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Por sospecha de sobreprecios, el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, se llevó del Ministerio de Salud documentación vinculada con la contratación directa de la empresa Conexia, en mayo de 2017.

Esta firma debía informatizar varios trámites de la salud pública provincial, como el sistema de turnos, la digitalización de historias clínicas, el control del stock de medicamentos, entre otros. No hubo licitación ni otras competidoras. El procedimiento del investigador se concretó antes de las medidas de restricción por el coronavirus.

“Hay muchos puntos en el contrato que la empresa se comprometió a llevar adelante”, explicó Rodríguez. “Son herramientas que daban la posibilidad al Ministerio de manejar información a nivel unificado, como estadísticas o detalle de enfermedades”.

Al contrato con la firma de Buenos Aires lo denunció el pediatra y exdiputado Fernando Urbano ante la Oficina Anticorrupción. “Estamos verificando y comprobando si estamos en presencia de un delito; es el primer paso de la investigación preliminar”. Las hipótesis van desde una negociación incompatible con la función pública hasta una defraudación al Estado.

Por el contrato, la Provincia debe pagar $ 111 millones en 60 cuotas actualizables. “En su momento hubo dictamen de Asesoría Legal que decía que en función del monto, la regla es que debió ser una licitación pública, pero la ley de contrataciones específica de salud pública establece la conveniencia de contratar de manera directa”. Lo que se investiga es si realmente el contrato directo con Conexia era conveniente “o si hubo algo más, como un direccionamiento en favor de la empresa”.

La firma tenía antecedentes de trabajo con el Instituto de Seguridad Social y Seguros. “Pero no tenía antecedentes en Salud, es la primera vez que interviene ahí y somos una suerte de conejillos de Indias, están haciendo sus primeros pasos porque no tenían experiencia”.

La última cuota que se pagó fue en enero, por cerca de $ 2.500.000 de meses atrasados, porque el contrato no está al día. El total del vínculo equivale a 7 millones de dólares.

“Tenemos que ver el origen de la contratación –dijo el fiscal- para verificar si hubo algún interés más allá del bien común y de administrar bienes ajenos en beneficio de todos. Lo cierto es que no hubo concurso de precios para comparar; si no se comparó, ¿cómo sabemos si conviene económicamente?, ¿por qué no se llamó a otros y se contrató directamente a ellos? Eso tenemos que desandar”.

Según Rodríguez, “debemos ver si la conveniencia está explicada de manera acabada o, por ejemplo, está dibujada”. Además de llevarse documentación de Rawson, el fiscal charló con una de las subsecretarías de Salud que intervino en el contrato, informó Diario Jornada.

Más organismos del Estado comienzan con medidas de fuerza. Esta mañana, la referente del gremio APOC, Graciela Gomez, manifestó la «inequidad» que existe entre los empleados de la administración pública ante el deposito de los sueldos del Poder Legislativo.

El paro fue convocado por 72 horas, hasta el día viernes 4 de marzo. El reclamo se centra en la exigencia del pago de los haberes del mes de enero.

Ahora son más las áreas del Estado que se pliegan con medidas de fuerza: Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Contaduría General y Oficina Anticorrupción.

Graciela Gómez, secretaria general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC Seccional Chubut) manifestó su enojo ante lo sucedido ayer, cuando el Gobierno depositó sueldos al Poder Legislativo para que se pueda dar inicio a la Apertura de Sesiones Legislativas.

Ante esta situación, «se muestra la inequidad al resto de los empleados de la Administración Pública Provincial, ejerciendo una clara vulneración de sus derechos», expresa el comunicado solicitado emitido por el gremio, informó El Chubut.

La iniciativa surgió de la última reunión del Consejo Federal de Procuradores realizada en la Casa de San Juan en CABA. El Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, propuso y fue designado a cargo de la coordinación de la Comisión de delitos vinculados a la corrupción.

La Red Nacional de Fiscales Anticorrupción se crea a efectos de propiciar la colaboración e intercambio de sus representantes en cada provincia argentina, para trabajar, investigar, capacitar y analizar cuantos tópicos se presenten en pro de la persecución y condena de la corrupción. Colaboran con Miquelarena, los Dres. Jorge Camilo Baclini, Fiscal General (Santa Fe), Jorge Canteros, Procurador General (Chaco) y Jorge Amilcar Luciano García, Procurador General (Entre Ríos).

Objetivos de la Red

-Propiciar el intercambio de experiencias entre todos los miembros del grupo que se abocan a esta urgente temática.

-Plantear ante el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores, necesidades y propuestas de capacitación que surjan del seno de la red.

-Celebrar Convenios interjurisdiccionales que serán suscriptos por el CPFyD, para que cada vez que se requiera tramitar alguna cuestión en extraña jurisdicción, el referente local pueda atenderla con celeridad, anulando las demoras que estas gestiones acarrean en general.

-Redactar Protocolos de actuación, no sólo para los Ministerios Públicos y los Fiscales Anticorrupción, sino también para la Administración Pública, a modo de llamados de alerta en cuanto a cómo deben funcionar los Organismos que tienen a cargo la confección de expedientes que si no están correctamente diligenciados, acaban en causas de corrupción.

-Actuar en defensa de los propios integrantes del grupo, que dedicados a estas neurálgicas investigaciones reciban, en virtud de ello, eventuales ataques políticos.

-Promover el recupero de los activos provenientes de la corrupción y de las propias costas y costos del proceso.

Estos temas son solo los que se plantea inicialmente la Red para su análisis e irán ampliándose en la medida en que avance el trabajo conjunto. Próximamente el Procurador de Chubut convocará a una primera reunión de trabajo en torno a estos ejes.

El concejal recibió al fiscal adjunto, Mario Romeo, con quien abordó el tema. El municipio no se sumó a los controles pese a que desde 2010 está vigente la ordenanza que adhiere a la Ley Provincial que crea y regula el organismo.

El edil trabaja en una serie de medidas para mejorar la transparencia municipal.

El concejal de Trelew Rubén Cáceres (UCR) recibió en su despacho al fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción del Chubut, Mario Romeo, con quien habló de la necesidad de que la Municipalidad adhiera al contralor del organismo previsto por ordenanza desde el año 2010. En este marco, Cáceres ratificó que a partir del período ordinario que comienza en marzo impulsará proyectos para mejorar la transparencia en las cuentas y los actos públicos.

“En línea con nuestra idea de instrumentar en Trelew una serie de medidas para mejorar el control de las cuentas públicas y la transparencia en la gestión de los recursos que aportan los vecinos, mantuve una reunión informativa con el fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción, Mario Romeo”, comentó el edil.

En este contexto indicó: “Además de interiorizarme sobre la actualidad y funcionamiento del organismo provincial, analizamos las razones por las cuales Trelew aún no se encuentra bajo la órbita de contralor de la Fiscalía, a pesar de que existe una ordenanza del año 2010 que adhiere a la Ley Provincial que crea y regula la Fiscalía”.

Cáceres consideró “de suma importancia la inclusión de Trelew en el sistema de control a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, tanto en lo que respecta al Ejecutivo, como también el Concejo Deliberante y todo otro organismo dependiente de la Municipalidad”.

Recrear la confianza

“Es necesario -manifestó- recrear la confianza de la ciudadanía en la clase política y sus dirigentes en general, como condición necesaria para la generación de un proyecto comunitario, en conjunto entre todos los sectores, que apunte al desarrollo y a superar el estancamiento en que nos encontramos desde hace años”.

En este sentido anticipó que “esta y otras medidas, como la modificación de las normas que regulan las atribuciones del Tribunal de Cuentas, la publicidad de los actos de Gobierno y legislativos, serán abordadas a partir del periodo ordinario que se inicia en marzo”.

Como concepto central dijo que el objetivo de esta serie de iniciativas se basa en que “es importante que el ciudadano de Trelew tenga acceso fácil y permanente a los actos de Gobierno, información sobre los gastos e ingresos municipales, entre muchos otros datos que deben estar disponibles en forma permanente”.

“En definitiva, apuntamos a un vínculo más estrecho, participativo y transparente entre los responsables de administrar y la comunidad”, concluyó, indicó El Chubut.

A través del Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la titularidad de Félix Crous en la Oficina Anticorrupción (OA) bajo el decreto 44/2020 firmado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

El fiscal, uno de los referentes de Justicia Legítima y extitular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), fue designado por Alberto Fernández en diciembre pasado, quien le había encargado que el organismo tenga «una mirada inquisitiva».

«Alberto fue muy enfático que su idea no es que la OA persiga opositores. Que él no llegó a la presidencia para eso», dijo cuando se conoció la noticia.

Además, subrayó que el Presidente le dio rango de ministro pero con independencia: «Será un órgano del Poder Ejecutivo dentro del Ministerio de Justicia».

La nueva función de Crous será elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector público, como lo establece la ley 25.233. Durante los últimos años, la OA logró enviar a juicio oral a un total de 299 exfuncionarios y empresarios procesados en causas por delitos contra el Estado, señaló La Nación.