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El organismo indicó además que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que reúne alimentos, indumentaria y transporte, también subió 1,6 %. Un grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 44.521,25 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Los precios de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria aumentaron 1,6% en julio, con lo que grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por $ 18.321,51, para no caer en la indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

El Indec dio cuenta además que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, también subió 1,6 % en julio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 44.521,25 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

De esta forma, en los primeros siete meses del año la Canasta Básica Total aumentó 17,6% y la Alimentaria el 14,3%.

La diferencia entre ambas canastas se debe a esencialmente a que las tarifas de los servicios públicos y el transporte, se encuentran congelados.

En tanto, en los últimos doce meses, el costo de la Canasta Básica Alimentaria avanzó 43,4%, mientras que la Canasta Básica Total subió 39,4%, informó el Indec.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, junto al subsecretario de Producción, Néstor Vidal, firmó un convenio con las escuelas 41 del Paraje Golondrinas y 132 de Radal para proyectar el aumento de la producción de alimentos en terrenos ociosos de la localidad. El acuerdo interinstitucional incluye además al INTA, la Asociación de productores Lago Puelo y la dirección general de promoción científica y técnica.

Augusto Sánchez celebró el convenio como una posibilidad de “avanzar hacia la soberanía alimentaria mediante el fortalecimiento a los productores, a las huertas comunitarias y las familiares”. En el acuerdo, las escuelas ponen a disposición del proyecto la tierra contemplada en su predio; la Asociación, pone a disposición su parque de maquinaria; el INTA, el asesoramiento técnico, la provisión de semillas, y la Municipalidad, el personal para la labranza, riego y cuidado de los cultivos.

El objetivo final es que la producción sea distribuida y asignada para los comedores escolares, a la secretaría de Desarrollo Humano y Social de la municipalidad y también se destinará para la venta que posibilite el auto-sostenimiento del proyecto, e insumos previamente acordados para la Asociación de Productores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este miércoles los datos relevados correspondientes al mes de abril, y que dan como resultado que el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 3,1% el mes pasado, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores de edad necesitara ingresos por $ 17.895,63 para no caer en la indigencia.

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) avanzó 1,4 % durante abril, con lo cual una familia, integrada por dos adultos y dos niños de seis y ocho años, necesitó percibir ingresos por $ 45.593,98 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Según el informe de la dependencia oficial, la Canasta Alimentaria, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló una suba del 14,8 % en el primer cuatrimestre.

En tanto, la Canasta Total, que mide la necesidad de alimentos y bebidas, indumentaria y el pago de servicios, se incrementó 9,3 % entre enero y abril, debido a que las tarifas de los servicios públicos se encuentran congeladas desde principios de año.

La última medición del Indec, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2019, registró que el 35,5% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó un aumento de tres puntos y medio frente al 32% registrado de finales del 2018.

En tanto, el nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue de 8%, con un incremento de 1,3 puntos en relación al 6,7% del segundo semestre de 2018.

De esta manera, sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas son pobres; es decir: no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

La actividad económica cayó 11,5% en marzo, mes en que comenzó el aislamiento.

El nivel de actividad económica retrocedió 11,5% en marzo en términos interanuales, mes en el que comenzaron las medidas de aislamiento para morigerar el avance del coronavirus, publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos en otro informe.

Además, en marzo la actividad económica cayó 9,5% frente a febrero pasado, último mes en que se desarrollaron con normalidad las labores. De esta forma, en los tres primeros meses del año el nivel de actividad acumuló un retroceso de 5,4%.

Para encontrar una caída interanual similar a la del 11,5% de marzo hay que remontarse a los meses de abril y mayo del 2009, cuando por la crisis con las entidades agropecuarias por la Resolución 125 y las restricciones puestas en marcha por la Gripe A, se anotaron bajas del 11,9% y 13,7%, respectivamente.

En marzo de este año, solo la distribución de agua, gas y electricidad cerró con un incremento interanual, del 6,7%, mientras que todos los demás rubros presentaron bajas.

El intendente pedirá al Concejo la declaración de Emergencia para compras extraordinarias. Por la cuarentena se dispararon las demandas.

El intendente Ongarato, junto al Comité de Operaciones, está abocado a la urgencia por el abastecimiento de alimentos a quienes ya no pueden acceder a comedores, a los que se suma la extrema situación de pequeños comercios y empleados informales que se ven impedidos por la cuarentena de buscar su sustento diario.

En este marco, Ongarato dijo en diálogo con NOTAS DE RADIO que habrá un planteo al Concejo Deliberante que “habilite mecanismos extraordinarios para poder resolver las compras”. Se trata de una ordenanza de emergencia que brinde la posibilidad de acelerar los tiempos en la provisión de los alimentos, que en circunstancias normales lleva una semana, un plazo demasiado largo para la urgencia actual.

Por otra parte, el intendente explicó que los ingresos municipales por recaudación están casi en cero. “Necesitaríamos para esta crisis 25 millones de pesos”.

“El número de asistidos de hace dos años era 170, en el último año llegó a 400 mensuales, pero hoy se estima que podrían llegar a los 3500”, indicó Ongarato.

El municipio trabaja contrarreloj para activar todos los recursos al reparto de alimentos.

El Plan Nacional Integral Argentina contra el Hambre que impulsa el gobierno de Alberto Fernández llegará hoy al territorio bonaerense.

El Ejecutivo nacional comenzará a repartir la tarjeta alimentaria en los municipios de La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, San Fernando, San Martín y Morón.

Los que recibirán la tarjeta Alimentar son madres y padres con hijos de hasta seis años que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

El monto con el que contarán las tarjetas es de entre 4000 y 6000 pesos mensuales para comprar todo tipo de alimentos, excepto bebidas alcohólicas.

«Son 350 mil tarjetas en el conurbano y más de 560 mil en la provincia. Es muy auspicioso el uso que se viene haciendo de la tarjeta», afirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en diálogo con radio El Destape.

«Son más de $2800 millones por mes en alimentos. Eso reactiva la economía», precisó el funcionario.

«La situación es crítica e hizo que aceleremos los procesos. En febrero vamos a tener cubierta más de la mitad del país», señaló.

Lanzan ferias populares

La municipalidad de Concordia junto con productores y organizaciones sociales pusieron en marcha anteayer dos ferias populares en la cuales se ofrecieron una canasta alimentos «de alto valor nutritivo» para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, según se informó desde el Ministerio de Desarrollo Social.

El Banco Nación aportó siete posnet para el cobro de estos productos que se ofrecieron a precios promocionales.

En total se prepararon 100 canastas, una cifra que representa al 2% de los ingresos económicos que llegan a Concordia a través de la Tarjeta Alimentar.

También se comercializaron, a través de esta tarjeta, diversos productos individuales, sobre todo leche, que se vendió a 35 pesos por litro, indicaron desde Desarrollo Social.

Además, los beneficiarios compraron productos otras personas que no tenían la tarjeta alimentaria y pudieron elegir «alimentos sueltos».

Desde este Ministerio adelantaron que en una próxima etapa se planea «trabajar en ampliar la oferta», y que «el objetivo es llegar en 3 meses al 10% de los beneficiarios».

La intención de las autoridades es generar con esta iniciativa «el hábito de consumo de alimentos de la agricultura familiar, más allá del uso de la Tarjeta», señaló La Nación

En el marco de la décimocuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel se aprobó ayer el “protocolo de asistencia alimentaria” impulsado por el Frente Vecinal Esquel en el marco de la Ley 25519 de Emergencia Alimentaria Nacional.

De esta manera se encomienda al Ejecutivo municipal la elaboración de un protocolo de asistencia alimentaria para su aplicación en comedores y merenderos comunitarios que funcionan dentro de la jurisdicción del municipio.

“El protocolo de asistencia alimentaria será elaborado en conjunto por la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Bromatología e Hidatidosis asistidos por un comité asesor integrado por representantes de salud pública provincial, con experiencia en el trabajo en terreno con familias vulnerables.

La UNPSJB especializados en áreas de economía y bioética. Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y asociaciones vecinales y otras entidades civiles comprometidas con la temática”.

El artículo 3° del proyecto de ordenanza aprobado ayer establece que “el protocolo tendrá como objetivo garantizar la accesibilidad alimentaria de manera de regular, equitativa y adecuada, tanto nutricional, como sanitaria y socialmente, propendiendo a la comensabilidad familiar. Será elaborado teniendo como criterios rectores el cuidado de la salud alimentaria de la población y el acceso a una alimentación saludable y el manejo adecuado de los fondos destinados a tal fin”.

En su artículo 4° menciona que “se promoverá la soberanía alimentaria priorizando la compra y / o provisión de insumos alimentarios a proveedores y elaboradores locales, como huertas orgánicas familiares, comunitarias, escolares, de fundaciones o cooperativas”.

Y para optimizar la implementación del protocolo y la equitativa asistencia municipal, el Ejecutivo municipal abrirá un registro de entidades que brindan asistencia alimentaria dentro del ejido municipal.

La iniciativa del vecinalismo que tuvo apoyo del oficialismo y la oposición se fundamenta en “la ley 27519 prorroga la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por decreto del poder ejecutivo nacional 108, del año 2002, y crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.

El Gobierno nacional oficializó la ley que prorroga la emergencia alimentaria hasta el año 2022, que había sido decretada por el congreso con sanción del Senado el pasado 18 de septiembre de 2019”.

DEMANDA DE COMEDORES

Los ediles reconocieron la desfavorable situación socioeconómica deriva en un aumento significativo de la demanda en comedores comunitarios y que en nuestra ciudad funcionan comedores y merenderos, algunos de ellos sin ningún tipo de aporte gubernamental y son sostenidos por la solidaridad y compromiso de vecinas y vecinos que trabajan por el prójimo.

“Ante el actual contexto económico y social resulta imprescindible la atención de las necesidades alimentarías de la población en condiciones de vulnerabilidad. Que para hacer frente a la emergencia alimentaria es primordial un abordaje profesional y técnico que establezca normas y procedimientos que permitan garantizar una efectiva y equitativa asistencia alejada de prácticas clientelares”.

En este marco se fija un plazo de 30 días para la elaboración del protocolo mencionado en el artículo 1°, el que será elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento.