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Se trata de la primera privatización de la era Macri, cuestionada por la UCR –en oportunidad de repudiar el intento de privatización de Transener-, que termina convirtiéndose en un escándalo que envuelve a amigos del Presidente.

La justicia federal abrió una investigación contra el presidente Mauricio Macri y contra los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.

Asimismo, este lunes se conocieron las empresas que preclasificaron en las licitaciones: Central Puerto -propiedad del cónsul honorario de Singapur y “amigo del alma” de Macri, Nicolás Caputo- fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López, mientras que por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto.

Se trata de la primera privatización de la era Macri, en su momento duramente cuestionada por la UCR –en oportunidad de repudiar el intento de privatización de Transener-, «que termina convirtiéndose en un escandaloso regalo a sus amigos de un activo estratégico del Estado», aseguró el denunciante diputado Rodolfo Tailhade.

La denuncia fue presentada en noviembre pasado por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.

Además de Macri, Aranguren e Iguacel, están siendo investigados el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.

Las privatizaciones fueron establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri.

La central Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares.

Para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares.

En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas. “¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntan los legisladores en la denuncia.

Los propios resultados operativos financieros publicados por ENARSA relativos a las dos usinas muestran que el Estado está enajenando dos centrales rentables a precio vil para que Caputo continúe haciendo millonarios negocios: el resultado EBITDA (sin deducir impuestos) de Barragán para 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares, y de 62 millones de dólares para Brigadier López.

Además, en el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades, como que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia del primo de Calcaterra, Mauricio Macri.

Dos de los imputados, Brusco y Piccinini, trabajaron durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri, y a fines de 2017 desembarcaron en Enarsa de la mano de Aranguren y Balboa, con lo cual estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de 1.600 millones de pesos a Calcaterra.

Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”.

La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita.

 

InfoNews

La formó junto a otros ex funcionarios tras irse del gobierno. “Puede haber uso y suministro de información privilegiada y confidencial”, denuncian.

Tras su paso por la gestión pública, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, volvió al ámbito privado pero las denuncias todavía lo persiguen. Ahora, la mira está puesta en la consultara que formó junto a los ex funcionarios que lo rodearon durante su gestión y piden investigar los contratos que firmó.

Aranguren formó la consultora Energy Consillium en septiembre del año pasado, tres meses después de que Macri le pidió la renuncia a la cartera energética. Está conformada además por tres de sus más cercanos colaboradores durante su paso por la gestión pública: Hugo Balboa, Juan Manuel Carassale y Marcos Pourteau.

Balboa fue presidente de Enarsa hasta la salida de Aranguren, con quien también había trabajado en Shell. Carassale fue primero coordinador de Asuntos Legales y luego jefe de Gabinete del Ministerio. En tanto, Pourteau fue Subsecretario de Hidrocarburos. Todos dejaron el gobierno junto a Aranguren y juntos pasaron a la órbita privada.

Días atrás, Aranguren dijo que la consultora busca generar las condiciones para mejorar la ecuación energética del país. “Lo hacemos atacando los mismos temas que atacábamos mientras estábamos en el ministerio de Energía y Minería. Los clientes son gobiernos provinciales, grandes empresas, algunos bancos que quieren darle una herramienta a sus clientes pymes para que -por ejemplo- puedan ahorrar energía o ser más eficientes en su uso”, contó.

Esos dichos encendieron el alerta del director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Federico Bernal, que pidió poner atención en los contratos de la consultora de Aranguren y compañía.

“La Justicia debería allanar sus oficinas e investigar qué contratos firmó y con qué empresas. Acá puede haber uso y suministro de información privilegiada y confidencial que los socios fundadores brindan a sus clientes y que traen de su paso por la gestión pública. Eso es delito y se pena con prisión”, afirmó Bernal.

“Habría que investigar cuándo comenzó a gestionar administrativamente la firma. Armaron el mejor equipo de los últimos cincuenta años para cualquier energética privada que quisiera contratar este tipo de servicios. Un ex ministro de Energía y ex presidente de Shell, el ex presidente de ENARSA y ejecutivo de Axion, un ex subsecretario de Hidrocarburos y un reconocido abogado de empresas energéticas”, completó el director del OETEC.

Durante su paso por la gestión pública Aranguren acumuló cerca de 50 denuncias penales, muchas por los presuntos conflictos de intereses en los que incurrió. En el sector hay quienes recuerdan que cuando asumió como ministro, dio un discurso en la Cámara del Petróleo empezó recitando a Miguel de Unamuno. Pero terminó marcado por las denuncias.

 

El Comodorense

La resistencia a la minería en Chubut tiene una razón ambiental, pero básicamente plantea una realidad costo-beneficio que está ausente en aquellos lugares donde la voracidad por hacer caja, excede inclusive a las previsiones lógicas de cualquier gobierno provincial que piense, no solo en ellos mismos, sino también en la sociedad y en qué dejarán para el futuro de sus hijos y nietos.

A partir de la decisión de los intendentes de la meseta central de Chubut de potenciar la minería mediante la activación del Proyecto Navidad, la convocatoria realizada para debatir el tema que ya tienen decidido llevar adelante a instancias del gobierno nacional, padece de un gran problema: no tienen licencia social. Sin embargo esto abrió una nueva caja de pandora en Chubut y se puso sobre la mesa el verdadero beneficio que le dejaría a la provincia, una hipotética autorización para que se practique la megaminería (minería a cielo abierto), prohibida por ley.

De acuerdo a un cálculo efectuado por el diario El Extremo Sur, de Comodoro Rivadavia, la ganancia que tendría Chubut sería de 13 millones dólares anuales, lo cual representa solo el 4% de lo percibido por Chubut en el año 2017 por regalías petroleras ( 313 millones de dólares), pero le reportaría a la nación una ganancia de 42 millones de dólares en el año.

Dichas cifras surgen del análisis de las perspectivas económicas presentadas por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, quien expresó los beneficio que tendría Chubut en caso de habilitarse la megaminería. Es decir, teniendo en cuenta esta prospección, el resultado para nuestra provincia alcanzaría para cubrir menos del 2% de déficit primario fiscal que tiene Chubut, cuyo desequilibrio el año pasado superó los 695 millones de dólares.

Aranguren fue taxativo al remarcar que la Nación obtendría un beneficio económico, de la explotación minera en Chubut a través de la empresa Pan American Silver de 55 millones de dólares y que para esta provincia quedaría poco menos de 13 millones de dólares al año, en concepto de regalías que actualmente son del 3%, correspondiéndole al gobierno nacional, además, el 35% ppor Impuesto a las Ganancias.

En cambio la empresa canadiense gozaría de algunos beneficios extras, como, por ejemplo no pagar el Impuesto a las Ganancias en los primeros tres años del emprendimiento para “compensar” a los capitales productivos por la inversión del montaje de la infraestructura de explotación y tampoco pagarían IG durante el último año de explotación. El tiempo estimado es de 17 años y Chubut no siempre cobraría igual las de por si magras regalías que al final de ese tiempo rondarían los 140 millones de dólares, mientras nación en el mismo período le llevaría algo así como 700 millones de dólares estadounidenses por el cobro del IG, de acuerdo a los datos aportados por Aranguren.

“Polvo, paja y trigo”

Separando los gastos, las inversiones, los costos, el tiempo de gracias que tendría al empresa Pan American Silver para empezar a pagar y el remanente líquido que les queda a nación y Provincia, es obvio que Chubut es un reservorio de oro y plata para la multinacional canadiense y para el gobierno de Mauricio Macri. Quien menos beneficio obtendría es Chubut.

El argumento periférico de que alrededor de la industria minera se mueve una economía alternativa vinculada, es tan relativo como la teoría de Albert Einstein. En general no menos del 80% de la mano de obra sería extraprovincial o extranjera, tal como sucede en Santa Cruz y los insumos mineros las empresas los adquieren de su propia cadena de servicios y compra.

Es decir, ninguno de estos argumentos (regalías y beneficios económicos para la región) seducen al electorado de Chubut. La resistencia social a la megaminería será aún mayor, luego de dar a conocer estos número mínimos, a la par del enorme pasivo ambiental que va a heredar Chubut, si acaso permite la llegada de la minería a la meseta central.

Solo basta ver a Santa Cruz sumida en la pobreza, siendo la provincia donde la minería es más intensiva y que, para rescatar algunos fondos más, los municipios reciben dádivas de las empresas, al igual que el gobierno provincial, a cambio de desistir de la actividad de remediación ambiental, trabajo que para una minera le lleva más de un año de trabajo e ingentes capitales que no están dispuestas a erogar.

Es por este ejemplo tan cercano (Cerro Vanguardia, por ejemplo en Santa Cruz) que Chubut rechaza de plano la megaminería. En cercanías de San Julián jamás serán rellenados los pits abiertos que desde el espacio exterior se ven como pequeñas manchas negras. Estos serán eternos, mientras las “ganancias” se han licuado. No se sabe bien a qué bolsillo fueron a parar porque ni las localidades cercanas como San Julián, abundan en prosperidad, luego de depender tantos años de Cerro Vanguardia, un yacimiento que transita su final y el cual jamás será remediado.

Por todo esto y sabiendo hoy de boca del propio ex Ministro Aranguren, lo que le espera a Chubut en caso de permitir el ingreso de la minería en suelo provincial, es que la toma de conciencia de la población hace posible que el gobierno nacional, ávido de recursos, como antes lo hizo el kirchnerismo, no pueda tener inserción en Chubut y lograr la destrucción ambiental solo con la promesa futuro que no existe, al menos para los chubutenses y solo le reportará beneficio a Pan American Silver y a Mauricio Macri

 

 

Agencia OPI Chubut