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Este jueves se dio a conocer , en la oficina judicial de Rawson, la sentencia contra Diego Correa y otros 11 imputados. Se comprobó la existencia de una asociación ilícita con fines delictivos, cuyo jefe de la banda fue Diego Correa, exsecretario de Unidad Gobernador durante la gestión de Mario Das Neves.

La causa “El Emrbujo” investigó a Diego Correa, Diego Luthers, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Giuliana Mc Leod, Domingo Darío Correa, Christian Gisande y Jorge Godoy.

Después de 45 días desde que inició el juicio oral y público, en las que desfilaron unos 70 testigos, el presidente del Tribunal, Alejandro Soñis, y los vocales Marcela Pérez y Ricardo Rolón definieron que hubo asociación ilícita con fines delictivos. Se determinó que el jefe de la banda delictiva fue Diego Correa.

Se acreditó que Diego Correa, Diego Luthers, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón y Sandro Figueroa conformaron una asociación con fines delictivos, para defraudar al estado  y para invertir dinero bajo la modalidad de lavados de activos. “Fue ideado y generado por su jefe Correa y ejecutado por el resto de los imputados”, se indicó en la lectura del veredicto. «Natalia Mc Leod no formaba parte de la asociación ilícita», se aclaró.

Según se detalló, se pudo confirmar que Correa ideó y planificó los actos ilícitos, y que Luthers fue pieza fundamental para ejecutarlos. Mientras que Souza fue la persona que estuvo a cargo de todas las cuestiones administrativas. Asimismo se constató que la empresa Dual Core fue adquirida por Correa.

«Correa se desempeñó en la función pública, convocó a Luthers, quien fue clave en el entramado de la asociación ilícita. Fue el brazo ejecutor del jefe de la banda» expuso el juez Soñis.

En la causa “Embrujo” a Diego Correa se le imputó el delito de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y auto lavado de activos. Está considerado como jefe de la asociación ilícita desde su cargo al frente de la Unidad Gobernador durante las gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves.

Para los fiscales desde ese puesto de secretario de la Unidad Gobernador, se hizo de un patrimonio de 35 millones de pesos, entre vehículos, terrenos e inmuebles. Se le atribuye además haber salido 20 veces del país en los últimos cinco años y de ser titular de una membresía de 20.000 dólares para disponer libremente durante sus vacaciones.

Según la acusación, el exsecretario privado de Mario Das Neves, trabajó en la administración pública provincial entre agosto de 2004 y diciembre de 2011, para luego reincorporarse en diciembre de 2015 hasta el momento de su detención en marzo de 2018. En ese periodo no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo. En ese lapso Correa adquirió varias propiedades y siete vehículos. La lista incluye una casa y tres dúplex construidos en Playa Unión, dos terrenos y una chacra en Trelew, una chacra en Lago Puelo y dos terrenos en Rawson, uno con la obra de los consultorios médicos iniciada. Al momento de su detención se disponía a viajar a Buenos Aires con 22.500 euros en su poder.

La Justicia Federal inició una investigación penal con la presunción de que prestaba su nombre para esconder diversos delitos impositivos. Fue embargado y pidieron prohibición para que salga del país. Tiene mandato hasta diciembre en el Congreso de la Nación representando a Chubut.

Jorge Taboada, titular del Sindicato de Camioneros de Chubut que a nivel nacional conducen Hugo y Pablo Moyano, y diputado nacional, está siendo investigado por la Justicia por la presunción de prestar su nombre para esconder los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, evasión impositiva, defraudación a la administración pública, falsedad documental y evasión tributaria.

En la causa, según consignó el portal de noticias Infobae, se investiga a Taboada por la compra de empresas e inmuebles en su provincia y también en Bariloche, provincia de Río Negro. Y se señala además en dicho portal, que esa fue la razón por la que al sindicalista no le permitieron presentarse para renovar su banca dentro del Frente de Todos, la cual ocupará hasta el próximo 10 de diciembre. Cabe recordar que el propio Taboada había cuestionado «el dedazo» de Cristina Kirchner que impulsó al también diputado nacional Santiago Igón, para que integre la lista del Frente.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación contra Taboada comenzó en mayo de este año, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de Juan José Cappannari, jefe interino de la División Coordinación de Acciones Penales del Interior de ese organismo, elevó un informe y solicitó medidas tendientes a analizar «la presunta comisión de hechos ilícitos».

El fiscal Pablo Turano de la Procuración General de la Nación afirmó el 11 de junio que la investigación requirió diferentes medidas. Entre ellas, escuchas telefónicas, allanamientos de domicilio y secuestro de documentación. Taboada figura como uno de los titulares de «Condominio Km 3».

En la causa, el diputado nacional no resulta dueño de al menos una parte de ese emprendimiento en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, las últimas declaraciones juradas que presentó sí llamaron la atención de la Justicia: entre 2015 y 2017 acrecentó un 944,8% sus bienes muebles, 144% sus bienes inmuebles y 824,5% sus ahorros en dinero en efectivo, depósitos bancarios y bonos. Entre 2015 y 2017, Taboada incrementó sus créditos en 2.440,6% y disminuyó sus deudas en 69,22%.

A través de su declaración jurada en 2017, Taboada manifestó ser uno de los dueños de Chacras del Faro SRL, un emprendimiento de más de 140 lotes de entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados cada uno, con sectores residenciales y comerciales. El sindicalista también sostuvo ser uno de los dueños de Puerto Serena SRL, sociedad propietaria del complejo de cabañas y spa que lleva su mismo nombre en la ciudad de Bariloche.

«Emplazado en un lugar de privilegio que hace posible disfrutar de la naturaleza con una maravillosa playa propia en el lago Nahuel Huapi y unas inmejorables vistas desde cada cabaña», señala el sitio de Puerto Serena, así lo informó El Chubut.

Durante las elecciones de 2019, Taboada intentó encabezar la lista de legisladores nacionales del Frente de Todos en Chubut para renovar su mandato en el Congreso de la Nación. El armado de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la provincia obligó al diputado a declinar su candidatura.

EMBARGADO Y CON PROHIBICIÓN PARA SALIR DEL PAÍS

Ante la imputación penal, la AFIP embargó los inmuebles de Taboada e inhibió sus bienes y también los de sus familiares y sociedades que integra.

También solicitó el organismo federal la prohibición a Taboada para salir del país al igual que «para todas las personas que se encuentran imputadas en la presente causa».

En sólo una hora y media, los jueces del juicio oral por la causa “Embrujo”, los fiscales, querellantes y defensores, recorrieron las propiedades inmobiliarias y observaron los vehículos secuestrados en el marco de la investigación que tiene a 12 imputados sentados en el banquillo de los acusados.

La llamada inspección ocular fue pedida por los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez e incluyó una recorrida por Trelew y Rawson, finalizando en Playa Unión.

El objetivo de los investigadores fue que los jueces Marcela Pérez, Ricardo Rolón y Alejandro Soñis observen de manera directa y dimensionen los bienes que habían adquirido algunos de los integrantes de la asociación ilícita investigada.

La recorrida se inició por la chacra que el imputado Diego Luters adquirió en nombre del grupo en una zona aledaña a la planta de toma de agua que la Cooperativa de Puerto Madryn posee  en el Río Chubut a su paso por la zona sudeste de Trelew. Continuó luego en la observación de dos terrenos que se habían  adquirido en el barrio San Benito 2.

Inmediatamente, la comitiva integrada por patrulleros, vehículos oficiales del Poder Judicial del Chubut y autos particulares, se dirigió a la ciudad de Rawson para observar el edificio que una de las empresas conformadas por los imputados, construía un importante edificio de consultorios cuya obra se paralizó al percatarse el grupo que estaba siendo investigado y que eran inminentes las primeras detenciones.

Posteriormente, y de a pie, se dirigieron a la Jefatura de Policía del Chubut, en pleno centro de Rawson, donde se hallaban estacionados los vehículos secuestrados. Inmediatamente el grupo partió hacia Playa Unión, para observar la vivienda de dos plantas, importante quincho, pileta y jacuzzi construida aledaña a tres departamentos de alquiler.

La audiencia proseguirá el próximo martes, día en el que se prevé declaren dos testigos más de interés para los defensores y se exhiba la prueba documental reunida por los fiscales investigadores, así lo informó ADN Sur.

El abogado penalista Fabián Gabalachis atacará la hipótesis de inexistencia de una asociación ilícita. A partir de ahí, con pruebas y testigos intentará desligar a Diego Correa de los otros delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles.

Gabalachis tiene la tarea más compleja en las causas por presuntos hechos de corrupción: demostrar la inocencia de Correa en «Embrujo», «Revelación», «Emergencia Económica», «Lotería» y «Dádivas en la Alcaidía», entre otras.

La arquitectura de la estrategia ya está aceitada, aunque Gabalachis aclaró en diálogo con EL CHUBUT que aguardarán la exhibición de pruebas documentales y testimoniales de fiscalía para contrarrestar con evidencia propia las acusaciones del Ministerio Público Fiscal.

«Lo primero que nosotros necesitamos es escuchar a las personas que fueron citadas como testigo. Entendemos que no existe la asociación ilícita, por lo tanto, Correa no es el jefe de ninguna banda ni de nada», aseveró Gabalachis.

Una vez sorteado eso, buscará despegarlo del enriquecimiento ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles. «A partir de ahí, las otras figuras que le imputan como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, las contrarrestaremos con los testigos».

Gabalachis indicó que Correa «va a declarar», pero aseguró que en la causa Embrujo «difícilmente nombre a personas nuevas. Eso es más factible en revelación, en donde el propio Musante dijo que Correa no tenía nada que ver y que la máxima cabeza era Das Neves».

La causa que investiga la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting está a punto de iniciar el debate final para dilucidar la responsabilidad o la inocencia de un grupo de exfuncionarios y particulares.

El Ministerio Pública Fiscal determinó que, el ex mano derecha de Mario Das Neves y por entonces subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa, junto a su secretario Diego Luthers, su pareja Natalia Mc Leod, el contador Federico Gatica y un grupo de amigos y personas de confianza, pergeñaron una organización a través de sociedades para quedarse con la reparación de viviendas, prestaciones de servicios en eventos y poner en marcha un ambicioso plan de consultorios médicos.

El juicio oral y público retomará después del primer intento fallido en febrero, donde los abogados penalistas de los imputados trabaron la continuidad del proceso con una batería de recursos.

La audiencia de hoy -prevista para las 9 en la Oficina Judicial de Rawson- no será la excepción y el defensor público Omar López, que patrocina a Juan Carlos «Tato» Ramón, planteará que antes de que inicie el juicio oral y público, la Corte Provincial debe resolver la impugnación de la resolución emitida por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Rafael Luchelli de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que rechazaron las solicitudes de probation para seis imputados.

Los penalistas Damián D’Antonio y Fabián Gabalachis también irían en la misma dirección que López y se sumarían a la postergación del inicio del juicio oral y público hasta que el máximo órgano de la Justicia provincial resuelva sobre las probation de Natalia Mc Leod, Giuliana Mc Leod, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, el maestro mayor de obra Jorge Godoy y el exdirector de Viviendas Oficiales, Christian Gisande.

La intervención del Tribunal

El planteo sobre si el juicio debe frenarse o continuar producto de la impugnación en el Superior Tribunal de Justicia debería ser resuelto por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez.

Las complejidades son dos: En primer lugar, tendrán que aportar claridad con respecto a si el revés de la Cámara Penal de Trelew a los imputados que solicitaron probation es suficiente para que el juicio continúe; y en segundo término, se abre la posibilidad de que los abogados defensores «recuse» al Tribunal de Enjuiciamiento, por entender que ya emitió opinión (negativa) en torno a la suspensión de juicio a prueba.

En este escenario, los penalistas defensores vaticinan que si Soñis, Pérez y Rolón tienen la llave para definir si el juicio continúa o no, tendrían otra respuesta negativa a sus intereses, y en este caso se adelantarían con un pedido de recusación a los jueces.
Si esto sucede, se tendrá que conformar un Tribunal con nuevos jueces para dirimir este planteo.

Este miércoles son sometidos a la audiencia de control de detención, ellos y los dos supuestos cómplices que también cayeron presos el lunes durante los siete allanamientos que la policía realizó entre Trelew, playa Unión y Rawson. A los expolicías; Bidera, su pareja Barragán y Bertini –que fueron echados hace un mes— les atribuyen distintas participaciones en una presunta organización delictiva conformada con los otros detenidos, Arévalo y Villagra, que se dedicaba a robar vehículos en la zona.

En la audiencia que se desarrollará hoy en el tercer piso de tribunales serían asistidos por la Defensa Publica y la acusación dicen que va a estar a cargo de la jefa de los fiscales de Trelew, la doctora Silvia Pereira. El juez, será el mismo que autorizó las detenciones y los allanamientos del lunes, el doctor Marcelo Nieto Di Biasse. No se descarta que algunos de los imputados declaren.

 

 

Radio 3

Efectivos de Gendarmería realizaron un operativo en la sede del sindicato que conducen los Moyano. Es por la causa en la que está preso el exlíder de la barrabrava de Independiente, Pablo «Bebote» Álvarez.

La Justicia dispuso una serie de nueveallanamientos al sindicato Camioneros en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita en Independiente que incluye la supuesta participación de Hugo y Pablo Moyano.

Los operativos incluyeron la sede del gremio en Constitución, hasta donde llegaron los propios dirigentes, líderes de otros sindicatos y decenas de afiliados para cuestionar la medida.

«Por más que nos hagan operaciones mediáticas y judiciales, por más allanamientos en represalia a las medidas de fuerza de un sindicato que lucha, acá no baja los brazos nadie», enfatizó Pablo Moyano en declaraciones a la prensa. La medida judicial se desarrolló en el marco del expediente judicial que investiga una asociación ilícita a raíz de la declaración del barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal en lo penal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera en el marco de la causa por asociación ilícita y lavado de dinero a raíz de negocios que habrían realizado los Moyano en el Club Independiente, del cual Hugo es el presidente.

Las maniobras investigadas van desde la supuesta utilización de la barra brava de Independiente como fuerza de choque para apretar a jugadores, cuerpo técnico y también empresarios a cambio de la entrega de sumas de dinero; pero también la venta de entradas; el dinero producto de la venta de futbolistas y hasta algunos contratos entre la sede deportiva y el gremio de camioneros.

«No tenemos nada que esconder», señalaron Hugo y Pablo Moyano, quienes señalaron que la llegada de unos 150 gendarmes se dio cuando «jubilados y embarazadas» realizaban trámites en la sede gremial de la calle San José.

«Esto es producto del parazo general y de los miles de argentinos que fueron a comer, demostramos el hambre que hay. Es una payasada, con esto no nos van a asustar ni vamos a salir corriendo a firmar la reforma laboral», indicó Pablo Moyano en declaraciones a C5N. Además, advirtió: «Si voy en cana yo, si va en cana Hugo, acá hay miles de camioneros que van a salir de defender a los trabajadores».

Los operativos habían sido solicitados por Scalera el año pasado, pero los mismos fueron rechazados por el entonces juez Luis Carzoglio, así como el pedido de detención en contra de Pablo Moyano.

Tras ello, Carzoglio fue suspendido de su cargo y afronta un pedido de juicio político, por ello es subrogado por Brenda Madrid, quien convalidó los pedidos de allanamiento en búsqueda de documentación.

Repudios

En paralelo al procedimiento en la sede de Camioneros, se realizó una reunión de la mesa directiva de la CGT, que repudió el allanamiento al gremio dirigido por los Moyano. A través de un comunicado, la central calificó como “gravísimo” el operativo de Gendarmería.

El texto difundido por la CGT habla de “puesta en escena” montada para “desviar la atención de los graves problemas que padecen los trabajadores y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad” y hace referencia en el número de efectivos desplegado por la fuerza.

“La distracción innecesaria de tal número de gendarmes (150) agrava la percepción de la comunidad en cuanto al manejo de las prioridades del Gobierno. Esto por cuanto tal número de efectivos serían de mayor utilidad protegiendo las fronteras de la Patria o inmersos en el combate al narcotráfico y demás acciones del crimen organizado”, explica.

Y concluye: “Nos solidarizamos con los trabajadores camioneros y con sus dirigentes, y ratificamos nuestra posición de rechazo a los ataques injustificados que vienen sufriendo numerosas organizaciones de trabajadores”.

En tanto, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que conduce Juan Carlos Schmid, emitió un comunicado propio en el que afirma: “Manifestamos nuestro total respaldo a la organización hermana de Camioneros que sufre reiterados allanamientos en una escalada de hostigamiento absolutamente desmedida”.

“Es inadmisible que al mismo tiempo que se llama al diálogo y al consenso, se produzca un nuevo embate a un gremio con posturas de confrontación sobre la política económica del actual gobierno”, enfatizó Schmid.

Asimismo, expresó: “Solicitamos que las fuerzas políticas interpelen al Poder Ejecutivo para aclarar si de verdad quiere construir un acuerdo, o amenazar a quienes se oponen a su gestión”

Por su parte, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y actual Secretario de Prensa de la CATT sostuvo: “Estas acciones se leen como una reacción inmediata de persecución sindical del Gobierno, ante la masiva movilización y las medidas de fuerza llevadas adelante contra sus políticas de hambre y ajuste por los gremios del transporte, en las jornadas del 30 de abril y el 1º de mayo”.

 

ambito

Tras su fuga que terminó en una paradisíaca isla de Belice, Alberto Samid se presentará frente a los magistrados del tribunal que lo juzgan por evasión fiscal y asociación ilícita. El empresario conocido como «Rey de la carne» fue trasladado de la sede de Drogas Peligrosas de la Policía Federal donde pasó la noche a los tribunales de Comodoro Py. Allí estará ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilin, que habían ordenado su detención.

Luego de que lo expulsaran de Belice por delitos migratorios a Samid lo trasladaron hacia Buenos Aires. Llegó al aeropuerto de Ezeiza a las 22.30 escoltado por dos efectivos de la Policía Federal que viajaron con ese objetivo al paradisíaco país. Lo esperaba un fuerte operativo de seguridad en la pista, y luego fue trasladado a la sede de la Federal. Cuando bajó de la camioneta se dio vuelta, miró a las cámaras que lo esperaban y exclamó: «¡Viva Perón!».

En los tribunales federales de Retiro se desarrollará una audiencia en la que se tratarán las llamadas ‘dúplicas’ de los abogados. O sea, las respuestas a las acusaciones de la fiscalía y la querella previo a la convocatoria a últimas palabras y veredicto. Se prevé que el abogado del empresario, Vicente D’Attoli, pida la excarcelación de su cliente, la prescripción del caso y la realización de una pericia psiquiátrica a partir de la fuga de Samid, que se fue clandestinamente de la Argentina pese a que no corría riesgo de ser detenido.

Al empresario lo expulsaron de Belice porque la justicia de ese país determinó que incurrió en un delito migratorio al mentir con el motivo de su viaje. Indicó que estaba como turista en ese lugar, cuando la realidad es que huía de la justicia argentina a partir del proceso por una causa iniciada en 1996 por evasión de impuestos en su cadena de frigoríficos. No se había presentado a una audiencia que iba a desarrollarse la semana pasada, para escuchar el veredicto del tribunal.

Antes de volver un equipo de TN Central encabezado por Maru Duffard consiguió su testimonio: nunca admitió haberse fugado. «Me fui un fin de semana de vacaciones. Estaba muy estresado. Ahora, no sé qué pasó acá. No tengo miedo de ir preso», afirmó.

El «Rey de la carne» es juzgado por el Tribunal Oral Penal Económico 1 por los delitos de asociación ilícita, evasión impositiva y lavado de dinero en la cadera de carnicería «La Lonja».

En caso que la Justicia lo condene el Ministerio de Seguridad le pedirá al tribunal que también le ordene pagar los $366.567,80 que costó el operativo para buscarlo y detenerlo, durante los tres días que permaneció en clandestinidad.

 

 

 

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