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Para el próximo miércoles a las 8 en la Oficina Judicial de Rawson está previsto que se realice una nueva audiencia por la causa Lotería. En esta oportunidad se trata de una audiencia de pedido de “medidas sustitutivas” a las situaciones coerción que pesan contra tres de los imputados. Se trata de Diego Correa con prisión en una dependencia policial de Trelew, David Dahhur en igual situación, y Oscar Alarcón con arresto domiciliario en su casa de Trevelin, además de ser monitoreado vía satélite con una tobillera electrónica.

En una audiencia realizada este lunes, el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase autorizó a Alarcón a salir de su casa para que reciba atención médica en Esquel a raíz de una dolencia que padece, además de poder visitar a su abogado, el defensor Guillermo Santos. La audiencia fue pedida por los respectivos abogados defensores.

En principio la audiencia está prevista para las 8 de la mañana del miércoles próximo aunque sujeta a cambios en el horario debido a otras obligaciones profesionales de algunos abogados defensores.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste se presentó esta mañana en la audiencia de conciliación obligatoria, dictada por la Secretaría de Trabajo, con el Municipio de Esquel pero la misma se vio suspendida por el corte de energía eléctrico y pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 10 horas. De esta manera también se postergó la asamblea dispuesta para esta tarde con los trabajadores.

Estuvieron presentes por el SOEME y ZO, el Secretario General Antonio Osorio y el secretario Adjunto Jorge Luis Antipan; por el Ejecutivo Municipal, el secretario de Hacienda, Matías Taccetta, y el asesor legal Martín Robertson; y por la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo, Martín Piva.

Tras ser notificado de la postergación de la audiencia de conciliación obligatoria, Osorio lamentó que la reunión haya pasado a cuarto intermedio hasta el lunes a las 10 horas por razones de fuerza mayor y resolvió que la asamblea de esta tarde también pasara para el próximo lunes. “Entendemos que no tenemos motivos para hacer hoy una asamblea cuando no tenemos nada que informarles a los compañeros”, declaró.

El dirigente sindical destacó que siempre se presenta con buenas expectativas a las audiencias porque “no está bueno un conflicto y siempre hay que afianzar los canales de diálogo”. Sin embargo señaló que el Ejecutivo Municipal “se planta en una literalidad que no es tan así porque cuando habla de masa salarial involucra el tema de las asignaciones cuando no es un concepto salarial. El salario es lo que uno cobra por una contraprestación y la asignación es otra cosa”. De esta manera aseguró que hubo “mala fe” por parte del municipio. “Con este cálculo dicen que nos aumentan las asignaciones cuando en realidad nos están sacando del salario”, precisó.

Con respecto al pago de los sueldos con el aumento del 5%, Osorio sostuvo que “lo vamos a tomar como un pago a cuenta para no romper la conciliación porque apostamos al diálogo, pero sí nos preocupa que se hizo sin un instrumento legal que lo avale”. En ese sentido resaltó que los principales perjudicados son los jubilados. “Al no haber un instrumento legal que avale la decisión no se va poder notificar a Seros de esto y no se les va a poder liquidar la jubilación”, indicó.

Por último, el Secretario General manifestó que en Esquel “tenemos los sueldos básicos más bajos de la provincia y quizás de la Argentina. Nosotros siempre hemos trabajado con un formato para ayudar al que menos gana y eso en algún momento nos va a perjudicar porque el valor de las horas extras no vale nada y los adicionales que tenemos se van licuando en el tiempo”.

El lunes hay otra convocatoria de Trabajo y los empleados están muy molestos.

Trabajadores de la panadería Dorita de Trelew, su representante legal y miembros del Sindicato de Panaderos se presentaron en la Secretaría de Trabajo para la audiencia de conciliación obligatoria con los dueños de la firma. Esta instancia se convoca por quinta vez y no acudieron. Programaron una nueva audiencia para el lunes a las 9. “Es una nueva burla”, consideró Juan Maldonado, de la Regional Chubut Panaderos Pasteleros.

El conflicto surgió la semana pasada cuando 17 trabajadores denunciaron irregularidades por parte de la patronal como empleo en negro, falta de aportes y categorías no acordes a la función que cumplen. Hubo incidentes, detenciones y heridos. Si los dueños no se presentaban intervendría Policía pero no sucedió. En tanto, los empleados dijeron no haber sido notificados de la orden judicial que les impide a los manifestantes acercarse a menos de 50 metros de las tres sucursales de la panadería.

Luis Candia, director de la Secretaría, explicó: “Tenemos que ver la respuesta policial por la compulsa que pedimos. No tienen voluntad de dialogar. Convocamos nueva audiencia para para ver qué harán”. Además indicó que “los empleados no fueron informados de la medida cautelar dispuesta por la Justicia. Se acercó recién hoy (por ayer) a la mañana aquí una copia. La gente está muy molesta por la falta de respeto que consideran de la patronal, con ellos y con nosotros. No venir es falta de respeto y consideración”.

Aclaró Candia que no es necesario que sean los propios dueños quienes se sienten a conversar sino que podría ser algún apoderado o representante legal. Pero no fue nadie. “Este comportamiento de ignorar el proceso no lo he visto nunca”.

“El lunes se verá qué pasa. En principio se analizan todos los antecedentes del expediente y se resuelven sanciones, multas u otra medida más severa. Hay que analizar que hay gente trabajando. Pueden darse clausuras también. Los juicios laborales son una alternativa y los empleados tienen derechos individuales”.

Maldonado, delegado de Panaderos y Pasteleros, confirmó que “es la quinta vez que los trabajadores vienen valientemente a buscar una mesa de diálogo y se encuentran con que el propietario no viene. Manifestó al secretario que estaría evaluando una respuesta para otra audiencia. Decidimos no aceptar pero luego pensamos que hay que arreglar las cosas, más allá de la humillación a la que los están sometiendo”.

El gremialista aclaró que “no solo se viola el derecho del trabajador por la falta de pago sino también los procedimientos legales de Trabajo, sino que estaba previsto una comparecencia por la fuerza pública. No sabemos por qué no se cumplió. Significa que al patrón le importa tres pitos lo que suceda con los trabajadores, la ley y las conciliaciones. Hacemos un llamado al gobierno que se solucione este conflicto”.

Respecto a la audiencia del lunes, deslizó que “esperaremos ver qué pasa, con paciencia. Es incoherente que por los medios nos enteremos de una cautelar. Está bien por la seguridad, pero se está cuidando a alguien que incumple leyes laborales, amenaza de armas, agresión. Esperamos que esa justicia que actúa a favor de quien incumple que lo haga de la misma forma y celeridad cuando se tenga que hacer frente al pago a los trabajadores”.

Agregó Maldonado que “están poniendo el cuerpo, la cara y la dignidad. Ni un solo gesto. Vamos a sentarnos con tranquilidad y a ir con todas las de la ley. Se está preparando un equipo técnico para colaborar con nuestro equipo judicial y con todas las áreas para dar respuesta a todos los trabajadores. No le vamos a parar la mano a nadie que quiera manifestarse en contra de este atropello”.

Maldonado deslizó que “vamos a plantear todas las irregularidades. Todo lo que haya que cubrir lo haremos. Quienes no quieran manifestarse también van por ellos, que hoy están en la panadería tranquilos resguardándose en compañeras que ponen la cara. Los negocios están funcionando. Hay trabajadoras llorando porque no saben cómo pagar sus cuentas y ellos siguen sin gestos humanitarios. Con gas pimienta y armas de fuego nos va mal. Apelamos a la paciencia de las compañeras y esperamos el mismo gesto de la parte empresarial”.

Diario Jornada

Pasadas las 11 de hoy continúa desarrollándose en el edificio de Tribunales de Trelew, la audiencia de apertura de investigación y de control de las detenciones de cinco individuos en el marco de la investigación por el homicidio de Cristina Miguel Tripaiñán ocurrido el último sábado en la ciudad de Trelew.

La audiencia se inició a las 8 de la mañana de hoy y es presidida por el juez César Zaratiegui. A las 11 se realizó un cuarto intermedio para luego de algunos minutos proseguir sobre la base de la investigación realizada por la Brigada de Investigaciones de la Policía de Trelew a instancias de la fiscal general María Tolomei y la funcionaria Julieta Gamarra.

El crimen se produjo el sábado último en horas de la madrugada y la víctima además de recibir puñaladas, sufrió disparos de armas de fuego y golpes. Los individuos sospechados de haber tenido algún grado de participación en el crimen fueron detenidos a lo largo del domingo pasado en el marco de siete allanamientos en los que se incautaron además armas blancas, proyectiles y cartuchos de diferentes calibres, ropa y otros de elementos de interés para la investigación.

El detenido fue representado por abogado Omar López mientras que el juez que presidió la audiencia fue Marcelo Nieto Di Biase. En tanto, en representación del Ministerio Público Fiscal estuvo Fernando Rivarola.

El fiscal argumentó la acusación contra Curilaf y lo acusó de “homicidio simple en carácter de autor”, mientras que el abogado defensor sostuvo que el fallecido, Walter Oyarzo, intentó agredir a Curilaf con un arma blanca, y sostuvo que su defendido no iba a declarar en la audiencia.

El fiscal consideró que existen peligros procesales y por eso solicitó una medida de coerción para el detenido. Hubo un “alto nivel de violencia, sumado a dos puñaladas, lo que conforma un exceso de legítima defensa. Existió un dolo muy importante, por una discusión de niños”, manifestó Rivarola.

El abogado defensor intentó evitar que a su representado se le dicte la prisión preventiva y argumentó que Curilaf es atleta y no posee antecedentes, por lo cual requirió que sea trasladado a José San Martín, donde reside, para poder garantizar la investigación, y cauterizar los peligros procesales, con tobillera electrónica.

A este punto, el fiscal Rivarola se negó y sostuvo que “no me consta que el imputado pueda cumplir con lo que solicita su defensor”.

Finalmente, el juez Nieto Di Biase ordenó la apertura de investigación y que se libren los oficios para constatar lo manifestado por la defensa, para acceder al arresto domiciliario, por lo que habrá que esperar hasta el viernes para saber si se accede o no a este pedido.

La pena que se solicitará por el hecho es de 8 años de cumplimiento efectivo, por la muerte de un niño. El pedido de la fiscalía para Curilaf fue de un mes de prisión preventiva.

En el final de la audiencia, el Juez le habló a Curilaf y remarcó que él se presentó voluntariamente a la comisaría y contó que fue el autor del crimen, pero por el posible peligro de fuga y entorpeciendo que pudiera existir, resolvió que continúe en prisión hasta el día viernes que se realizará otra audiencia de control y donde se decidirá su situación.

Radio 3 Cadena Patagónica

 

El tribunal integrado por los jueces Alejandro Rosales, Patricia Reyes y Marcela Pérez resolvieron confirmar la resolución judicial adoptada el 27 de diciembre por el juez Daniel Pérez cuando decidió no otorgar el acceso al régimen de libertad condicional para Lionel Sebastián Andrade (28). El joven fue condenado mediante un procedimiento de juicio abreviado, en el que fue hallado autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego, en grado de tentativa. En consecuencia, recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, en virtud de contar con antecedentes penales..

En la sala de audiencias de la Oficina Judicial se desarrollo una audiencia de revisión . El tribunal fue integrado por el juez Alejandro Rosales y las magistradas Patricia Reyes y Marcela Pérez . Las juezas, participaron del acto judicial mediante el sistema de video conferencia desde la oficina judicial de Puerto Madryn.

La Fiscalía estuvo representada por la fiscal Laura Castagno En tanto, el condenado recibió la asistencia técnica del abogado adjunto de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun.

En la oportunidad, Oyarzun indico que Lionel Andrade se encuentra detenido desde el 6 de mayo del 2018, y mediante la homologación del instituto de juicio abreviado, el juez Daniel Pérez le impuso la condena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego, en grado de tentativa.

Asimismo, el defensor indico que al momento de aprobarse el computo de pena, se estableció que el 6 de enero, Andrade se encontraría en condiciones temporales de acceder al beneficio de la libertad condicional.

En este marco, destaco que los informes correspondientes solicitados por el juez penal, fueron considerados muy satisfactorios, en relación al domicilio donde tiene que usufructuar la libertad condicional. También respecto a su estadía en detención. Allí el personal policial afirmo que el condenado tuvo una conducta y comportamiento ejemplar.

Con respecto a la audiencia llevada a cabo el 27 de diciembre a los fines de tratar el pedido de libertad condicional, señalo que en esa ocasión el Ministerio Publico Fiscal no formulo oposición para que Andrade acceda a este beneficio.

En tanto, cuando el juez Pérez dicto su resolución indico que a raíz de la modificación a la ley 24660 , mediante la cual se estableció que las personas condenadas por determinados delitos, no van a tener derecho al acceso a la libertad condicional.

A raíz de ello, el magistrado afirmo que encontraban valladar de índole legal, por lo cual no puede otorgar este beneficio a Lionel Andrade.

Así las cosas, Oyarzun agrego que el agravio de la defensa va relacionado a que el motivo de la modificación legal, es que ante determinado tipo de delitos se garantice el cumplimiento del fin de la pena y que la persona no salga de manera anticipada de la cárcel. Asimismo sostuvo que se pretende una perspectiva de reinserción social efectiva.

Para el representante de la defensa pública, en este caso no hay diferencia para el estado provincial, entre que Andrade retome su libertad el 6 de enero, a que lo haga seis meses antes del agotamiento de su condena.

En este orden, considero que desde un espacio de libertad su asistido podría tener herramientas que se maticen de manera más efectiva, para que no se inserte nuevamente en actividades delictivas.

A su turno, Castagno solicito que se ratifique la decisión del juez Pérez, al considerar que la misma es ajustada a derecho.

Luego de deliberación del tribunal, Rosales informo que acordaron que los magistrados coincidieron en que la resolución jurisdiccional en cuestión, ha dado suficientes razones que permiten conocer en que se baso la decisión del juez para denegar la petición, dando cumplimiento así a las exigencias legales para las resoluciones judiciales.

En consecuencia, por unanimidad el tribunal resolvió confirmar la resolución del juez penal en la que se dispuso denegar el pedido de incorporación de Lionel Andrade al régimen de libertad condicional

El caso

El hecho ocurrió el domingo 6 de mayo del año pasado a las 01: 55, en un domicilio ubicado entre las calles Sarmiento y Avenida Ingeniero Coronel.

Según consta en la denuncia, en ese momento, el titular de la vivienda se encontraba durmiendo y se despertó luego de escuchar un ruido en el living.

Más tarde advirtió la presencia de dos personas, que previamente habían sacado un bulón de la reja de metal que cubre la puerta, para poder ingresar.

Asimismo, denuncio que los sujetos le habían sustraído un televisor de 40 pulgadas y un teléfono celular que utilizaba como radio.

Al salir al exterior de la vivienda, la victima observo a los imputados cuando caminaban en dirección a la calle Ameghino. Decidió seguirlos y al acercarse a pocos metros, reconoció la voz de Lionel “Pumo” Andrade, cuando le dijo a José Baiz “tírale, tírale”.

En este contexto, agrego que Baiz llevaba un arma de fuego en su mano. Luego escucho la detonación de un disparo y decidió correr hasta la guardia de la Comisaría, para denunciar la situación.

En forma inmediata, empleados policiales que llegaron a ese sector observaron cuando los sospechosos corrían por la calle Ameghino llevando un televisor, al que luego dejaron tirado en inmediaciones de un pub bailable.

Andrade fue detenido por un cabo de policía, sobre la calle Sarmiento entre Ameghino y 28 de julio. A José Baiz ,lo aprehendieron en la calle 28 de julio.

En este sentido se informo que Baiz portaba un arma de fuego tipo revolver, calibre 32 largo. En el tambor del arma, hallaron 4 municiones con punta de plomo.

Confirman en todos sus términos condena de 11 años y medio para “Piri” Alaniz

En horas del mediodía del viernes los integrantes de la Cámara penal local dieron a conocer el veredicto respecto de la impugnación de sentencia en relación al homicidio de Ángel Leonardo “Leito” Vidal que tiene como condenado a Cristhian “Piri” Alaniz. En la audiencia el defensor postuló el cambio de calificación legal por la de “homicidio culposo” y subsidiariamente se readecue la pena al mínimo, 10 años y 8 meses para Alaniz. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de primera instancia en contra del imputado.

Por unanimidad la Cámara en lo Penal local resolvió por unanimidad “no hacer lugar a la impugnación ordinaria impulsada por la defensa y confirmar la sentencia de primer grado en todas sus partes”. La lectura integra del fallo se realizará el próximo 14 de febrero de 2019,a las 12.30 hs.

La Cámara Penal estuvo integrada por los jueces Guillermo Müller, Daniel Pintos y Martín Montenovo; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la defensa de Alaniz fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

En un primer momento el defensor se refirió a la “arbitraria valoración de la prueba” por parte del tribunal de juicio. Insistiendo con la figura de “homicidio culposo” ya que cuando su pupilo dispara, la víctima “estaba fuera de su alcance”. Esto fue valorado en la sentencia por los jueces, pero fue desechado, aseguró el defensor. También se refirió a que según el perito, Migues Murilla, el proyectil que se extrae en la autopsia del cuerpo de la víctima, por su peso, era calibre 32 mm.. Sin embargo en el lugar del hecho se encuentran vainas 9 mm.. La explicación que da el tribunal al respecto es que el lugar es conflictivo y que las vainas pueden estar de un conflicto anterior, lo cual es una conjetura sin valor probatorio. El hecho que se le imputa a su asistido también fue objeto de cuestionamiento. La víctima es retenida detrás del auto por otra persona y cuando se zafa recibe el disparo, esto excluye el dolo, enfatizó el defensor. “Nunca tuvo la posibilidad de representarse la presencia física de la víctima mientras él disparaba”. También cuestionó la dosificación de la pena solicitando al tribunal que no se aparte del mínimo establecido para el delito, 10 años y 8 meses de prisión.

En contraposición la fiscal solicitó que se confirme la sentencia condenatoria en contra de Alaniz ya que la misma fue lógica y fundada. Todos los efectivos policiales refirieron que había dos bandas antagónicas en el barrio Moure, los de arriba y los de abajo o papas fritas, al que pertenece el imputado. Llega al lugar el imputado el “Piri” Alaniz en un auto, se baja produce primero tres disparos hacia el grupo y luego un disparo dirigido directamente al cráneo de Leonardo Vidal. Todos los testigos fueron contestes en que había una sola arma y el único que disparaba en el lugar era Alaniz. El lugar es una zona altamente conflictiva y pudo haber vainas de vieja data, afirmó la fiscal. Quedó claro que la víctima descendía caminando junto a un familiar por la calle Marinero López y no se hallaba escondida detrás de un automóvil estacionado como propone el defensor. No se puede hablar de delito culposo cuando hay una persona manejando un arma de fuego, aseguró Codina. Alaniz sabía lo que hacía y dirigió la acción de disparar sabiendo que podía causar la muerte, se lo representó y lo aceptó y no se evidencia error en la psiquis del imputado, sostuvieron las tres juezas en el fallo. Respecto de la pena impuesta fue la correcta y adecuadamente fundada por el peligro causado y la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir. Solicitando se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de las juezas Arcuri, Olavarría y García.

Finalmente los jueces de la Cámara Penal resolvieron por unanimidad “no hacer lugar a la impugnación ordinaria impulsada por la defensa y confirmar la sentencia de primer grado en todas sus partes”. En la audiencia de impugnación no se controvirtió ni la existencia del hecho ni su autoría. Hubo en el juicio un importante caudal probatorio que probó que el día del hecho la víctima venía caminando con un familiar por la calle Marinero López y recibe un disparo de arma de fuego en su rostro. Luego fallece. La única persona que se encontraba con un arma de fuego y que efectuó los disparos fue Alaniz. El tribunal de juicio ha seleccionado la prueba, le ha dado valor y han concluido que Alaniz efectúa el disparo hacia la víctima con las consecuencias conocidas. “Las críticas de la defensa no conmueven los fundamentos de las juezas le dieron a su sentencia, con argumentos sólidos y válidos, para descartar el “homicidio culposo”. Los jueces sostuvieron su postura, como en otras causas, que “quien dispara en forma reiterada hacia un sitio de personas se representa la posibilidad de matar a alguien”.

Por último respecto de la dosis de la pena impuesta de 11 años y seis meses de prisión para Alaniz, consideraron que elevar solo 10 meses del mínimo en el caso era acorde a las circunstancias atenuantes y agravantes sopesadas. Por lo cual no corresponde readecuar la misma disminuyéndola.

Amplían el plazo de investigación y mantienen la preventiva de Pallis por dos meses

La semana pasada se efectuó en sede de los tribunales penales ordinarios del barrio Roca la audiencia de revisión de la prisión preventiva al único imputado en la causa Oscar Pallis. La funcionaria de fiscalía requirió la ampliación del plazo de investigación y el mantenimiento de la prisión preventiva del imputado por el término de dos meses. En contraposición el defensor requirió su arresto domiciliario. Finalmente la jueza penal resolvió ampliar al plazo de investigación y mantener la prisión preventiva del imputado por el término de dos meses.

Presidió el acto Mariel Suárez, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Inés Bartels, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Esteban Mantecón, defensor público.

En un primer momento la funcionaria de fiscalía solicitó la prórroga del plazo de investigación debido a una demora con el estudio de ADN en la causa, por parte del Laboratorio de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal. La demora se debe al cúmulo de tareas en el laboratorio ya que atiende no solamente los requerimientos de nuestra ciudad, sino también se Sarmiento, Esquel y también del Valle. Asimismo la funcionaria se refirió a que aún resta la pericia de la mecánica del hecho, por lo cual solicitó el plazo de dos meses de extensión del plazo de investigación.

Respecto de la prisión preventiva que cumple el imputado Pallis la funcionaria consideró que no han variado al día de hoy las circunstancias por las cuales la jueza le dictó la medida. Por la calificación legal que en caso de recibir condena será de cumplimiento efectivo, la gravedad del hecho por la violencia física ejercida, hay un riesgo procesal de fuga alto, aseguró la funcionaria de fiscalía. Por todo lo cual solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva del imputado Pallis por el término de dos, igual lazo solicitado de ampliación de la investigación.

Por su parte el defensor sostuvo que más allá de los argumentos de la fiscalía, fue más que suficiente el plazo de cuatro meses otorgado por la jueza para culminar con la investigación. La demora en los estudios no puede usarse como argumento para extender la prisión preventiva, argumentó el defensor. Entendiendo que la medida de extensión del plazo podría ser cumplida con una medida sustitutiva como la prisión domiciliaria de Pallis o subsidiariamente con su libertad con presentaciones semanales ante la Oficina Judicial, concluyó.

Finalmente la jueza penal resolvió autorizar el pedido de prórroga del plazo de investigación de dos meses por parte de la fiscalía ya que los fundamentos dados resultan atendibles, tienen consistencia. El hecho de no tener aun las pruebas técnicas y científicas justifican la ampliación del plazo, máxime si se tiene en cuenta que se acortó en una primera etapa. El pedido es razonable, lógico y no perjudica los derechos del imputado. Respecto de la medida de coerción que cumple el imputado no existe ninguna variación desde que se le dictó la medida, sostuvo la jueza. No se ha superado el plazo razonable, la calificación legal será de cumplimiento efectivo en caso de recaer condena y el hecho fue grave, se atentó contra la vida de una persona con una agresividad y violencia inusitada. Destacando que el hecho acontece el 17 de agosto del presente año y el imputado Pallis se puso a la disposición de la justicia recién el 24 de agosto pasados. Fundándose en esta situación el peligro de fuga, por la pena que se espera en función de la gravedad del hecho. Manteniendo la medida de coerción sobre Pallis por el término de dos meses, mientras dure la investigación, hasta el próximo 24 de febrero de 2019.

La tentativa de homicidio de Luis “Viejita” Muñoz:

El hecho investigado acontece el pasado 17 de agosto cuando, cuando siendo aproximadamente las 06.00 hs., la víctima Luis Eduardo Muñoz se encontraba sobre las calles Mitre y Almirante Brown, del centro de nuestra ciudad, y fue interceptado por el imputado Oscar Alejandro Pallis. Éste último le propinó diversos golpes con una baldosa y una cadena con claras intenciones de darle muerte, asestándoles diversos golpes en la cabeza y en el cuerpo los que provocaron la pérdida de conocimiento del mismo y lesiones de carácter grave. Actualmente se encuentra “internado, en estado de coma con pronóstico reservado”, aunque “en el día de la fecha presentó una leve mejoría”. Calificando provisoriamente el hecho como “homicidio agravado por ser cometido con ensañamiento, en grado de tentativa” en calidad de autor para Pallis.

El viernes 21 al mediodía darán a conocer el veredicto

Concluyó la mañana del jueves la audiencia de alegatos finales en el juicio por lesiones leves agravadas por el vínculo mediando violencia de género y amenazas coactivas agravadas y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en sede de los tribunales penales del barrio Roca. La fiscal consideró probado a lo largo del debate los tres hechos distintos por los cuales solicitó una pena de 6 años de prisión para el imputado Á. D. N.. En contraposición el defensor postuló la absolución de su pupilo en base a su inocencia, subsidiariamente que la pena no supere los 3 años de prisión en suspenso; y como segundo subsidio de 3 años efectivos. Finalmente el juez integrante del tribunal unipersonal resolvió que mañana viernes 21, a las 12.00 hs., dará a conocer su veredicto.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Alejandro Soñis, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general; asimismo en representación de la menor asistió Carolina García, asesora de familia. En tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Ariel Quiroga, abogado de la Defensa Pública.

En un primer momento la asesora de familia García recordó las actuaciones que se libraron en el Juzgado de familia y que toma intervención por guardia del caso y asiste a la audiencia de control de detención del imputado, solicitando medidas de protección en beneficio de la menor. “Asumiendo la representación de la niña ya que ninguno de sus progenitores asumía ese rol”. Concluyendo que la víctima de violencia familiar no ha podido salir del círculo de violencia, junto con su hija, solicitando se tenga en cuenta la perspectiva de género en el caso.

La fiscal Blanco por su parte aseguró en su alegato que se han probado a lo largo del debate tres hechos distintos de violencia de género ocurridos en el ámbito familiar. El primero acontecido en el mes de enero de 2017 en el cual la víctima hace la denuncia y luego se retracta lo cual confirma que se encuentra inmersa en el círculo de violencia y no puede salir. El segundo cuando el imputado Á. D. N. se hace presente en la casa materna de la víctima, su ex pareja, con un arma de fuego y le grita que vuelvan a su casa. El tercer hecho también el imputado se presenta en el domicilio de la madre de la víctima y comienza a gritar que le entregue a su hija menor, esgrimiendo un arma de fuego, la cual le fue finalmente entregada. Solicitando se lo condena en base a los delitos de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona que se tuvo una relación de pareja, en el contexto de violencia de género; portación ilegítima de arma de fuego de guerra y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego”. Asimismo teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes del caso requirió la pena de 6 años de prisión efectivos. Como agravante consideró la multiplicidad de hechos en contexto de violencia de género, la intensidad de la violencia física y psicológica ejercida sobre la víctima y como atenuante la falta de antecedentes penales de Á. D. N..

En contraposición el defensor Quiroga argumentó en su alegato que difiere en un todo con lo postulado por la fiscalía. El primer hecho “resulta inverosímil” ya que nadie vio las supuestas lesiones y el Certificado médico fue hecho tres días después del hecho. No hay testigos presenciales del mismo, sostuvo el defensor. Respecto del segundo hecho tampoco hubo testigos presenciales que hayan visto el arma de fuego, expresó. Solicitando la absolución por los tres hechos ya que “prevalece el estado de inocencia” ante la duda. En consecuencia el defensor postuló como circunstancias atenuantes la corta edad y que las partes intervinientes en el conflicto quieren que el mismo salga en libertad. Subsidiariamente postuló, en virtud que su pupilo se encuentra detenido desde el pasado 4 de enero, que la pena no supere los 3 años de prisión en suspenso; y como segundo subsidio de 3 años efectivos.

Finalmente el juez Soñis, integrante del tribunal unipersonal, resolvió que mañana viernes 21, a las 12.00 hs., dará a conocer su veredicto.

Elevan causa a juicio oral y público

En la mañana del viernes se desarrolló en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia preliminar por el homicidio de Gustavo Fozziano, acontecido el pasado 2 de abril. El fiscal ratificó la acusación presentada y solicitó se eleve la causa a juicio, la igual que la querella. En contraposición el defensor contestó la acusación, solicitó cambios en la calificación y presentó prueba. Finalmente el juez penal resolvió elevar la causa a juicio oral y público, manteniendo la prisión preventiva que vienen cumpliendo ambos imputados Núñez y Hernández.

Presidió el acto Martín Cosmaro, juez penal por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Adrián Cabral, fiscal general; la querella fue ejercida por Oscar Herrera; en tanto que la defensa de los imputados Núñez y Hernández la ejerció Mauro Fontéñez, abogado particular de los mismos.

El hecho incluido en la acusación acontece el día 22 de abril de 2.018, cuando siendo aproximadamente las 05:50 hs., en circunstancias en las que dos testigos, se hallaban durmiendo en el refugio denominado La Horqueta, que se halla ubicado pasando el sector Rocas Coloradas, a unos 25 km del Barrio Caleta Córdova, arribó Fabián Hernández, quien conducía una camioneta tipo jeep, color blanca, modelo Mitsubishi, junto a Alberto Emiliano Nicolás Núñez, quien llevaba consigo un arma de fuego, Tres personas ingresaron de forma sorpresiva y comenzaron a golpear a uno de los presentes, previo pedirle Fabián Hernández a uno de ellos que se retirara del lugar, quedándose Nicolás Núñez en la puerta del refugio.

Seguidamente, Gustavo Fozziano, quien se hallaba durmiendo en su camioneta Zuzuki, color negro, tipo Jeep, con su sobrino, junto al refugio, al escuchar los gritos, descendió del rodado y se dirigió hacia la entrada del rancho a los fines de interiorizarse qué ocurría. Ante lo cual Alberto Emiliano Nicolás Núñez, quien se hallaba en la puerta del refugio sin mediar palabra alguna comenzó a efectuarle golpes de puño sobre el lateral izquierdo del rostro y con claras intenciones de darle muerte le provocó dos heridas punzo – cortantes en la región lateral derecha del cuello, afectándole la yugular y carótida, quedando Fozziano aún de pie, momento en el cual logró alejarse pocos metros, circunstancia en la cual Núñez le efectuó un disparo de arma de fuego con orificio de entrada en cara antero lateral izquierda del cuello. Provocándole con ello un shock hemorrágico irreversible por herida de arma de fuego y herida de arma blanca, lo que le ocasionó su muerte de forma inmediata.

Inmediatamente, Alberto Emiliano Nicolás Núñez, se subió a la camioneta, conducida por Hernández, quien con el fin de procurar su huida, lo sacó del lugar en su camioneta junto a otras tres personas y con el arma de fuego que hasta el momento no ha sido habida.

Calificando jurídicamente el hecho descrito como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, debiendo responder Alberto Emiliano Nicolás Núñez en calidad de autor; y para Fabián Hernández el hecho se califica como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, debiendo responder en calidad de partícipe necesario.

Por su parte el defensor contestó la acusación, solicitó cambios en la calificación jurídica y ofreció prueba. Respecto del cambio de calificación sostuvo que la plataforma fáctica no se condice con la calificación jurídica. “Existen dudas sobre la autoría y participación de mis asistidos”. Hubo otras personas involucradas que no han sido traídas al proceso, afirmó el defensor. Asegurando que existió un enfrentamiento previo y postulando la calificación de “homicidio en riña o agresión”. Respecto de Hernández solicitó su sobreseimiento ya que n tuvo el dominio del hecho.

Finalmente el juez rechazó la solicitud de sobreseimiento, se pasó a la etapa de ofrecimiento de prueba documental y testimonial del caso. Elevándose por último la causa a juicio oral y público.