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Se trata de una cabo que cumple funciones como cocinera en el Patrullero ARA King. Diez de los tripulantes que mantuvieron contacto con la mujer fueron aislados. La fuerza naval cuenta por el momento con 11 personas infectadas en total.

La Armada Argentina confirmó el primer caso positivo de COVID-19 ocurrido dentro de uno de los barcos que componen su flota. Según dijeron fuentes de las fuerza naval a Infobae, se trata de una cabo que cumple funciones como cocinera en el patrullero ARA King, un buque que en este momento se encuentra aparcado en Puerto Madero.

La paciente, oriunda de la provincia de Tucumán, permanece internada en el Hospital Naval Pedro Mallo -ubicado en el barrio porteño de Caballito- en buen estado de salud. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, el jueves de la semana pasada la mujer comenzó a levantar temperatura, por lo que se activó el protocolo para estos casos y le practicaron el test que finalmente confirmaría que padece la enfermedad.

En cuanto al resto de la tripulación del barco -que llega a las 60 personas– las autoridades decidieron aislar preventivamente a diez personas que mantuvieron contacto estrecho con la cocinera. Según informaron, fueron llevadas a otra de las sedes de la Armada para que cumplan la cuarentena.

A pesar de la preocupación de algunos de los familiares, quienes indicaron que a varios de los suboficiales los hicieron concurrir al buque a trabajar aún cuando no se había confirmado si el caso sospechoso era positivo o no, las fuentes consultadas por Infobae indicaron que la Armada siguió el protocolo que establecen las autoridades sanitarias.

En ese sentido, señalaron que el resto de los oficiales y suboficiales que se desempeñan dentro del King permanecen en el interior del barco y cumplen sus funciones con normalidad. “Hoy, el familiar que quiere se puede comunicar con los tripulantes. Entendemos que se sientan preocupados”, agregó.

“El protocolo indica que si nadie más presenta síntomas, no se les va a practicar el test. En el caso de los que mantuvieron contacto se los aisló, tal como dice el Ministerio, y el resto sigue trabajando”, explicaron a Infobae.

El avistaje e identificación del infractor sucedió en la noche de la víspera, el pesquero se encontraba en plena zafra de calamar a la altura de la Península de Valdés, en aguas soberanas. El patrullero oceánico ARA Bouchard lo detectó e inició los procedimientos de comunicación para la interdicción y registro del pesquero infractor, según Ambito.com.

La nave de bandera china identificada con el nombre Hong Pu 16 no respondió los llamados e intentó darse a la fuga hacia aguas internacionales mimetizándose entre los cientos de pesqueros que están operando cerca de la milla 201.

La persecución culminó con las primeras luces del día, el comandante de patrullero Bouchard, capitán de fragata Daniel Giúdici, ordenó el despliegue de dos botes semirígidos de alta velocidad con marinos armados que abordaron el pesquero ilegal.

El grupo de inspección constató en la carta de navegación del pesquero chino que la posición geográfica del navío durante las operaciones de pesca estaba registrada dentro de aguas jurisdiccionales argentinas, también la carga de sus bodegas, calamar y otras especies marinas.

El pesquero Hong Pu 16 custodiado por el patrullero de la Armada Argentina se dirige al puerto de Bahía Blanca donde quedará retenido y se iniciará el proceso judicial. El patrullero ARA Bouchard estaba cumpliendo tareas de control marítimo desde la semana pasada, luego de que tomara estado público la presencia de un centenar de pesqueros en su mayoría asiáticos pescando calamar dentro de la ZEE.

La captura de esta mañana se dio a menos de 24 horas que Prefectura Naval también detuviera a un buque de bandera portuguesa violando la prohibición de pesca en territorio nacional. El Calvao -el nombre de la embarcación ilegal- también se encontraba en plena labor dentro de la zona económica exclusiva.

⚠️⛴️ || La Armada capturó un buque chino en la zona económica exclusiva cerca de #PuertoMadryn#CholilaOnline #Tensión

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Lunes, 4 de mayo de 2020

Amarró el domingo por la tarde en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena el ARA “Canal de Beagle” el buque perteneciente a la Armada Argentina que permanecerá por unas horas en Puerto Madryn y que hoy, lunes 4, podrá visitarse de 14 a 18 horas.

Como es costumbre, en casi todos los casos que nos visita este tipo de buque, el mismo abrirá sus puertas al público para recibir vistas, que serán guiadas por la propia tripulación del mismo. Quienes estén interesados en recorrer el transporte naval, podrán hacerlo hoy lunes de 14 a 18 horas en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena.

Con una eslora de 119,9 metros; esta embarcación presta servicio como sostén logístico móvil de las bases australes de la Armada. Y actualmente se encuentra en la etapa final de un viaje de formación de infantes del Batallón de Infantería de Marina (BIM2) y alumnos de la Escuela de Capacitación Marítima “Omar Rupp” pertenecientes a los Cursos de Formación de Marinero Camarero y Marinero Cocinero, informó Noticias PMY.

Reconoció el “daño moral” sufrido por el oficial Marcelo Toulemonde, pasado a retiro obligatorio en 2012. La Armada aún pide su ascenso retroactivo.

La Justicia federal reconoció el «daño moral» y ordenó a la Armada y al Estado nacional indemnizar al capitán de fragata Marcelo Toulemonde, sancionado, perseguido por autoridades navales y de Defensa en los años K y finalmente pasado a retiro obligatorio en 2012, a partir de que su esposa gritara en un acto encabezado por Cristina Kirchner.

En su fallo de 28 páginas, al que accedió Clarín, la jueza federal subrogante del juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, Cecilia Gilardi De Negre, acogió parcialmente la demanda del marino, ya que si bien le reconoce el daño y fija indemnización, rechaza su pedido de ser reincorporado al servicio activo y evaluado ante la Junta de Calificaciones de la Armada. Un expediente en este sentido, que ya tiene pedido favorable de la Armada con la firma del jefe naval, almirante José Luis Villán, está en trámite hace meses en el Ministerio de Defensa,según contaron a Clarín cerca de Toulemonde.

Toulemonde era hace 12 años jefe del Arsenal Naval Mar del Plata, un cargo considerado «técnico» en la Armada, que ejercía con responsabilidad y dedicación según múltiples testimonios. Su vida y la de su familia tendría un antes y un después del 20 de diciembre de 2007,cuando a diez días de asumir su primer mandato, Cristina Kirchner presidió la ceremonia de egreso conjunto de los cadetes de las tres fuerzas, en el Colegio Militar.

Cuando daba su mensaje «a las nuevas generaciones» referido a las tragedias del pasado a dejar atrás, en relación a los años de plomo de la dictadura, un grito retumbó en el solemne Patio de Honor: «¡Larrabure!» Clarín estaba allí ese día, y sigue el caso desde entonces. La custodia presidencial empezó a rastrear nerviosamente entre los asistentes. La autora sería identificada como Mónica Liberatori, esposa de Toulemonde. La mujer reconoció su actitud e hizo público su caso, unos meses después en una carta al diario La Nación.

El caso Toulemonde, que remite al caso Larrabure, es emblemático de los conflictos en los años de gobiernos Kirchner (2003-2015) con las Fuerzas Armadas a partir de la decisión de Néstor Kirchner de reabrir los juicios por la represión ilegal de la dictadura. Que reavivó el reclamo de la «familia militar» de tener en cuenta a las víctimas de la guerrilla. Larrabure es acaso su principal emblema.

Larrabure era el mayor Argentino del Valle Larrabure, ingeniero químico, secuestrado el 11 de agosto de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, de la que era subdirector. Estuvo 372 días cautivo en una «cárcel del pueblo» en Rosario.

El Ejército se negó a canjearlo por presos del ERP, y Larrabure se negó a colaborar con sus conocimientos técnicos con la guerrilla. Murió por asfixia, ahorcado según afirma hasta hoy su hijo Arturo Larrabure que sigue pujando en tribunales para que se considere su caso como delito de lesa humanidad (el ERP dijo que se suicidó). Su cuerpo fue hallado el 25 de agosto de 1975 en condiciones lamentables. Tenía 43 años. Historias trágicas de los 70: la familia de militantes que fueron los «carceleros» de Larrabure, fue identificada y cinco de sus miembros fueron salvajemente torturados, violados al menos en un caso y asesinados por los militares. Sobrevivió la que era una beba, Josefina Tosetto González, actual diputada de la Nación.

El fallo de la jueza Gilardi De Negre refleja el calvario personal que empezó a vivir el marino Toulemonde, y que arrancó con una sanción tras los hechos en el Colegio Militar por “no controlar debidamente a su señora esposa respecto de las normas de comportamiento a seguir». Había un en ejercicio una presidenta (hoy vicepresidenta electa) mujer, Cristina KIrchner; y una ministra de Defensa, mujer, Nilda Garré, paradójicamente la ministra de Defensa más reformistadesde la restauración democrática. Ambas consintieron la idea de que la mujer debe ser controlada por el marido, y el escarmiento al varón, por la falta cometida por su esposa.

Toulemonde fuetrasladado a Buenos Aires, alejado de su familia en Mar del Plata. Tuvo otras sanciones, leídas por sus camaradas como parte de un claro hostigamiento. No fue considerado para el ascenso en 2008. Enfrentó con el reglamento en la mano las arbitrariedades,la falta de resolución de su caso, que lo hizo permanecer 9 años en la jerarquía, cuando lo normal son 6, según recogió el fallo de Gilardi de Negre.

Tuvo graves consecuencias para su salud que derivaron en licencias médicas. Fue pasado a retiro obligatorio en 2012.

Aquel día fatal del acto en el Colegio Militar, un hijo del matrimonio Toulemonde-Liberatori egresaba como cadete naval; otro era escolta de la Bandera. Ninguno sigue hoy en la Armada.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, en una decisión simbólica y reivindicatoria, revocó hace exactamente un año una resolución de la ministra Garré, de 2010, y ordenó pagar los sueldos retroactivos a una treintena de oficiales de las tres fuerzas pasados a retiro por» por portación de apellido». Eran primeros o entre los más destacados de sus promociones, pero eran hijos o parientes de militares connotados durante la dictadura. Por eso el kirchnerismo, en una polémica decisión política, les clausuró sus carreras.

Toulemonde no entró en este beneficio, porque ya había acudido a la Justicia, según se explica en voz baja.

El actual jefe de la Armada, almirante Villán, es compañero de promoción de Toulemonde. Conoce el caso al dedillo.El 19 de abril pasado, Villán envió una nota a Aguad con la postura de la Armada: consideró «sobresalientes» los antecedentes de Toulemonde, y le pidió a Aguad«equidad» en el tratamiento frente a los llamados «portadores de apellido». Por eso, pidió el aval a la decisión de la Armada de computar haberes de servicios reconociendo a Toulemonde el tiempo pasado “en retiro” como “en actividad”; y continuar con el trámite de ascenso retroactivo al 31 de diciembre de 2008. La decisión final está a consideración del ministro que se despide el 10 de diciembre, informó Clarín.

Marta Yañez llamó a declarar como imputados al ex jefe de la base naval de puerto Belgrano y al ex comandante de la fuerza de submarinos, entre otros. Apuntaría a que la nave no habría estado en condiciones de navegar.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez llamó a indagatoriaa cuatro ex altos jefes de la Armada en la causa que investiga el naufragio del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, quienes se suman a los tres primeros marinos que ya habían sido imputados y se negaron a declarar. Así avanza más en la búsqueda de responsabilidades penales sobre oficiales que integraban la cúpula de la Armada en el momento de la tragedia.

La nueva tanda de imputaciones y citaciones dispuesta por la magistrada alcanzó al capitán de navío Claudio Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) con sede en Mar del Plata cuando el buque perdió contacto, el 15 de noviembre de 2017, y al entonces jefe del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA), contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. Están acusados de «incumplimiento en los deberes de funcionarios público».

Yáñez citó, también, a prestar declaración indagatoria al jefe de Operaciones del COAA, con asiento en la ciudad bonaerense de Puerto Belgrano, capitán de navío José Marti Garro y al jefe de Mantenimiento de la Armada (JEMA), el contraalmirante Eduardo Luís Malchiodi.

López Mazzeo pidió el pase a retiro después de que en el ministerio de Defensa le anularon el sumario que le había abierto Srur. Villamide sigue en actividad, igual que Marti Garro y Malchiodi también pidió el retiro

Las cuatro nuevas declaraciones dispuestas se desarrollarán entre el miércoles de la semana próxima y el lunes 11 de noviembre, pocos días antes de que se cumpla -el 15 de este mes- el segundo aniversario de la desaparición del San Juan y sus tripulantes, y el primero desde su hallazgo en el lecho marino, a 907 metros de profundidad.

Así la juez investiga la hipótesis de «el San Juan no estaba en condiciones para navegar, después de dos años de investigación judicial y parlamentaria», comentaron fuentes judiciales.

Fuentes allegados a los imputados consultadas por Clarínafirmaron que «se trata de una imputación a toda la marina(desde los arsenales que proveen el mantenimiento inmediato a los astilleros, comandos logísticos y operativos, que fueron supervisando cada etapa de alistamiento)». Pero «en particular, a la tripulación del San Juan, quienes eran los responsables de operar la nave. Esinverosímil pensar que Fernández y su tripulación navegaron el submarino a sabiendas de los problemas técnicos que supone la Jueza», agregaron.

«Sacar a navegar a un buque con las falencias que supone la Juez, pese a todos los controles internos y autorizaciones necesarias sería como afirmar que nadie hizo bien su trabajo en la Armada», agregaron esas fuentes. Para éstas fuentes, se llama a indagatoria «pese a que aún no se comprobó cuál fue la causa del naufragio».

Villamide y López Mazzeo fueron los dos marinos suspendidos en diciembre de 2017, en pleno operativo de búsqueda del submarino, por el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, quien los responsabilizó por el hundimiento de la nave. Villamide fue pasado a retiro en julio último. Srur y López Mazzeo mantuvieron una dura pelea sobre las causas del naufragio.

Srur insistió además en las presuntas responsabilidades de ambos cuando declaró como testigo ante Yáñez en abril de 2018 y al hacerlo en dos ocasiones ante la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el siniestro.

López Mazzeo declaró como testigo ante la jueza en Caleta Olivia en noviembre de 2018, pocas horas antes de que los restos del buque fueran hallados por el barco Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity, pero fuentes cercanas a la investigación aclararon que lo hizo en el marco de la causa paralela sobre las operaciones de búsqueda de la nave.

El marino se había presentado además seis meses antes de manera espontánea en el juzgado santacruceño para tratar de declarar voluntariamente ante Yáñez, acompañado entonces por su abogado, pero la magistrada no se lo permitió, porque no estaba resuelto si eventualmente sería citado como testigo o como imputado.

Las nuevas indagatorias dispuestas por la jueza tendrán lugar luego de que la semana última se negaron a prestar declaración los tres primeros marinos que fueron imputados: el jefe de Logística del COFS capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, el ex jefe de Operaciones de esa fuerza capitán de fragata Hugo Miguel Correa y el jefe del Estado Mayor del COFS cuando se produjo el hundimiento, el capitán de navío Héctor Alonso.

Más allá de su negativa a declarar, Sulia, Correa y Alonso dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación cuando puedan conocer en mayor profundidad la causa, indicaron fuentes de la investigación.

Las citaciones se conocen semanas después de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, hizo lugar, por unanimidad, a un recurso presentado por Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los más jóvenes oficiales del submarino y abogado de un grupo de familiares, para acceder a la información reservada en la causa sobre el San Juan. Tagliapietra, quiere que se acuse a los marinos de «homicidio con dolo».

Por otra parte, diputados de Cambiemos rechazan adjudicarle responsabilidad política al ministro de Defensa Oscar Aguad, por el naufragio.

«Hay un decreto, número 1691 de 2016, que es de la época del kirchnerismo donde dice que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadasserán el organismo responsabledel empleo de los medios militares en tiempos de paz», explicó el diputado radical Luis Petri, miembro de la Bicameral.

Petri agregó que, según esa resolución, es la cúpula de la Armada la que «ejerce el control funcional pero también el control operacional» por lo que «mal puede responsabilizarse al ministro de Defensa respecto de lo que tiene que ver con el control funcional y operacional que dependía del Estado Mayor Conjunto en este caso de (Marcelo) Srur».

Srur fue desplazado de la fuerza tras la desaparición del submarino, por disposición del ministro Aguad, informó Clarín.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, imputó a tres oficiales de la Armada en la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan, en una resolución que adoptó el viernes y se dio a conocer hoy, informaron fuentes judiciales.

Los primeros tres imputados son el jefe de Logística, capitán de Corbeta Jorge Sulia; el jefe de Operaciones, capitán de Fragata Hugo Miguel Correa; y el jefe de estado mayor del Comando de la fuerza Submarinos, capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso.

Se trata de los primeros tres, pero no de los únicos, indicaron a LA NACION fuentes judiciales que explicaron que los uniformados deberán comparecer entre el 22 y el 24 de octubre próximo en los tribunales de Caleta Olivia.

Yáñez trabaja hace cuatro meses en la reconstrucción de la «cadena de mando» que derivó en el hundimiento del submarino el 15 de noviembre del 2017.

«No se descarta que las imputaciones continúen hacia arriba y que incluya a los autoridades políticas», explicaron a LA NACION fuentes con acceso a la investigación. Además, detallaron: «Las imputaciones son con fundamento legal y debe haber mérito suficiente para achacar una conducta u omisión reprochable».

Yáñez estuvo hasta este miércoles a la tarde en Buenos Aires. Después regresó a Caleta Olivia, donde prepara el resto de las imputaciones. «Tratamos de tener mucha cautela en esta instancia. No buscamos caer bien a todos, pero sí ser justos y llegar hasta donde se tenga que llegar para identificar a los responsables», agregaron las fuentes.

El gobierno español anunció hoy que un buque de la Armada española partirá desde la base de Rota, en la sureña Cádiz, con rumbo a la isla italiana de Lampedusa para hacerse cargo de los inmigrantes a bordo del barco de la ONG española Pro Activa Open Arms.

«A primera hora de la mañana de hoy comenzaron las tareas de preparación y aprovisionamiento para iniciar la singladura y dar asistencia al barco de ‘Open Arms’ y a sus ocupantes», informó el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez en un comunicado.

El barco «El Audaz» partirá esta tarde a las 17.00 horas (12 hora argentina) y navegará durante tres jornadas hasta Lampedusa, donde se hará cargo de las personas acogidas y procederá al acompañamiento de la embarcación de la ONG Pro Activa Open Arms hasta el puerto de Palma, en Mallorca, añaden.

«Tras analizar distintas opciones, el Gobierno de España, de acuerdo a las recomendaciones logísticas de la Armada, considera que ésta es la más adecuada y la que permitirá resolver esta misma semana la emergencia humanitaria que se vive a bordo del ‘Open Arms'», señala el Ejecutivo.

Ocurrió anoche, en plena veda electoral, en una despensa de la ciudad de Puerto Madryn, la cual funciona bajo la razón social “Becklan” y que está ubicada sobre la calle San Lorenzo 316, lote 15.

Allí un autor desconocido portando un arma de fuego, amenazó al empleado del lugar y se robó una botella de fernet.

Por las cámaras de seguridad que hay en el sector se pudo identificar a un sujeto conocido en el ámbito policial que hizo las veces de “campana”, por lo que por estas horas la Brigada de Investigaciones de la ciudad del golfo trabaja en el hecho para intentar dar con el autor del robo.

El Ministro de Turismo de la provincia, Enrique García dio más detalles del reclamo que realizó la provincia a Nación, solicitando que sean cedidas a provincia tierras que están especialmente en manos de la Armada, reclamo que llegó ya al Presidente Mauricio Macri y derivado al Ministro de Justicia Germán Garavano.

Pero García aclaró además que el reclamo no afecta solamente a las tierras en Península Valdés sino también en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y otras áreas de Chubut, “nosotros hace mucho tiempo comenzamos a trabajar con un grupo de gente” en lo que tiene que ver con la presentación realizada y que llevaba la firma no solo del Gobernador Mariano Arcioni, sino que además acompañaron ex Gobernadores como Néstor Perl, Fernando Cosentino, Carlos Maestro, José Luís Lizurume y Martín Buzzi.

“En el año ’88, no es tan lejano en el tiempo, se hacían los bombardeos en Punta Buenos Aires, la Armada hacía operativos navales en Punta Buenos Aires, que era tierra de ellos, lógicamente en esos años se peleó y se logró que no se hicieran más, el último operativo fue el operativo Castor y de ahí se inició una serie de reclamos, mucha gente participó y creo que concluye  en este pedido, donde todas las fuerzas políticas, con buen criterio creo, porqué esto hay que despolitizarlo o no politizarlo del todo, sino que estén todas las fuerzas políticas de la provincia defendiendo un derecho, que es un derecho inalienable sobre tierras que son propiedad del Estado provincial” indicó el funcionario en dialogo con LU17.

Veinte mil hectáreas

El Ministro de Turismo destacó que “en total son cerca de veinte mil hectáreas, tenés los abanicos en Punta Buenos Aires, que hoy lo está usando Parques Nacionales que tiene un establecimiento, pero lo hizo cuando ya era área protegida y Patrimonio de la Humanidad; después tenemos Punta Bajos, Punta Delgada, Punta San José, Punta Quiroga, Golfo San Matías, el Istmo Ameghino donde tienen muchas tierras, Punta Ninfas y en el límite interjurisdiccional, fuera de los límites de Península, porqué no es solamente en Península, también tenemos en Bahía Gil 300 hectáreas, y después la Isla Tova que es una isla que tiene que estar en manos de la provincia y el Faro Aristizabal que está cercano a Comodoro, un faro emblemático que se puede convertir en un atractivo turístico por sus características” resaltó.

Pero además agregó que “lo más grave que ha hecho la Armada, que en estos procesos la Armada le concesionó algunas tierras a privados para una explotación comercial privada”.

“Uso particular de la fauna”

Consultado sobre la existencia o no de instalaciones militares en algunas de las tierras de Península Valdés, García respondió que “en Delgada está lo que ellos concesionan, el hotel, pero también hacen un uso particular de la fauna, contraponiéndose con la legislación provincial, yo digo que la provincia ha hecho bien los deberes y creó el área protegida, sino que además logró la distinción de Patrimonio de la Humanidad y eso debe ser respetado y reconocido”.

Sobre la concesión de Punta Delgada, el funcionario provincial destacó que aparentemente ha terminado la concesión, por lo que es un buen momento para avanzar en el reclamo, “tengo entendido que dejó, que está libre el área, esto fundamenta más lo nuestro, antes que hagan una nueva concesión que consideren al estado provincial o empezar a plantear definitivamente el verdadero dueño de las tierras” hacia la provincia de Chubut.

Además, aclaró algunos detalles del documento suscripto y enviado a Nación, “Punta León es nuestra, hay una ley del año ’84, que se llamó Ley Mac Karthy, de Kuky Mac Karthy, en ese año la Isla Leones pasó a ser propiedad del estado provincial”.
Por otra parte, confirmó que el reclamo incluye las tierras que la Armada posee en Puerto Madryn, que incluyen la Estación Balizamiento y El Golfito, además de otras tierras aledañas, «dentro del reclamo están todas esas tierras, las de la Armada en Puerto Madryn».

La Armada mantiene bajo su órbita 12.491 hectáreas en Península Valdés; 4.118 hectáreas sobre las costas sur del Golfo San José y 438 hectáreas en el resto de la costa provincial, por citar algunos ejemplos.

 

 

El Chubut