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La Cámara Penal de Puerto Madryn declaró la nulidad de una sentencia de primera instancia que rechazaba la suspensión del juicio a prueba en un caso de grooming y ordenó que otro juez repita la audiencia que dio origen al fallo anulado.

El pedido de nulidad fue solicitado por el Dr. Gastón Alfredo Ledesma, funcionario de la defensa pública penal, en contra de la resolución de la jueza penal Stella Eizmendi, quien no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba a favor de un hombre imputado por el delito de grooming.

En el planteo, se explicó que durante la audiencia preliminar realizada el 27 de noviembre de 2019 la defensa del imputado solicitó la resolución del caso a través de la figura de la probation. A tal fin se ofreció la realización de 20 horas de trabajo comunitario, la obligación de realizar un tratamiento psicológico, junto al cumplimiento de las pautas de conductas que establece esa figura, todo por el plazo de un año.

El pedido efectuado en su momento por la defensa del imputado contó con la conformidad prestada por la fiscalía y también por la asesoría de menores, en representación de la víctima del caso, quien ampliaron la petición con una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio de parte del imputado hacia la menor.

El caso se inició con una denuncia sobre episodios ocurridos a principios de abril de 2018 cuando el imputado a través de un perfil falso en la red social Facebook hizo contacto con la víctima, una menor de 13 años que se encontraba institucionalizada al momento de los hechos. Según el relato fiscal, a través de esa cuenta le habría ofrecido realizar una sesión de fotografías “en ropa interior para una supuesta revista que aparecía en boliches y que serían retribuidas con dinero”.

A través de otro perfil falso, en el cual simulaba ser una joven, el victimario habría conseguido ganarse la confianza de la menor para concurrir a un local con el fin de adquirir lencería. Una demora de la menor en volver a la institución en la que estaba alojada habría derivado en la denuncia posterior. El delito se habría confirmado de acuerdo a la acusación por el secuestro de un teléfono celular en poder del acusado, en el cual habría al menos cuatro imágenes de la menor en ropa interior.

El delito por el cual se acusó al hombre fue el de Grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal, que establece: “Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.”

En su voto, la Dra. Flavia Fabiana Trincheri hace un análisis del caso y expresa que la jueza permitió que la audiencia-sin perjuicio de estar fijada como audiencia preliminar – “se convirtiera en una solicitud de suspensión de juicio a prueba sin la presencia de la víctima, ni tampoco conociendo su opinión acerca de la aplicación de este instituto para este caso puntual”.

En ese punto, recuerda que el Art. 49 del Código Procesal Penal que si “cuando la ley penal permita la suspensión de la persecución penal, el imputado a través de su defensor podrán requerirla …. Si el ofendido no participare o no estuviere representado en el procedimiento, la audiencia se suspenderá para permitir su citación” y considera llamativo que “tanto el fiscal como el representante de la Asesoría de Familia ante la falta de comparecencia de la menor a las reiteradas citaciones de la Asesoría, las interpreten como desinterés en el proceso penal donde ella es víctima al mismo tiempo que les consta que se trata de una niña madre de catorce años que pocos días atrás había dado a luz y está institucionalizada”.

“La magistrada sin perjuicio de su concienzuda resolución, debió detener la audiencia y dar cumplimiento a la manda del Art. 49 del CPP previo a resolver” expresó la jueza de Cámara y agregó que “esta falta de participación o conocimiento expreso de la opinión de la víctima para poder llevar adelante este trámite, siendo que estaba en la ciudad y se podía contar con ella en la audiencia o en su defecto, conocer su opinión, convierten nulo el resolutorio”.

El Juez Rafael Lucchelli en su análisis mencionó que si bien a su entender “la magistrada -como último garante de la legalidad- debió suspender la audiencia a fin de que compareciera la víctima, en este caso en particular es un deber indelegable del Asesor de Familia y del Ministerio Público Fiscal recabar el consentimiento de la misma”, considerando inexcusable la presencia de la joven víctima a fin de poder conocer de manera certera el interés o no del mismo en la resolución del caso.

Por su parte, el camarista Leonardo Marcelo Pitcovsky apuntó a que en su resolución la propia jueza “hace referencia de ello en los considerandos, empero, que no atiende al momento de resolver. Es decir, expresó en su resolutorio que debía reeditarse la audiencia con la presencia de la menor víctima, más luego, rechazó la aplicación del instituto sin atender su propia invocación”, y agrega que “si una auto proposición era que se debía reeditar la audiencia conforme normativa aplicable al caso, esto es, con la presencia de la víctima; dicha consideración no se debió omitir al resolver, lo que torna nula por contradictoria la sentencia atacada”.

Desde las 9 de la mañana está previsto que se realice la audiencia preliminar que tiene al secretario general de la ATECh y a otros tres imputados como los responsables de los incendios provocados en la Legislatura de la Provincia del Chubut y en la Casa de Gobierno.

Hoy se llevará a cabo la audiencia sobre los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de septiembre y la madrugada del día siguiente, primero en la Legislatura del Chubut y luego en la parte posterior de la Casa de Gobierno.

La cita está dispuesta para hoy a las 9 de la mañana, tras haberse presentado la acusación por parte de la fiscal general Florencia Gómez.

Además de Goodman, están imputados en la causa Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro; quienes deberán asisitir esta mañana a la Oficina Judicial de Rawson.

La investigación se basó en una importante cantidad de fotografías y filmaciones obtenidas en los incidentes, además de lo contado por 65 testigos presenciales que se tiene previsto declaren en el Juicio Oral y Público

La fiscal general Gómez ya anticipó que pedirá cinco años de prisión para cada uno de los cuatro imputados. El delito de incendio prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.

Mientras tanto, la defensa del titular de ATECh, Sergio Miranda, adelantó a LaCienPuntoUno que tienen dos testimonios que favorecería a los gremialistas imputados, e indicó que se cuestionará en el accionar de la Brigada de Investigaciones.

En la fecha se concretó mediante el formato de videoconferencia la audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesa sobre los condenados Nicolás Núñez y Fabián Hernández en relación al homicidio del pescador Gustavo Fozziano.

El tribunal de revisión fue conformado por los jueces Mariano Nicosia y Mariel Suárez; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Adrián Cabral, fiscal general; la defensa de los imputados fue ejercida por Cristina Sadino y Lilian Borquez defensoras públicas.

En un primer momento el fiscal recordó que los coimputados se encuentran condenados en segunda instancia por un hecho ocurrido el pasado 22 de abril de 2018 donde resultó la muerte de Gustavo Fozziano. El 24 de abril de 2018 se llevó a cabo la audiencia de apertura y control por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor para Núñez y de partícipe necesario para Hernández. En septiembre de 2019 se llevó a cabo el juicio oral y público donde el tribunal los condenó como autores; posteriormente se llevó a cabo una audiencia de impugnación ordinaria en marzo de 2020 confirmando el tribunal de Cámara la pena de 14 años de prisión para Núñez y de Hernández modificó la pena impuesta en primera instancia a 19 años y 8 meses de prisión. Persiste a la fecha el peligro de fuga en ambos, ya que poseen una condena y el doble conforme, la confirmación de un tribunal de segunda instancia. No han variado las condiciones por las cuales se les dictó la prisión preventiva, la gravedad del hecho y el monto de la pena, y a los fines de la aplicación de la Ley penal, solicitando se mantenga la prisión preventiva para ambos condenados, hasta que la sentencia quede firme.

Por la defensa de Núñez, Dra. Sadino en virtud de los peligros procesales existentes, no encuentra argumento legal para oponerse al mantenimiento de la situación de detención de su pupilo.

La defensa de Hernández, Dra. Borquez, impugnó la sentencia de la Cámara Penal ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y ha sido admitida. Diciente con la fiscalía en que el estado de inocencia es un estado absoluto hasta que la sentencia quede firme. Sin embargo no han variado los peligros procesales por los cuales se le dictó la medida a Hernández por lo cual no formuló objeción a ello.

Finalmente el tribunal de revisión resolvió por unanimidad mantener la prisión preventiva de ambos condenados hasta que la sentencia quede firme, ya que no se ha controvertido lo que propuso el fiscal, de mantener la prisión preventiva de Núñez y Hernández. Tampoco han variado las circunstancias por las cuales se les dictó la prisión preventiva a ambos.

La audiencia que se realizó hoy, debió pasar a cuarto intermedio. El ex diputado y jefe de la Policía provincial, fue encontrado penalmente responsable de abuso sexual de dos menores de edad.

Este lunes por la mañana comenzó la audiencia de cesura de pena de Juan Luis Ale, ex diputado provincial entre 2011 y 2015 y ex Jefe de la Policía del Chubut durante el gobierno de Mario Das Neves.

La audiencia empezó luego de que Ale fuese declarado culpable por los abusos sexuales cometidos contra dos menores entre 1998 y 2001.

De la misma participó el Tribunal, integrado por los jueces Gustavo Castro, Marcela Pérez y Marcelo Orlando; el Ministerio Público Fiscal, y el condenado Ale y su abogado Daniel Sandoval desde Esquel.

Tras un extenso debate, los magistrados resolvieron un cuarto intermedio en la audiencia en la cual las partes deberán pedir la pena que deberá cumplir el ex titular de la Policía provincial. La misma continuará a partir de las 7.45 del martes.

De acuerdo a lo indicado, ahora sólo resta que declare un testigo de concepto presentado por la Defensa y comenzarán luego los alegatos de las partes.

Vale señalar que tras la misma, el Tribunal dará a conocer su resolución en el transcurso de la semana. La pena por el delito va de los 4 a los 14 años.

La audiencia de pedido de pena donde la Fiscal María Alejandra Hernández y el defensor particular Daniel Sandoval solicitarán la pena para Juan Luis Ale continuará mañana martes desde las 7.45 horas.

Tras una extensa audiencia inicial, solo resta que declare un testigo de concepto presentado por la defensa y comenzarán los alegatos de las partes.

Se estima que el tribunal integrado por les jueces Gustavo Castro, Marcela Péres y Marcelo Orlando de a conocer su resolución esta semana.

Ale fue condenado por abuso sexual a dos menores de edad cometidos entre los años 1998 y 2001.

La audiencia estaba prevista para este lunes pero se definió la suspensión porque el ex titular de la Policía de Chubut denunció a los jueces y los recusó. De esta manera hasta que no esté resuelto este punto, no se podrá discutir el monto de la pena.

La denuncia de Juan Ale fue presentada ante el Consejo de la Magistratura y plantea el mal desempeño de las funciones a los tres jueces: Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, que dictaron el veredicto de responsabilidad en su contra el pasado 20 de agosto por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante para dos menores, hijas de su ex pareja.

Tal como destaca EQS Notas, el motivo de la presentación está ligado con la divulgación del veredicto de carácter privado y reservado antes de ingresar a la sala de audiencia a un medio de comunicación, el cual lo publicó íntegramente al mismo instante que se estaba celebrando la audiencia.

Las pruebas que surgen y han sido constatadas y certificadas con los registros de audios y video de los hechos, donde se solapa la audiencia de lectura con la publicación en una red pública, desde la mirada del denunciante, advierte la animosidad de divulgar el veredicto de responsabilidad con una falta total de responsabilidad y faltando a los deberes de ética que deben guardar los magistrados.

Este viernes hubo una asamblea de trabajadores de Lotería del Chubut (Instituto de Asistencia Social) en la cual pusieron de manifiesto su malestar por una audiencia de conciliación convocada por la secretaria de trabajo y en la cual el Gobierno se reunió con ATE para discutir una reubicación de cerca de 160 trabajadores del organismo.

Los empleados subrayaron que no están agremiados, que ATE los asesora pero no los representa, y cuestionaron que se negocie una reubicación sin conocer ellos los detalles del plan de reestructuración.

Precisamente, el vocero de los trabajadores repasó que este viernes conocieron que hubo una audiencia “en la Secretaría de Trabajo en la cual Gobierno no aceptó la propuesta de Lotería” de reubicar a unos 160 trabajadores del organismo en “el Ministerio de Familia, Vialidad Provincial y Obras Públicas”.

“Según las autoridades, esas áreas son donde estarían destinados los 160 trabajadores del Instituto”, repasó el vocero, al tiempo que cuestionó el plan ya que “son 53 empleados que adquiriría cada organismo, lo cual es una locura y desequilibra cualquier presupuesto”.

Remarcó que “esta es la propuesta de la patronal –y la cual- se desestimó desde Gobierno”.

El trabajador remarcó que actualmente Lotería “está literalmente en quiebra, con una deuda de 400 millones y situaciones que venimos denunciando hace mucho tiempo”.

Sobre este punto remarcó que recientemente presentaron una denuncia por presunto vaciamiento del organismo, además de cuestionar que “las distintas autoridades fueron metiendo compromisos políticos en el Instituto”.

“Cada 4 años viene un político nuevo a Lotería y le tenemos que enseñar a trabajar”

Fue así que señaló que “estamos de acuerdo con una reestructuración de Lotería –pero- queremos saber si hay un plan”, lamentando que la propuesta presentada en la audiencia la conocieron por los medios.

“Si sobran compañeros, no es por lupa de los compañeros sino de las distintas autoridades. No queremos que nadie se quede en la calle –pero, lamentó- no hay una propuesta concreta, real, escrita y firmada por las autoridades”, apuntó.

Por este motivo, los trabajadores de Lotería exigieron “la renuncia del Presidente de Lotería (Luis María Aguirre) y del gerente general (Francisco Salto) por no poder arreglar ni manejar la situación, que viene de hace mucho tiempo atrás”.

“Los empelados queremos saber cuáles son los planes, queremos ser partícipes, porque a Lotería la hacemos los empleados, no los funcionarios”

El vocero de los trabajadores, por otra parte, puso en tela de juicio la representación de ATE en la reunión en la Secretaría de Trabajo, asegurando que “la mayoría de los trabajadores no estamos agremiados, solo estamos siendo asesorados por los gremios”.

Apuntó así que “nos enteramos de la reunión que hubo a través de un diario, cuando se está hablando de nuestra fuente laboral. No estamos representados, estamos asesorados”, insistió.

Sobre el final, informó que los trabajadores se encuentran en asamblea y evalúan medidas de fuerza para los próximos días, ante esta situación y por el atraso salarial.

Se aclaró que los sorteos tanto de Telebingo como de otros juegos “están garantizados. La gente que se quede tranquila, porque se hace la previsión para pagar los premios”, concluyó.

La fiscal Alejandra Hernández, interviniente en la causa del ex-comisario Juan Ale, que este jueves fue encontrado culpable de abusar sexualmente de dos menores, explicó que las calificaciones legales son diferentes porque «los hechos ocurrieron en años diferentes, donde las leyes vigentes eran distintas», y que el 31 de agosto comenzará una segunda parte del juicio consistente en presentar pruebas y fundamento que sostengan la cantidad de años de pena que se pedirá, número que todavía desconoce. Hernández mencionó que en su derecho a defensa, Ale negó las acusaciones y dejó entrever que podría tratarse de un «despecho» de la madre de las víctimas.

Este jueves «el Tribunal dictó el fallo declarándolo penalmente responsable, por los hechos de abuso sexual contra dos menores, que ahora son mujeres adultas, que ocurrieron 1998 al 2001», sintetizó la fiscal.

Hernandez detalló que los abusos «ocurrieron cuando las niñas tenían entre 9 y 10 años, durante un período de tres años. Ellas explicaron al tribunal porqué no lo denunciaron en el momento. En ese tiempo Alé era Jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, era la pareja de la mamá, por lo que ellas tenían miedo a hablar, y luego tuvo altos cargos públicos, explican el miedo a denunciar porque sabían con quién se tenían que enfrentar. Entonces esperaron, y también a estar psíquicamente fuertes para dar ese gran paso de denunciar, y lo hicieron en 2017 cuando ya eran mayores».

En cuanto a la calificación legal, que es diferente para ambas víctimas (abuso deshonesto contra una y abuso sexual gravemente ultrajante), Hernández explicó que «uno tiene que juzgar los hechos según la ley que estaba vigente en ese momento», y mencionó que «para una de las víctimas los hechos comenzaron en mayo del 99 cuando ya se había aprobado la ley que introduce esta figura intermedia de abuso gravemente ultrajante. Por la otra víctima habíamos ido por la misma calificación legal, pero los episodios comenzaron a suceder a fines del 98 cuando esta ley no estaba en vigencia, entonces la Fiscalía decidió ir por el delito continuado, es decir que el autor tuvo un sólo ánimo, que lo ejecutó durante todos estos tres años, es decir un delito continuado, y la ley en ese momento eran delitos sobre la honestidad -por eso abuso deshonesto- y no contra la integridad sexual».

Los últimos episodios ocurrieron en el 2001, y ellas explicaron que ninguna sabía lo que le pasaba a la otra, que cada una guardó su propio secreto, y en el 2013 explotan los problemas y comienzan a pasarle una serie de cosas que la familia no se explica por qué, hasta que en 2015 una chica explota y lo cuenta, y así se dan cuenta que a las dos les habían pasado cosas similares», sostuvo.

Por esto, mencionó que «ahora hay que hacer un nuevo análisis jurídico en función de la calificación que le dio en Tribunal para poder trabajar sobre la cesura de pena», para lo que previamente el 31 de agosto comenzará «una segunda parte del juicio, para fundamentar, brindar prueba, que den sustento a la cantidad de años de condena que se pida»

En cuanto a la participación de las víctimas en el proceso judicial, la fiscal indicó que «trabajamos en forma conjunta con el servicio de asistencia a la víctima, con psiquiatras y psicólogos particulares, y los peritos forenses indicaron que una de las chicas no estaba apta psicológicamente para enfrentar al imputado, por eso declaró en cámara Gessel».

En cuanto a Ale, la fiscal señaló que «en su derecho de defensa, declaró que tenía una familia con la mamá de las chicas, pero dijo que nunca hizo lo que se le acusaba, que no sabía por qué se le acusaba de eso, y dejó entrever que podía tratarse de un despecho de la mamá de las chicas».

Para el próximo 11 de septiembre a las 9 horas está previsto que se realice la audiencia preliminar que tiene al secretario general de la ATECH Santiago Goodman y a otros tres imputados como los responsables de los incendios provocados en la Legislatura de la Provincia del Chubut y en la Casa de Gobierno, ocurridos hace casi un año atrás.

La audiencia se realizará en la Oficina Judicial de Rawson, tras haberse presentado la acusación por parte de la fiscal general Florencia Gómez. Además de Goodman, están imputados en la causa Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro. Los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de septiembre y la madrugada del día siguiente, primero en la Legislatura del Chubut y luego en la parte posterior de la Casa de Gobierno.

La fiscal general Gómez ya anticipó que pedirá cinco años de prisión para cada uno de los cuatro imputados. El delito de incendio prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.

La investigación se basó en una importante cantidad de fotografías y filmaciones obtenidas en los incidentes, además de lo contado por 65 testigos presenciales que se tiene previsto declaren en el Juicio Oral y Público.

La fiscal Florencia Gomez fundamentó su postura en “la educación y posición socio cultural” de los imputados, que “comprendieron acabadamente los alcances legales y dañinos de la conducta que se les atribuye, ya que supieron en todo momento la ilegalidad de su accionar”, que “a pesar de ello no cesaron en su cometido”, además de las dimensiones del “daño causado”. A favor tuvo en cuenta que no poseen antecedentes condenatorios.

Para provocar ambos incendios se utilizaron pallets de madera y neumáticos que habían sido transportados en una Renault Kangoo de propiedad del gremio de la ATECH liderado por Goodman. En este sentido se señala al secretario general de ese gremio como el organizador y que da directivas a los presentes en el lugar además de realizar varios viajes en ese vehículo para trasladar mayor volumen de los elementos utilizados para la combustión.

A pedido de los representantes de la Fiscalía, Ezequiel Forti y Guillermo Moré, el juez Jorge Criado dispuso la prisión preventiva de los cinco imputados, en la audiencia de apertura de la investigación. Dos varones cumplirán la medida en comisaría, en tanto que las dos mujeres adultas y una menor, permanecerán en arresto domiciliario por falta de lugares de detención apropiados para mujeres. Se les imputa provisoriamente, homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, a uno de los varones en calidad de autor y al resto de los imputados como partícipes.

El hecho ocurrió en una vivienda del Barrio Sudelco, el domingo a la madrugada. Se realizaba una reunión de la que participaban al menos nueve personas. En ese contexto se produjo una discusión de algunos de los presentes con Brian Raúl Sánchez por un conflicto suscitado tiempo atrás. Una de las mujeres le arrojó una botella a Sánchez, impactándolo en el pecho. Se incrementó el nivel de agresión, sumándose a la discusión los cinco imputados. Uno de ellos portaba un arma blanca.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalia, obrando en conjunto y coordinadamente agredieron a Brian Raúl Sánchez y a un amigo de este arrojándoles piedras, cuando ambos se retiraban de la morada. Sánchez no tuvo posibilidades de defenderse debido a la superioridad numérica de sus agresores y el aumento de su poder ofensivo. La agresión que se inició en el interior de la vivienda, continuó en la vía pública ya que tanto la víctima como su amigo intentaron huir sin oponer por calle Desalojo de 37. En el trayecto Sánchez fue apuñalado y no pudo continuar la marcha.

Medida de coerción

El funcionario Guillermo Moré solicitó el dictado de la prisión preventiva de los cinco imputados por peligro de fuga y de entorpecimiento procesal por un plazo de sesenta días. Para fundarlo habló de la gravedad del hecho, de la conducta desplegada por los imputados durante el mismo y con posterioridad para procurar su impunidad. El fiscal Forti se refirió al resultado de las ruedas de reconocimiento realizadas instantes previos a la audiencia, en las que ambos imputados varones fueron reconocidos por los testigos.

La defensora pública Valeria Ponce realizó una valoración distinta de los sucesos. Cuestionó las agravantes del homicidio escogidas por los acusadores, se refirió a las conductas de sus defendidos y resaltó que no hay elementos para considerar que exista riesgo de fuga, ni prueba que puedan entorpecer. También participó de la audiencia la Asesoría de familia. Miguel Contreras habló de los derechos de la menor imputada y de su especial situación de acuerdo a la normativa vigente.

Finalmente el juez Jorge Criado interpretó que hay sobrados elementos para esta etapa que vinculen a los imputados con el crimen de Sánchez. También entendió contundentes los elementos llevados por la Fiscalía para fundar los riesgos procesales y dispuso la prisión preventiva por el plazo solicitado. Aclaró que diferencia la situación de las imputadas porque no hay lugares de detención para mujeres en la zona, sino que el centro más cercano se encuentra en Trelew y considera que el traslado allí, en esta etapa del proceso sería desmesurado.

En cuanto a la menor de edad, decidió su internación en el Hogar de Adolescentes o bien en el Cose. Esta definición fue modificada luego de que la Asesoría informara las condiciones de ambos centros y requiriera el arresto domiciliario tal como se dispuso para las mayores de edad.