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La directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, habló tras la reunión entre Cristina Castro, madre de Facundo, desaparecido hace más de 100 días, y el presidente Alberto Fernández, y señaló la “buena predisposición” de presidencia para acompañar a la familia.

García Rey dijo que las sospechas siguen apuntando a la Policía Bonaerense, dirigidas por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y mencionó que ven algunas señales “de encubrimientos” por parte del Ministerio de Seguridad provincial.

Por otro lado, se refirió al avance de la causa judicial y remarcó la necesidad de “escuchar los reclamos de la familia y garantizar independencia, imparcialidad y transparencia” en el proceso. En este sentido, criticó al fiscal de la causa, Santiago Martínez, y señaló la actitud “indiferente” del fiscal ante los reclamos de la madre de Facundo. “Hay ciertas cuestiones en el marco de la causa que hablan de la necesidad de poner la independencia y la Justicia por encima de cualquier otra cosa”, sostuvo.

La semana pasada, la Justicia de Bahía Blanca rechazó por segunda vez un planteo presentado por los abogados de Cristina Castro para apartar al fiscal Martínez. La jueza federal de Bahía Blanca, Martía Gabriela Marrón, consideró “improcedente” el planteo de recusación

En el cierre, García Rey pidió repensar el rol de las fuerzas de seguridad y el vínculo que tienen con los jóvenes.

Fuente: Radio Nacional

En medio de la creciente propagación del coronavirus en Venezuela, Amnistía Internacional (AI) emitió una grave denuncia contra Nicolás Maduro, a la que acusó de “reprimir y no proteger a los trabajadores sanitarios” que a diario deben hacer frente al Covid-19. Asimismo, el organismo que vela por los derechos humanos advirtió que las autoridades chavistas “están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales”.

“Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de Covid-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable”, apuntó Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

“Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a las y los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias”, agregó.

La organización Médicos Unidos de Venezuela reportó que 71 trabajadores sanitarios murieron entre el 1 de julio y el 16 de agosto. De esas muertes, 37 se produjeron en la primera quincena de agosto. Este balance representa casi el 30% del total de muertes por coronavirus en el país que reporta el régimen de Maduro, que son 288 -hasta el martes 18 de agosto, día que se emitió el comunicado de Amnistía Internacional-.

Sin embargo, las autoridades no están desglosando las muertes por sector, por lo que la gente no conoce en detalle la cantidad de trabajadores sanitarios fallecidos por coronavirus.

Amnistía Internacional también se hizo eco de las sospechas que existen respecto a las cifras que compartió hasta el momento la dictadura de Maduro. El organismo para los derechos humanos indicó que el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de Covid-19 “sólo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas”. Es decir, el doble de la cifra de la semana anterior. “Esto plantea dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales diarias de casos en todo el país, ya que el gobierno informó de sólo 1.148 nuevos casos de Covid-19 en todo el país el mismo 16 de agosto”, señaló AI.

El grave informe de Amnistía Internacional sostuvo que Venezuela “es un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de salud”. “Desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes”, agregó.

“Aunque en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, según la información de que dispone Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles”, añadió el organismo.

AI denunció que, hasta la fecha, recibió información “sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante la pandemia”. “Amnistía Internacional ha informado desde hace años sobre la política de represión aplicada por el gobierno de Maduro para silenciar y controlar a la población, que incluye detenciones arbitrarias y tortura dirigidas a un amplio conjunto de personas que alzaron sus voces”.

La Federación Médica Venezolana (FMV) indicó que en los últimos años cerca del 50% de los médicos venezolanos dejaron el país, lo que dificulta la lucha contra el coronavirus. “Las personas trabajadoras de la salud que se quedaron en Venezuela ganan entre 4 y 18 dólares americanos al mes, y muchos han tenido que caminar para ir a trabajar, a veces más de 10 km, ya que no pueden pagar el transporte. Según el grupo de la sociedad civil Monitor Salud, el 68% de 296 trabajadores sanitarios de la ciudad de Caracas encuestados de marzo a junio llegaron al trabajo sin comida en el estómago para empezar con un su turno arduo. El promedio de gastos de subsistencia de comestibles y servicios básicos por mes para cada venezolano se estima en 513 dólares, según la organización nacional de investigación CENDAS”.

Amnistía Internacional recordó que la legislación venezolana “establece que los trabajadores deben ser protegidos de los riesgos en el trabajo”. No obstante, la ONG Provea advirtió que “los trabajadores están siendo dejados completamente expuestos sin equipo de protección personal (EPP)”. “En los casos en los que se suministra EPP a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubrebocas durante períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces”.

El martes Venezuela registró 1.047 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que supone el séptimo día seguido con más de mil contagios diarios.

En un informe que la organización ha emitido en las ultimas horas, titulado “Amnistía Internacional relevó más de 30 casos de violencia institucional en Argentina”, nuestra provincia aparece en el triste ranking de los lugares del país en donde durante los primeros meses de la cuarentena hubo violencia policial y detenciones arbitrarias.

Este trabajo coincide con lo que se ha denunciado en la fiscalía y que hasta ahora, llamativamente, no ha derivado en la apertura de ninguna causa penal y mucho menos en investigaciones internas con sanciones por parte de la misma policía. Todo lo contrario, aquí en Chubut, la mayoría de los policías denunciados estarían trabajando normalmente como si nada hubieran hecho.

Amnistía, toma como ejemplo uno de los momentos más álgidos de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de la policía de Massoni, destacando que entre el 20 de marzo y el 19 de abril se detuvieron a 6.419 personas. También, consigna aquel audio de Whatsapp que se filtró en el que el hermano del jefe de Policía y director de Seguridad de la repartición, Paulino Gómez, le pide a un comisario de Trelew que sus dependientes salgan “a meter gente presa” porque el ministro de Seguridad Federico Massoni estaba preocupado –decía Gómez en el audio—de que no habían detenido a nadie.

Sobre el final del informe que hace sobre las injusticias que ocurrieron en la cuarentena de Chubut, la organización internacional menciona asimismo el caso Fredes; el del albañil de barrio INTA que recibió disparos de goma en la cara.

A continuación se transcribe textualmente la parte de la investigación de Amnistía Internacional que le corresponde a la provincia de Chubut.

“Desde el 20 de marzo, el Ministerio de Seguridad de Chubut dictó más de 20 resoluciones ministeriales a fin de dar cumplimiento al aislamiento dispuesto a nivel nacional, que incluyeron medidas incluso más restrictivas que las dispuestas por normativa nacional”, se indica.

“Allí, entre otras medidas se estableció la prohibición de circular luego de las 20 horas, permiso para circular en vía pública mediante certificado expedido por la policía y días específicos para salidas de abastecimiento por terminación de DNI”, consigna.

“A su vez, la mayoría de esas resoluciones fueron publicadas recién el 1 de abril de 2020. Es decir, más de 10 días después de su dictado”, advierte y continua: “Esto es especialmente preocupante ya que muchos procedimientos y detenciones se realizaron en el marco de estas resoluciones vulnerando el principio de legalidad ya que no podrían considerarse legalmente vigentes. Esta situación fue subsanada por un Decreto provincial publicado el 9 de abril”.

Seguidamente se señala: “En este contexto, se difundieron públicamente imágenes, videos y testimonios de personas que habrían sido víctima de malos tratos, tratos degradantes y posibles vejaciones, detenciones arbitrarias y del uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut, e incluso se tomó conocimiento de que una persona que ya estaba siendo detenida fue herida por una bala de goma”.

“A su vez –continua el informe– algunas personas fueron detenidas sin que se les hubiera permitido brindar explicaciones y mostrar la certificación correspondiente que justificaba su circulación. De acuerdo con la información brindada por la Defensoría General de la Provincia de Chubut, entre el 20 de marzo y el 16 de abril se han recabado al menos 23 casos de detenciones desproporcionadas o irrazonables y 17 casos de violencia y malos tratos”

“A su vez, –se indica– al 20 de abril la Provincia de Chubut registraba más de 5352 demoras y notificaciones por el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se subraya.

Continua el informe: “Por otro lado, el 7 de abril se hizo público un audio en el cual el director de Seguridad de la Policía Provincial llamaba la atención por las escasas detenciones en una la Comisaría 1ra. de Trelew. En el audio dice “Zabala, por favor te pido activar en el centro ahora, trata de meter gente en cana. El ministro (de Seguridad Federico Massoni) me está preguntando por qué la Primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción, busquemos un poco. De última lo demorás en el lugar, le haces el acta en el lugar, los llevas unos minutos a la Comisaría. Sacá los Pucará, que si buscan encuentran gente que ande chimangueando”.

“Según lo informado por la Defensoría Pública de Chubut, entre el 1 y el 6 de abril dicha Comisaría había detenido entre 0 y 3 personas por día, mientras que el 7 de abril (día en que se envió el audio) se detuvieron a 34 personas”, se consigna.

“Como respuesta a un pedido de información solicitado por Amnistía Internacional, el Ministerio de Seguridad de la Provincia indicó que “el audio al que se alude ocurre dentro de un contexto no institucional, sino más bien del ámbito particular y, que tuvo por objeto, graficar de manera coloquial una observación hacia el destinatario del mismo, ante una disminución observada con relación al despliegue operativo del personal en tareas preventivas de la Dependencia bajo su conducción”. A su vez, el Gobierno provincial respaldó públicamente al Director de Seguridad”.

Aquí se hace notar lo que a quienes no viven en Chubut les llama poderosamente la atención y que es que Paulino Gómez siga en su cargo y que encima reciba felicitaciones por lo que hizo. ¿Tendrá algo que ver que es el hermano del jefe de Policía o uno de los alcahuetes de Massoni?

“Este contexto dio lugar a que el 16 de abril se presente un habeas corpus preventivo por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Defensoría Pública de la Provincia y la Comisión contra la Impunidad y la Justicia de Chubut solicitando el cese de la “práctica arbitraria, irrazonable y desproporcionada y se le exija y ordene a la Policía de la Provincia del Chubut que ajuste su actividad a la normativa constitucional”, refiere el informe de Amnistía.

“La jueza interviniente hizo lugar a lo solicitado el 20 de abril y ese mismo día las resoluciones y decretos previos fueron abrogados el 20 de abril por un Decreto Provincial que adhiere a lo dispuesto al Decreto 297/2020”, agrega.

Finalmente se consigna el caso del albañil Fredes que tuvo repercusión nacional e internacional. “El 16 de junio se difundió un video en el cual se ve a agentes de la policía provincial disparar balas de goma desde un vehículo a vecinos del Barrio Inta en Trelew”, indica.

“En la imagen se ve a un vecino cerrando el portón de su casa, cuando se acerca el móvil policial y dispara. Cuatro personas resultaron heridas por los disparos, y una de ellas recibió impactos de gravedad en la cara. Los vecinos denunciaron que estos hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad suelen repetirse en el barrio. Amnistía Internacional manifestó su preocupación ante estos hechos y pidió información adicional al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Chubut”, se advierte.

Recuerda entonces que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 9 de abril resaltó que en el contexto de control de las medidas de aislamiento los Estados deben “garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de conformidad con los estándares”.

“Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura señaló que “las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad tienen como objetivo limitar la circulación y la aglomeración de personas (restringiendo el derecho a la circulación y reunión), con la finalidad de impedir la rápida transmisión y contagio del virus. Y agregó que “cualquier medida de privación de libertad en lugares distintos de los domicilios solo deben ser dispuestas en última instancia y en forma excepcional, tomando en cuenta el contexto actual de riesgo que implica la detención y el bien jurídico tutelado con dicha medida”.

En Amnistía Internacional creen que en Chubut ya la Justicia está actuando a raíz de todos estos casos e incluso que ya hay causas con imputados que están a la espera de ser elevadas a juicio. También presumen –no conociendo al tipo de autoridades que gobiernan la provincia—que todo lo que pasó provocó renuncias y un recambio –como mínimo—en la cúpula de la Policía del Chubut.

Este mediodía, Paola García Rey, representante de Amnistía Internacional en Argentina se refirió a la presentación que se realizó ante la demanda de intervención intensificada en el marco de la cuarentena por el uso indebido de la fuerza en controles preventivos para evitar el avance de la pandemia.

“Por la pandemia se requirió la protección y control de la libertad ambulatoria en las calles de la provincia, se sancionó el decreto 297 para controlar la movilidad de las personas para contener las posibilidades de contagio del coronavirus. A partir de ello la provincia del Chubut sancionó medidas adicionales a este control, medidas que empezaron a alertar si se encontraban en los márgenes propuestos”, detalló García Rey en diálogo con Radio Del Mar.

Frente a esta situación en contacto con la Defenstoría del Chubut comenzó Amnistía a involucrarse. “El organismo cuenta con una plataforma de chequeo de material de video, se confirma el uso de armas, filmaciones con abuso, etc”, explicó.

Además “articulamos con las organizaciones en territorio, pudimos conocer más de 30 casos de denunciar, esto al mes de abril de este año, as como articulamos con ellos en Chubut tenemos referentes en otras provincias para determinar que medidas son legítimas y cuáles van más allá”.

Con la presentación de Amnistía, se requiera a la Provincia información relativa a los hechos denunciados, la actuación al respecto, conocer donde están ahora los agentes denunciados y como se trabaja para evitar que surjan nuevos casos. “El proceso prevé un pedido de acceso a la información, para que la provincia conteste, se hace un reiterativo y eventualmente existe la vía judicial para interpelar a las autoridades a responder un amparo por no brindar información pública”.

La Directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, la Dra. Paola García Rey explicó sobre el seguimiento que realiza la organización sobre los procedimientos policiales que en su momento fueron objeto de denuncia por parte de ciudadanos de la provincia de Chubut con repercusiones en el ámbito judicial, en el marco del aislamiento por la pandemia.

Expresó por FM Del Mar que “Empezamos a recibir denuncias por situaciones abusivas por las fuerzas de seguridad en los operativos vinculados con el control en la provincia durante esta situación de pandemia”. Si bien Nación sancionó el decreto 297 que pone en discusión el control de la movilidad de las personas para proteger la salud “en un objetivo legítimo y encargo con la articulación de las distintas jurisdicciones, como iba a efectuarse los controles en territorio, a partir de ahí la provincia sancionó medidas adicionales con la imposibilidad de salir a determinada hora”.

En éste sentido el proceso que lleva adelante Amnistía Internacional es sobre identificar cómo fue el procedimiento de las fuerzas en los operativos o cómo fue la detención de las personas por las movilidades. Y a partir de una herramienta se realiza “la verificación digital, que analiza los audiovisuales presentados y ubicar en tiempo y espacio, para confirmar a las fuerzas que intervinieron y ver las situaciones excepcionales como el uso de armas de fuego”.

La intervención que realiza la organización, indicó García Rey que realiza un control y un pedido de información sobre las medidas que se tomaron, a partir de la circulación de denuncias, secundando el habeas corpus que se centró la Defensoría General, con la intervención de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

En la provincia de Chubut “articulamos con las organizaciones que están en territorio” y confirmó que hay más de 30 casos denunciados en abril de este año. Para entender si se justifican este tipo de intervenciones”. Precisó además que una de las cuestiones “es la derogación de los decretos que se habían sancionados, porque ningún marco jurídico justifica el trato abusivo por parte de las fuerzas y lo que hace Amnistía es poner a disposición las herramientas sobre las denuncias” como que sucedió con los agentes que intervinieron, si lo han puesto a disponibilidad, si fueron separados de las fuerzas, o si hay sumarios o causas penales “para el marco de actuación del gobierno”.

El proceso que prevé Amnistía es en principio un pedido de informe para que la provincia responda “y si no contesta se solicita un reiteratorio, en el caso que no llegara a prosperar por via judicial se interpela a las autoridades a responder al amparo por negación de información a la ciudadanía y en este caso a Amnistía Internacional.”

Recordamos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante la Justicia Federal de Rawson un hábeas corpus preventivo y colectivo “por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N° 297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas”.

Para la ONG, los esfuerzos de Beijing por restringir la información sobre el brote contribuyó a empeorar la crisis.

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves la campaña de censura llevada a cabo por las autoridades chinas en relación con la información relativa a la epidemia de coronavirus que ha dejado ya al menos 563 muertos en el país asiático.

En los últimos días, las redes sociales -donde se producen numerosas críticas al gobierno por su gestión de la crisis- y la prensa china han registrado un aumento de la censura, y varios artículos que se desviaban del relato oficial fueron eliminados.

«Las autoridades chinas se arriesgan a estar ocultando información que podría servirle a la comunidad médica a combatir el coronavirus y ayudar a que la gente se proteja«, aseguró el director regional de Amnistía para Asia, Nicholas Bequelin, en un comunicado de prensa.

«El hecho de que parte de esta información no esté disponible para todos -aseveró-, aumenta el riesgo del daño del coronavirus y retrasa una respuesta efectiva».

La ONG recordó que la censura se produjo desde las primeras instancias del brote, en diciembre: «Médicos de Wuhan compartieron con sus compañeros sus temores sobre pacientes con síntomas similares a los del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS, en su acrónimo inglés). Las autoridades locales los silenciaron y los castigaron por ‘difundir rumores'».

«Los profesionales médicos de China trataron de dar la alarma sobre el virus. Si el gobierno no hubiera intentado minimizar el peligro, el mundo podría haber respondido a la propagación del virus a tiempo», aseveró Bequelin.

Todo esto sucede en un contexto en el que varios expertos internacionales publican estudios en los que estiman que los números de contagios y muertes podrían ser mayores de los que reflejan las cifras oficiales, que hoy elevaron a 563 los muertos entre los 28.018 infectados diagnosticados en el país asiático.

Esta censura, denuncia la organización, también afecta a varios países del sudeste asiático, como Malasia, Tailandia y Vietnam.

Los servicios sanitarios, desbordados

Asimismo, Amnistía hizo hincapié en el derecho al acceso a los servicios sanitarios, los cuales se han visto totalmente superados por completo por la actual crisis en la ciudad de Wuhan, según la organización.

«Los hospitales están rechazando a muchos pacientes tras horas de espera. Los centros no cuentan con el material de diagnóstico necesario», asegura la ONG en el texto.

En otros casos, se les ha pedido a pacientes infectados o sospechosos de estarlo que permanezcan en sus casasante la falta de instalaciones, y en las redes sociales han circulado fotografías y videos -que son difíciles de verificar- en los que aparecen puertas selladas por fuera de viviendas habitadas por supuestos contagiados.

Amnistía también arremetió contra los actos racistas derivados del temor internacional al coronavirus que están sufriendo tanto los chinos como los descendientes de chinos de otras nacionalidades y otras personas procedentes de países del entorno.

De igual manera, la ONG exigió que las cuarentenas y los cierres fronterizos fueran proporcionados, y aludió acasos de abusos llevados a cabo por los gobiernos de Australia y de Papúa Nueva Guinea.

«La censura, la discriminación y las detenciones aleatorias no tienen lugar en la lucha contra la epidemia del coronavirus. Las violaciones de los derechos humanos, más que facilitarla, obstaculizan la respuesta a las emergencias sanitariasy limitan su eficiencia», señaló Clarín.