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Alejandro Pagani

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Por consejo de su defensor Carlos Villada, el exministro de Infraestructura Alejandro Pagani no iba a declarar. Lo envalentonó el testimonio de Martín Bortagaray.

Contestó preguntas de los fiscales y reafirmó el esquema que planteó el ministro de Familia: las planillas con empresas listadas se confeccionaban para el control de gastos y deudas que exigía el gobernador Mario Das Neves a través de Diego Correa, y no para puntear el cobro de retornos. Afirmó que esas planillas se siguen haciendo con la gestión de Mariano Arcioni y con Pablo Oca y Alejandro Garzonio al frente de Economía. También invitó a que investiguen su patrimonio a fondo y negó haber embolsado sobresueldos.

“No me consta que nadie haya pedido ni que nadie haya cobrado coimas”, le contestó al fiscal Marcos Nápoli. “Leí que Diego Lüters dijo que Correa nos indicaba a todos qué hacer. No es cierto. Pero no voy a opinar sobre lo que imaginó Lüters sentado en su escritorio a 10 cuadras de los lugares donde estaban los problemas. Realmente no era fácil para el ministro Oca ni para mí definir un esquema de pagos razonable para sostener la obra pública”.

Pagani admitió que a Infraestructura llegaban planillas de todo tipo desde la Unidad Gobernador. Pero aseguró que no se elegían constructoras a dedo para cobrar o para perjudicar. “Si alguna planilla no se pagó completa fue por algún problema económico o administrativo. Además el Ministerio de Economía no era fácil ni tenía recursos para todos. Lo más fácil para nosotros hubiese sido pagar toda la obra cuando lo necesitábamos y hubiéramos evitado el trabajo extra de atender los problemas sociales que se generan”.

Dos empleados de Infraestructura, además de Franco Ferrari, jerárquico del Ministerio,  declararon que Pagani intervenía para sugestivamente bajar pagos y priorizar otros en planillas que ellos armaban. Pero el exministro insistió. “Jamás remiti a Economía planillas resaltadas, y si estaban resaltadas sería para un contralor”.

“Sí recibía a empresarios, porque era el ministro –contó-. Y me pasó de tener que definir si a una empresa se le debían 6 certificados, pagarle 4 o pagarle a otras. Fue una constante en la gestión tratar de favorecer las obras que sostenían empleo y esto puede haber sonado en perjuicio o desmedro de alguien”

 

 

Diario Jornada

El juez Sergio Piñeda resolvió otorgar la libertad a Martin Bortagaray y arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta el 24 de noviembre para Alejandro Pagani
Se trata de una nueva audiencia de control detención y apertura de investigación preparatoria en la causa denominada “revelación”. En este caso, dos nuevos imputados, ambos funcionarios de la Provincia del Chubut acusados de pertenecer a una asociación ilícita en perjuicio de la Administración Pública. Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz ambos integrantes de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, le imputaron a Alejandro Pagani el rol de organizador de la asociación ilícita que se conformó para pedir recompensas a los empresarios de la construcción, a cargo de la obra pública provincial, para que cobraran los certificados de obra ya ejecutados y a Martin Bortagaray, como miembro de la misma. El Dr Villada asistió al Ingeniero Pagani  y el Dr. Jorge Rubiolo lo hizo por Martin Bortagaray. Además estuvieron presentes como querellantes, la fiscalía de estado, representada por los Dres Christian Martínez y Javier Estampone, el Dr Blas Mesa Evans y el diputado Eduardo Conde, asimismo la Oficina Anticorrupción representada por el Dr. Mario Romeo los cuales adhirieron a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que al momento de declarar, el ministro de Familia reclamó insistentemente, que se lo investigue. También, pidió que verifiquen cada una de sus propiedades para ver realmente lo que tiene. Asimismo menciono en su declaración “no es mucho más de lo que tenía cuando empecé en la administración pública”. Por su parte el ing. Alejandro Pagani testificó que siempre ha trabajado de manera honesta. También pido que investiguen su patrimonio durante toda su trayectoria en la política. Y exclamo jamás he formado parte de una banda o asociación ilícita.

Los Hechos

En el mes de diciembre del año 2.015, un grupo de funcionarios de alto rango, constituido por el Ministro Coordinador de Gabinete Víctor Hugo CISTERNA,  el Secretario Privado del gobernador Gonzalo CARPINTERO PATTERSON, el Secretario de la Unidad Gobernador Diego Miguel CORREA el Ministro de Economía y Crédito Público Pablo Alejandro OCA y el Ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Alejandro Héctor PAGANI; actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces Gobernador de la Provincia; de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del estado y de los particulares expoliados, decidieron conformar una Asociación Ilícita destinada, comisión de múltiples delitos mediante, a recaudar dinero proveniente –principalmente- de “retornos” aportados por empresas constructoras contratantes del Estado provincial, las que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que periódicamente se les debía pagar sumas de dinero correspondientes a certificados de obra conformados. Con ese fin gestaron un documento nacido del concierto de voluntades de todos y cada uno de los integrantes de aquel colectivo patibulario, el que si bien pudo haber germinado en cabeza de aquellos que se situaban en la cima de la organización ofensora, fue en definitiva por todos conocido y cohonestado; la que dentro de la administración pública provincial fue conocida como la “Circular”. Esta “orden” cuya propalación fue objeto de especial ahínco determinaba, que ninguna contratación de cualesquier índole  podía hacerse desde la administración pública -centralizada y descentralizada- sin la venia previa de CORREA o CARPINTERO. El documento en cuestión, titulado: “MEMORANDUM CIRCULAR” fechado de modo mecánico el día 28 de Enero de 2.016, en su encabezado de modo expreso preanunciaba quienes debían tomar razón de sus términos y obviamente acatarlos. En el sentido expuesto se lee: “PARA INFORMACION DE: Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Presidentes de Entes y Jefe de Policía”, delimitándose de ese modo un amplísimo universo de destinatarios de la manda. A su turno y al tiempo de identificar a los generadores de esta suerte de “bando real” la disposición informa: “PRODUCIDO POR: Secretaría Privada del Gobernador”. A su turno el texto de “la norma” así creada, esta decía: “Por expresa disposición del Señor Gobernador Mario DAS NEVES, se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10  de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –SIN EXCEPCION ALGUNA- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador. Atentamente. Sr. Diego Miguel CORREA. SECRETARIO PRIVADO GOBERNADOR”, finalmente al pie figuraba estampado el gesto gráfico de CORREA y la identificación ordinal de la resolución MEMO N°: 07/2016/GR  Esta circunstancia brindó la ocasión al quinteto de organizar y dirigir el trámite final del pago a las empresas, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la sobre la decisión que les permita, previa percepción del soborno, librar las Ordenes Presupuestarias de Pago. Del mismo modo, CISTERNA, CARPINTERO, CORREA, OCA y PAGANI; decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan sceleris, las que luego cumplirían con celo. En ese sentido acordaron que sería el primero, CISTERNA, quien encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda los retornos, y finalmente en modo en que debían saldarse estas acreencias anómalas), cumplida esta labor inicial, comenzaba la gestión de PAGANI, quien instruía a sus dependientes para que les confeccionen, mediante la utilización del SIAFYC, planillas donde debían figurar los certificados de obra ya emitidos, y confeccionada la respectiva Orden de Pago Presupuestaria (OPP). Las planillas de mención eran remitidas en ese estado –sin firmas/borrador- a Diego CORREA por los más diversos medios; en ocasiones le eran llevadas en mano por PAGANI, remitidas a través de empleados o a través de mensajes de mail. CORREA previo a verificar si los empresarios mencionados en las planillas habían pagado dádivas o al menos se habían avenido a hacerlo, indicaba cuales empresas debían quedar, ser excluidas y/o agregadas en las listas “definitivas”. Este resultado final era reenviado a PAGANI quien luego de firmarlas junto a su Subsecretario de Coordinación, se quedaba con una copia mientras una segunda era remitida a la privada de OCA, siendo este último quien sin más trámite o luego de verificar con CISTERNA o CORREA (según la época), que efectivamente las demandas espurias habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería que efectivicen los pagos debidos. En tanto CARPINTERO se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado, mientras que CORREA, se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban no solo a los incusados, sino que a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal, la gestión incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos. Nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes, antes bien funcionaban con una coordinación y sincronización de roles tal que era menester el conocimiento cabal de los movimientos de sus consortes, era tal la cohesión que las decisiones trascendentales de esta organización quedaban solo a merced del arbitrio del colectivo delictual. El plan en principio perfecto sufrió variaciones, cuando aparentemente por diferencias de neto corte patrimonial (aunque no se descartan las políticas) CISTERNA se alejó de su rol ministerial. Esta ausencia se suplió fácilmente en los hechos, ya que sin solución de continuidad el rol sobre el que fungía el renunciante, fue rápidamente asumido por CORREA, rediseñándose al menos parcialmente la operatoria inicial. La deserción forzada de uno de los “socios fundadores” lejos de generar una disminución en el grupo recaudador, generó que este se incrementara, pues a fines del año 2.016 se sumó otra “fuente” útil para saciar las incontrolables apetencias monetarias. Asi y tras la designación de Juan Martín BORTAGARAY como Presidente del IPVyDU, este instruyó a su personal a fin que le confeccionen con cierta periodicidad “planillas” de contenido similar a las gestadas por los dependientes de PAGANI; mandando además que se las remitan, primero solo a él, y luego también a CORREA, determinando entre ambos cuales serían las empresas con acreencias que percibirían sus créditos y cuáles no, utilizando idéntico fundamento que el antes pergeñado, quien oblaba el tributo anómalo creado por el clan, cobraba; los remisos no. Coetáneamente a su incorporación, BORTAGARAY, al igual que por entonces CARPINTERO, CORREA, OCA, PAGANI y LUTERS, entre muchos otros, se sumó como beneficiario directo del reparto de sobresueldos que administraban los Secretarios del Gobernador.

El exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, y el ministro de Familia, Martín Bortagaray, quedaron detenidos por el cobro de retornos en la causa denominada Revelación, donde ya hay varios exfuncionarios provinciales investigados por defraudación al Estado.

Martín Bortagaray, actual ministro de Familia de Mariano Arcioni, fue detenido en Casa de Gobierno.

El exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, al igual que el extitular del IPV y actual ministro de Familia, Martín Bortagaray, fueron involucrados en la cooperación del cobro de retornos de la obra pública en la declaración realizada por Diego Luthers, secretario de Diego Correa, días atrás

Lüthers confirmó que las empresas debían pagar un porcentaje de retorno del 3% para que cobraran los certificados de las obras realizadas y el 5% para la obra nueva. “(El exministro Coordinador, Víctor) Cisterna estaba a cargo de los retornos en la primera etapa. Eso generó malestar porque Correa siempre quiso encabezar eso. Cuando Cisterna se aleja del Gobierno, Correa me pide que lo acompañe a una reunión y, ahí, comunica que todo iba a seguir igual y que no habría cambios”, aseguró.

Lüthers también señaló a otros dos funcionarios de relevancia en la gestión anterior, el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, y el extitular del Instituto Provincial de la Vivienda y actual ministro de Familia, Martín Bortagaray. “El ministro Pagani también me traía planillas para que Correa marcara con resaltador a qué empresas había que pagarles. Después Pagani se las daba a Oca. Y del IPV, Martín Bortagaray también traía planillas con empresas para marcar a quién pagarle. Era una planilla mucho más completa que la de Infraestructura”, aseguró.

Sobre Pagani a su vez pesa otra causa que lo involucra y está vinculada a sobreprecios en obras de servicios públicos. Las presuntas irregularidades que investiga la Justicia están vinculadas, en principio, a cuatro obras por más de 200 millones de pesos, pero podría llegar incluso a la gestión anterior de Mario Das Neves.

La causa se inició con cuatro obras sospechadas (dos en Comodoro Rivadavia, una en Rada Tilly y la restante en Trelew), aunque la Fiscalía sumaría nuevos casos que involucrarían directamente a la gestión de Martín Buzzi, con el foco puesto en el ex ministro Maximiliano López.

En cuanto a las obras sospechadas que iniciaron la investigación, una de ellas es la ampliación de la subestación transformadora Nº 2 de Trelew que se llevó a cabo a través de “contratación directa” y que contó con un presupuesto de $84.227.845. El plazo de los trabajos fue estipulado en 540 días. Las obras restantes están situadas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

 

 

Madryn Noticias

Los fiscales de la causa Revelación recolectaron información sensible y tomaron declaración a empleados del Instituto Provincial de la Vivienda que sustentan la versión de que el actual titular de Familia habría sido parte del sistema de recaudación de retornos. El exministro Alejandro Pagani también está comprometido.

Se esperan muy fuertes novedades por estas horas en la Causa Revelación, que involucran al ministro de Familia, Martín Bortagaray, y al exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. Luego de la declaración de Diego Lüters, los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, de la Unidad Anticorrupción, decidieron ir al Instituto Provincial de la Vivienda.

Lüters, que sigue detenido en la Comisaría 2ª de Trelew, aseguró que Bortagaray, quien era titular del IPV, le llevaba aDiego Correa, por entonces jefe de la Unidad Gobernador, planillas muy detalladas para marcar qué empresas constructoras debían pagar coimas a los funcionarios públicos.

Según informa Jornada, los documentos que llevaba el exintendente de Dolavon incluían el nombre de la firma, el número del certificado de obra y la explicación del proyecto.

A su vez, el nivel de exhaustividad era tal que Correa le pidió a Pagani que tomara esa planilla como modelo para el sistema de recaudación de retornos.

En el IPV, los fiscales hallaron documentación sensible y entrevistaron al personal. Los datos que recogieronsustentan la versión de Lüters y comprometen a Bortagaray, hoy miembro del gabinete del gobernador Mariano Arcioni. Lo mismo sucede con Pagani.

Ante la posibilidad de salida del ministro de Familia, el ministro de Gobierno, Federico Massoni, aseguró que no deben sorprender los cambios en el equipo de Arcioni. “Permanentemente tiene que ir monitoreando el trabajo de cada ministro y cuando un Ministerio no funciona, el gobernador debe pedir el paso al costado. Todo el gabinete sabe que la renuncia está puesta a disposición en forma permanente”.

Massoni enfatizó que “en la administración de Arcioni, todos los actos que realizan los funcionarios deben ser transparentes y de cara a la sociedad. Conozco mucho a Martín Bortagaray y seguramente pondrá a disposición absolutamente todo para que se realice la investigación necesaria”.

 

 

ADN Sur

La primera audiencia en la que participó Diego Lüters como imputado y que duró más de cinco horas terminó este viernes pasado el mediodía con una morigeracion de la pena, ya que el juez Sergio Piñeda accedió a darle prisión domiciliaria con tobillera electrónica por la cantidad de datos que brindó para el avance de la investigación aunque ello será definido en la próxima audiencia ya que tiene prisión por la causa Embrujo. Lüters ratificó la línea de la investigación original, nombrando a Diego Correa (ex secretario privado de la gobernación) con un papel preponderante, e implicó a dos nuevos exfuncionarios: el ex ministro de Infraestructura y el ex presidente del IPV, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray.

Contó su historia con Correa, a quien conoció siendo empleado del banco; detalló cómo lo invitó a sumarse al área de Gobierno y cómo cambió su presión con la responsabilidad, tornándose “obsesivo”. Dijo que lo “maltrataba” y explicó que tras la salida del ex ministro Coordinador Víctor Cisterna del Gobierno, él, que cumplía una tarea administrativa en la Privada, lo encontró a Correa “sobrepasado” con una cantidad de datos de empresas, por lo que se ofreció a darle una mano y ahí empezó a llevarle la contabilidad de planillas excel de los ingresos por parte de las empresas que venían de la época de Cisterna en los aportes de la obra pública.

Confirmó los sobresueldos

El único nombre propio que aportó es el de Luis Avilés (ex jefe de la Policía) a quien dijo haberle pagado sobresueldos, mientras que asumió que también cobró él los mismos, al igual que “el resto”, sin detallar nombres al respecto.

También implicó a otros dos funcionarios: Martín Bortagaray, ex presidente del IPV, y Alejandro Pagani, ex ministro de Infraestructura, quienes dijo que se llevaban “planillas paralelas” de certificados de obras donde Correa les indicaba quién había que pagarle y a quién no para que le hagan el trámite y después lo enviaban a Pablo Oca, ex ministro de Economía.

Para Lüters, estos ex funcionarios no podían desconocer cómo funcionaba el sistema por lo que serían también del mismo y los fiscales manifestaron que ahí empieza otra línea investigativa que puede comprometer a esos dos nuevos nombres.

Sumó que a la caja negra aportaba no sólo la obra pública sino  que también habló de una reunión con un empresario del área de seguros que aportaba “en dólares”, según el fiscal. Se abre así otra línea de investigación relacionada con el funcionamiento de Patagonia Brokers.

Lüters comprometió a Federico Piccione, empresario de Comodoro, al manifestar que iba “una vez por semana a Casa de Gobierno” ya que tenía “una relación de amistad con Correa” y era quien llevaba los cheques de la obra pública a la ciudad petrolera y que entendía que ese aporte podía tener que ver con una operación “con canal 9 de Comodoro” y que un tal Daniel Castillo podría estar vinculado con la recaudación de la zona de la cordillera.

Lüters dijo que teme por represalias contra él y su familia.

Meza Evans

Mientras tanto, el diputado del FpV y querellante en la causa Revelación, Blas Meza Evans, dijo que “es evidente que Lüters está hablando de lo que planteamos en Legislatura dos sesiones atrás. Es la incorporación del productor del manejo de los seguros eludiendo lo que era una recaudación propia de Patagonia Brokers, que era una sociedad del Estado que se quedaba con todas las comisiones de seguro y era bueno porque eso permitía que no era un tercero quien se quede con las mismas sino una empresa estatal”.

Recordó que “denunciamos que se rompió la estructura que rigió desde la creación de Patagonia Brokers hasta que pocos años atrás se incorpora el productor que no quiere mencionar en la audiencia, que es Torres García, que es un productor a nivel nacional que se queda con lo que debería ser de la provincia y evidentemente lo compartía con esta asociación ilícita investigada”.

Meza Evans afirmó ante la consulta de ADNSUR que aparecen otros tipos de aportes en la “caja negra”. “Aparece el tema del IPV que sabíamos que existía pero no existía una vía para llegar a ello. Su declaración es contundente y cuando se le consultó por la existencia de otras cajas esbozó una sonrisa y no quiso responder así que habrá que seguir sondeando”.

Respecto de las sospechas de que Correa no sería la cabeza de todo, manifestó que Lüters generó un relato verídico que pareciera que oculta otras cuestiones que a lo mejor aparezcan con el tiempo”.

“Puede declarar muchas veces más, podemos incorporar el tema de imputado colaborador”, añadió.

 

ADN Sur