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En concepto del subsidio, que reciben para afrontar el pago de los salarios de su cuerpo docente.

“Los establecimientos de gestión privada tienen que tener en cuenta que no existe relación laboral del Estado con sus docentes; la relación laboral es de cada escuela. Lo que la provincia hace es brindar un subsidio con fondos provinciales, pero los responsables como empleadores son ellos y son quienes deben dar respuesta al pago del salario”, dijo esta mañana el ministro Andrés Meiszner.

En tal sentido, el funcionario sostuvo que “las escuelas públicas de gestión privada tienen una matrícula muy importante y cobran onerosas cuotas mensuales. Pese a eso, reciben un subsidio del Estado Provincial. Algún error administrativo deben tener para no poder afrontar el pago de salarios cuando cientos de familias pagan una cuota mensual. No obstante esta situación, en las próximas horas giraremos $ 65 millones del subsidio mensual”, abundó.

“Desde la Dirección General de Educación Privada vamos a propiciar una auditoría en todas las escuelas para contar con información actualizada y fidedigna de cantidad de estudiantes, docentes, auxiliares y poner blanco sobre negro el subsidio mensual que recibe cada establecimiento”, indicó.

La denuncia sobre una presunta mala liquidación de los sueldos en la Legislatura derivó en la realización de una auditoría externa que habría determinado que no hubo error en el cálculo de los salarios.

El reclamo continuará por la vía judicial.

El informe lo tiene el vicepresidente primero a cargo de la Legislatura, José Grazzini, aunque está bajo llave. Las autoridades de la Cámara apelaron al hermetismo por considerarlo un tema de extrema sensibilidad.

Ahora, las integrantes del gremio legislativo continuarán con el reclamo por la vía judicial, ya que entienden que «se liquidó erróneamente y por afuera de lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo», informó diario El Chubut.

El canciller de Bolivia, Diego Pary, informó que la auditoría integral a las elecciones del pasado 20 de octubre se iniciará este jueves y que sus resultados serán vinculantes.

«Esta auditoría va a permitir resolver todas las dudas acerca del proceso», afirmó Pary, quien ratificó la confianza del Gobierno de su país en la transparencia de los comicios donde Evo Morales resultó reelecto.

El canciller boliviano leyó un acuerdo establecido entre el Gobierno de su país y la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde La Paz se comprometió a garantizar «todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría al cómputo oficial de los votos, así como la verificación de las actas, los aspectos estadísticos, la cadena de custodia, todo en conformidad con las normas».

 

Informó que el resultado de esta revisión, en la que participarán 30 expertos que arribarán al país, es vinculante y que su país «garantizará el pleno acceso a instalaciones e información que se requiera».

“Se nota un cambio, ahora hay un municipio en movimiento”, dijo el candidato a intendente de Rawson por “Arriba Capital”, Damián Biss, al reconocer el esfuerzo y trabajo de la concejal a cargo del Intendencia de Rawson, Araceli Di Filippo. Paulatinamente, la Municipalidad capitalina va cumpliendo con algunos compromisos laborales con los empleados, cuestión fijada como prioritaria por la actual conducción; tras la suspensión de quien hasta mediados de agosto era la titular del Ejecutivo local, Rossana Artero.

Como lo anticipó momentos después de asumir en la conducción transitoria del municipio, Di Filippo habilitó con Biss el diálogo político que continuará con el resto de los candidatos propuestos para la elección de octubre. La intención es que cada uno de los dirigentes con interés en conocer los destinos de la ciudad conozca el estado financiero-institucional del Ejecutivo.

“Nos interiorizamos sobre las acciones que están llevando adelante para que ellos cumplan con todas las obligaciones vinculadas con garantizar el pago de sueldos a los empleados y el mínimo funcionamiento del municipio. Di Filippo mencionó que la recaudación es baja, habida cuenta el dinero necesario para afrontar la masa salarial”, expuso Biss.

Conociendo el estado de situación municipal, “nos pusimos a disposición para lo que podamos colaborar y ayudar. Estamos en un momento crítico, y quizás también esté faltando información. Entendemos que tiene que haber un poco más de comunicación del Estado actual económico del municipio porque me decían que con el correr de los días, y a medida que investigan cuál fue la causal que produjo este desfasaje económico, se encuentran con sorpresas”.

“Somos conscientes que es una situación difícil”, por ello “agradecemos el gesto de la intendente de convocarnos y ofrecernos información, atento a la posibilidad de poder gobernar la ciudad a futuro. Es muy importante que todos los candidatos hagamos un esfuerzo colaboremos y acompañemos el proceso de transición que encaró la intendente y su equipo”, señaló Biss.

Tras la suspensión de Artero en medio de un complejo escenario político, hay una señal de cambio”, destacó el candidato a intendente.

Auditoría

Al concluir, Biss comentó que “la intendente nos transmitió que están trabajando en una auditoría porque hay información que no se encontró y diariamente aparecen deudas nuevas de proveedores que hace mucho tiempo no cobran”. Sin embargo, reiteró, “la prioridad es el pago de los sueldos”.

Con fuertes críticas a la SCPL, desde los distintos bloques argumentaron el informe desprendido de las 4 mil fojas de la auditoría que hizo el Tribunal de Cuentas Municipal. “Administración ineficiente” y “cuestiones de dudosa legalidad” fueron los ejes recurrentes, además del repudio a la solicitada enviada a los medios. Además de la Asesoría Letrada del municipio, el informe también será evaluado por el INAES y a la Subsecretaría de Asociativismo provincial

El concejal de Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán, fue el primero en hablar sobre el tema en hora de preferencia. Luego de la solicitada publicada el domingo desde la SCPL y declaraciones mediáticas de algunos de los miembros actuales del Consejo de Administración, afirmó ver “con asombro algunas personas que cuando este cuerpo daba tarifa nos criticaban a más no poder, nos decían barbaridades y hoy que están en otro rol nos salen a exigir que le demos tarifa”.

En referencia a la situación financiera que llevó al embargo por parte de Cammesa (suspendido luego por 20 días), el edil advirtió que “la SCPL está como está por el desmanejo que data de muchísimos años. Del informe final de la auditoria se desprender muchas falencias, falta de documentación en temas sensibles como la adquisición de materiales, contratación de mano de obra y vehículos. Me gustaría saber si todavía le siguen pagando a una empresa de bs as para que liquide los sueldos del personal. Son interrogantes que todavía no fueron respondidos”. Y concluyó aduciendo que

Para el concejal del PJ, Guillermo Almirón, “el tema de la SCPL da la sensación que es una papa caliente que nos tiramos entre todos y nadie le encuentra la solución y el sistema ya no da para revolearse una papa caliente. Lo que hay que discutir es el sistema completo porque si seguimos tirándonos la papa caliente no encontramos soluciones. Más allá de que la conducción actual quiera salir del problema diciendo barbaridades sobre los concejales, por parte de gente que esta en la SCPL y todavía no ha tomado una decisión importante. Acusar para no hacer nada, es solo tirar la papa caliente. Por eso creo que enviando este informe al Ejecutivo, para que tomen las decisiones, es la decisión correcta”.

El edil recordó que Comodoro es prácticamente el único municipio en el que las tarifas son analizadas con audiencia pública y doble lectura -como marca la Carta Orgánica, porque desde 2016 “cambió la política tarifaria, que fue brutal, y nos tuvimos que adaptar. Nosotros decidimos que no había aumento sin que pase por el Concejo y que no habría aumentos sin estructura de costos. Esto no sucede en ningún lado más.  La desventaja es que siempre la culpa la tiene el Concejo, cuando no hay ningún factor que se defina a nivel local. A cambio pedimos una estructura de costos que nunca llegó”.

Sobre la auditoría, advirtió que “intuíamos que los servicios no concesionados por el municipio (sepelios, parque eólico, acueducto, telefonía) recaían igual en los usuarios. Y así sucedía. Estos 12 locos podemos tener diferencias, pero en este tema siempre tuvimos unanimidad. Tuvimos que gastar 2 millones de pesos en una auditoría para que aparezca lo que no querían mostrar. Aún así, todavía no tenemos la estructura de costos que se exige por la ordenanza 6050 y hay tres pedidos de aumento acumulados solo de energía”

Desde el Bloque Cambiemos, José Gaspar detalló cada una de las intervenciones del Concejo desde 2012 en referencias a la situación financiera de la SCPL: «le dimos la concesión de Manantiales; se prorrogó el contrato por 10 años como un paraguas protector ante cualquier intento de privatización; se los eximió de los impuestos municipales; les aprobamos un Fondo de Sustentabilidad; se aprobaron tarifas; se crearon nuevas categorías; se eximió a sectores sensibles. No pueden decir que el Concejo es responsable por este quebranto. Es una demostración cabal de cómo trabajó este Concejo protegiendo a las cooperativas”.

Y en referencia a críticas esgrimidas hacia su persona, agregó que “si todos los problemas se solucionan pegándole a dos concejales, ojalá fuera así. Es una vergüenza. Lo único que logran hacer es atacar pero la realidad es que tienen un embargo, que ahora hay 20 días para poder solucionarlo, y que la auditoría dice muchas cosas importantes”.

Por su parte, su compañero de bancada, Pablo Martínez, también coincidió en que “a pesar de haberse realizado una auditoría no tenemos la estructura de costos. No sabemos cuándo fe la última vez que tuvieron equilibrio financiero. Aquí se les ha otorgado tarifa y cuando no se podía otorgar tarifa, se aprobó un fondo de sustentabilidad. Ninguno de los consejos de administración estaba de acuerdo con que el municipio subsidiaria parte de la estructura y ahora la reclaman. Nunca se nos presentó un plan. Por eso yo reniego de algunas cuestiones que surgen a la luz de esta auditoría y que denotan desmanejos”.

Dos ejes: acciones de dudosa legalidad y falencias en la administración

El concejal Nicolás Caridi fue el encargado de argumentar los proyectos de comunicación enviados al Ejecutivo Municipal; al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; y a la Subsecretaría de Asociativismo de Chubut.

En una línea argumentativa muy crítica, el edil del PJ advirtió que en la auditoría “aparecen cuestiones de dudosa legalidad”, como “la referencia a que no ha habido un pleno cumplimiento con AFIP. Eso demuestra que la scpl ha utilizado como mecanismo de financiamiento de sus propias deudas, las deudas con los tributos, lo cual está penado con la ley. Otra situación que roza lo ilegal es la continuidad de la facturación del FODE, que nunca fue prorrogado por la Legislatura. Me pregunto si es legal ese cobro de recursos que al día de hoy seguimos pagando todos los socios. La facturación del fondo de capitalización de obras ¿corresponde que se cobre? Y la facturación del servicio de tratamiento de aguas servidas, cuando solo el 4% de los líquidos cloacales son tratados y el servicio se cobra en un 100%”, detalló punto por punto. “Queremos que el asesor letrado del municipio analice estas cuestiones y tome alguna determinación”.

El otro eje para Caridi es “una mala o ineficiente administración de los recursos”. Argumentó que “a pesar del esfuerzo que hacen los vecinos para pagar las facturas, falta planificación, no hubo una administración austera de los recursos. Lo demuestra la estructura excesiva del consejo de administración y los sueldos gerenciales. Tenemos una estructurada cargada de gerentes que cobran una abultada suma de dinero y por otro lado insuficiencia de empleados en algunos servicios. Es decir una estructura operativa insuficiente, que debería ser lo más importante”.

Criticó duramente que la SCPL saca una solicitada en donde habla de una deuda que mantiene con Cammesa y hace un análisis bastante simple de las 4 mil fojas que tiene la auditoria responsabilizando a la municipalidad. No dice nada de la cantidad de deudores que tiene la SCPL, entre ellas la Provincia del Chubut, Coagua, CoopSar, Caleta Olivia, y no se ha procurado ningún mecanismo legal para cobrar esas deudas. Con qué facilidad advierten que iniciarán acciones legales con la municipalidad por no darles tarifa y no repiten la misma modalidad con sus máximos deudores. Hay un doble estándar”

Sin aumento de tarifas

La conclusión contundente por parte de los concejales de los distintos bloques es que no habrá análisis de incremento tarifario hasta tanto defina el Municipio qué hará con los datos que arrojó la auditoría.

“La obligación de ellos es hacer una reestructuración seria y a partir de allí se podrán analizar algunas cuestiones. Mientras tanto, cualquier aumento que soliciten no tienen sustento legal ni técnico para pedirlo. Qué me van a plantear de Cammesa si cada vez que se les aprobó un aumento era para pagar a Cammesa. Incluso cuando tenían el “pass through” (actualización automática de tarifas), ya generaban deuda. Que no pretendan personalizar porque este cuerpo siempre reclamó que hagan una apertura de los números.”, argumentó Gaitán.

En tanto Caridi, advirtió que “parece que la única solución a todos los males es aumentar tarifa, por eso no me parece serio el planteo. Hay un sistema de discrecionalidad inmenso que no puede dejarse pasar. Todo esto merece ser estudiando por el Poder Ejecutivo y los organismos de control de la vida interna de todas las cooperativas. No podemos seguir enviando notas que no son respondidas y en el medio aprobando aumentos que piden las nuevas autoridades. No trataremos un aumento tarifario sin que esto se haya resuelto por las autoridades de aplicación”.

En tanto Almirón pidió que se eleve una nota al Consejo de Administración solicitando “que se ratifique o se rectifique la solicitada del domingo y saber si esa solicitada figura en el acta del consejo de administración. Creo que hay algunos actores en ese consejo de administración que se animan a cualquier cosa y no puede pasar desapercibido”, culminó.

Cuestionaron a un integrante del Tribunal de Cuentas

En el medio del debate por la auditoría de la SCPL, también se mocionó enviar una nota al Tribunal de Cuentas Municipal para que aclare el accionar sobre uno de sus miembros: Carlos Relly.

Ricardo Gaitán pidió “que se nos informe si Carlos Relly está designado por ellos para asistir a las reuniones con Cammesa, porque tengo entendido que estuvo. Si ejerce alguna responsabilidad desde el Tribunal de Cuentas Municipal en esas reuniones”.

Almirón declaró la presencia de Relly en una reunión de Cammesa como “incompatible”. Advirtió que “hay que tomar nota. Sería interesante saber cuál es el rol de este miembro en esa reunión”.

Lo dijo el Secretario de Gobierno del municipio capitalino, luego de que la prestataria de transporte público suspenda la circulación de colectivos. Días atrás, el ejecutivo adelantó un subsidio para restablecer el servicio, que se había interrumpido argumentando la falta de divisas para cargar de combustible.

El Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete del Municipio de Rawson, Nicolás Souza, desmintió a la empresa concesionaria de transporte público, Bahia SRL, que a  través de un comunicado manifestó verse nuevamente impedida de cargar combustible a sus unidades, debido a una deuda de 2.800.000 pesos que mantiene el Ejecutivo municipal.

El funcionario declaró que la comunicación por parte de le prestataria no solamente “es falsa, sino que además es malintencionada, porque la deuda a la que hacen referencia la mantiene el Gobierno Provincial, y es de un subsidio al que se comprometieron y aún no lo han pagado y la empresa sabe que es así”.

Souza consideró que desde la concesionaria “quieren confundir a la gente, porque saben que el municipio  cumplió con todo lo que nos han pedido y más. A fines del  año pasado presentaron una proyección de tarifas donde pedían un subsidio, y se lo hemos otorgado. Incluso esos 100.000 pesos, los convertimos en combustible  el fin de semana pasado para que ellos puedan cargar combustible”.

Agregó además que “junto con ese subsidio nos pedían elevar la tarifa en un 35% y también  cumplimos, de hecho  ya está  promulgado porque ya fue aprobada por el Concejo Deliberante”.

El Secretario de Gobierno de la capital, expresó que “nos quieren culpar de que le debemos dinero y esa plata se la debe la Provincia. Nosotros se los gestionamos de muy buena manera, pero la que tiene que bajar los fondos al Municipio para que  le hagamos la transferencia a la empresa, es la Provincia”.

“Es muy fácil ser empresario cuando te va bien y hay buenas ganancias –consideró Souza- pero si hay pérdidas piden al municipio que les dé un salvataje. Así es sencillo el manejo empresario, porque echa culpas al gobierno municipal en lugar de acomodar las coas y buscar alternativas”.

Entre los puntos que destacó el funcionario incluyó el constante acompañamiento que se le brindó a Bahía SRL desde el ejecutivo local, “desde el primer momento, estuvimos al lado de ellos, gestionando y hasta le hemos conseguido descuentos en combustible en una empresa privada”.

Malintención y auditoría

El secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete consideró que “hay mucha mala intención en esto, porque la prestataria sabe cómo son las cosas, y desde el Municipio hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que ellos puedan cumplir en brindar el servicio, pero sin embargo intentan confundir a la gente con este tipo de comunicados”.

En este sentido, Souza adelantó que “con la intendenta, Rossana Artero, estamos viendo la posibilidad de auditar la empresa y  ver cuáles son los costos reales, porque creemos que lo del combustible es una excusa que pone de rehén a la comunidad rawsense”.

El integrante del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, Gastón Acevedo, se refirió a la finalización de la auditoría a la SCPL, la cual será entregada la próxima semana. “La Cooperativa lógicamente que va a tener que empezar a hacer los deberes. Los gerentes también van a tener que empezar a trabajar de forma más eficiente”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “el trabajo de la auditoría finalmente está terminado. La comunidad tiene que saber que la Cooperativa con su cuerpo legal han hecho hasta lo imposible para obstaculizar el trabajo del Tribunal de Cuentas”.

“Terminamos un trabajo técnico gracias al esfuerzo de nuestros contadores y los asesores externos de la Auditoria General de la Nación. El señor Jones nos facilitó toda la documentación para poder realizar el informe de la auditoría”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “el informe final de la auditoría será entregado los primeros días de la próxima semana al intendente Carlos Linares, a las autoridades de la SCPL y al Concejo Deliberante”.

“Es el primer trabajo técnico en donde los números hablan del estado en el que se encuentra la SCPL. Creo que tenemos que dejar de gritarnos e insultarnos y empezar a darles soluciones a la gente”, indicó.

En este marco, recordó que “la SCPL lógicamente que va a tener que empezar a hacer los deberes. Los gerentes también van a tener que empezar a trabajar de forma más eficiente”.

“No es cierto que todas las Cooperativas estén en crisis por el aumento de los precios de la energía”, comentó.

A su vez, añadió que “el informe de la auditoría debería ser una hoja de ruta para la SCPL, así empiezan a decirnos como corregirán todas las irregularidades que hemos encontrado”.

“No hay un mecanismo claro y preciso para determinar el ajuste de tarifas. Queremos que todo el pueblo conozca el estado de la Cooperativa”, afirmó.

Finalmente, Acevedo concluyó que “no estoy de acuerdo con el pedido de aumento de tarifas en una conferencia de prensa y no me gustó la reacción del Concejo Deliberante. La sociedad está esperando que resolvamos un tema tan sensible como lo es el de los servicios públicos”.

El Comodorense