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La norma autoriza el pago de saldos de indemnizaciones de bienes expropiados de la empresa pesquera.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, promulgó este martes el proyecto de Ley mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo provincial, con carácter excepcional y extraordinario, a realizar las adecuaciones pertinentes en el Presupuesto 2019 para afrontar el pago de saldos de las indemnizaciones de la expropiación de bienes de la empresa ALPESCA S.A.

La decisión del Gobernador se fundamenta en los informes de las áreas competentes, y en tal sentido, promulgó esta ley a través del Decreto provincial Nº 595/19, fechado el martes 4 de Junio de 2019.

Los extrabajadores de Alpesca se reunieron con el secretario de Pesca y el fiscal de Estado adjunto, Adrián Awstin y Christian Martínez, que explicaron el estado del proceso de expropiación, y las gestiones para lograr que Red Chamber reactive todos los barcos para garantizar el ingreso de todo el personal a la planta pesquera.

Martínez admitió que aún no se sabe quién es el dueño de Alpesca. Hay dos presentaciones realizadas por los apoderados de Otero y Alewa que se adjudican la titularidad de la firma, más allá de lo resuelto en la instancia penal que detectó la venta fraudulenta de los activos.

“En la expropiación de Alpesca resta definir una presentación de uno de los que dice ser propietario, atada a la resolución de las causas penales del año pasado”, dijo el fiscal. “Una vez que se resuelva si esa persona estaba legitimada, pasaríamos a la instancia de encontrar al real propietario o, en su caso, publicar edictos para que el juicio avance hacia la determinación de la cuantía de la expropiación”.

El letrado que lleva la causa en Fiscalía explicó que “hay dos abogados presentados en la causa. Uno es Alewa por AP Holding que lo representa Cañada Pérez, en tanto que el otro es el doctor Chachero con un poder que le habría otorgado Fermín Otero en representación de Alpesca”. Sobre este último la justicia penal declaró nula la transferencia de la firma pesquera.

Martínez confía en que “se terminaría con una sentencia declarando que no se encuentran legitimado” aunque reconoció que legalmente no se sabe quién es el titular de Alpesca. Aclaró que “se incorporarán las constancias penales para que la jueza se expida en cuanto a la legitimación”.

El miércoles la jueza María Laura Eroles libró un oficio parar contar con los expedientes penales que permitan resolver las presentaciones de las partes. Fiscalía de Estado remarcó que los oficios “son un avance sobre el proceso de expropiación; la causa estuvo suspendida las causas penales. La jueza reanudó el proceso y llamó a autos para resolver” aunque explicaron que “necesitaba de dichas causas para expedirse. Ese requerimiento lleva un tiempo cuesta entender en los plazos de la gente porque en términos legales son plazos normales”.

Para la resolución de la causa es “imposible aventurar un tiempo”, dijo Martínez. “Desde que se libra un oficio hay por ley 20 días hábiles un organismo para contestar un oficio”.

 

 

Jornada

El Superior Tribunal de Justicia emitió un comunicado de prensa de aclaración vinculado a la causa “Provincia del Chubut c/Alpesca SA y Otra s/ Expropiación”.

Según el parte, “dicha causa se encuentra en trámite. Su avance o el dictado de la sentencia, no interfiere ni guarda relación con los buques en poder de la empresa Red Chambers, ni con la actitud que asuma dicha empresa al incorporar otros barcos a su flota, contratar nuevo personal o generar nuevos puestos de trabajo”.

“El proceso de expropiación no avanza de oficio, sino por el impulso o actuación de la parte actora. No se trata de un proceso penal, sino del ámbito civil, en el que la parte actora es quien debe procurar que se encamine hacia la sentencia”.

“La estrategia empresarial de Red Chambers –continúa- no es una cuestión que deba considerar la Justicia, pues la empresa es quien ha celebrado un convenio, extrajudicial, en relación a la planta y los barcos, con el Estado Provincial”.

Según el comunicado, “el único objeto o fin del proceso de expropiación es determinar el valor de los bienes expropiados y pagar a su dueño. Lo que decidan tanto la Provincia del Chubut como Red Chambers, en el marco de su relación, es ajeno a las decisiones judiciales en la causa, las que son tomadas conforme a normas procesales, que la jueza a cargo debe respetar”.

“Esta información fue suministrada por la Jueza Civil y Comercial, Dra. Maria Laura Eroles, a los representantes de los trabajadores de la empresa, a quienes recibió, hoy por la mañana (por ayer) en el edificio de Tribunales”.

En ese encuentro, los obreros se movilizaron hasta el Juzgado. El referente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Oscar Hughes, dialogó con la jueza para interiorizarse de la marcha del proceso de expropiación de la firma. Ratificaron que la causa no se movió tras la confirmación de la venta fraudulenta y la titularidad de Omar “Cura” Segundo de la firma pesquera.

El dirigente, tras entrevistarse con la jueza, dijo: “El expediente no avanza, le faltan herramientas. Ella culpó a la Provincia por no seguir el expediente para que esto pudiera avanzar”. Hughes afirmó que “cinco años un expediente para nosotros duerme”. Había expectativa porque 7 meses atrás la jueza aguardaba la resolución de la causa penal vinculada a la venta fraudulenta de Alpesca para avanzar en la expropiación.

“Pedimos a la jueza nos dijera cuáles son las herramientas que necesita para ver qué podemos hacer como Sindicato para lograr que la expropiación salga”.

Hughes anticipó que “vamos a pedir al fiscal de Estado que vaya al Sindicato para que dé una explicación a todos los trabajadores”. Según el referente del STIA “el expediente está igual, sólo entraron embargos. No sabemos cuál es el futuro de mil trabajadores que perdieron su fuente de trabajo por un sin vergüenza como Segundo que tendría que estar preso”.

“Si no sale la expropiación Red Chamber puede llegar a irse porque Provincia está alquilando algo que no es de ello. Es importante que salga la expropiación para que el Gobierno lo ceda a Red Chamber o quien sea para asegurar los empleos”.

 

 

Jornada

Trabajadores de la ex Alpesca se movilizaron ayer a la mañana al Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn para dialogar con la jueza María Laura Eroles por la causa de la expropiación de la pesquera.

Cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras se movilizaron desde la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Stia) hasta el Juzgado ubicado en Gobernador Galina y Paulina Escardó.

“Habíamos decidido esperar pero el expediente no avanza y movilizamos para que nos expliquen por qué hace ocho meses que no hay noticias. Lo que sabemos es la decisión de la Legislatura, nada más, queremos hablar con la jueza Eroles sino no nos vamos a ir», indicó Oscar Hughes, referente del Stia.

Visita semanal

Una vez allí, los trabajadores ingresaron con bombos y banderas a la planta baja del Juzgado y se mantuvieron allí un rato, hasta que les avisaron que la magistrada no se encontraba en el lugar, ya que estaba en una capacitación en otro lado.

Luego de unos minutos la gran cantidad de trabajadores se fueron del lugar prometiendo volver la semana próxima: “Vamos a venir el martes nuevamente, queremos que nos atienda la jueza, queremos ver el expediente y que nos dé una respuesta. Hace cinco años que el expediente está durmiendo y nadie hace nada, se había comprometido a que, una vez que esté la sentencia, podía tasar los bienes y saber quién es el dueño de Alpesca para citarlo y terminar con esto de una vez por todas”, dijo Hughes. Así las cosas, los trabajadores regresarán semanalmente hasta tener algún tipo de respuesta por parte de la jueza María Laura Eroles.

 

 

El Chubut

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por los exfuncionarios del gobierno de Martín Buzzi en la causa por administración fraudulenta de los bienes.

La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios de la actual diputada provincial Gabriela Dufour (Frente para la Victoria) y de Héctor Omar Albornoz, que habían sido condenados a 2 años y 8 meses por administración fraudulenta de los bienes de la empresa Alpesca.

De esta manera, la última instancia judicial que disponían ambos imputados fue rechazada y la condena quedó firme. Aunque no será de efectivo cumplimiento, ya que el tiempo de la condena la califica como excarcelable.

Ambos habían sido condenados cuando el gobierno se hizo cargo de la administración de Alpesca, una pesquera de Puerto Madryn que alguna vez perteneció a Omar “El Cura” Segundo. Este último recibió una condena (que aún no está firme) por almacenamiento de estupefacientes.

Dufour y Albornoz fueron llevados al banquillo de los acusados después de no tomar previsiones con los barcos de la empresa cuando fueron advertidos sobre una tormenta en Puerto Madryn. Los barcos quedaron destruidos.

Sobre Dufour pesaba también la acusación respecto a un crédito express otorgado a “Cura” Segundo de 10 millones de pesos y que nunca fue devuelto. En ese momento, imprevistamente, la Fiscalía no acusó y quedó absuelta.

Al producirse la situación judicializada por el caso Alpesca, Dufour era ministra de la producción del gobierno de Martín Buzzi, mientras Albornoz fungía como administrador de la firma en nombre del gobierno.

 

ElComodorense

Marineros de la ex Alpesca se convocaron ayer a la mañana en las puertas del Juzgado Civil y Comercial para intentar dialogar con la jueza María Laura Eroles para conocer en qué situación se encuentra la expropiación de la pesquera

Sin embargo, la magistrada no los atendió aduciendo que no son parte de la causa que la misma lleva adelante: “Vinimos a ver si nos atendía para saber cómo está la expropiación porque vemos que no va para adelante ni para atrás, pero ni siquiera llegamos al piso donde está la jueza porque vino un auxiliar y nos explicó que, por órdenes de Rawson, no nos puede recibir ni dar información de la causa por no ser parte”, contó José Fabbro, uno de los marineros.

Charla informal

Sin embargo, Fabbro aseguró que la intención era mantener una charla informal con la jueza para saber en qué situación está la causa, qué es lo que falta. “Que nos explique porque dependen muchos puestos de trabajo de la decisión de la causa”, dijo que el marinero, quien agregó que “nosotros no somos parte de la causa pero somos la parte más interesada de que se solucione todo esto porque son nuestros puestos de trabajo”.

Puestos de trabajo

Los marineros detallaron que están en juego más de 200 puestos laborales: “Calculen que son siete barcos a un promedio de 30 personas por cada uno, son 210 puestos de flota directos. A eso hay que sumarle la gente del Stia que entra a la planta porque hay más barcos pescando, la gente de los talleres, los del Supa que hacen las descargas, los almacenes navales. Es muchísima gente, directa e indirectamente, por eso le pido a la jueza que piense en toda la gente que está esperando su fuente de trabajo”.

 

 

El Chubut

La Legislatura aprobó la autorización para que el Gobierno del Chubut pague las indemnizaciones de los bienes expropiados de la ex Alpesca. La tasación efectuada por Fiscalía de Estado determinó que el monto asciende a $ 142.395.551, aunque será una jueza la que fije el valor final. El cobro alcanza a más de 1.000 exempleados.

La expropiación de Alpesca tuvo un avance importante y llega a su etapa final. Los diputados del Frente Para la Victoria, el Frente de Agrupaciones y Chubut Somos Todos aprobaron la autorización para que el Gobierno provincial desembolse las indemnizaciones por los bienes de la empresa pesquera que ahora está en manos Red Chamber.

El pago que materializará la gestión de Arcioni alcanza a todos los trabajadores de la pesquera que tienen juicios contra el Estado.

El proyecto de ley le otorga facultades al Ejecutivo que conduce Mariano Arcioni de pagar indemnizaciones por un monto de hasta 300 millones de pesos. La estimación diseñada por Fiscalía de Estado sobre los bienes de la pesquera fue valuada en 142,3 millones de pesos. El relevamiento alcanza a terrenos, edificios, instalaciones, máquinas, rodados, mobiliarios y siete barcos.

El 29 de septiembre de 2014, el valor esbozado de los bienes por la Sala B del Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó el valor en $ 114.478.800. Esta cifra fue actualizada a este año, derivando en el monto que supera los 140 millones de pesos.
A la cifra final, que será fijada por la jueza Civil y Comercial de primera instancia de la ciudad de Puerto Madryn, se le descontarán 5 millones de pesos por el pago del Ministerio de Coordinación de Gabinete con fecha 26 de noviembre del 2014.

Reactivación del juicio

El Juzgado Civil y Comercial deberá ahora correr traslado al dueño de la ex Alpesca. Los abogados que conocen la causa aseguraron que no será sencillo, principalmente por la venta fraudulenta de la firma pesquera.

Vaticinan que la jueza resolverá que Omar «Cura» Segundo y AP Holding son los titulares de la compañía.

«Antes de fin de año estará resuelto. El Gobierno está interesado que esto se resuelva cuanto antes», confió una fuente de la Justicia.

Un dato importante, es que por el nivel de endeudamiento de Alpesca, los titulares no cobrarían nada por la expropiación.

 

 

El Chubut

El 12 de junio de 2014 se sancionó la Ley 527 declarando de utilidad pública los bienes de la empresa Alpesca, tras un largo conflicto con el personal, que reclamaba el pago de los haberes adeudados por Omar Segundo, quien en ese entonces era el propietario de la mencionada firma.

A partir de esto, el Juzgado Civil y Comercial a cargo de la jueza María Laura Eroles se hizo cargo del expediente que aún se tramita sin solución.

Se declararon de utilidad pública la planta que se ubica en el Parque Pesquero y los buques de la flota, y el gobierno, en ese entonces encabezado por Martín Buzzi comenzaron a buscarle “una novia” a Alpesca.

La novia llegó tiempo después, con la empresa Red Chamber, a quien la provincia le alquiló la planta, pero en medio habían “pasado cosas” como un feroz temporal que dejó a gran parte de la flota de buques varados en la costa, inservibles, otro amarrado en muelle con daños y dos abandonados en el puerto de Mar del Plata.

Ventas extrañas

Además, hubo una serie de maniobras como mínimo extrañas, con una supuesta venta de las acciones de Alpesca SA y de AP Holding a Federico Otero y su madre Rosa Chico, que posteriormente la Justicia comprobó que era una venta ficticia por parte de Omar Segundo, su hijo Paulo y Otero y su madre. Curiosamente por esto el único que no fue condenado fue Omar Segundo.

También hubo una supuesta venta de acciones de Otero a Renato Aleua, que forma parte del expediente penal, ya que en medio hubo una nueva elaboración de libros contables y de directorio.

Durante años, la Justicia civil tuvo el expediente parado, ya que no se sabía a ciencia cierta quien era el dueño de Alpesca, a quien habría que pagarle la indemnización una vez resuelta la expropiación, sin embargo, a punto de cumplir cinco años, el expediente civil sigue sin resolverse.

Emergencia económica

Mientras tanto, al decretar la emergencia económica el gobierno provincial, dejó previsión presupuestaria en caso de que saliere durante este 2019 la expropiación, cuyo monto ha quedado desactualizado en medio de tantas devaluaciones producidas en los últimos tres años por el Gobierno Nacional, lo que será motivo de discusión.

Mientras se defiende Segundo de una condena a nueve años de prisión por narcotráfico, que ya fue confirmada en dos instancias judiciales, a su vez espera cobrar un monto millonario por la expropiación.

 

 

El Chubut

La decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase de sobreseer a Omar “Cura” Segundo en la causa por la venta simulada de Alpesca indignó a los operarios y al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. El vencimiento de los plazos fue clave para la resolución del juez.

El dirigente del STIA, Oscar Hughes, afirmó que “salimos de la audiencia donde el juez dijo que se iba a tomar 72 horas para analizar el expediente pero se lo llevó para firmar y dejar sobreseído a Segundo. No es una buena noticia”.

El gremio dialogará con el jefe de fiscales, Daniel Báez, para saber si apelará. “Él fue el denunciante de la venta fraudulenta de esta empresa. Hablaremos con la jueza Eroles para que siga con la expropiación porque Segundo fue sobreseído pero no declarado inocente y tenemos tres personas que reconocieron la venta fraudulenta. La jueza debe continuar con la expropiación”.

Hughes puso en el centro de la escena la actuación del Estado provincial y de Fiscalía. “Provincia y el fiscal Báez durmieron porque los trabajadores esperaron, recorrieron las Cámaras para que esto avance pero nos encontramos que a 3 años y 2 meses la justicia falló a favor de los delincuentes y no a favor de mil familias que perdieron su trabajo por culpa de esta mafia de empresarios”.

El dirigente del STIA recalcó que los empresarios “se estafaron entre ellos y a los trabajadores; deberemos ver cuáles son los pasos a seguir por parte de Báez y Eroles deberá definir cómo sigue la expropiación”. El gremio insistirá para finalizar con la expropiación que permita transferir los bienes a Red Chamber que significaría la incorporación de todo el personal en tierra y de los marineros a la firma pesquera.

“La expropiación debe seguir adelante porque tres personas reconocieron la venta fraudulenta”, dijo Hughes. “Es más importante lograr la expropiación que la culpabilidad de Segundo. Veremos los pasos que adoptará la justicia”.

 

 

Diario Jornada

El defensor de Omar Segundo hizo el planteo como cuestión previa al inicio del juicio oral y dice que se vencieron los plazos para fijar el debate. La Fiscalía se opone, y deberá resolver el juez Marcelo Nieto di Biase. El resto de los imputados ya fue condenado por estafa en la compraventa de la pesquera, ocurrida en 2014.

Puerto Madryn. La próxima semana se resolverá si finalmente comienza el juicio oral y público al empresario Héctor Omar Segundo, quien está acusado de estafa en la operación comercial de compra-venta de la pesquera Alpesca, ocurrida en 2014. Su defensor, Fabián Gabalachis, pidió hoy previo al comienzo de la audiencia que se dicte su sobreseimiento por considerar que se superó “el plazo razonable” de la duración del proceso.

En la audiencia realizada la mañana de hoy en Tribunales, el abogado particular de Segundo pidió su sobreseimiento afirmando que vencieron los plazos que establece el Código Procesal para realizar el debate. El fiscal Daniel Báez, a cargo del caso, se opuso a los planteos de la defensa y pidió que el debate se realice: “Hay 900 familias que quedaron sin trabajo”, indicó. “Por respeto a las 900 familias, voy a analizar el expediente y si hay algún tipo de responsabilidad”, afirmó el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien notificará su resolución la próxima semana.

Planteo de la defensa

“El 18 de Marzo de 2014 se realizó la apertura de investigación, y a la fecha, 21 de septiembre, han transcurrido cuatro años y seis meses. No pierdo de vista que dentro de aquel plazo donde hubo un recurso extraordinario, se suspenderá ese plazo de tiempo. Esto ocurrió: hubo planteos y se mereció la intervención del Superior Tribunal de Justicia. La sala tuvo el expediente hasta el 18 de abril de 2018. Ese lapso temporal suma un año, tres meses y dos días. De los cuatro años, le descuento el plazo que estuvo suspendido, la cuenta es a la que arribo, es que lleva 3 años y 3 meses”, afirmó en su cálculo matemático el defensor. La ley establece que el plazo no podrá durar más de tres años.

Fiscales se oponen y piden plazo de 5 años

La Fiscalía se opuso al planteo. Y pidió al juez que extienda el plazo a cinco años. Además, recordaron que finalizaron la investigación y presentaron la elevación a juicio en el año 2015.  “En este proceso, además de Segundo, estuvieron implicados otros tres coimputados, quienes fueron condenados mediante juicio abreviado. Y voy a poner en consideración que en el marco de este proceso hubo declaraciones de rebeldía de dos coimputados: Federico Otero y Rosa Chico. Entiendo que producto de la rebeldía, suspende el plazo para todos”, indicó el fiscal Daniel Báez. El defensor Fabián Gabalachis replicó a la fiscalía: “No puedo dejar de advertir lo ingenioso del planteo de la fiscalía, pero no es aplicable, porque Segundo siempre estuvo a Derecho en todo el procedimiento”.

Báez, además, pidió “poner en autos la aplicación de extender la duración del proceso a cinco años. Es un instituto previsto por la Ley cuando la tramitación sea compleja. Hay 900 víctimas que por el proceder de los imputados se quedaron sin trabajo”, afirmó Báez y sostuvo que “el imputado y su defensor hicieron uso de todos los recursos posibles, y eso hizo que se extienda el plazo, siempre haciendo uso del derecho que les asiste”.

Gabalachis se opuso a la aplicación de una extensión y el juez Marcelo di Biase deberá resolver la cuestión. Y para ello se tomará el plazo legal de tres días.

“Debe realizarse el juicio», afirman los fiscales

Los fiscales indican que presentaron la acusación para elevar la causa a juicio en el año 2015, hace tres años. “Desde el Ministerio Público presentamos la acusación en tiempo y forma. Luego hubo diversos planteos por parte de la defensa, y la causa fue elevada al Superior Tribunal de Justicia para resolver planteos, que llevaron más de un año. Durante ese tiempo se suspenden los plazos procesales. Nosotros entendemos que se debe realizar en juicio”.

En la causa ya hay tres personas condenadas, que aceptaron su culpabilidad. Se trata de Rosa Chico y Federico Otero, y de Juan Paulo Segundo, hijo de Héctor Omar. Los tres coimputados reconocieron que la compra venta de la pesquera fue simulada y se trató de “una estafa”.

La expropiación continúa en la esfera civil

El trámite de expropiación de la pesquera tiene su correlato en la vía civil. El juzgado Civil y Comercial a cargo de la jueza María Laura Eroles debe resolver la expropiación de la pesquera. Para los fiscales, “en la causa ya hay tres personas condenadas que reconocieron su culpabilidad. Más allá del resultado del proceso penal respecto a Segundo, entendemos que el trámite civil puede resolverse con el reconocimiento de responsabilidad de los otros coimputados, que incluso admiten la participación de Segundo en la maniobra defraudatoria”, indicó Báez al ser consultado.