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Tras semanas de debate, este miércoles se aprobó en la Legislatura de Neuquén la Ley del “último adiós”, que garantiza el acompañamiento y la asistencia a las personas que transiten por alguna cuestión médica el tramo final de sus vidas, o bien hayan fallecido por alguna enfermedad terminal durante la pandemia por coronavirus.

Varios reclamos habían surgido en el último tiempo por parte de familiares que no eran habilitados a despedirse de sus seres queridos. El caso más emblemático fue el de Solange Musse, una joven neuquina fallecida en agosto pasado por un cáncer de útero en Córdoba. Su padre, Pablo, quien viajó desde Centenario para despedirse, se encontró con un control policial al intentar ingresar a la provincia mediterránea que no le permitió llegar a destino. El hecho tuvo repercusión nacional al fallecer la mujer y no poder despedirse de su padre.

Según informó LMNeuquén, aquel acontecimiento provocó que los legisladores neuquinos contemplaran el ingreso a la provincia y a los municipios de familiares y seres queridos que provengan de otras jurisdicciones, ya sea para asistir a la persona que está transitando sus últimos días de vida o para asistir a una ceremonia fúnebre.

Ahora, en coordinación con el Ministerio de Salud, se establecerán protocolos correspondientes al “acompañamiento afectivo” de las personas ingresadas al sistema de salud afectadas tanto por COVID-19 como por cualquier otra enfermedad terminal, en los que la valoración clínica haga prever que los pacientes se encuentran en el final de sus vidas.

Regirá tanto para el sistema público como para el privado y contempla la elaboración de “requisitos protocolares mínimos de bioseguridad” tanto para el paciente como para la persona acompañante.

La intención de la ley del último adiós es que, bajo las restricciones necesarias para garantizar el distanciamiento social en medio de la pandemia, las personas tengan un acompañamiento en el último tramo de sus vidas. Además, responde a un derecho universal de tener compañía y un tratamiento lo más humano posible.

A mediados del mes de julio, el gobierno provincial declaró la emergencia turística en Chubut, donde prevé la creación de un Comité de Asistencia para el sector turístico. La Emergencia contempla a todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre. En este contexto, los diputados aprobarán una ley que acompañará este decreto.

Este jueves por la mañana, se espera en la Legislatura, la presencia del ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, para lo que será el tratamiento del proyecto de ley que declarará la emergencia turística en la provincia.

La diputada del Partido Justicialista, Belén Baskovc, confirmó a ADNSUR, que “vamos a tratar la ley de emergencia turística, ya hay un proyecto consensuado con el ejecutivo, donde hay representatividad de todos los bloques y de la cámara de turismo”.

Además, explicó que se han establecido algunas mediadas de condonación, eximición de impuestos provinciales “estamos invitando a todos los municipios a que repliquen las medidas y que atiendan a este sector, que ha sido golpeado desde el primer momento de aislamiento con la paralización de sus actividades”, dijo.

Por último, la diputada aclaró que esta ley ampliará los alcances del decreto provincial: “Hemos decidido propiciar el tratamiento de proyecto de ley para que salga hoy (jueves)”, manifestó.

La Cámara de Diputados dio este viernes media sanción al proyecto de ampliación de la moratoria impositiva previsional y aduanera que permitirá a los autómomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio.

Recibió, en general, 137 votos positivos, 3 negativos y 113 abstenciones y será girado a la Cámara de Senadores.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del Frente de Todos, el Interbloque Federal para Unidad para el Desarrollo, Interbloque Federal y el Movimiento Popular Neuquino, mientras los diputados de Juntos por el Cambio se abstuvieron.

Además, el proyecto del Poder Ejecutivo establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria, dispone que el primer pago vencerá en diciembre, en lugar del 16 de noviembre como establecía el proyecto original y fija que las deudas previsionales se podrán pagar en 48 y 60 cuotas.

El proyecto amplía la moratoria aprobada en diciembre pasado, en el marco de la emergencia económica, con el fin de normalizar deudas por más de 500.000 millones de pesos contraídas en el marco de la pandemia.

Durante el debate de los diputados, el oficialismo defendió el proyecto como un “alivio” para los contribuyentes y una “herramienta para todos los argentinos” en medio de la pandemia, mientras que la oposición, además de criticar ese artículo, coincidió en que la medida es un “auxilio a los contribuyentes” y destacó la incorporación de varias de sus sugerencias, como el “premio a los que cumplieron”.

Entre los principales detalles del proyecto, se establece que las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas; la tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará la Tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados.

En tanto, se eliminó el artículo 14 del dictamen oficial que habilitaba al Poder Ejecutivo a prorrogar la moratoria.

Las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

Se establece un premio a los cumplidores y en el caso del monotributo una condonación del componente impositivo de 6 cuotas para las categorías A y B.

En caso de las categorías C y D será de 5 cuotas mensuales y consecutivas. Mientras que en las Categorías E y F será de 4 cuotas mensuales, en las Categorías G y será de 3 cuotas mensuales, y en las I, J, K será 2 cuotas mensuales. En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los 17.500 pesos.

En otro orden, habrá un descuento del 15 por ciento para quienes paguen al contado y las personas inscriptas podrán aumentar un 50 por ciento la deducción especial.

En tanto, se eliminaron las restricciones que tenían los bancos y telefónicas para acceder al plan de moratoria ampliada.

Por su parte, las Minipymes telefónicas podrán sumarse a la moratoria, a diferencias de las grandes empresas del rubro. La caducidad de la moratoria será por falta de pago de 3 cuotas para grandes empresas y de 6 cuotas para MiPyMES.

Asimismo, se invitó a las Obras Sociales, ART, Provincias y Municipios a sancionar regímenes similares y se eliminó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda disponer una prórroga de esta moratoria.

Las organizaciones comunitarias fueron incluidas como beneficiarias de la moratoria.

El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras.

El punto en discusión con la oposición estuvo planteado en el Artículo 11, un aspecto que el bloque oficialista no quiso modificar. Este artículo permite que las empresas quebradas sin continuidad laboral tendrían la posibilidad de acceder al régimen de regularización a efectos de la conclusión del proceso falencial, en la medida que logren su efectiva conclusión por avenimiento dentro de los 90 días de la adhesión a la moratoria.

Al exponer como miembro de la mayoría en el debate sobre el proyecto de moratoria ampliada, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller dijo que “no es un traje a medida sino un traje a medida de todos los que necesitan salir adelante, ante la grave disminución de la actividad productiva que existía a fines de año pasado y que se agravó con la pandemia”.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó esta tarde por unanimidad el proyecto que declara la emergencia para los procesos de concursos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021, como una medida complementaria a la moratoria impositiva, que se aprobará en el transcurso de la jornada. La iniciativa, que fue girada al Senado, se aprobó con 250 votos a favor y dos abstenciones -correspondientes al Frente de Izquierda- tras un breve debate en el que el oficialismo y la oposición destacaron el acuerdo alcanzado.

El Senado convirtió en ley, sin el apoyo de la oposición, la normativa que regula el teletrabajo, en momentos en que la modalidad está en expansión como consecuencia del aislamiento social y obligatorio que rige en el país por la pandemia de coronavirus.

La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del oficialista Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones, y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del oficialismo.

La bancada de Juntos por el Cambio firmó un dictamen en minoría en desacuerdo con aspectos de la ley que, a su criterio, tornaban «más rígida» la regulación y «desalentaban» a los empleadores a promover puestos de trabajo de esta naturaleza.

En representación del oficialismo, Mariano Recalde defendió el proyecto al señalar que «no surge a las apuradas», destacó que tuvo «amplio consenso en la Cámara de Diputados» y afirmó que la ley «garantiza derechos que ya existen, que de no ser respetados harían retroceder al país 100 años».

«Es muy sano que la ley prohíba al empleador, por ejemplo, efectuar llamados fuera del horario laboral», sostuvo, y remarcó que la cuestión de la reversibilidad del formato de teletrabajo -uno de los puntos cuestionados por la oposición- alcanza con un preaviso de 15
días.

El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, declaró que «hay una mirada sesgada (del oficialismo) con esta idea de no aceptar cambios» y señaló «falta de sentido común», ya que la ley «pone un freno a las fuentes de trabajo» y demuestra «una enorme torpeza desde lo político».

Naidenoff cuestionó el punto de la reversibilidad al señalar que «para contratar trabajadores del interior, por ejemplo, se pueden considerar despedidos si el empleador no alquila un local para oficina» y cuestionó que el Frente de Todos «busque arremeter y avanzar», pese a que el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no se opuso a ello.

La ley aprobada con los votos del Frente de Todos busca establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que lo permitan por su naturaleza y características, y aclara que los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas.

El Senado aprobó esta tarde por unanimidad la ley de educación a distancia en una nueva sesión virtual en la que la oposición votó a favor de la norma, pero se desconectó luego de la videoconferencia tras objetar la inclusión de temas no vinculados a la pandemia de coronavirus.

Después de sancionar la nueva ley que regula la enseñanza a distancia en situaciones de crisis, los senadores del Frente de Todos comenzaron a tratar, pasadas las 18.40, la ley de alquileres, que busca mejores condiciones para los inquilinos en los contratos de locación.

En el final de la sesión, tienen previsto aprobar la suspensión por 180 días de la constitución e inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

La cuarta sesión por videoconferencia que se realiza desde que comenzó el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus fue abierta a las 14.37 por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presente en el recinto junto a cuatro senadores, autoridades de cámara.

El debate estuvo marcado por los planteos de la oposición que pidió retirar del temario los proyectos que no estén vinculados a la emergencia sanitaria, algo a lo que el bloque del Frente de Todos se opuso al señalar que «todos los temas están atravesados» por la emergencia sanitaria.

Los senadores de Cambiemos se desconectaron en conjunto de la videoconferencia por lo que el oficialismo sancionará las leyes de alquileres y de SAS sin los votos de esos legisladores.

La primera normativa sancionada hoy busca regular la modalidad de enseñanza a distancia implementada desde el comienzo del aislamiento dispuesto el 20 de marzo pasado.

En representación del Frente de Todos, la senadora del Frente de Todos por San Juan Cristina López Valverde explicó que lo que se busca con esta iniciativa es «darle un marco legal a las decisiones que se ha visto en la obligación de tomar el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de la pandemia».

«Con esta ley se refuerza el derecho a la educación individual y social», sostuvo la legisladora del oficialismo y remarcó la característica de «excepcionalidad» que tiene esta modalidad de enseñanza al señalar que «la educación presencial es irreemplazable».

Por Cambiemos, Silvia Giacoppo (Jujuy) expresó que la propuesta «es necesaria» porque «garantiza continuidad al derecho a la educación», y señaló que «se debe garantizar el efectivo cumplimiento para los más vulnerables para que esto no sea solo un canto de sirena».

La nueva normativa de educación a distancia establece como «una excepcionalidad» a la modalidad de enseñanza en situaciones de emergencia.

Deberá contar con una declaración previa del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.

En el marco de esta excepcionalidad, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente.

Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.