento del Proyecto Navidad cocina, baños, riego, etc., ubicado dentro del campo La Rosada, en el predio individualizado como Lote 22-c, Fracción B y C, Sección J-I, Departamento Gastre, Provincia del Chubut, por un periodo de cinco años, de acuerdo a la documentación acompañada en los autos caratulados: S/SOLICITUD DE PERMISO DE USO DE AGUA PUBLICA USO INDUSTRIAL MINERA ARGENTA S.A. ESTABLECIMIENTO LA ROSADA, POZO SP13 DEPARTAMENTO DE GASTRE EXPTE. 0193 AÑO 2014-IPA. Quienes consideren que pueda afectarse sus derechos, podrán oponerse a la solicitud de permiso de uso de Aguas Públicas, y presentarse a estar a derecho, por el término de treinta 30 días, a partir de la primera publicación de edictos, en las oficinas del Instituto Provincial del Agua, sito en calle Roger 643 de la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, y fundar su petición por escrito.

Rawson, GERARDO ALFREDO BULACIOS Administrador General de Recursos Hídricos Instituto Provincial del Agua

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó en las últimas horas el Boletín Oficial con la nueva Resolución 16/2020. En el documento, el organismo informó que los presos serán excluidos del Ingreso Familiar de Urgencia (IFE), bono que fue impuesto por el Gobierno destinado a las familias de los sectores vulnerables en tiempos de pandemia.

“A fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones”, se lee en la Resolución 16/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Y luego prosiguieron: “Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por la previsiones del Decreto N°310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2°“.

Qué otro grupo de solicitantes que fue excluido del IFE

Se trata de los jóvenes menores de 25 que tengan registrado el mismo domicilio que sus padres.

Con respecto a esta medida, describieron: “Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y su domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional de la Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente”.

A su vez, agregaron: “ANSES requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud”.

Fuente: Radio Mitre

La reciente posición de la diputada de Chubut al Frente, Rossana Artero, irritó al gobernador Mariano Arcioni porque impulsa dos proyectos que van contra el Gobierno.

Uno de esos proyectos de ley, tiene como objetivo que, si alguien aspira establecerse en un cargo debe tener al menos cuatro años de residencia en la Provincia del Chubut.

El otro proyecto reclama al Poder Ejecutivo que publique la ley que derogó la venta de tierras con bosques,  que se aprobó por la Legislatura anterior, y que llamativamente nunca se publicó en el Boletín Oficial.

Para la diputada “una ley que esté sancionada y no se publique, es como que uno quisiera gobernar diciendo, esta ley no me gusta entonces no la publico así no tiene vigencia”.

De manera que, si en las próximas 72 horas, el ejecutivo no explica los motivos por qué la norma no se publicó, Artero aseguró que se debe acudir a la justicia, ya que estaríamos ante la comisión de un delito.

Por otro lado, detrás de uno de esos proyectos, Artero criticó la designación de Javier Alvaredo para la presidencia del Banco del Chubut.

 

Pasado el mediodía salió publicado en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia que crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus.

El programa consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios: Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino; Asignación compensatoria al salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados; Repro : asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados; y acceso a un prestación económica por desempleo (Sistema integral de prestaciones por desempleo).

Las empresas que podrán acogerse a los primeros tres beneficios deberán dar cumplimiento a uno o más de los siguientes requisitos : que sus actividades económicas fueran afectadas de forma crítica en la zona geográfica donde se desarrollan; tener una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el Covid 19 o que estén en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al Covid 19; y acreditar una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.

Se encuentran excluidos de los beneficios del decreto 332/2020 aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales .

La Jefatura de Gabinete establecerá los criterios objetivos, actividades y demás elementos que permitan determinar la asistencia a recibir por las sujetos beneficiados.

Los sujetos que cumplan con los requisitos, accederán a uno de los siguientes beneficios: Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino y reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril del 2020 para empleadores que no superen los 60 trabajadores contratados (aquellos que lo superen, deberán promover el Procedimiento Preventivo de Crisis)

La AFIP dispondrá los vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales.

Se elevarán durante el período que establezca la Jefatura de Gabinete los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000. Será competencia del Ministro de Trabajo, empleo y Seguridad Social modificar la operatoria del Sistema integral de prestaciones por desempleo.

Los empleadores alcanzados por los beneficios deberán acreditar ante la AFIP la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas. El Ministerio de Trabajo considerará la información y documentación remitidas por la empresa, podrá relevar datos adicionales y disponer la realización de visitas de evaluación.

La Jefatura de Gabinete tendrá la facultad de extender la vigencia de las medidas del decreto y definir las actividades económicas afectadas en forma crítica por la emergencia sanitaria.

A través de la Resolución General 2/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el funcionario judicial dio de baja «en su totalidad» la norma 6/2018, de igual rango y restableció «todos los textos normativos que fueron derogados, modificados o sustituidos» por esa decisión de su antecesor, Sergio Brodsky.

Nissen justificó la medida al subrayar que lo actuado por el Gobierno de Macri tenía «la virtualidad de neutralizar un régimen reglamentario dirigido a la efectiva vigencia y aplicación de controles que aseguren la observancia de las normas de orden público» de la Ley General de Sociedades.

En ese sentido, recordó que en la anterior gestión se suprimió «todo tratamiento por la IGJ de actos negociables de sociedades constituidas en el extranjero que llegaran a su conocimiento como supuestamente realizados en calidad de actos aislados», así como también el apartado que contenía «las definiciones de sociedades off shore y de jurisdicciones off shore».

A la vez, la Inspección General de Justicia estableció que los representantes de sociedades constituidas en el extranjero «deberán constituir y mantener vigente una garantía».

Para Nissen, las modificaciones introducidas a la legislación durante la anterior gestión «entrañan suplantar ese régimen por otro primordialmente asentado sobre la mera formalidad registral, sin control de legalidad sustancial».

«No es necesario un análisis detallado de las modificaciones, sustituciones y derogaciones producidas para tener por evidenciado que la Resolución General IGJ N° 6/2018 carece virtualmente de causa y motivación y porta desviación de poder» y «torna inoperante al régimen de extranjería y afecta inadmisiblemente la soberanía legislativa argentina», añadió.

Nissen advirtió que «las sociedades off shore operan con frecuencia en circuitos de circulación de capitales y flujos financieros de origen ilícito de del evidencia y exhiben una inquietante y polivalente funcionalidad para el fraude (familiar, concursal, laboral), la evasión fiscal y el lavado de activos, entre otras ilicitudes».

Y agregó: «En nuestro medio hechos recientes como las triangulaciones negociales que se habrían producido con sociedades off shore en la operatoria del Grupo Vicentín según los acontecimientos parecerían ir indicándolo, o la revelación de que el tristemente notorio boliche Le Brique resulta ser también de una sociedad off shore cuyos integrantes son desconocidos, no se deben banalizar sino ser recordatorio de la frecuente peligrosidad de estas figuras legales».

También denunció que después de las reformas realizadas por el Gobierno de Cambiemos «numerosas sociedades off shore se habrían inscripto en el Registro Público a cargo de esta IGJ» y anticipó que si lo corrobora, «habilitará la adopción de las medidas pertinentes».

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que la ley de Solidaridad Social «sale hoy publicada» en el Boletín Oficial, ante la expectativa que hoy generó que no aparezca publicada esta mañana.

«La ley sale hoy publicada en el Boletín Oficial», dijo Cafiero respecto a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Congreso aprobó el sábado y que hasta esta mañana aún no había sido publicada en el Boletín Oficial.

El jefe de Gabinete hizo estas declaraciones a la prensa luego de haber puesto en funciones a la nueva titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño.

La ley contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y tiene que ser promulgada por el presidente Alberto Fernández y publicada en el Boletín Oficial para que comience a regir.

El Senado convirtió en ley, en la madrugada del sábado, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, iniciativa oficial aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.El viernes, también a la madrugada, había sido aprobada por la Cámara de Diputados por 134 votos a favor y 110 en contra.

Por los jubilados más vulnerables

Santiago Cafiero, aseguró que el gobierno nacional está trabajando «fuertemente» por los jubilados que están en situación de mayor vulnerabilidad, que recibirán dos sumas fijas «en diciembre y en enero», en tanto que «en marzo va a haber un aumento a todos los jubilados, también con suma fija».

«Nosotros estamos trabajando fuertemente para que los jubilados que estén peor, estén mejor», dijo y agregó que se trata de «dos sumas fijas en diciembre y en enero» que recibirán los jubilados que cobran la mínima, y un «aumento», también de «suma fija», aunque aún a definir, para «todos los jubilados».

Dejó claro que lo que se ha suspendido fue «la fórmula» de cálculo de los aumentos, pero no los aumentos, y explicó que esa suma fija que tendrán los aumentos estará relacionada «con la evolución de los precios».

La norma del Ministerio de Salud y Desarrollo Social fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. Formará parte del programa médico obligatorio, según una resolución firmada por Adolfo Rubinstein.

La Secretaría de Salud ordenó este jueves la cobertura total del tratamiento del cambio de sexo, a través de la resolución 3159/2019 publicada en el Boletín Oficial.

El texto dispone la actualización del listado de cobertura básica que brindan los agentes del seguro de salud, tal como está detallado en la resolución 201/02. Desde ahora, se incluyen aquellas drogas utilizadas en proceso de hormonización e inhibición de la pubertad.

Se trata del acetato de ciproterona, testosterona gel, 17ß-estradiol gel, valerato de estradiol, espironolactona, undecanoato de testosterona y triptorelina.

Pasan a estar cubiertos en un 100 por ciento para los «pacientes bajo tratamientos hormonales integrales que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal para adecuación de la imagen al género autopercibido».

La actualización responde, según la resolución 3159, a la necesidad de ir «incorporando nuevas alternativas para el cuidado del cuerpo y de la salud sexual y la salud reproductiva».

La Secretaría de Salud diferencia explícitamente este tratamiento hormonal de los «procedimientos estéticos». Estos tratamientos, afirma el documento, «se enmarcan en el acceso efectivo al derecho a la salud, es decir, en el proceso de constitución corporal e identitario, el libre desarrollo personal y el derecho a la vida».

La resolución lleva la firma de Adolfo Rubinstein, secretario de Salud, que fue criticado por la Iglesia y por sectores gubernamentales después de publicar este miércoles el protocolo para la atención de casos de interrupción legal del embarazo, texto que será derogado por el Gobierno. El secretario también recibió el apoyo de otras fuerzas políticas y de actores de la sociedad civil, informó Diario ADNSUR.

El gobierno nacional resolvió aplicar el incremento al impuesto a los combustibles líquidos postergado en cuatro oportunidades desde mayo último, lo que implica más presión para los precios, que se incrementaron el 5% la semana pasada.

El decreto 753/2019, publicado este lunes en el Boletín Oficial, modifica las fechas establecidas anteriormente, que determinó que «para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1 de setiembre y hasta el 31 de octubre últimos, deberán mantenerse los montos del impuesto que correspondan al 31 de agosto de 2019».

Anteriormente, ese plazo había sido fijado hasta el 30 de noviembre, y recién a partir del 1 de diciembre comenzaba a aplicarse la suba total del gravamen. Con la nueva decisión, se estableció que desde el 1 de noviembre último deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto.

Así, el incremento en los montos del impuesto será de $ 0,142 por litro para las naftas, y de $ 0,27 para el gasoil. Los productos alcanzados por la medida son nafta sin plomo, hasta y de más de 92 RON, nafta virgen, y gasoil.

El impuesto a los combustibles se previó que se actualizase por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), considerando las variaciones acumuladas desde enero de 2018, inclusive.

El Ejecutivo actualiza los montos del impuesto en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, desde el 28 de mayo último postergó en cuatro oportunidades, hasta la actual aplicación del incremento.

El Gobierno nacional oficializó la implementación del nuevo sistema de Documento Nacional de Identidad (DNI) digital, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial de este miércoles y firmado por Mauricio Macri.

En el Decreto 744/2019, se autoriza a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a emitir «en forma adicional al Documento Nacional de Identidad en formato tarjeta» la credencial virtual para dispositivos móviles inteligentes.

Se trata de una «réplica exacta de los datos» del DNI tarjeta, su tramitación es opcional y tiene «pleno valor identificatorio en todos los actos públicos y privados».

La versión virtual del DNI se utiliza en la aplicación Mi Argentina y contiene un certificado encriptado y firmado digitalmente.

Se les ofrecerá a todas las personas que saquen un nuevo ejemplar del DNI físico.

«En estos cuatro años logramos una verdadera transformación del Estado en términos de transparencia, simplificación e innovación. Este lanzamiento es uno de los resultados de este largo proceso en el cual pusimos la tecnología al servicio de los ciudadanos», dijo Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, en septiembre pasado, cuando se anunció la iniciativa.

El gobierno nacional amplió el Presupuesto para este año en $ 50.000 millones, a través de la decisión administrativa 847/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial.

A través de esta decisión administrativa se incrementaron las partidas del Poder Legislativo Nacional y de los ministerios del Interior, Hacienda, Defensa, Seguridad, Transporte y Salud, Cancillerías y las obligaciones a cargo del Tesoro Nacional.

En el caso del Ministerio de Salud, el incremento presupuestario fue para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por $ 11.537.931.720.

También el Ministerio del Interior obtuvo un incremento por $ 11.639 millones, de los cuales $ 5.470 millones provienen de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Formento (BIRF), el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El resto, $ 6.169 millones, corresponden a los programas Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional; Planificación Territorial de la Inversión Pública, Infraestructura Urbana; Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano; Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo; Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas; Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria; Recursos Hídricos; Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Dirección Nacional de Migraciones.

La amplliación también otorgó una partida de $ 4.591 millones al Poder Legislativo Nacional para sus programas Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos; Defensa de los Derechos de los Ciudadanos; Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación; Asistencia Bibliográfica; e Impresiones y Publicaciones Parlamentarias.

Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto le ingresaron $ 4.427 millones, de los cuales la mayor parte se destinará a atender el Desarrollo del Plan Antártico.

En el caso del Ministerio de Hacienda, si bien hubo un aumento presupuestario para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por $ 904.690.456, también hubo un recorte en la Secretaría de Energía de la asistencia financiera a Integración Energética Argentina (Ieasa) por $ 3.426 millones.

Por su parte, el Poder Ejecutivo resolvió incrementar partidas con destino a la cancelación de deudas previsionales, y para ello otorgó $ 2.522.747.532 al Ministerio de Seguridad para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina; y otros $ 3.360 millones al Ministerio de Defensapara el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares.

En otro orden, en el Ministerio de Transporte se incrementó el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad en $ 3.539.253.774.

En tanto, las Obligaciones a Cargo del Tesoro en asistencia financiera a empresas públicas y otros entes de los ministerios de Producción y de Defensa, municipalidades y operadores privados de energía, sumaron $ 1.300 millones.

Además se incrementaron estas obligaciones del Tesoro Nacional en asistencia financiera a empresas públicas y otros entes del Ministerio de Transporte por 9.982 millones, de los cuales, $ 5.600 millones son para Aerolíneas Argentinas.

En tanto, el Tesoro registra recortes por $ 5.243.922.876 en jubilaciones y retiros; y otros $ 22.888.769.569 en partidas relativas a deudas con el sistema financiero.

Por último, Presidencia de la Nación incrementó una partida para la Secretaría General, específicamente para los programas Conducción del Poder Ejecutivo Nacional y Promoción del Deporte, por $ 452 millones.