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El juicio al ex jefe del Ejército César Milani por la desaparición del soldado Alberto Ledo entrará esta semana en una etapa decisiva que comenzará con la lectura de los alegatos y la posible formulación de un veredicto del Tribunal Oral Federal de Tucumán el próximo viernes.

Fuentes vinculadas a las querellas le confiaron a Télam que el miércoles Milani prestará una declaración referida a Ledo; el jueves se darán a conocer los pedidos de penas de las partes y es probable que un día después se produzca la sentencia por parte de los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal.

Ledo, un estudiante de la carrera de Historia y militante del PRT, desapareció en junio de 1976 en la localidad tucumana de Monteros, donde se encontraba a las órdenes de Milani, por entonces subteniente del Batallón 141 de Ingenieros.

En esta causa, el militar que estuvo al frente del Ejército durante parte de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner está acusado por “encubrimiento y falsedad ideológica”, ya que confeccionó un acta en la cual se daba cuenta que el soldado había desertado.

El otro imputado en este juicio es el ex capitán Esteban Sanguinetti, el oficial salió de patrulla con Ledo el día de su desaparición, y es acusado de “secuestro y asesinato”.

Empezó esta mañana en Rawson la ronda de alegatos por parte de los abogados que representan a los imputados en la causa judicial.

Tras escuchar la semana pasada los alegatos de los fiscales y los abogados de la querella, los jueces encargados de juzgar a una docena de imputados en la causa judicial conocida como El Embrujo, deberán atender los alegatos de las respectivas defensas.

La causa deriva de una investigación de más de un año realizada por la Unidad Especial de Investigación de delitos contra la administración pública, creada especialmente a principios del años pasado por el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena.

La causa está caratulada como “Correa, Diego Miguel y otros, presunta asociación ilícita”, aunque se la conoce por el nombre El Embrujo, a partir de la denominación que tuvo el primer operativo realizado por la investigación

El tribunal del juicio está a cargo de los jueces Marcela Pérez, Ricardo Rolón y Alejandro Soñis, en tanto que los fiscales del caso son los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams.

La causa tiene 12 imputados, con distinto grado de responsabilidad en los hechos. Diego Correa, Diego Luther, Natalia McLeod, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, Federico Gatica, Jorge Godoy, Giuliana McLeod, Dario Correa, Christian Guisande y Rubén Reinoso.

Se los acusa de hacerse con distintas maniobras de fondos públicos mediante la creación de las empresas Dual Cuore y Sepat, para adquirir propiedades, vehículos y terrenos en distintos puntos de la provincia para finalmente mediante otra empresa creada, Mezeta Consulting, proceder al lavado de los activos. De esta manera el grupo logró hacerse del dinero suficiente como para comprar siete vehículos en general de alta gama, además de hacerse de terrenos, chacras y propiedades en Rawson, Trelew, Playa Unión y Lago Puelo, así lo informó Diario Jornada.

El primero en exponer este miércoles por la mañana es el abogado Javier Romero, defensor del contador Federico Gatica, en tanto que luego llegará el turno del resto de los abogados.

La semana pasada la Fiscalía formuló su alegato de acusación contra todos los imputados y pidió la absolución de Domingo Darío Correa, uno de los procesados en la causa. En tanto que la querella que representa al bloque PJ-FPV de legisladores provinciales también coincidió en el pedido y lo amplió a Giuliana McLeod y Jorge Godoy.

A su turno, también pidió retirar la acusación sobre Domingo Darío Correa, pero también amplió el pedido a Giuliana Mac Leod y a Jorge Godoy.

Según su alegato en el juicio oral y público por El Embrujo, Fiscalía de Estado consideró que “tal era la impunidad” del grupo que encabezó Diego Correa, que “con el correr del tiempo se transformó en un accionar torpe e ingenuo”.

El fiscal Christian Martínez, junto con Javier Stampone, ejemplificaron que cuando comenzó la investigación “se registraron vastas comunicaciones entre los imputados que no dejaron más que exponer que tenían pleno conocimiento de lo que hacían”.

Recordaron un audio para Natalia Mc Leod de Daniela Souza: “No hay prueba para vincular la situación, para que se compruebe”. Su amiga contesta: “Lo que pasa es que esa información más allá de que tengan datos erróneos se filtran de algún lado. Alguien dijo algo para que asocien la empresa a nombre de él”.

Según el pronunciamiento, expuesto en una audiencia en Rawson la semana pasada, “Correa es el que organiza, da instrucciones y toma las decisiones. Es quien maneja el dinero y paga a los empleados muchas veces él mismo y otras a través de los restantes miembros de la organización. Tenía las riendas de los hechos. Decidía el qué, el cuándo, dónde y cómo”, sintetizaron.

Según Fiscalía de Estado, el exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves “armó un plan para no ser detectado. Se escondió detrás de personas interpósitas, físicas y jurídicas”.

En este escenario, el alegato consideró que “no puede haber argumento alguno para creer y sostener que la operatoria no era la de una banda que actuaba en los extremos que el Código Penal asigna al delito de asociación ilícita”.

El grupo de imputados “en lugar de actuar en interés de la Administración Pública tal como debía, lo hizo en interés y beneficio propio, toda vez que las erogaciones dinerarias del Estado en esas contrataciones tenían como destino final su propio bolsillo”. En todos los expedientes que son prueba “no se eligió la oferta más conveniente a los intereses del Estado sino la más conveniente a los intereses personales de Correa, de manera tal que el interés y la necesidad pública que motivó la contratación de ninguna manera fue satisfecha”, así lo informó Diario Jornada.

Fiscalía graficó que los funcionarios imputados “se aprovecharon del traje de subsecretario, secretario o director para aparentar la voluntad estatal cuando en realidad era la voluntad personal de todos ellos. No era el Estado quien hablaba en esas contrataciones sino ellos mismos”.

“La verdadera voluntad estatal nunca se hubiera expresado en el sentido de contratar con Sepat o Dual Core. Ergo, de no haber hecho los funcionarios públicos imputados abuso de sus facultades legales, el Estado jamás hubiera realizado las erogaciones dinerarias a dichas empresas”.

“La voluntad estatal de contratar con esas empresas era meramente aparente, lo que determina la ilegitimidad de todos los pagos realizados, en desmedro del erario”, concluyó el alegato.

Hoy se reanuda una nueva jornada, la séptima, del juicio oral y público que juzga como autor del femicidio de Evelyn Lehr, a Carlos Archie Phillips. El miércoles culminó la parte testimonial y hoy se prevé el inicio de los alegatos.

Los jueces César Zaratiegui, Mirta Moreno y Sergio Piñeda dispusieron la culminación de la parte testimonial del juicio y comunicaron que los alegatos se escucharán este viernes, a partir de las 9 en la sala de audiencias. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Arnaldo Maza acompañado por Guadalupe Serafini y la defensa la ejercen María Laura Martensen y Romina Rowlands, así lo informó El Chubut.

La parte querellante presentará sus alegatos, tanto el bloque de diputados denunciante, representado por el Dr. Sergio Miranda Alcázar y el representante de Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut, Eduardo Hualpa.

En la jornada de hoy en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, se presentarán los alegatos de las partes querellantes: el bloque de diputados denunciante, representado por el Dr. Sergio Miranda Alcázar y el representante de la ONG Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut, Eduardo Hualpa.

El juicio continuará este jueves, después de los alegatos.

El Ministerio Público Fiscal es el primero en realizar su exposición ante el Tribunal que juzga a una docena de imputados en un caso por asociación ilícita, enriquecimiento y defraudación al estado.

Se iniciaron esta mañana los alegatos en el marco del juicio oral y público por la causa conocida como El Embrujo, en el cual están imputadas una docena de personas, entre las que se encuentran exfuncionarios provinciales, empresarios, profesionales y particulares.

El primero en exponer es el Ministerio Público Fiscal, quien intenta demostrar que se conformó una asociación ilícita en cabeza del imputado Diego Correa, exsecretario privado del fallecido Gobernador Mario Das Neves y otrora titular de la Unidad Gobernador en el estado provincial, así lo informó Diario Jornada.

El fiscal Alex Williams inició la ronda de alegatos y relató de manera pormenorizada todos los hechos ya descriptos a lo largo del juicio que dan sustento a la acusación del MPF. Se refieró en ese marco a la asociación ilícita creada con Dual Core capitalizandose con dineros espurios.

Concluyó la mañana del lunes la audiencia de alegatos finales de las partes en el juicio por el femicidio de Valeria Vivar acontecido el pasado 24 de enero de 2016 en el barrio Pietrobelli de nuestra ciudad.

La fiscal solicitó se declare penalmente responsable a Héctor Rubén Gallardo como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; en tanto que para Magali Campos como participe necesaria del mismo. Por su parte las defensas requirieron la absolución de sus defendidos. Finalmente el tribunal pasó a deliberar y dará a conocer su decisorio mañana martes 16 de abril, a las 12.00 hs.

La fiscal en su alegato se refirió a que ha quedado probado a lo largo de las jornadas de debate tanto la materialidad como la autoría del hecho en cabeza de ambos imputados. La materialidad por la muerte de Valeria Vivar que el forense en la autopsia y por estudios complementarios estableció que no fue un suicidio, sino un homicidio. La causa de muerte fue por asfixia mediante presión antebraquial. Los 23 cortes que presentaba la víctima en sus brazos fueron realizados post-mortem.

Es imposible que la víctima pudiera colgarse ya que la escalera estaba en el patio y el cuter estaba limpio, aseguró la fiscal. La víctima jamás estuvo colgada. Se ha probado a lo largo del debate quién fue el autor del hecho y quién la partícipe necesaria del mismo, con indicios numerosos, serios y concordantes. Quien tuvo el móvil, Gallardo por la discusión previa con la Víctima. Durante 10 años de convivencia Campos supo que su hijo maltrataba a la víctima. Gallardo consideraba a Valeria de su propiedad, existía un avasallamiento subjetivo en la relación de pareja, esta era una relación sujeto-objeto. La marcaba como si fuera ganado mediante múltiples tatuajes en todo su cuerpo con su nombre “Rubén”.

La víctima se encontraba inmersa en un círculo de violencia. Requiriendo se condene a Gallardo como autor del delito de “homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por mediar violencia de género”, en tanto que para Campos como partícipe necesaria del mismo; y alternativamente como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género, femicidio”, en calidad de “autor” para Gallardo y de “partícipe secundaria” para Campos.

Por su parte la defensora de Gallardo consideró en su alegato que “no hay conducta delictiva que reprocharle a mi asistido. Vivar se suicida por ahorcamiento”, afirmó. “Su declaración ha sido apuntalada con la prueba rendida en el debate, llega y ve a su pareja  colgada de una sábana en el baño. Vivar había tenido intentos anteriores de suicidio” recordó. Alguien que quiere matar a otro no le practica RCP. Valeria cuando le quitaron a sus hijos cayó en un estado depresivo y se intentó suicidar. El motivo para querer matarla no se ha probado. Concluyendo que “cuando hay distintas alternativas fácticas cobra fuerza el beneficio de la duda”. Solicitando no se responsabilice a mi asistido por ninguna conducta.

En tanto que la defensora de Campos  postuló que la teoría del caso de la defensa de Gallardo prospere y que el hecho fue un suicidio, y no un homicidio. En el Caso de Campos no se dan los agravantes del vínculo, ni los de violencia de género, agregó. La calificación legal correcta para ella sería la de partícipe necesaria o secundaria de homicidio simple. No hay rastro de mi asistida en el lugar del hecho y no se puede asegurar que Campos haya entrado al domicilio inmediatamente después del hecho, sostuvo. Por lo cual solicitó su absolución.

Finalmente el tribunal pasó a deliberar y mañana martes a las 12.00 hs. dará a conocer su veredicto de responsabilidad penal.

El tribunal de debate estuvo compuesto por Miguel Caviglia, Jorge Odorisio y fue presidido por Mariano Nicosia, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la defensa de Gallardo fue ejercida por Viviana Barillari y la de campos por Lucía Pettinari, defensoras públicas.

El femicidio de Valeria Vivar

El hecho juzgado fue el acontecido el día 24 de enero de 2.016, entre las 04,00 y las 4,30 horas aproximadamente, en el interior del domicilio sito en calle Saavedra N° 1.490 del Barrio Pietrobelli de esta ciudad, cuando Héctor Rubén Gallardo estranguló a Valeria Soledad Vivar presionando el cuello de la misma con su antebrazo –estrangulación antebraquial-, ello en presencia de Lilian Magalí Campos –progenitora de Gallardo-, quien no impidió que su hijo llevara a cabo el homicidio ni ayudó a la víctima.

Inmediatamente de ocurrida la muerte de Vivar, Gallardo procedió, a los fines de ocultar el hecho delictivo,  a realizarle un total de 23 cortes en ambas muñecas a Valeria Vivar, y a continuación junto con Campos, colgar una sábana desde las vigas del techo del lavadero de la vivienda y colocar un trozo de sábana al lado del cuerpo simulando que era el trozo con el cual se anudó el cuello de Vivar, y asimismo procedieron a imprimir una marca en el cuello de la víctima simulando la marca de ahorcadura.

En tanto que se calificó jurídicamente el mismo como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género, femicidio”, en calidad de “autor” para Gallardo y de “partícipe necesaria” para Campos; y alternativamente como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género, femicidio”, en calidad de “autor” para Gallardo y de “partícipe secundaria” para Campos.