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El próximo lunes, 31 de agosto, vencerá el plazo para presentar ante la AFIP la llamada declaración informativa del impuesto a las ganancias y de Bienes Personales.

El trámite está referido a los ingresos obtenidos en 2019 y al patrimonio según su valuación al 31 de diciembre pasado. Se trata de una presentación que debe hacer un grupo de empleados bajo relación de dependencia y jubilados que no están inscriptos en esos tributos y a quienes, en rigor, sus empleadores u organismos de la seguridad social les hacen los descuentos por la carga fiscal de Ganancias, según informa La Nación.

¿Quiénes están en ese grupo? Para este año, la AFIP dispuso, a través de la resolución 4767 de julio pasado, que están alcanzados por esta obligación quienes en todo 2019 percibieron una suma igual o superior a los 2 millones de pesos, considerando -de acuerdo con lo establecido por la resolución 4003 del organismo- los salarios, los ingresos provenientes del ejercicio de cargos públicos en los diferentes niveles del Estado, las jubilaciones o pensiones, los retiros o subsidios que tengan su origen en el trabajo personal y las rentas de socios de cooperativas de trabajo.

La presentación de la declaración de ingresos se hace en la web del organismo recaudador, ingresando con clave fiscal y optando, entre los servicios interactivos, por el llamado “Ganancias-Personas Humanas”. Hay que tener a mano el formulario 649 entregado por el empleador; en ese documento se detallan las remuneraciones que fueron pagadas en el año, además de los datos de pluriempleo (si la persona tiene más de un puesto bajo relación de dependencia), los aportes al sistema de seguridad social, las cuotas sindicales, las deducciones que se aplicaron para el cálculo de Ganancias y los montos retenidos para el pago del impuesto.

En el caso de la declaración patrimonial, deben informarse en el servicio interactivo “Bienes Personales Web” los activos que se tenían al 31 de diciembre del año pasado, según las normas de valuación que rigen para ese tributo y que son establecidas por la AFIP. Por 2019 el valor mínimo del patrimonio alcanzado por el impuesto es de $2 millones (por una reforma legal hecha en 2017 está al margen la vivienda, hasta un monto de $18 millones), por lo cual, si se había alcanzado esa cifra correspondió hacer la declaración determinativa, cuyo vencimiento ocurrió unas semanas atrás.

“La declaración jurada informativa es específicamente para quienes tienen sueldos en relación de dependencia, sobre los que el empleador ya retiene el impuesto a las ganancias”, explica el contador Iván Sasovsky. Por eso, la presentación tiene el carácter de “informativa” y no de “determinativa”, que es la que corresponde hacer a quienes están inscriptos en los impuestos o deben pagarlos esta vez, por su situación en el año 2019.

Para determinar si se llegó a los $2 millones de ingresos el año pasado, se considera todo lo proveniente de las tareas laborales bajo relación de dependencia y de jubilaciones o pensiones, según aclara el contador Ezequiel Passarelli, sobre la base del detalle de las normativas vigentes. No se suman las facturaciones del monotributo (para el caso de quienes están en ese sistema, además de contar con un salario o una jubilación), ni los resultados de inversiones, porque eso no está previsto en las reglamentaciones. Fuentes de la AFIP confirmaron, ante la consulta de LA NACION, que estos últimos conceptos no se consideran para determinar si alguien queda o no alcanzado por la exigencia del trámite.

También lo explica así Adriana Piano, del estudio SMS, quien agrega que, en caso de haberse obtenido el año pasado ingresos por operaciones financieras alcanzadas por el impuesto cedular, es otra la declaración que corresponde (la obligación de presentarla y también la de pagar el tributo venció a mediados de este mes).

¿Cuál podría ser la sanción por no cumplir con esta obligación fiscal? Según responde Passarelli, la ley de procedimientos fiscales marca que la omisión de presentar declaraciones juradas de carácter informativo que son dispuestas por la AFIP “dentro de los plazos establecidos”, tienen una sanción de “hasta $5000” para el caso de las personas físicas.

Afirman que los consumidores priorizaron compra de “bienes para estar en casa”.  «El consumidor valoró los bienes para estar en casa», afirmó el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, quien remarcó también los 4 millones de visitantes que buscaron y/o adquirieron productos a lo largo del evento.

El primer análisis sobre las ventas realizadas durante los tres días de descuentos del Hot Sale 2020 mostró que los consumidores al momento de concretar sus compras priorizaron «los bienes para estar en casa», a tono con los tiempos de la cuarentena por el coronavirus, dijo esta noche a Télam el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti.

«Salvo turismo, impactados por el contexto, todas las categorías marcaron incrementos de ventas respecto de eventos anteriores», dijo el directivo.

En diálogo con Télam, Sambucetti indicó que este año se registró «un mayor movimiento de consumidores, más empresas ofreciendo sus productos y más ventas en cantidad de unidades respecto del Hot Sale 2019».afirman

«Hubo muchas compras vinculadas a la vida en la casa», enfatizó y puso como ejemplo de esto a los rubros «alimentos y bebidas, farmacia, cosmética y belleza, hogar y decoración;, junto con electrodomésticos e indumentaria.

En las tres jornadas del Hot Sale 2020 el rubro comida y bebidas marcó un crecimiento superior al 900% en el número de transacciones generadas respecto al evento anterior; seguido por la categoría casa y hogar, con el 390%; electrónica, con un incremento de 305%; y el segmento indumentaria, con una suba de 257%.

Sambucetti consideró que las dos postergaciones que tuvo el evento -que habitualmente se realiza en mayo-, «terminaron favoreciendo tanto a vendedores como a consumidores».

Señaló también que algunas de las 715 empresas que participaron del evento «mantendrán los descuentos en lo que llamamos Hot week, así como las megaofertas», que se extenderán durante los próximos días.

El descuento promedio auditado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se ubicó en este evento en el 26%, dentro de la categoría de «mega ofertas».

Consultado por la denuncia contra 17 empresas por eventual publicidad engañosa, el directivo señaló que desde la CACE, de comprobarse que hubo violaciones a ley, se aplicarán los «términos y condiciones» a los que se comprometen los vendedores, y que prevén sanciones desde pagos extras hasta no poder participar en futuros eventos.

Si bien los números finales del Hot Sale 2020 recién estarán en unos días, Sambucetti remarcó que «muchas empresas detectaron nuevos clientes, personas que nunca antes habían hecho compras en línea», e indicó que «en turismo, cumplieron sus expectativas»:

La categoría Electro fue la más buscada, «estuvo siempre en el primer puesto», rubro en el cual había mucha tensión por la posibilidad de que «la falta de producto genere decepción» entre los consumidores. afirman

En base a los números informados por la plataforma Tienda Nube, a lo largo de los tres días se concretó en promedio una venta cada medio segundo, con más de $900 millones facturados y un ticket promedio por $4.253.

Afirman que en el total de ventas realizadas en esta edición, en Tienda Nube la categoría indumentaria explicó el 50,3% de las transacciones, casa y jardin (incluyendo pinturerías, herramientas, bazar, entre otros subrubros) el 9%; salud y belleza, 6%; comida y bebida, 2,9%; electro y computación, 1,5%.

Por su parte, la plataforma dedicada a comparar precios MuyShopper.com indicó que televisores, celulares y zapatillas, seguidos por notebooks y heladeras, fueron los artículos más buscados por los consumidores tanto por precio como por el financiamiento.

En base a datos informados por la plataforma Ingenico Systems, el 65% de las transacciones en el retail fueron financiadas entre 3 y 6 cuotas. con un precio promedio de $8.800.

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el embargo de 900 millones de pesos sobre los bienes de Fabián Gutiérrez y los procesamientos por lavado de dinero a miembros de su entorno. El fallo alcanza, entre otros, a la mamá Teresa Amalia García y a la hermana Valeria Alejandra Martinovich.

La extinción de la acción penal para el exsecretario de Cristina Kirchner, asesinado a principios de mes en El Calafate, deberá ser dictada por el juez del caso Marcelo Martínez de Giorgi.

En el fallo, la sala primera de la Cámara Federal porteña confirmó el embargo de 900 millones de pesos sobre los bienes que conformaron el patrimonio de Gutiérrez. «Corresponde encomendar al magistrado Instructor que disponga todas las medidas cautelares necesarias a fin de asegurar dichos bienes de cara a su eventual decomiso», sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

«Las numerosas propiedades inmobiliarias, la variedad de vehículos de alta gama, los hoteles y las embarcaciones de las que dio cuenta la amplia encuesta llevada adelante por el Magistrado Instructor se traduce, con la provisoriedad de esta instancia, en la convicción requerida para afirmar la materialidad de los hechos. Ello conduce, por tanto, a descartar los agravios de arbitrariedad y falta de fundamentación deducidos por las defensas», sostuvieron los jueces.

«Debe repararse en que en este caso concurren dos de los principales indicadores señalados para el delito de lavado de activos: la presencia de un incremento patrimonial injustificado y/o de operaciones financieras anómalas; y la vinculación con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados con ellas», agregaron.

De esta forma, la Justicia entiende que todos los bienes mencionados fueron adquiridos con dinero proveniente por el lavado de la recaudación ilegal de fondos que se habría desarrollado entre 2008 y 2018.

La causa

La causa por enriquecimiento ilícito contra Gutiérrez empezó en el 2017 en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, pero un año más tarde fue anexada al expediente de los cuadernos por pedido del juez Claudio Bonadio, cuyo juzgado quedó el año pasado en manos del mismo magistrado que había tenido el caso inicialmente.

Gutiérrez fue procesado en noviembre junto a una decena de empresarios, en su mayoría de Santa Cruz, con los que habría diseñado un complejo entramado de sociedades para disimular el origen del dinero y darle apariencia lícita, según surge de la investigación judicial.

En el fallo, el juez Bonadio planteó: «Los imputados habrían integrado una asociación cuyo objeto fue conformar, en la República Argentina una estructura societaria -ideada por Víctor Fabián Gutiérrez- e integrada por el resto de los imputados, algunos de ellos familiares del nombrado, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas en la causa de los Cuadernos».

«Del propio Víctor Fabián Gutiérrez dependió una maniobra específica respecto a la aplicación de parte de esos fondos ilegales, a la constitución de una estructura jurídica, societaria y bancaria en nuestro país, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de activos que le diera a esta asociación una aparente fachada de legalidad de la que carecía», amplió el escrito al que accedió Télam.

Las actividades por el lavado del dinero, se habrían llevado a cabo entre los años 2008 y 2018. Parte del dinero se habría destinado a la adquisición de propiedades y bienes muebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, según sostuvo Bonadio en aquel fallo de 146 páginas.

En el segundo eslabón de la maniobra participaron Teresa Amalia García, Valeria Alejandra Martinovich -familiares de Gutiérrez-, Matías Enrique Lazzaro Raimondo, Carlos Mario Cesar Siverino, Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera, Diego Carlos Riestra, Germán Alberto Rodríguez, Alberto Luis Fernández, Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Gillone, Diego Miguel Derdey, Fernando Andrés Mangione, David Maico Miguel, Jorge Mozo y Javier Alfredo De La Torre, entre otros.

El municipio de Rawson, mediante la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos recomienda a la comunidad que quienes adquieran bienes inmuebles, realicen previamente las consultas pertinentes ante los organismos públicos y/o profesionales matriculados que entiendan la materia, para evitar futuros inconvenientes con la posesión efectiva del bien y la obtención de los títulos de propiedad respectivos.

A través de un comunicado, el área que dirige políticamente, Fernando Vosecky, deja en claro que las tierras comprendidas dentro de cada jurisdicción municipal, su ordenamiento territorial y uso del suelo (entiéndase subdivisiones y/o fraccionamientos permitidos, factores de ocupación, usos autorizados), se rigen por normativas nacionales, provinciales, y ordenanzas municipales vigentes.

Se trata de electrodomésticos que se encontraban en la casa en construcción que tenía Diego Correa en Playa Unión, protagonista de una de las causas más emblemáticas de corrupción de la provincia.

La Justicia de Chubut entregará una heladera y un generador de electricidad al Hospital «Santa Teresita» de Rawson para su disposición. Los bienes son propiedad de Diego Correa, protagonista de la causa Embrujo, una de las causas más emblemáticas de corrupción de la provincia.

Los tenía en una casa que había quedado en construcción en Playa Unión, informó El Chubut.

«Resultaría gravoso para nuestros matriculados en el ejercicio de la profesión», indicaron desde el Colegio Público de Abogados. Señalaron que dicho impuesto tiene las características de «ser regresivo».

El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Trelew se manifestó en las últimas horas en rechazo a la medida que intenta impulsar el Gobierno Provincial bajo un plan de ajuste y que tiene que ver con un proyecto de creación de un impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

«Resultaría gravoso para nuestros matriculados en el ejercicio de la profesión y por ende a los justiciables, sin dejar de advertir que tiene las características de ser un impuesto regresivo», señala el comunicado emitido por el Directorio del Colegio, informó El Chubut.

El Gobierno dejó una alternativa para los que no quieren pagar el 2,25% de alícuota.

Finalmente este sábado fue publicada en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley de Emergencia Económica donde, entre otros puntos, el Gobierno aclaró cuánto le cobrará de Bienes Personales a los que tienen activos en el exterior y cuál será el premio si traen la plata al país.

En la publicación, el ítem de Bienes Personales en el exterior figura en el Artículo 9. Los bienes que están en el exterior -y que excedan el mínimo no imponible, que primero debe ser descontado de los bienes que están en el país-, pagarán 0,75% si llegan hasta los $ 3 millones; si se ubican en el rango de entre $ 3 y $ 6,5 millones, abonarán el 1,20%; entre $ 6,5 y $ 18 millones, el 1,8%; y los activos que superen los $ 18 millones (unos US$ 285.000 al cambio oficial) tendrán que pagar el 2,25%.

Los bienes en el exterior incluidos van desde divisas depositadas en bancos, participaciones societarias o acciones, hasta bonos soberanos y corporativos y fondos comunes de inversión, entre otros.

Pero con la reglamentación, el Gobierno reveló cuál será el premio para los que traigan al país la tenencia de moneda extranjera en el exterior y «los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo».

La norma explica que «quedan exceptuados del pago del gravamen al que hace referencia el artículo 9° de este decreto, los sujetos que hubieren repatriado activos financieros a la fecha señalada en el artículo anterior [31 de marzo de cada año], que representen, por lo menos un 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior».

Así, al repatriar el 5% de los bienes en el exterior, se exime del pago de la doble alícuota al total. Pero los fondos deberán quedar depositados en el banco. Según la norma publicada este sábado: «El beneficio se mantendrá en la medida que esos fondos permanezcan depositados hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación, en entidades comprendidas en el régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, a nombre de su titular», agrega el texto. O sea que deberán estar depositadas del 31 de marzo al 31 de diciembre.

El decreto lleva las firmas del Presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Más allá de los que tienen bienes en el exterior, la ley aprobada la semana pasada establece que, para los bienes en el país, habrá nuevas alícuotas que van de 0,50 a 1,25%. Hasta ahora, las alícuotas que pagan quienes están alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales iban de 0,25 a 0,75%.

El mínimo no imponible de $ 2 millones se mantiene, así como la exclusión de la vivienda de hasta $ 18 millones (unos US$ 285.000 al cambio oficial), notificó El Clarín.

Después de la condena a Oscar Chito Alarcón, la justicia estaría trabajando en una nueva causa contra el ex titular del IAS. Ya se habría trabado una medida cautelar contra los bienes y las cuentas de Carlos Barbato, mientras en estos momentos se siguen tomando entrevistas preliminares.

El Ministerio Público Fiscal ya avanza en la investigación de varios casos de ex funcionarios que a priori tendrían bienes que no se condicen con sus ingresos oficiales durante los últimos años, y luego de la condena a Oscar Alarcón conocida días atrás, la próxima imputación que se está preparando en estas horas apunta al ex titular del IAS, Carlos Barbato.

De acuerdo a fuentes consultadas, la investigación preliminar estaría casi cerrada, a tal punto que ya habría una orden de un juez que hace lugar a una cautelar solicitada por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, y que traba embargos sobre todas las cuentas a nombre de Carlos Barbato y de su ex pareja, Glenda Patterson, y los bienes a nombres de ambos.

Precisamente respecto a los bienes muebles e inmuebles, habría llamado la atención de los investigadores que con el sueldo de presidente de Lotería, la pareja haya puesto a su nombre dos casas – una en Trelew y la otra en Playa Unión de 200 metros cuadrados- y por lo menos cuatro vehículos -dos camionetas, un auto de alta gama y un vehículo 4×4.

Según la información extraoficial relevada por esta agencia de noticias, en los próximos días se estaría presentando ante la Oficina Judicial el pedido de apertura de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito contra Carlos Barbato, y no sería el último de los ex funcionarios de las últimas gestiones alcanzado por este tipo de pesquisas, ya que se estarían relevando propiedades lujosas de varios miembros de los últimos gabinetes provinciales.

Hay que recordar que en el caso de Bárbato, fue apartado de su cargo a mitad de año luego de una escandalosa denuncia por presunta violencia de género de parte de su ex pareja, y a la vez está imputado por autorizar contrataciones de sonido a una empresa propiedad de uno de los gerentes del instituto, en épocas en las que se desempeñaba como presidente, informó Diario ADNSUR.

Hay departamentos, locales, casas, estancias y aviones, varios de los cuales eran de Lázaro Báez, el contador de Cristina y su ex secretario, Daniel Muñoz.

Casas, estancias, departamentos, embarcaciones, aviones privados, terrenos, locales comerciales. La lista de propiedades decomisadas en casos de corrupción y que quedaron bajo organismos del Estado es variada y cuantiosa. La actual gestión no logró avanzar con todos los remates y esta decisión quedará en manos del gobierno del Frente de Todos. Muchos de los bienes pertenecieron al ex contador de Cristina Kirchner, a su ex socio comercial Lázaro Báez, como también al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

La primera subasta online que el gobierno de Mauricio Macri iba a realizar respecto a un conjunto de propiedades vinculadas a Muñoz, en una causa por lavado de dinero vinculada a los cuadernos de las coimas, fue suspendida. Y por los plazos necesarios para reprogramarla, será la próxima gestión, la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la que decida cómo proceder con estos bienes, como también con dos aviones de Lázaro Báez dispuestos para ser rematados, incluso sobre casas, departamentos y un campo del ex contador de la electa vicepresidenta.

Este jueves 21 de noviembre, pocos días antes del cambio de gestión, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) iba a subastar un conjunto de propiedades vinculadas a la trama de lavado del entorno de Muñoz. Se llamó a subasta pública sobre un departamento de Sergio Todisco, señalado testaferro del ex secretario privado de Néstor Kirchner. Pero al quedar desierta, fuentes oficiales señalaron a Clarín que no se llegará a realizar otro remate antes de que Mauricio Macri deje la Casa Rosada. Su valor de mercado es de 620.000 dólares.

Después de la orden de decomiso del juez Claudio Bonadio en un tramo de la causa de los cuadernos de las coimas que se centra en operaciones de lavado de dinero encabezadas por Daniel Muñoz y su entorno, el Estado había tomado de la decisión de vender inmuebles ubicados en Miami, Capital Federal, Santa Cruz y otras provincias patagónicas.

Los dueños de esas propiedades fueron el financista Ernesto Clarens, al ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares; Carolina Pochetti -viuda de Muñoz-, Sergio Todisco, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros.

Hace pocos meses, el Gobierno buscó cuantificar el perjuicio generado por maniobras de corrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) estimó que sólo en materia de lavado de dinero se cautelaron a la fecha bienes por 500.000 millones de pesos, es decir unos 11.000 millones de dólares. En esta misma línea, el gobierno buscaba avanzar en el decomiso de una extensa lista de bienes de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Cristóbal López, Ricardo Echegaray, entre otros.

Los números son aún más grandes. El gobierno de Macri contabilizó que desde 2016 los embargos ordenados en causas de corrupción donde se investigó a Cristina y ex funcionarios kirchneristas ascienden a 483.115 millones de pesos, un equivalente a 8.524 millones de dólares.

Sólo en la causa de los cuadernos de las coimas se cautelaron bienes por unos 20.000 millones de pesos. En ese expediente, el juez Bonadio firmó el decomiso 38 propiedades y bienes por unos 20 millones de dólares.

La lista incluye casas, departamentos con sus cocheras, una farmacia en Tierra del Fuego, un terreno en Mar de las Pampas, en Neuquén y varios terrenos y propiedades en Santa Cruz. Entre los bienes, Respecto a los bienes, hay una embarcación -“Sea Ray Cummins”- propiedad de Ernesto Clarens, al igual que una propiedad en Miami que el financista puso a disposición del juzgado.

La próxima gestión deberá decidir si todos estos bienes continuarán en manos de la AABE, desde donde se sostuvo que era imperioso avanzar en el remate de los bienes para que no sufran deterioro y pierdan valor, como ocurrió con uno de los aviones de Lázaro Báez, que fue a remate por un valor de 55.800 dólares cuando supo tener un valor de 211.300 dólares, informó Clarín.

Este jueves, luego de la inspección ocular por los terrenos y propiedades adquiridas por Oscar «Chito» Alarcón, quien  fuera jefe ceremonial del ex gobernador Mario Das Neves y que en función de ser funcionario público, está sospechado del delito de enriquecimiento ilícito, se dió inicio a la tercera audiencia  del Juicio con las declaraciones de los testigos de la defensa, Bárbara Tocho y la pareja de Oscar «Chito»,  Carmela Mirenda.

De esta forma, durante sus declaraciones  la pareja de Oscar «Chito», Mirenda Carmela manifestó que «A fines de 2011 nos fuimos a vivir juntos con Oscar a un dúplex en Playa Unión. Es donde vivimos actualmente; A principios de 2014, Susana Celis me ofrece que le compre bienes. En ese momento no tenía interés porque yo tengo mis propios bienes desde antes de conocer a Oscar».

Durante su declaración Carmela aseguró que Susana Celis, era su ex cuñada  «Ella me insistió tanto, no habíamos hablado de números, y finalmente le compré los bienes a Susana que necesitaba la plata para cubrir otras cosas. No los puse a mi nombre porque yo ya tenía bienes, consideré que no era un problema poner los bienes a nombre de Alarcón y hoy me arrepiento de ponerlo a nombre de él por todos los problemas que afrontamos», aseguró.

Dijo que «Los lotes de Playa Unión me los ofreció en 220.000 pesos y el local comercial en 265.000 pesos. El número me sirvió como inversión y los compré, luego le di el dinero a Oscar, hizo la operación con el escribano de confianza de él y así se firmó en Esquel».

De igual forma, aseveró que «Los comerciantes no declaramos todos, eso lo hace todo el mundo. Declaramos lo que nos dice el contador. Tengo deudas con el fisco; Entre el 99 y el 2001 constituí 4 plazos fijos: Uno de u$s 20.000; otro de u$s 13.000, el tercero de u$s 10.000 y el último de u$s 5.000. Todos fueron retirados antes del corralito».

Como parte de los testigos, comenzó a declarar Bárbara Tocho quien alegó: «Firmé con el nombre de mi mamá, quien fue que hizo la operación con la señora Mirenda. Mi mamá me comunica que habían llegado al monto indicado y que lo único que me pedía era que las propiedades iban a estar a nombre de Oscar Alarcón».

Declara Bárbara Tocho: «Fuimos a la escribanía de Esquel, recibí el dinero que era el que me había indicado mi mamá, firmamos la escritura. El importe que cobré fue de $ 485.000. Se lo entregué en mano a mi mamá».

Tocho afirmó:  «Mi mamá venía insistiendo en que quería vender los terrenos de Playa Unión y las oficinas comerciales de Rawson, los motivos de la venta era que no estábamos atravesando una situación económica buena y además había problemas familiares, por eso vendimos el fondo comercial de la farmacia. Mis hermanos me dieron un poder para que lleve yo las negociaciones. La parte compradora era de Río Gallegos».

Durante sus declaraciones Bárbara Tocho alegó: «Mi mamá les había comunicado a mis hermanos que iba a vender los terrenos de Playa Unión y las oficinas comerciales de Rawson».

«La relación entre mi mamá y Mirenda era excelente, además de cuñada eran amigas. Hablaban por teléfono en forma continua de la venta de las propiedades, siempre estuve en la Farmacia trabajando a la par de mi mamá. Hacía trámites bancarios. Mi mamá se encargaba de las decisiones principales», sentenció.

Indicó además «Yo nunca cuestioné lo que decía mi mamá. Ella puso el monto de la venta de estos inmuebles. La última palabra siempre la tenía mi mamá y siempre se respetó eso, una parte del dinero la utilizó para pagar una deuda de la Farmacia. La otra parte, no sé, calculo que la pudo haber guardado en su casa».