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Los funcionarios habían sido designados por la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar los hechos de violencia y la presunta violación de derechos humanos.

El gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aparte a dos expertos argentinos del grupo que emitirá un nuevo informe sobre la crisis política y social de octubre y noviembre de 2019.

Se trata de Patricia Tappatá Valdez, directora del centro Internacional para la promoción de los DDHH-Unesco, y Juan Méndez, ex relator de la ONU sobre torturas, ambos integrantes ahora del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Los funcionarios habían sido designados por la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar los hechos de violencia y la presunta violación de derechos humanos durante los sucesos ocurridos en Bolivia desde la rebelión militar que culminó con la renuncia del ex presidente Evo Morales en noviembre pasado.

«Pedimos que se aparte a la señora Tappatá y al señor Méndez para que los bolivianos tengamos la tranquilidad y también el concierto internacional tenga la tranquilidad de que se va a hacer un informe apegado a la realidad», explicó el ministro de Justicia Álvaro Coimbra, durante una conferencia de prensa

«Además nosotros como Gobierno estamos aportando nuestro informe de Derechos Humanos que ya ha sido presentado y está siendo actualizando por la muerte de personas posteriores al informe», agregó Coimbra.

Será la segunda misión de la CIDH que visitará Bolivia por gestiones del gobierno de Áñez ante el rechazo al primer informe de una primera misión que calificó de masacre los hechos de violencia y muerte de Sacaba y Senkata, tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre.

En Sacaba murieron 10 personas por herida de bala, cuando intentaban junto a otros pasar un cerco policial-militar que les impedía ingresar a la ciudad de Cochabamba en defensa de Morales.

Un operativo policial-militar en Senkata dispersó un bloqueo en la planta de hidrocarburos y acabó con la muerte de nueve personas por herida de bala.

Según Coimbra, Tappatá y Méndez «desconocieron la lucha social del pueblo boliviano para recuperar la democracia» y «calificaron los sucesos ocurridos en octubre y noviembre de la gestión pasada como golpe de Estado», lo que demuestra -sostuvo- falta de imparcialidad y «peligrosa tendencia política de ambos integrantes».

«No vamos a permitir que eso se politice, nosotros no estamos pidiendo que venga gente o expertos que tengan una posición a favor del gobierno, lo que estamos pidiendo es que nos den la certeza de que vamos a tener un informe lo más apegado a la ley y lo más objetivo para demostrarle a la ciudadanía qué fue lo que pasó», remarcó.

Recordó que en su momento el ex presidente Morales pidió la renuncia del mexicano Arturo Espinoza de la comisión auditora de las elecciones anuladas del 20 de octubre.

Ese funcionario fue apartado de la auditoría de la OEA por haber escrito un artículo sobre la «perpetuidad de Evo Morales».

El 24 de enero la CIDH presentó a los miembros del GIEI que investigará los hechos de violencia y la presunta violación de derechos humanos en Bolivia.

Méndez, Tappatá, el británico Julián Burger y el brasileño Marlon Weichert fueron los elegidos para visitar el país andino.

El 2 de diciembre, el Gobierno suscribió un convenio con la CIDH para que este organismo realice una nueva visita «in loco» al país, con el fin de realizar una investigación más amplia de los hechos de violencia, señaló Télam.

La decisión de cambiar el gabinete se tomó luego de que ayer presentara su renuncia la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, por discrepancias con la candidatura de Áñez.

La tormenta que generó en el nuevo oficialismo de Bolivia la candidatura presidencial de la mandataria interina, Jeanine Áñez, derivó hoy en la decisión de renovar el gabinete ministerial, que será anunciado mañana, en coincidencia con el arribo al país del candidato a presidente del MAS, Luis Arce, para ponerse al frente de la campaña.

La decisión de cambiar el gabinete se tomó luego de que ayer presentara su renuncia la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, por discrepancias con la candidatura de Áñez, a quien acusó de colocar al gobierno «al servicio de un grupo de políticos y de un proyecto prorroguista» semejante al del ex mandatario Evo Morales.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, indicó que mañana será presentado el nuevo gabinete ministerial y explicó que Áñez pidió la renuncia de los ministros para «evitar» mezclar los intereses proselitistas con trabajos de la gestión pública.

“La presidenta nos ha pedido la renuncia a todos los ministros y seguramente ella nos dará la confianza a quienes considera que van a entrar en esta nueva etapa de lo que es llevar adelante la gestión, pero también de llevar la campaña política” para las elecciones del 3 de mayo, sostuvo Núñez en conferencia de prensa.

Por otro lado, el jefe de la cartera de la Presidencia comunicó que la mandataria no hará uso del aparato estatal ni el avión presidencial durante la fase de campaña electoral.

El funcionario se comprometió además a realizar una cumbre con todos los candidatos para «dejar en claro» el uso de los medios estatales, con la finalidad de que todos los contrincantes «compitan en las mismas condiciones».

El viernes pasado, Áñez anunció su candidatura pocas horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerrase el plazo de la inscripción de alianzas tras aseverar en numerosas ocasiones que no iba a presentarse, lo que causó sorpresa y repudio generalizado entre sus aliados.

Áñez acudirá a las elecciones con el bloque Juntos que integran su partido, el Movimiento Demócrata y Social (MDS) y SOL.bo del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

La determinación de Áñez fue calificada por rivales como los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge «Tuto» Quiroga como «una decisión equivocada», lo mismo que el ex líder cívico derechista Luis Fernando Camacho, figura clave en el proceso que en noviembre forzó la renuncia de Morales.

Falta que confirmen su participación partidos como el Movimiento Tercer Sistema (MTS) del gobernador de La Paz, Félix Patzi, y Unidad Nacional (UN), del empresario Samuel Doria Medina, además de alguna otra organización que también participó en las frustradas elecciones del año pasado.

En Buenos Aires, en tanto, Luis Arce, fortalecido por el respaldo de las organizaciones indígenas y campesinas que en principio se negaban a aceptarlo, anunció que mañana regresará a Bolivia para ponerse al frente de la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), pese a que, según él, «no hay garantías» de un proceso electoral libre.

«Mañana voy a estar en Bolivia, por eso estamos ultimando algunos detalles», declaró Arce en una conferencia de prensa que brindó junto a Morales en Buenos Aires.

Quien fuera ministro de Economía en los años de mayor crecimiento durante el gobierno de Morales advirtió sin embargo que la candidatura de Áñez «genera enormes dudas sobre la transparencia del proceso electoral» y solicitó la colaboración de la comunidad internacional.

«Hoy no existen condiciones para hacer una campaña, tenemos compañeros del MAS perseguidos, amedrentados, chantajeados; no hay libertad de expresión, la prensa está censurada», sostuvo el candidato presidencial.

En este contexto, tanto Morales como Arce solicitaron ayuda internacional para verificar la correcta realización del proceso electoral.

«Vamos a pedir que organismos internacionales, países como España, países que nos garanticen imparcialidad puedan acudir no sólo al momento de sufragar el voto, sino durante todo el proceso, desde la inscripción de la candidatura, a ver si vamos a poder hacer la campaña», puntualizó Arce.

El candidato del MAS, que partió de Bolivia en noviembre del año pasado, es objeto de una investigación judicial en su país por supuesta corrupción durante su gestión como ministro, que involucra a otros ex funcionarios.

El lunes de la semana pasada, a horas de la nominación de Arce como candidato presidencial, la fiscal Heidi Gil anunció la ampliación de la investigación contra funcionarios del gobierno del MAS, comunicó Telam.

 

Al filo del cierre de la inscripción de alianzas para las elecciones del 3 de mayo, la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que será candidata a la presidencia, una decisión que sacudió el tablero político y generó críticas de sus adversarios.

Con el anuncio, la presidenta conservadora de 52 años, quien asumió el poder el pasado 12 de noviembre tras la dimisión de Evo Morales en medio de una convulsión social tras irregularidades en los comicios de octubre, terminó con los rumores sobre su postulación que esta semana habían causado controversias. Al asumir de manera interina ella había descartado mantenerse al frente del Ejecutivo.

«He tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales», afirmó Áñez en un discurso público.

«No estaba en mis planes participar en las elecciones», aseguró quien fuera la segunda vicepresidenta del Senado antes de asumir al frente del gobierno debido a la renuncia de los funcionarios del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales) que la precedían en la línea de sucesión.

Críticas

Antes del anuncio, e incluso de la bendición de Morales al economista Luis Arce como su candidato, una encuesta del diario Página Siete de principios de enero ubicó al MAS al frente de la intención de voto con el 20,7%, y a Áñez, con un 15,6%. El aspirante y expresidente centrista Carlos Mesa, principal opositor en octubre, quedaba tercero con un 13,8%.

Desde su toma de poder, y en medio de denuncias de consumar un golpe de Estado por parte de Morales y sus seguidores, Áñez había repetido varias veces que su meta era cumplir con lo previsto en la Constitución y convocar a elecciones generales transparentes. Luego, había dicho, dejaría el poder.

Pero su gobierno marcó inmediatamente una fuerte ruptura con el de Morales, que había estado en el poder desde 2006. «Dios ha permitido que la Biblia vuelva al Palacio», celebró al asumir la presidencia interina. Y en su corta gestión dio un giro en política exterior, alejándose de los gobiernos de izquierda de la región aliados de Morales, y reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Con su candidatura, Áñez cosechó críticas de varios sectores. «No son cabales en sus palabras y el pueblo está recibiendo una decepción de ellos», dijo el vocero nacional del MAS, Gualberto Quispe.

En tanto, el líder civil regional y candidato presidencial Luis Fernando Camacho había señalado antes de que la mandataria interina oficializara su candidatura que «no sería ético» que se presentara, pese a tener derecho a hacerlo.

El acaudalado empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina dijo que «lastimosamente [Áñez] va a hacer todo lo que le hemos criticado a Evo Morales», en alusión al uso del aparato estatal para su campaña.

Alianza

La mandataria explicó que basó la decisión de postularse en la falta de unidad por parte de las agrupaciones opositoras al MAS. «La dispersión de voto y de candidaturas me ha llevado a tomar esta decisión; respetamos decisión a quienes no se unieron», dijo.

La mandataria interina hizo su anuncio tras un acuerdo de su partido «Demócratas» con la agrupación centrista «Solbo», del alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien en los comicios de octubre había apoyado al candidato y expresidente Carlos Mesa.

«Estamos en otro momento histórico», dijo el alcalde, justificando su alejamiento de Mesa, quien pierde un importante aliado político en La Paz, donde Morales tuvo un fuerte respaldo en las últimas elecciones del 20 de octubre. Su nombre suena como candidato a la vicepresidencia.

Mientras ayer se anotaron cinco alianzas electorales, los partidos tienen ahora plazo hasta el próximo 2 de febrero para inscribir candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral. Los comicios serán el 3 de mayo y una eventual segunda vuelta está prevista para el 14 de junio.

El derrocado ex presidente de Bolivia señaló que el actual Ejecutivo busca «entregar las empresas estratégicas a las transnacionales» y «preparar el retorno del FMI».

El derrocado ex presidente de Bolivia Evo Morales cuestionó hoy al Ejecutivo interino boliviano de la presidenta Jeanine Áñez desde la Argentina, adonde arribó ayer tras su estancia en México y recibió asilo político a la espera de ser declarado refugiado.

«El gobierno de facto de Añez, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa pretende volver al pasado. Hablan de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales. Están preparando el retorno del FMI (Fondo Monetario Internacional)», aseveró Morales a través de la red social Twitter.

El líder indígena recordó que «el pueblo boliviano, junto al proceso de cambio, luchó por recuperar» los recursos naturales de su país, rico en hidrocarburos y litio.

Morales difundió este mensaje desde Argentina, donde llegó ayer y pidió ser acogido como refugiado.

El gobierno del presidente Alberto Fernández, quien asumió la presidencia el martes pasado, dijo que aceptará la solicitud de Morales al considerarlo un «perseguido», pero con la condición de que no haga declaraciones políticas desde el país.

El canciller argentino, Felipe Solá, dijo ayer que Morales será «libre de moverse» durante su estancia en Argentina y defendió la situación de refugio al considerar que el gobierno «de facto» de Añez -al que Fernández no reconoce-, «no le da las condiciones necesarias» para su vuelta a su tierra.

Pero Solá advirtió que el Ejecutivo argentino no quiere que Morales ni el resto del equipo que lo acompaña «usen» al país para hacer política y hagan «declaraciones públicas» de campaña.

«Se podrán ver con quien quieran, pero no podrán públicamente opinar ni generarle algún problema a Argentina en este sentido. Es un compromiso político, no lo dice la ley», aclaró.

Morales, que fue nombrado por su partido Movimiento al Socialismo jefe de campaña para las nuevas elecciones fijadas en 2020, abandonó su país el pasado 11 de noviembre después de que las Fuerzas Armadas lo forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México al día siguiente, informó Télam.

La proclamada presidenta provisional propone designar vocales electorales en 15 días.

La proclamada presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Añez, anunció este miércoles que entregó un proyecto de ley para convocar a elecciones lo antes posible.

«Primero vamos a estar lo más apegado a la Constitución. Hemos elaborado un proyecto base de ley. Probablemente pueda ser corregido, consensuado, enriquecido por todos los sectores que están involucrados en la lógica de pacificar el país y de elegir a nuestros gobernantes», dijo Áñez.

Además, según detalló la prensa local, la idea de Áñez es designar vocales electorales en un plazo de 15 días.

«Lo vamos a hacer en conjunto con organismos internacionales y con todos aquellos que quieran enriquecer ese proyecto base que nos va a ser útil para todos los bolivianos», agregó Añez.

Ratificó que en caso de no encontrar consensos dentro del órgano Legislativo, el gobierno interino no descarta la posibilidad de convocar a los comicios nacionales mediante un decreto.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, dijo que ello sería una acción inconstitucional.

«Nosotros no podemos permitir que se realice una elección por decreto cuando la Asamblea Legislativa está funcionando con legalidad y legitimidad», manifestó.

La Cámara de Senadores remitió este miércoles a la Comisión de Constitución un proyecto de «ley excepcional y transitoria para la realización de elecciones nacionales y subnacionales».

La senadora Copa dijo que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, dimisionario presidente de Bolivia, busca concretar una mesa de diálogo para encaminar las elecciones generales en el país, informó Clarín.

Un portavoz del Departamento de Estado para Latinoamérica expresó que «aplaudimos a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez» y la instó a «restablecer el orden» en ese país.

El gobierno de Estados Unidos opinó que la proclamación de la senadora Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia cumple con la Constitución y la instó a «restablecer el orden» en la convulsionada nación sudamericana.

«Aplaudimos a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por asumir este papel crucial en un momento de gran responsabilidad», expresó anoche un portavoz del Departamento de Estado para Latinoamérica.

«Creemos que su actuación cumple con la Constitución de Bolivia y que es importante restablecer el orden y mantener el legítimo liderazgo civil», agregó.

Washington, aseguró este funcionario a la agencia de noticias EFE, trabajará con sus aliados internacionales «para asegurar que la democracia y el orden constitucional perduran en Bolivia».

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció a Áñez como mandataria tras proclamase presidenta el martes en sustitución de Evo Morales, que renunció el domingo forzado por los militares y tras un amotinamiento de la policía.