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El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, criticó los despidos y sostuvo que esa situación puede ser «la punta de una situación compleja».

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, criticó los despidos producidos en la empresa Techint, y sostuvo que esa situación puede ser «la punta de una situación compleja» que «se puede potenciar», frente a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno para mitigar el avance del coronavirus en el país.

Daer hizo así referencia al anuncio por parte de Techint del despido de 1.450 operarios, personal contratado para trabajar en obras y servicios en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán, que este viernes fue informado por la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

«La situación de los despidos en Techint se puede potenciar a 100.000 personas», advirtió Daer en diálogo con AM 750, y pidió «preservar el empleo para que la población no entre en una situación de mayor vulnerabilidad».

En ese marco, el jefe cegetista advirtió también que la CGT teme un aumento del desempleo como consecuencia del «parate» que generó la pandemia de coronavirus.

«Es una preocupación lógica para los trabajadores, y nos consta que también es una preocupación importantísima para todo el Gobierno», remarcó y dijo que «es lo que estamos hablando con los funcionarios de Trabajo, Salud y Desarrollo Productivo».

«Si hay que auxiliar a 5 millones de trabajadores, no existe Estado que lo pueda hacer, y hablo sólo de los trabajadores formales», consideró.

De todos modos, el jefe cegetista aclaró que el país vive «una situación atípica en nuestro siglo», y destacó la labor del presidente Alberto Fernández, de quien destacó que «está llevando a cabo en forma perfecta las medidas» que adoptó.

«Hay que destacar la firmeza del Presidente: haber tenido un presidente con su firmeza hizo posible que hoy no tuviéramos un pico más grave de la enfermedad”, señaló Daer.

Sobre los despidos en Techint, el secretario general del gremio de la Sanidad (ATSA) remarcó que, «por la envergadura de esa empresa, creo que la decisión es desacertada» y consideró que «haber apresurado esta decisión es muy desafortunado».

Explicó, entonces, que lo que se debe hacer «es frenar todo esto y encontrar caminos con el equilibrio necesario entre el cuidado de la población y la generación de trabajo y riqueza para nuestro país”.

Daer expresó además que la CGT busca con el Gobierno un «equilibrio necesario entre la salud y la generación de trabajo y riqueza», por lo que propuso que se reactiven actividades económicas esenciales «que no tienen que ver con áreas metropolitanas».

En ese sentido, consideró que «hay que ver cómo determinadas actividades, de la construcción e industriales que no tienen que ver con áreas metropolitanas, pueden empezar a girar también, para que el Estado deba acudir en ayuda de aquellos sectores que van a tener una cuarentena mucho más larga».

«Tenemos que encontrar el camino con el equilibrio necesario: el cuidado de la población y la generación de trabajo y riqueza para nuestro país», señaló Télam.

Hoy se pueden inscribir al Ingreso Familiar de Emergencia que otorgará la Anses los interesados con números de documentos terminados en 2 y 3.

Más de un millón de personas se pre inscribieron hoy para poder cobrar los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno, con lo que el total anotado hasta el momento suma 3.020.885 desde que se puso en marcha ayer el registro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en base a datos relevados hasta la media mañana, precisó que hoy se inscribieron 1.067.772 personas, que se suman a 1.953.113 anotados hasta la medianoche del viernes.

Hoy se pueden inscribir los interesados con números de documentos terminados en 2 y 3; el domingo los finalizados en 4 y 5; el lunes 30 los que terminen en 6 y 7; y el martes 31 en 8 y 9.

El trámite es completamente digital en la página web de la Anses, donde deberán completar un trámite con los datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro.

El bono extraordinario -que comenzará a ser abonado alrededor del 15 de abril- será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.

A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.

Además, el IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, quienes no necesitarán realizar el trámite debido a que el monto se le acreditará de manera automática, señaló Télam.

Entre los ítems para los que habrá que obtener permiso del Gobierno para su venta al exterior están el alcohol etílico, algunos medicamentos, guantes de cirugía y prendas de protección.

Las exportaciones de insumos médicos y de sanidad, como el alcohol etílico, determinados medicamentos o guantes para cirugía, deberán contar con un permiso de exportación concedido por el gobierno nacional de manera de poder «garantizar a la población el acceso a insumos críticos», ante la pandemia de coronavirus.

La decisión -tomada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial- dispone que para exportar alcohol etílico y en gel, paracetamol, guantes para cirugía y descartables y prendas de protección, entre otros productos, el envío deberá contar con un permiso emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con intervención de la cartera de Salud.

El Gobierno tomó la decisión «dada la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país y para no afectar la atención sanitaria de la población».

Por tal motivo, resulta «necesaria la adopción de nuevas e inmediatas medidas que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación, garantizando a la población el acceso a ciertos insumos críticos, con el fin de mitigar su propagación e impacto sanitario», indicó el decreto entre sus considerandos.

El decreto faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo a «dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias a efectos de instrumentar la presente medida, debiendo establecer los criterios para propiciar las autorizaciones mencionadas, cuya emisión se encontrará supeditada a la total cobertura de las necesidades de abastecimiento local de los bienes involucrados», señaló Télam.

Un médico de 59 años falleció por coronavirus en la provincia de Neuquén, en el este de Argentina, lo que eleva a 13 las víctimas mortales por este patógeno en el país, informaron a Efe fuentes médicas.

El hombre, Alejandro Passarelli, un doctor nacido en la provincia de Río Negro, falleció a las 21.00 hora local del jueves (00.00 GMT del viernes) en la Clínica San Agustín de Neuquén, según confirmaron a Efe fuentes de este centro.

Asimismo, desde el centro médico señalaron que el doctor “vino de viaje” desde el exterior, por lo que no se trata de un caso de transmisión local del virus.

Su diagnóstico fue difícil de determinar, debido a que en un primer momento dio negativo por coronavirus, pero ante el agravamiento del cuadro clínico se le hizo una segunda muestra, que finalmente dio positiva.

De esta forma, este médico se convierte en la decimotercera víctima por coronavirus en el país, que detectó su primer contagiado el pasado 3 de marzo.

Las edades de las víctimas mortales conocidas hasta ahora -el primer fallecimiento ocurrió el 7 de marzo- comprenden de los 53 a los 89 años.

El Ministerio de Salud señaló este viernes en su rueda de prensa diaria que hay un equipo trabajando específicamente en analizar la situación epidemiológica, así como estrategias de otros países para “compartir lecciones aprendidas y pensar durante cuánto tiempo es necesario seguir con estas medidas”.

“Este va a ser un invierno diferente. Tenemos que empezar a planificar las medidas de aislamiento social, las medidas de higiene de manos, de higiene respiratoria, que deben sostenerse en el hemisferio sur. Tenemos todo el invierno para transitar por otras infecciones respiratorias”, señaló Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

El total de personas que padecen el virus en el país es de 589, según el último informe de la cartera de Salud, tras sumar los 87 nuevos casos conocidos este jueves, la mayoría en la ciudad (30) y la provincia de Buenos Aires (27).

Según el Ministerio de Salud, hasta el momento la mayoría de los 589 casos totales son importados, mientras que se detecta transmisión local en conglomerados y se identifica el inicio de transmisión comunitaria en Buenos Aires y su populoso cinturón urbano y en Chaco.

Ante el aumento de los contagios, el Gobierno de Alberto Fernández, que entre otras medidas ya decretó un aislamiento preventivo y obligatorio para la mayoría de la población entre el viernes pasado y el 31 de marzo próximo, ha acelerado el refuerzo de los centros hospitalarios para tratar a los pacientes con el virus. EFE

En total se realizaron 1.605 operativos de control de precios y de abastecimiento en comercios durante los primeros nueve días de aislamiento social obligatorio.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio Interior realizaron 1.605 operativos de control de precios y de abastecimiento en comercios durante los primeros nueve días de aislamiento social obligatorio, en los cuales se registraron infracciones de hasta el 100% de las fiscalizaciones realizadas en un día.

El reporte oficial destacó que desde que los inspectores salieron a la calle se realizaron 8 clausuras preventivas en 1 supermercado mayorista, 3 comercios de cercanía y 4 farmacias, y se corrigieron más de 1.000 precios en góndola.

A lo largo de las primeras nueve jornadas del Operativo Conjunto entre la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior, las fiscalizaciones contaron con la participación de 2300 agentes de distintas áreas.

Los inspectores recorrieron durante la semana establecimientos en todo el país para evitar abusos de precios y garantizar la disponibilidad de productos fundamentales como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y elementos de higiene y cuidado de la salud.

Ayer, último dato disponible, se fiscalizaron en la Ciudad de Buenos Aires 30 supermercados mayoristas de distintas cadenas, relevamiento que arrojó que el 100% de los establecimientos estaba en infracción y todos procedieron a rectificar los precios conforme precios máximos de referencia.

En el resto del país se realizaron 157 controles que permitieron constatar que 8 de cada 10 comercios presentaron infracciones por superar precios máximos de referencia, por lo que en todos los casos retrotrajeron los precios al 6 de marzo.

Los inspectores de la AFIP controlan los precios a partir de las planillas elaboradas por la Secretaría de Comercio Interior, y si durante la recorrida detectan incumplimientos, los agentes solicitan que la empresa retrotraiga los precios al 6 de marzo.

Si los dueños o encargados se niegan a la corrección de precios se puede realizar una “clausura preventiva”.

Clausurar comercios no es el objetivo pero en algunos casos la intransigencia de las empresas para modificar los precios obligan a hacerlo, aclaro la AFIP al señalar que cuando se llega a ese punto se intenta garantizar que no se afecte a las y los consumidores.

Las clausuras son temporales ya que a en el corto plazo (hasta 4 horas) los inspectores regresan para verificar la corrección de precios.

La responsabilidad de los fabricantes y comerciantes de productos esenciales es un tema al que apeló en forma reiterada el presidente Alberto Fernández en las últimas semanas, en el marco de las medidas de prevención que fue implementando su gobierno.

“Vamos a perseguir a los que no respeten precios máximos y cerraremos negocios si es necesario” llegó a advertir ayer el mandatario en relación con los aumentos de precios registrados en los últimos días en productos de primera necesidad, señaló Télam.

Lo confirmó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Dijo que cree que se extenderá la cuarentena y que piensan en algún tipo de aislamiento selectivo para mayores de 65 años.

El presidente Alberto Fernández celebró este jueves que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya seleccionado a la Argentina como uno de los diez países que harán pruebas clínicas para la posible cura del coronavirus, en un ensayo denominado Solidaridad que generará «datos sólidos que se necesitan para saber qué tratamientos son más eficaces».

Previamente, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García ya lo había anunciado hoy, y la OMS hizo saber que está «organizando un amplio estudio internacional en varios países para comparar distintos tratamientos».

Alberto Fernández destacó, en una entrevista dada esta noche en la TV Pública, el camino elegido a nivel internacional de «escuchar a los científicos y médicos» para establecer las medidas necesarias «desde el inicio».

Los países que se integrarán a esta experiencia científica internacional, además de Argentina, son Bahrein, Canadá, España, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, Suiza y Tailandia.

Las fuentes de la OMS/OPS, en diálogo con Télam esta noche calificaron al ensayo Solidaridad -tal su nombre- como «un estudio internacional de gran magnitud diseñado con el fin de generar los datos sólidos que se necesitan para saber qué tratamientos resultarán más eficaces».

Y agregaron que «el estudio prevé procedimientos simplificados para que puedan participar incluso los hospitales que se han visto sobresaturados. Muchos países de todas partes del mundo ya han confirmado su participación».

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El destinatario va a poder retirar el dinero desde cualquier cajero  habilitado con Punto Efectivo ingresando el código, informó Télam.

El presidente de la entidad, Luis Alberto Moreno, sostuvo que las dimensiones de esta pandemia exigen una estrategia multisectorial que anticipe los impactos sociales y productivos en el mediano y largo plazo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) movilizará hasta US$ 12.000 millones por el efecto de la actual crisis del coronavirus y para paliar sus consecuencias futuras.

«Estamos reprogramando recursos de manera inmediata para ayudar con la emergencia sanitaria», señaló Luis Alberto Moreno, presidente del BID.

Además de reprogramar la actual cartera de proyectos de salud para atender la crisis, el banco puede llegar a destinar US$ 3.200 millones adicionales al programa de préstamos inicialmente estipulado para 2020.

Desde fines de enero el Grupo BID aumentó la disponibilidad de fondos y ajustó sus instrumentos de préstamos a fin de agilizar su apoyo a los países afectados por el virus.

También estableció plataformas de intercambio y aprendizaje para poner a disposición de la región todo su conocimiento técnico y facilitar el diálogo con las organizaciones internacionales y los gobiernos que están colaborando para combatir la pandemia.

El BID apuntó que los gobiernos también pueden solicitar el redireccionamiento de recursos de la cartera de proyectos que ya están en ejecución, con el fin de atender a las necesidades generadas por el virus, y precisó que esos recursos podrían alcanzar los US$1.350 millones.

Por su parte, BID Invest, la institución del grupo que atiende al sector privado, destinará hasta US$ 5.000 millones a los esfuerzos del sector y adicionalmente trabaja en la creación de una nueva Facilidad de Mitigación de Crisis por US$ 500 millones, que priorizará inversiones que responden a la emergencia a través del sector de salud y que proveen acceso a créditos de corto plazo para las PyMEs, señaló Télam.

Una mujer de 81 años que estaba internada en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires se convirtió hoy en la séptima víctima fatal de coronavirus en la Argentina, informó en un comunicado el gobierno porteño.

Una mujer de 81 años que estaba internada en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires se convirtió hoy en la séptima víctima fatal de coronavirus en la Argentina, informó el gobierno porteño y confirmó en su reporte el Ministerio de Salud de la Nación.

La mujer estaba internada en el Sanatorio Otamendi y fue notificado como caso positivo ayer, según precisó el gobierno porteño en un comunicado difundido pasadas las 9.

Además, se indicó que la mujer tuvo «contacto estrecho» con un hombre que regresó al país desde Estados Unidos el 15 de marzo, de 82 años, que permanece internado en el Sanatorio Agote.

El deceso eleva a tres la cantidad de víctimas fatales en la Ciudad y a siete en el país, informó Télam.

Así se dispuso mediante un decreto de necesidad y urgencia de inminente publicación en el Boletín Oficial en el marco de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. La medida tendrá un plazo de 180 días.

La decisión del Gobierno nacional de prohibir a las empresas de servicios disponer cortes de servicios «en casos de mora o falta de pago» a usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, como forma de mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, quedó oficializada hoy con su publicación en el Boletín Oficial.

Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia 311/2020, que abarca a los servicios de electricidad, gas por redes, agua corriente, telefonía fija y móvil, internet y TV por cable.

De acuerdo con lo establecido por la norma, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: y de los ministros del Gabinete, la vigencia de esta medida será de 180 días corridos.

«Las prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas», según el artículo 1.

Esta medida alcanza a las facturaciones con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020, y además «quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso».

«Si se tratare de servicios de telefonía fija o móvil, internet, y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación» y sólo quedarán exceptuados «aquellos cortes o suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de seguridad».

El artículo 2 del decreto aborda la situación de los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de energía eléctrica, a quienes -en caso de que no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo-, «las empresas prestadoras deberán brindar el servicio de manera normal y habitual durante el plazo de 180 días».

«Si los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet, no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, según lo establezca la reglamentación», agrega la norma.

Los alcances del decreto serán de aplicación respecto de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

También contempla a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Además están contemplados los usuarios que perciben seguro de desempleo; electrodependientes, beneficiarios de la Ley N°27.351, usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (26.844); y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

En cuanto a los usuarios no residenciales, la medida es de aplicación respecto de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES).

También las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

En todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios detallados por el decreto deberán otorgar a los usuarios, «planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores, o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios», según dispone el DNU publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial.

El decreto también aborda los precios máximos de referencia para la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en las garrafas, cilindros o granel con destino a consumo del mercado interno, los que «continuarán con los valores vigentes a la fecha de publicación de la medida, durante 180 días», señaló Télam.