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Amnistía Internacional (AI) criticó hoy a Twitter por no hacer «lo suficiente» para acabar con «el torrente» de abusos y la violencia contra las mujeres dentro de su plataforma, pese a «sus reiteradas promesas» de poner fin a ello.

«A pesar de algunos progresos, Twitter no hace lo suficiente para proteger a las mujeres que usan la red, por lo que muchas de sus usuarias se silencian o autocensuran», afirmó la codirectora de Amnesty Tech, la rama tecnológica de AI, Rasha Abdul Rahim.

«Hemos expuesto medidas claras y sencillas que Twitter puede adoptar para que su plataforma sea un lugar más seguro, donde las mujeres puedan expresar sus opiniones», afirmó Rahim.

Agregó que «los persistentes abusos que sufren muchas mujeres en la plataforma menoscaban su derecho a expresarse en condiciones de igualdad y libertad y sin temor».

Asimismo, subrayó que se trata de un problema aún más «desproporcionado» para aquellas mujeres de minorías étnicas o religiosas, lesbianas, bisexuales o transgénero y personas no binarias.

En ese sentido, puso como ejemplo los ataques que sufrió la escritora y activista india Meena Kandasamy, quien tras mostrarse contraria en la red social al sistema de castas «discriminatorio» del país, recibió un «aluvión» de insultos racistas y misóginos, incluidas amenazas de violación.

«Twitter parece querer siempre contemporizar y actúa con excesiva lentitud a la hora de abordar los diferentes tipos de abuso que sufren las mujeres. Twitter es un lugar de peso para expresarnos, pero tiene que tomar más medidas para limpiar la plataforma y convertirla en un lugar seguro para las mujeres», aseveró Kandasamy.

Por otro lado, subrayó que la «falta de datos significativos proporcionados por Twitter» en relación a las denuncias, hace todavía más difícil calibrar la magnitud del problema.

Además, destacó que, si bien durante la pandemia de coronavirus la red social reveló detalles sobre su uso de algoritmos para combatir la desinformación, no mostró «el mismo nivel de transparencia» en relación a los mensajes abusivos.

Por último, AI destacó que «la responsabilidad de la empresa en materia de derechos humanos conlleva una obligación de transparencia por su parte respecto a la manera en que se ocupa de las denuncias de violencia y abusos», informó Télam.

Luego de conocidos los hechos de violencia institucional en el barrio Inta en la ciudad de Trelew, desde Amnistía Internacional manifestaron su preocupación «ante los reiterados hechos de violencia policial y abuso de la fuerza en Chubut».

El domingo 14 de junio en horas de la noche, efectivos policiales dispararon contra vecinos de barrio Inta de Trelew y a uno de ellos lo hirieron en la cabeza. Los integrantes de fuerzas especiales de la Policía del Chubut dispararon postas de goma desde el interior de un minibus a las personas que observaban el accionar desde el patio de sus viviendas, hecho que quedó filmado por una vecina. El ministro de Seguridad, Federico Massoni, encabezó el operativo.

Ante estos hechos de violencia, desde Amnistía Internacional emitieron un comunicado manifestando su preocupación “ante los reiterados hechos de violencia policial y abuso de la fuerza en Chubut”.

Desde el organismo agregaron además que: “los vecinos denuncian que estos hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad suelen repetirse en el barrio. La policía señaló que también hubo un enfrentamiento con vecinos en el mismo barrio, quienes les habrían arrojado piedras. Sin embargo, el ejercicio de las facultades de control por parte de las fuerzas de seguridad no pueden ser una excusa para el uso excesivo o arbitrario de la fuerza ni puede suponer una vulneración de derechos como se ve en las imágenes”.

Desde AI agregaron además que los hechos del pasado domingo no son aislados: “Durante los últimos meses desde Amnistía Internacional venimos alertando sobre la actuación de distintas fuerzas de seguridad de Chubut que cometen excesos en el desempeño de sus tareas. Es urgente que las autoridades de la provincia de #Chubut lleven adelante una investigación sobre los hechos y determinen las responsabilidades del caso. A su vez, deben tomar las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan”.

Según Amnistía Internacional, en su informe anual difundido anoche sobre la situación de los derechos humanos en América, las manifestaciones se encontraron con una «fuerte» represión policial.

Amnistía Internacional (AI) denunció que Chile cerró 2019 con «la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet» (1973-1990) y que las manifestaciones que desde octubre claman contra la desigualdad se encontraron con una «fuerte» represión policial.

«Las fuerzas del Estado intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo», dijo la ONG en su informe anual difundido anoche sobre la situación de los derechos humanos en América.

La ola de protestas que vive Chile estalló el pasado 18 de octubre en respuesta al aumento de la tarifa del subte y se convirtió luego en un reclamo contra el gobierno de Sebastián Piñera y un modelo económico que propicia la desigualdad y no garantiza servicios básicos como la salud o la educación.

La crisis, con al menos una treintena de muertos y miles de heridos, bajó de intensidad en febrero, pero se espera que tome fuerza nuevamente en marzo con el fin del verano, la vuelta a las clases y la cercanía del plebiscito de abril en el que se decidirá si se quiere una nueva Constitución.

La organización, que envió una misión de observación al país a mediados de noviembre, aseguró que durante los diez días en los que rigió el estado de emergencia y en los que los militares estuvieron a cargo de la seguridad «aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado» y que a fines del año «las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros (policía nacional), se contaban por miles».

Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos «de manera injustificada, generalizada e indiscriminada», ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado, agregó AI.

La organización acusó tanto al Ejército como a los Carabineros de cometer «ataques generalizados» y aseguró que las violaciones a los derechos humanos «no son hechos aislados o esporádicos», sino que responden a un patrón y muestran un «grado de coordinación».

Otros organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) también han acusado a las fuerzas de seguridad de haber violado los derechos humanos.

Aparte del estallido social, AI advirtió en el mismo informe que durante el pasado año «no se produjeron avances sustanciales en otros problemas persistentes como la criminalización del aborto, la impunidad por los crímenes cometidos en el pasado, la criminalización del pueblo mapuche y la falta de progreso en materia de derechos ambientales», indicó Télam.

El exmarino Roberto Guillermo Bravo, detenido en Miami a pedido de la Argentina para que sea juzgado en Chubut por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base “Almirante Zar” de Trelew en 1972, ofreció a la Corte del Distrito Sur del Estado de la Florida una fianza de más de 5 millones de dólares para esperar en libertad la importante audiencia en la que se definirá si es extraditado o no a la Argentina para rendir cuentas en la Justicia.

Medios de comunicación accedieron a documentación reservada de este tribunal de la Florida en la que el abogado del exmarino, Neal Sonnett, hace una larga argumentación para tratar de convencer a la Corte de liberar a Bravo hasta tanto se defina su situación, en la que se dan por primera vez detalles inéditos de la vida de este militar que llegó a Estados Unidos en 1973 como parte de un operativo de la Armada Argentina para sacar del país a dos de los principales responsables de la “Masacre de Trelew” en la que fueron asesinados 16 presos políticos: Bravo y el excapitán Luis Emilio Sosa (condenado y ya fallecido).

Paquete millonario

En el escrito presentado por el abogado de Bravo se habla de un “paquete de fianza” para lograr la liberación del detenido, alojado desde el 25 de octubre en una cárcel federal del Estado de la Florida. Hasta ahí fue llevado tras ser detenido en la lujosa mansión en la que reside, con piscina y muelle particular con yate incluido, ubicada en la zona de Sans Souci Estates, en North Miami.

Bravo le ofrece ahora a la Justicia un paquete económico mucho más importante que el que le permitió salir en 2010 de una situación similar, cuando estuvo detenido dos meses a la espera de la extradición por esta misma causa que había solicitado el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que fue rechazada luego de varias dilaciones.

Para esta ocasión, el exmarino ofrece un bono personal de un millón de dólares en efectivo (con promesa de depositar el 10% de manera inmediata) más otro bono garantizado con propiedades de familiares y amigos por valor total de 4.327.000 dólares. El listado de propiedades que se ofrecen como garantía está encabezado por la mansión de North Miami, valuada en 1,6 millón de dólares, propiedad de Bravo y su esposa, Ana María Giordano.

También bienes raíces de sus tres hijos varones: una propiedad ubicada en Cooper City, Florida, valuada en 527.000 dólares y propiedad de Fernando Bravo; otra a nombre de Pablo Bravo, en Tallahassee, Florida, que vale 297.000 dólares; y otra ubicada en Frederick, Colorado, valuada en 503.000 y propiedad de Andrés Bravo.

Un sobrino del acusado, el empresario argentino Martin Galarce, que hace años reside en Estado Unidos, ofreció en garantía su casa de Coconut Grove, Florida, valuada en 1.000.000 de dólares.

También aparecen como garantes de la fianza dos amigos del exmarino argentino: Armando Valladares, que tiene una propiedad de 400.000 dólares en Miami; y Maria Werlau, que ofrece la suya, ubicada en North Miami y con un valor de 142.000 dólares.

Estos dos amigos son originarios de Cuba y muy activos militantes anticastristas de la comunidad cubano-americana de Miami (conocida peyorativamente como “gusanos”). Inclusive, Valladares llegó a ser embajador de Estados Unidos en la ONU durante la presidencia de Ronald Reagan (ver “Una ayudita de los amigos cubanos”)

Vida y obra

En el escrito que presentó el defensor de Bravo para argumentar el pedido de liberación bajo fianza se aportan datos inéditos sobre la historia personal de Bravo en Estados Unidos.

“Lo primero que queremos informar a la Corte sobre Roberto Guillermo Bravo es que se trata de un ciudadano respetado por la comunidad”, dice el abogado Sonnett.

Allí se detalle que Bravo, de 78 años, nació y creció en la Argentina, asistió a la universidad y a la Academia Naval Argentina, y que llegó a Estados Unidos en 1973 con el grado de teniente.

Allí revistó como “agregado militar” en la Embajada de Argentina en Washington, y por primera vez se admite que Bravo fue “entrenado” por el Ejército de los Estados Unidos, “completando cursos en Infantería avanzada; Aerotransportado (conocidos como ‘Pathfinder’), así como un curso de Reconocimiento Anfibio con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos”.

Siempre según su abogado, a finales de 1979 Bravo se retiró de la Armada Argentina y “recibió un oferta de empleo permanente de parte de una empresa de electrónica norteamericana.

El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” y algunos años después, el 1° de septiembre de 1987, el exmarino se naturalizó como ciudadano de los Estados Unidos.

Bravo ha estado casado con su esposa, Ana Maria Giordano, durante 52 años y tienen tres hijos: Todos sirvieron en el Ejército o la Marina de los Estados Unidos. Fernando, que ahora tiene 50 años, posee una maestría en Administración; Pablo, de 49 años, tiene una licenciatura en Tecnología de la Información; y Andrés, de 48 años, posee un título de Licenciado en Negocios.

“Bravo y su familia se mudaron a Miami en 1982. Es dueño de su propia casa y cada uno de los miembros de su familia mencionados anteriormente posee propiedades que serán puestas con gusto como garantía de su vínculo”, dice el abogado Sonnett en su escrito a la Corte.

Desde 1979, Bravo se ha desempeñado en varios puestos directivos en empresa de electrónica de consumo y electrónica industrial. Tiene experiencia en ventas, distribución, diseño, programación, compras y marketing. Y también ha trabajado como consultor de negocios en importación y exportación de productos. Desde que se mudó a Miami, ha estado activo en diversos negocios y en distintas actividades comunitarias, asegura su abogado: creó y se desempeñó como presidente de su propia empresa, RGB Group Inc.; y también se ha desempeñado como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; y gerente de Miami Alliance.

RGB Group fue su empresa más exitosa, convirtiéndose durante años en proveedora de servicios médicos para el Pentágono con contratos multimillonarios, tal vez al amparo de sus viejos vínculos con el Ejército y la Marina norteamericana.

Sin embargo, tras su primera detención, en 2010, su reputación se vio seriamente afectada y el negocio declinó. Bravo y su esposa-socia terminaron cerrando la compañía insignia de la familia en 2014.

Por ahora, Bravo espera una respuesta a su pedido de fianza y también aguarda una definición sobe la audiencia en donde se tratará la extradición: “El juez de primera instancia no ha emitido una orden formal sobre la detención de Bravo antes de su audiencia de extradición, pero es seguro que lo hará pronto. Y la fecha de la audiencia de extradición aún no se ha programado”, le dijo a Jornada el periodista Jay Weaver, que sigue el caso de Bravo para el diario Miami Herald.#

Delitos políticos y Ley de Amnistía

Hace más de una década que Bravo viene armando su estrategia para zafar de la Justicia argentina. Sin embargo, por tratarse la “Masacre de Trelew” de un crimen de lesa humanidad, los delitos no prescriben y esa es la última puerta jurídica que podría permitir su extradición para ser juzgado en la Argentina.

Sin embargo, su abogado argumenta que el 27 de mayo de 1973, poco después de que Bravo fuera desligado de los hechos de Trelew por un tribunal militar que evaluó lo sucedido el 22 de agosto en la Base Almirante Zar, en la Argentina se aprobó la Ley de Amnistía 20.508, que se aplica para eventos anteriores al fallo militar de mayo de 1973, y que incluye también a la “Masacre”.

Según Sonnett, esa Ley de Amnistía nunca fue derogada ni declarada inconstitucional, y para defender los intereses de Bravo se ampara en el Artículo 4°, Sección 1, del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Argentina, que exime a cualquier individuo “si el delito por lo que se solicita la extradición es un delito político”.

Una ayudita de los amigos cubanos

En la solicitud de fianza se incluyen las propiedades de varios familiares directos del exteniente argentino pero aparecen dos amigos ofreciendo sus propiedades para lograr la libertad de Bravo: Armando Valladares y María Werlau.

Ambos son de origen cubano y vienen precedidos de una larga historia como militantes anticastristas, acusados de graves delitos –en el caso de Valladares- y con fuertes vínculos con el Departamento de Estado, la CIA y los grupos económicos que han intentado en vano derrocar al ya fallecido Fidel Castro y a su hermano Raúl. Valladares, de 82 años, es el más conocido de los amigos de Bravo: es cubano de nacimiento pero ciudadano americano, y llegó a ser embajador de Estados Unidos ante la ONU en los años 80, durante la presidencia de Ronald Reagan.

Pero su vida anterior en Cuba es un poco oscura: fue detenido a los 24 años cuando era estudiante de derecho y junto a otras 16 personas condenado en 1960 por poner bombas en La Habana. Según su esposa y muchos exilados cubanos que lo conocieron entonces, eso no era verdad y el suyo habría sido, esencialmente, un “delito de opinión”.

Sin embargo, recibió una condena de 30 años, de los cuales cumplió 22, ya que en 1982 fue liberado por el gobierno cubano tras las gestiones de algunos gobiernos europeos, entre ellos el liderado por el premier francés Francois Mitterrand. Su salida de la isla estuvo llena de controversias. Aunque durante años dijo que tenía una grave enfermedad que le impedía caminar y ponía en riesgo su vida, se subió caminando al avión que lo sacó de La Habana, y en estos 30 años se ha convertido en escritor, ferviente militante anti-izquierdista y empresario. Inclusive, hace algunos años, un grupo empresario con sede en Miami que él presidía fue investigado en España por corrupción y fraude. De la famosa enfermedad, no se supo nada más.

Archivo Cuba

Werlau, en tanto, es la actual presidente de la Junta Directiva y Directora Ejecutiva de Archivo Cuba, un “centro de estudios” basado en Washington, cuya misión en casi dos décadas ha sido militar internacionalmente contra la Revolución Cubana. Werlau también es una influyente mujer de negocios, fue vicepresidenta del Chase Manhattan Bank y tiene una Licenciatura en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown así como una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, con información de Diario Jornada.