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El fin de semana bajo orden policial se realizaron tres allanamientos en la localidad de El Maitén, en relación a hechos de abigeato que tuvieron como blanco la estancia “Cia. Tierras del Sud Argentino” ,propiedad de Benetton, en lo que va de la cuarentena.

El procedimiento se llevó a cabo este domingo, y se procedió al secuestro de elementos de interés y se identificó a dos sospechosos.

Tras una serie de investigaciones y pesquisas, los investigadores sumaron una serie de indicios que derivaron en la orden judicial de tres allanamientos simultaneados en viviendas, enclavadas en Barrio Agua Potable.

A partir de los diferentes hechos de abigeato, los investigadores determinaron patrones y perfiles del accionar y en función de ello se logró determinar la presunta participación de dos personas de la localidad de El Maitén.

Los investigados y sospechosos, actuaron de manera sistemática sustrayendo animales ovinos y posteriormente los carneaban para introducirlos en un “mercado ilegal” de carne, según los investigadores.

Entre las pruebas recolectadas que se suman a la causa, además de rastros recolectados en el campo existen imágenes tomadas con una cámara camuflada que se empleó en el lugar, lográndose de esa manera individualizar a los presuntos autores.

Las viviendas allanadas corresponde a dos de los sospechosos, y una tercera de la paraje de uno de ellos.

Durante los allanamientos se procedió al secuestro de calzado y vestimenta coincidente con las huellas detectadas en los lugares de faena y las imágenes capturadas por la cámara.

También se encontró trozos de carne ovina de la que se extrajo una muestra para realizar análisis de ADN, además de restos de fibra de animal lanar.

La comisión policial interviniente en el procedimiento también secuestro un bolsón con rastros de haber sido utilizado para trasladar carne faenada y un trozo de alambre similar a los colocados en los sitios de faena.

También se secuestraron dos rodados y se realizaron las requisas correspondientes.

Los allanamientos fueron ordenados por la Fiscal de Turno, Devora Barrionuevo, y autorizados por el Juez Penal de Turno, Ricardo Raúl Rolón.

En tanto, las tareas fueron llevadas a cabo por la División Criminalística de la Comarca Andina, en conjunto con personal de la Comisaría de El Maitén y la División Asuntos Rurales.

El grupo Benetton recibió fondos públicos no reintegrables para las forestaciones con especies exóticas en Chubut hasta el final del gobierno de Mauricio Macri, al igual que otros capitales con emprendimientos subsidiados. El drenaje de fondos estatales se inició con la primera plantación de pino ponderosa en 92 hectáreas en el área Vuelta del Río de la estancia Leleque, inscripta como propiedad de la Compañía de Tierras del Sud Argentino SA (CTSA SA)

La transferencia de recursos en favor de este grupo no mejoró las prácticas sociales por parte de los gerentes que operan desde Esquel. El 20 de febrero personal de la empresa bloqueó un camino vecinal y dejó encerrada a una familia mapuche integrante de la comunidad tehuelche Newentuaiñ Iñchin de Costa de Lepá.

La clausura de tranqueras y apropiación del espacio público de caminos es una vieja práctica a la que, al parecer, se subordinan los distintos agentes del Estado, ya que pasan las semanas y la familia permanece aislada, según publicó este fin de semana el portal El Cohete a la Luna.

La secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación otorgó en octubre del año pasado subsidio por casi treinta millones de pesos a 41 titulares de proyectos forestales en el país, de los cuales dos millones doscientos mil pesos fueron para Benetton por un expediente presentado en 2016. Los fondos se originaron en el programa de sustentabilidad ambiental y seguros (Prosas), cuestionado al momento de su creación en 2018 porque supuso un aumento en el seguro automotor para financiar estas iniciativas “verdes”.

El año pasado Guillermo Bernaudo, por entonces secretario del área, anunció que el denominado “Seguro Verde” permitió la inyección al sistema de 432 millones de pesos desde su puesta en marcha a comienzos del año anterior, monto que cubría la deuda acumulada por el Estado por los planes forestales. “Es un compromiso público privado entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaria de Ambiente y la Superintendencia de Seguros de la Nación y doce compañías de seguros, para reducir la huella de carbono de autos, motos y camiones”.

Lo cierto es que fue dinero fresco para el último año de gestión, con resoluciones tomadas hasta el último día de gobierno, lo que puede confirmarse en la página web de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto industrial.

Los usuarios que pagaron el seguro automotor ayudaron a la administración Macri a aliviar las cuentas de Seabord Energías Renovables y Alimentos SRL, Adagro SA y Garrucho SA, entre otros beneficiados en la misma resolución ómnibus de Benetton.

Seabord es la transnacional de origen norteamericano que absorbió al Ingenio San Martín de Tabacal, en Salta, en conflicto con la comunidad de Las Lomitas por el territorio tradicional. Garruchos SA es subsidiaria del grupo Insud, con tierras en Misiones y Corrientes, que compró también dos establecimientos en Paraguay. Insud tiene un porcentaje del Fideicomiso Financiero Forestal I de Corrientes, que también recibió subsidios forestales; en Chubut es propietaria de Los Murmullos, proyecto junto al lago Cholila. Adagro SA es una sojera con asiento en Tucumán.

Diversificación Subsidiada

“A partir de 1993, la Compañía de Tierras del Sud comenzó a forestar un promedio de 500 hectáreas anuales. En 1998 hizo lo propio la Compañía de Tierras Tecka, que plantó cerca de 300 hectáreas anuales. Ambas, con emprendimientos asociados a los silvonegocios, marcaron la tendencia de la curva, ya que aportaron casi el 60 % de la superficie forestada. En conjunto, las plantaciones de estos dos establecimientos hasta 2005 cubrían cerca de 8.300 hectáreas (5.000 y 3.300 ha respectivamente)”, indicó la investigadora Ana Valtriani.

La empresa corrige a Valtriani en el cartel instalado junto a la ruta N°40, donde dice que comenzó a forestar en 1992. Lo cierto es que Benetton se pliega e inserta en el modelo económico trazado con la reforma estructural del Estado en Argentina, de lo cual la política forestal es una línea periférica pero altamente favorable para los grandes capitales. De ese período subsiste la confusión semántica y conceptual por el que se llama bosque cultivado a las plantaciones industriales con especies exóticas.

En el mediano y largo plazo de la estrategia del grupo con sede central en Italia, las demoras en las cancelaciones de los compromisos estatales en la Argentina no son un obstáculo insalvable. En 2000 inició el trámite para acceder al beneficio de promoción que dos años después se le otorgó por 300 hectáreas. Lo mismo en 2004, por elegir ejemplos documentados que prueban el rol del subsidio estatal en la diversificación del grupo Benetton en Argentina.

Al antiguo modo de los descubridores que simplemente inscribían sus tierras en los Cuadernos de Indias, las propiedades de la CTSA no tuvieron mensura legal hasta 2006, puntualiza Valtrini. Lo mismo surge de las observaciones del departamento de legales del ministerio de Agricultura.

Eso no fue obstáculo para que Ronald McDonald, gerente de CTSA para las estancias en Chubut, denunciara a Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco por presunta usurpación de una fracción en Santa Rosa, Leleque, en agosto de 2002.

Entonces empezó un ciclo de confrontación por el territorio tradicional mapuche-tehuelche, con distintas comunidades, en las que hay que inscribir el manotazo último de soldar el candado de una tranquera para aislar a la familia Jofré, reasentada recientemente sobre el arroyo Malloco, fuera de los límites de la estancia Leleque.

El capital trasnacional mantiene prácticas coloniales en esos espacios donde el pueblo mapuche-tehuelche revitaliza el territorio.

Cinco miembros de la comunidad mapuche donde desapareció y fue hallado muerto Santiago Maldonado eran juzgados por supuesta usurpación y robo de ganado. La jueza Carina Estefanía dijo que no hay delito.

Este lunes se conoció la sentencia en el juicio contra Facundo Jones Huala, Fernando Jones Huala, Andrea Millañanco, Matías Santana y Sergio Ruiz. Los cinco jóvenes eran acusados de “abigeato” (robo de ganado) y “usurpación” del predio de la localidad chubutense de Cushamen, recuperado en marzo de 2015 por la Pu Lof en Resistencia.

En un fallo considerado “histórico” por la propia comunidad y organismos de derechos humanos de la región patagónica, la jueza de la Cámara Penal de Esquel, Carina Estefanía, resolvió absolver a los acusados por la corporación de la familia Benetton, quien los había denunciado hace cuatro años de haberle robado un pedazo de su latifundio y algunos animales.

El fallo es un duro revés para los planes criminalizadores del Estado nacional y del de Chubut, sirvientes de los terratenientes de la Patagonia y a cuyo servicio ponen sus fuerzas represivas, sus leyes y sus juzgados. En este juicio se trataban hechos ocurridos entre marzo de 2015 y mediados de 2016.

Fundamentos de la absolución

Hay varios elementos que justifican hablar de un fallo inédito o “histórico”. Por una lado, la jueza Estefanía sentenció que el conficto que derivó en las denuncias de Benetton no es un conflicto “judicializable” sino que todo debería resolverse en el terreno de una solución política.

De allí que convocó en su fallo a la conformación de una “mesa de diálogo” entre las partes, es decir entre la Pu Lof de Cushamen y representantes de la corporación Benetton, lo que debería incluir a las organizaciones de derechos humanos y demás actores sociales conocedores del tema.

A su vez en el fallo, si bien no lo planteó en estos términos, la jueza realizó un reconocimiento del genocidio perpetrado por el Estado sobre los pueblos originarios, al remarcar que hubo un exterminio, que muchas familias fueron desmembradas, que parte de ellas terminaron esclavizadas y que cuando comenzaron los procesos de recuperación territorial “recuperaron la libertad”.

Otro elemento importante de la sentencia es que la jueza ordenó que se investiguen algunos mecanismos judiciales que se aplicaron en este caso para procesar y criminalizar a los mapuches. Por caso, ordenó investigar el accionar del fiscal Oscar Oro en la instrucción de la causa y que se investigue también la violencia institucional perpetrada en los allanamientos policiales donde se “buscaban pruebas”.

A su vez la jueza cuestionó por “incompatibilidad” a la pareja de Guido Otrando y Rafaela Ricono, quienes actuaron originalmente en la causa desde los dos “extremos” de la investigación judicial, uno como juez federal de Esquel y otra como secretaria de la Fiscalía Federal de la misma ciudad.

Histórico

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Esquel reconocieron la particularidad de esta sentencia. En diálogo con La Izquierda Diario Celeste Palavecino dijo que “hace años que la APDH viene acompañando los reclamos de las comunidades mapuches, en especial el conflicto de Cushamen, y no recordamos que haya habido una sentencia en la que quien juzga se haya tomado el trabajo de estudiar el caso desde la perspectiva del derecho indígena”.

La referente de la APDH destacó que “la jueza fundamentó su fallo apelando a la historia de las tierras en cuestión, relatando que desde la Campaña del Desierto de fines del siglo XIX esas tierras pasaron de mano en mano, desde terratenientes ingleses hasta Benetton, pero que siempre fueron tierras vitales para los mapuches y su vida comunitaria ancestral”.

Originalmente en la causa también estuvo imputado Martiniano Jones Huala, tío de Facundo y Fernando, aunque en su caso fue absuelto con anterioridad. Él siguió de cerca el juicio y luego de la sentencia de este lunes se lo vio muy emocionado en las puertas del Juzgado.

Martiniano también habló con La Izquierda Diario. Destacó que “este proceso de recuperación territorial del Pu Lof en Resistencia de Cushamen lleva cuatro años” y que el precio que están pagando “viene siendo demasiado alto. Nosotros sabíamos de la persecución y represión que podíamos sufrir pero esto nos ha sobrepasado, superó todos los cálculos”.

“Desde el primer momento en que recuperamos el territorio pedimos un diálogo serio, con gente que tenga poder de decisión sobre este tema”, afirmó Jones Huala, “pero nunca lo hubo, sabemos cómo arreglan los poderosos sus cosas”.

El comunero mapuche afirmó que este juicio fue parte de la persecución que sufren desde que lograron hacer visible la recuperación del territorio en Cushamen. Por eso coincidió en que “el fallo de este lunes es histórico, la jueza se vio obligada a reconocer derechos que siempre estuvieron en los papeles pero nadie los pone en práctica”.

Causa armada

Desde la APDH de Esquel reconocieron que “el veredicto dejó en evidencia el nivel de irregularidades que plagaron la causa, entre otras cosas los allanamientos violentos de la Policía, arrastrando y esposando a mujeres y chicos, para buscar ‘pruebas’ que nunca encontraron”.

Palavecino destacó que “la jueza cuestionó el accionar del juez federal Otranto y de su esposa, quien es secretaria de la Fiscalía Federal, considerando incompatible que ambos fueran los encargados de las dos facetas de la investigación”. Y también que Estefanía haya “recordado que el anterior fiscal Díaz Meyer fue muy ‘desordenado’ en la causa, con faltantes de pruebas y todo”.

Por su parte Martiniano Jones Huala reivindicó “la colaboración de mucha gente para que se llegara a este fallo”, entre ellas la del periodista de una radio comunitaria de la región, Dante Lobos, “que presentó un informe muy serio que demostró la estigatización de los grandes medios contra la Pu Lof de Cushamen”.

“Parecía que todo venía muy arreglado para encarcelarnos, amedrentarnos y lograr que no sigamos recuperando nuestras tierras y reclamando nuestros derechos. Pero nada de eso va a ocurrir, todo lo contrario. Seguimos reivindicando los derechos ancestrales que tenemos como parte del pueblo Mapuche y de este territorio”, afirmó Martiniano Jones Huala.

Sin embargo reconoció que “este es un fallo que festejamos a medias. No queríamos pagar tan alto el precio de tener dos muertos en estos cuatro años de recuperación territorial. Hablo del compañero Santiago Maldonado, muerto por la represión de Gendarmería en la Pu Lof, y del peñi Rafael Nahuel, asesinado por Prefectura en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. No queremos que más jóvenes, con todo un futuro por delante, pierdan la vida por el ensañamiento de aquellos poderosos que se creen dueños de todo”.

Un dato alrededor de este juicio debe ser remarcado, sobre todo de cara al futuro. En palabras de Jones Huala, “se han hecho muchos daños irreversibles contra nuestra gente, y lo único que hizo el Gobierno fue enviar a la mano derecha de la ministra (Patricia) Bullrich, ese personaje al que no se le puede llamar señor, (Pablo) Noceti. Desde que él estuvo acá dando vueltas comenzamos a recibir la peor persecución que yo he visto, al menos en los últimos veinte años. Seguramente mis antepasados habrán visto cosas peores, pero yo sinceramente nunca había visto el nivel de persecución que se vive en la Pu Lof”.

La Izquierda Diario

Lo definió el juez Martín Zacchino para el y ocho integrantes más de la Pu Lof Cushamen. Es por el reclamo de Benetton

Este jueves el Juez Martín Zacchino definió elevar a juicio la causa por usurpación, abigeato y tenencia ilegal de armas que tiene como principal protagonista a Facundo Jones Huala y a varios miembros del Pu Lof Cushamen.

La acusación pasa a juicio con toda la prueba aportada por las partes.

Los imputados son Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Huenchupán, Matias Santana, Rodrigo Jaramillo, Nicolás Hernandez Huala, Fernando Jones Huala y Alberto Cayutur.

Los defensores son Bruno Deias, Fernando Raziwilowski y Sonia Ivanoff, y  los fiscales Marcelo Cretton, Carlos Riccheri y Fidel González . Por la empresa Compañia de Tierras (Grupo Benetton) esta presentado como querellante el  Dr. Jorge Williams.

La causa tiene  como querellante a la compañía de Benetton y por la fiscalía actúan los fiscales Marcelo Cretton y Fidel González.

Facundo Jones Huala siguió la lectura de la sentencia por videoconferencia desde la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal donde permanece alojado  a la espera de la extradición a Chile confirmada por la Corte días atrás.

 

 

EQS Notas

Con sutiles estrategias que les permiten eludir leyes argentinas que se refieren a la protección de áreas de fronteras internacionales y de zonas de seguridad, empresarios extranjeros continúan avanzando en la compra de grandes extensiones de tierras en la Patagonia y otras regiones del país. En gran parte lo hacen a través de cuestionadas fundaciones ecologistas, argumentando que el objetivo es donarlas para ampliar o crear nuevos parques nacionales. Pero establecen tramposas cláusulas.

Este delicado tema que se inserta en un capítulo de geopolítica fue expuesto por el abogado Arturo Puricelli, quien fuera gobernador de Santa Cruz (1983-1987) y ministro de Defensa de la Nación (de junio a diciembre de 2013) por citar algunos cargos de su dilatada trayectoria política.

Fue la semana pasada y de manera especial Puricelli hizo referencia al proyecto de ampliación del Parque Patagonia situado en la Meseta del Lago Buenos Aires, que hoy tiene 53 mil hectáreas y que para extenderlo el multimillonario filántropo suizo, Hansjörg Wyss, quiere comprar otras 500 mil.

Este caso ya fue motivo de un informe periodístico de El Patagónico a fines de marzo, a través del cual se daba cuenta que Wyss quería invertir 85 millones de dólares para adquirir campos que son tanto tierras fiscales como propiedades de ganaderos asentados en la zona.

La ayuda “desinteresada” también revestía apremios temporales y los pormenores de las “bondades” de esta iniciativa habían sido difundidos a través en un artículo periodístico que se publicó en el diario La Nación firmado por la periodista Luciana Mantero, quien casualmente es la esposa del actual Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña Braun.

Vale recordar que el proyecto que generó fuertes disputas entre sectores políticos, empresarios, ruralistas y referentes de organizaciones ambientalistas nacionales a internacionales tiene sus “anexos”, ya que también se contempla la ampliación (en menor escala) de otros parques nacionales que existen en territorio santacruceño.

El mismo fue impulsado por referentes de la Alianza Cambiemos a través de la Administración de Parques Nacionales y fue “bajado” a la Legislatura santacruceña casi a fines de 2017 por la exdiputada provincial Roxana Reyes, quien actualmente ocupa una banca en la Cámara baja del Congreso, aunque por ahora no tiene aprobación.

Son muy “bondadosos”

La disertación de Puricelli, nacido en esta provincia en 1947, fue más que puntillosa, citando entre otros aspectos los casos de los empresarios extranjeros que fueron adquiriendo tierras tanto en la Patagonia argentina como chilena, entre ellos Douglas Tompkins (fallecido en diciembre de 2015 mientras hacía rafting) y a Joseph Lewis, frecuente anfitrión de Mauricio Macri y quien afronta varias demandas de ciudadanos de la cordillera que perdieron acceso a bosques y ríos de la región.

El primero de ellos adquirió tierras para crear el Parque Monte León en la costa atlántica santacruceña donándolas a Parques Nacionales, bajo el pretexto bondadoso de fomentar el turismo y proteger el medio ambiente, como así también la flora y fauna autóctona “para el futuro de la humanidad”.

Sin embargo en el sitio no se hizo ninguna inversión y el turismo es prácticamente nulo porque entre las cláusulas de la “donación” que aparecen en letra chica, se establece que todo debe quedar como era entonces.

A modo de ejemplo -comentó el exgobernador-, ni siquiera se permite abrir caminos, utilizar leña, construir algún refugio o “cazar una lagartija” ya que el donante tiene la facultad de rescindir ese convenio y destinar las tierras adquiridas a “otros” fines.

Citó además que en el sur de Chile se da un caso de tierras compradas por Tompkins donde no se permite el paso de particulares y las acciones legales se diluyeron cuando él mismo advirtió que Estados Unidos (donde nació el magnate) podría bloquear las exportaciones hacia puertos ubicados al otro lado del Pacífico.

Por otra parte, en el país trasandino y a la altura de la Meseta del Lago Buenos Aires se encuentra otro parque nacional “donado” y se sospecha que en caso de que se concrete la ampliación del existente en territorio argentino y que en el futuro sobre ambos se aplique la “expropiación” por alguna mínima violación a las cláusulas de donación, se crearía un territorio mayor a la extensión que tiene Suiza.

Un proyecto que avala Cambiemos

Los asistentes a la charla se asombraron cuando se iban enterando en profundidad de las encrucijadas, ya que la mayoría solo tenía un conocimiento superficial de los casos de grandes extensiones de tierras que van adquiriendo magnates extranjeros.

En esa lista también figura Luciano Benetton, cuyo nombre volvió a cobrar notoriedad por los violentos y recientes sucesos que se registraron en Chubut debido a los reclamos comunidades mapuches, alcanzando su clímax con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

En el caso del Parque Nacional Patagonia (creado en 2014), Puricelli dejó en claro que el proyecto para su ampliación (N° 317/18) no se hizo en Santa Cruz sino que seguramente fue pergeñado “por los multimillonarios que están detrás de esto”, respaldados por organismos internacionales de gran poder, para lo cual se crearon diferentes fundaciones. “Este proyecto está siendo acompañado por el actual gobierno nacional”, acotó.

Al mismo tiempo destacó la postura de los diputados de la Legislatura provincial que se negaron por ahora a aprobarlo, incluso los que están relacionados a nivel nacional con Cambiemos.

Precisó también que por tratarse de un mega proyecto, se incluye la creación otros parques nacionales (como Cueva de la Manos) y la ampliación de otros (por ejemplo Los Glaciares), lo cual es una suerte de enganche hacia el principal objetivo.

 

El Patagónico