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La senadora nacional del Frente de Todos Silvia Sapag presentó hoy una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones contra la conductora Viviana Canosa por «difundir información falsa sobre la salud en general y sobre el consumo de dióxido de cloro».

La senadora nacional del Frente de Todos (FdT) de Neuquén, Silvia Sapag presentó hoy una denuncia ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra la conductora Viviana Canosa por «difundir información falsa sobre la salud en general y sobre el consumo de dióxido de cloro».

La Senadora neuquina expresa en la nota difundida hoy que durante el programa «Nada Personal», emitido por Canal 9 el 5 de agosto pasado, la conductora «ingirió en vivo dióxido de cloro y dijo «oxigena la sangre, te viene divino, yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago».

«Este acto de profunda irresponsabilidad, contradice todas las recomendaciones sanitarias», aseguró la senadora y recordó que «la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha informado que la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales».

Menciona además a la Asociación Toxicológica de Argentina que «advirtió mediante un comunicado que no existe evidencia científica de que la ingesta de esos químicos ayude a prevenir o combatir la enfermedad Covid-19».

Sapag hace referencia a la muerte de un niño de cinco años de edad en la localidad neuquina de Plottier, bajo la sospecha de haber sido causada por el dióxido de cloro que le dieron sus padres.

A modo de conclusión la Senadora neuquina solicita al Enacom «evalúe aplicar las sanciones correspondientes al programa «Nada personal» y a la periodista Viviana Canosa por difundir información falsa sobre la salud en general, y sobre el consumo de dióxido de cloro en particular».

En tanto, envió al Senado Nacional un proyecto de declaración en los mismos términos que el planteo al Encom.

La acción de la senadora Sapag se suma a la denuncia penal contra Canosa, presentada hoy en el ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el Diputado provincial del FdT, Mariano Mansilla.

El comité de ética recomendó al Ministerio de Salud cómo asignar recursos para salvar más vidas. El comité de Ética y Derechos Humanos, cuyos miembros se desempeñan ad-honorem, fue creado por la resolución Resolución 1117/2020 el 26 de junio pasado para brindar asesoramiento al ministerio «sobre las implicancias éticas de la pandemia de Covid-19 en la salud pública».

La dignidad de cada vida humana y su derecho universal a la salud, la solidaridad social y la justicia, la transparencia y el respeto igualitario son algunos de los puntos considerados en un documento entregado este miércoles al Ministerio de Salud por el comité de Ética y Derechos Humanos (Cedhcovid19), que contempla el «deber de asignar los recursos escasos a quienes tengan mayor posibilidad clínica de beneficiarse por recibirlos», según se informó este miércoles.

«Todos los sectores involucrados en la atención de pacientes en estado crítico enfrentan consideraciones éticas particulares, ya que involucran recursos que resultan críticos para el mantenimiento de la vida en situaciones de emergencia, debido a que existe una demanda extraordinaria de cuidados de salud, medicamentos y equipamiento que en situaciones de no emergencia no ocurriría», indica el documento titulado «Ética en la asignación de recursos limitados en cuidados críticos por situación de pandemia».

El presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y miembro del Cedhcovid19, Ignacio Maglio, comentó en la conferencia matutina del Ministerio de Salud que este documento es una herramienta importante para que la decisión sobre la asignación de recursos médicos «no se tome en soledad y en un marco de improvisación».

Maglio señaló que «la bioética aporta principios que puedan fundamentar la salud pública y orientar las estrategias sanitarias que son, además de la solidaridad, el respeto por la dignidad personal, la justicia y la equidad».

«Estos últimos principios son los que nos permiten también establecer criterios éticos en la asignación de recursos escasos», dijo el especialista.

Según se lee en el documento presentado al Ministerio de Salud, «transparentar dichos procesos facilita que las acciones en salud sean aprobadas y valoradas moralmente por todos».

El Comité de Ética y Derechos Humanos pone de manifiesto en el escrito que «la asignación de recursos debe estar dirigida al propósito de salvar la mayor cantidad posible de vidas y restituir la salud, optimizando la calidad en la supervivencia».

El documento enumera una serie de criterios para guiar un proceso de toma de decisiones.

El primero de ellos es el de «de mayor bien o maximización de los beneficios», señalando que «este será el principal indicador para la asignación de recursos críticos disponibles».

Este principio «exige asignar bienes u oportunidades limitadas a quienes más puedan beneficiarse por recibirlas», lo que en el ámbito clínico «se traduce en el deber de asignar los recursos escasos a quienes tengan mayor posibilidad clínica de beneficiarse por recibirlos. Es decir, aquellas indicaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible respecto: a la probabilidad de éxito, con una intervención médica determinada, en un paciente específico».

Otro criterio es el de respeto igualitario, que entiende que «cada persona es igualmente valiosa» y que «los pacientes con síntomas o problemas de salud similares deben recibir igual cuidado y tratamiento».

El tercer criterio mencionado es el de «no discriminación: ningún paciente será pospuesto en la atención por razones que no sean estrictamente médicas, esto es edad, género, condición social, clase, religión, etnia, o cualquier otra característica relativa a su condición o lugar en la sociedad».

Esas estrategias deben comunicarse de manera «transparente» a la sociedad, para que se conozcan cuáles son los criterios que se siguen.

A la vez, según el criterio de información y comunicación, «el proceso por el cual se toman las decisiones debe ser abierto a discusión y escrutinio público».

Al mismo tiempo, indica que «todos los usuarios del sistema deben tener acceso a cuidados paliativos, en particular los pacientes gravemente enfermos que no sean candidatos a tratamientos invasivos».

Se establece que sea un grupo de profesionales líderes quienes tomen las decisiones «independientemente de las personas que asisten a los pacientes. La decisión nunca debería tomarse en soledad».el comité

Los pacientes que no sean admitidos en una unidad de cuidados intensivos por falta de recursos recibirán la atención médica disponible en el nivel subsiguiente de complejidad -como por ejemplo cuidados críticos con provisión de oxígeno- y «en situaciones extremas, si se presentara un gran número de personas con similares probabilidades de beneficiarse por el ingreso a cuidados intensivos frente a la disponibilidad de un único recurso, la elección aleatoria (al azar) sería el proceso más justo».el comité

El criterio «primer llegado, primer ingresado» debería ser el aplicado, se lee en el texto.

El documento finaliza recomendando a la cartera de Salud que aplique estos criterios para que «el uso de los recursos críticos en un colapso sanitario resulte ética y legalmente justificado, diseñado, desarrollado y evaluado por un plan común a todos los niveles, y legitimado por un estándar explícito de emergencia».

Por otro lado, el comité entregó un segundo documento, de carácter más amplio, que aporta «recomendaciones generales orientadoras de cualquier política pública» sanitaria, que van desde el respeto por la dignidad personal hasta el cuidado de los datos personales que se vuelcan en las aplicaciones creadas para monitorear la pandemia.

Expertos analizarán cómo la pandemia de coronavirus afectará al comercio mundial de alimentos en el seminario internacional: “Alimentos seguros en el comercio mundial frente a un escenario de profundización de barreras no arancelarias”.

El encuentro es organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo del Grupo de Países Productores del Sur (GPS) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Además, participarán la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Corteva Agriscience y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

El encuentro virtual comenzará a las 11:15 de Argentina y de su apertura participarán Manuel Otero, director general del IICA, y Juan Usandivaras, presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Desde las 11:30 se llevará a cabo el primer panel sobre «Las implicancias productivas y logísticas fronteras hacia afuera de países de la región», con Eduardo Díaz, presidente de la Cámara Mercantil de Productos del País y CEO de Cargill Uruguay, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara y CEC, y Francisco Turra, presidente de la Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) y ex-ministro de Agricultura de Brasil.

Entre los temas abordados estarán la identificación de requisitos sanitarios post pandemia en países compradores para productos de origen animal y vegetal desde la región, los protocolos y procedimientos sanitarios (sanidad-inocuidad de los alimentos) en las cadenas de valor agroalimentarias incluyendo la logística interna y externa (nuevos requerimientos y certificaciones), y mecanismos de facilitación del comercio desde el punto de vista sanitario y la logística.

El segundo panel, “Nuevas medidas no arancelarias en el contexto de la pandemia”, comenzará a las 12:05 y contará con la presencia de Denise Penello Rial, economista de la Unctad especializada en medidas no arancelarias.

Desde las 12:20 se llevará a cabo el Tercer Panel sobre “La demanda de inocuidad por parte de los consumidores y la irrupción de nuevas condiciones sanitarias en el acceso a mercado. La visión de los consumidores sobre sus expectativas en alimentos inocuos frente a la pandemia global”.

Esta presentación estará a cargo de Jorge de Saja, director de las cámaras españolas de la industria de alimentos compuestos para animales (Cesfac) y de los mostradores y refinadores de oleaginosas (Afoex), moderados por Lourdes Fonalleras, del IICA.

A las 12:35 se realizará un debate final sobre las estrategias en materia sanitaria y de inocuidad para afrontar el nuevo desafío de exportar “alimentos seguros”, moderado por Federico Villarreal, director de Cooperación Técnica del IICA.

Para finalizar, desde las 13:55 Federico Villareal, del IICA, y Martín Piñeiro, de GPS, presentarán las principales conclusiones del encuentro.

Acnur alertó que en todo el planeta hay 79,5 millones de personas que por circunstancias de violencia política o social dejaron sus lugares de residencia a través de desplazamientos forzados internos o fuera de sus países.

El número de desplazados y refugiados se disparó a niveles sin precedentes en el planeta en 2019, informó el organismo de la ONU para los Refugiados (Acnur), que pidió a los países de todo el mundo que hagan un mayor esfuerzo para encontrar un hogar para los casi 80 millones de personas en esta situación.

Así lo señala el informe anual de Acnur «Tendencias Globales», que se presenta antes del Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio, y este año muestra un número sin precedentes de 79,5 millones de personas, el 1% de la población mundial, en esas condiciones, la cifra más alta jamás registrada por el organismo.

El informe señala asimismo que disminuyeron las posibilidades para las personas refugiadas que esperan una solución rápida de su difícil situación.

El desplazamiento forzado no sólo está más extendido sino que dejó de ser un fenómeno a corto plazo y temporal”

FILIPPO GRANDI, ALTO COMISIONADO DE ACNUR

En la década de 1990, un promedio de 1,5 millones de refugiados pudieron regresar a sus hogares cada año, pero durante la última década ese número se redujo a alrededor de 385.000 personas, lo que significa que el aumento en el desplazamiento hoy supera ampliamente las soluciones, según el documento.

«Estamos presenciando una nueva realidad, ya que el desplazamiento forzado hoy en día no solo está mucho más extendido, sino que simplemente ya no es un fenómeno a corto plazo y temporal», dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

«No se puede esperar que las personas vivan en un estado de incertidumbre durante años, sin la posibilidad de volver a casa, ni la esperanza de construir un futuro donde están», dijo Grandi.

Para el Alto Comisionado es necesaria «una actitud fundamentalmente nueva y más receptiva hacia todas las personas desplazadas, junto con un impulso mucho más decidido para resolver conflictos que duran años y que están en la raíz de un sufrimiento tan inmenso».

El informe de Acnur, publicado en su página web, muestra que de los 79,5 millones de personas que se habían visto forzadas a abandonar sus hogares a fines del año pasado, 45,7 millones eran desplazados internos, es decir personas que habían huido a otras áreas de sus propios países.

El resto eran personas desplazadas fuera de sus países: 4,2 millones de ellas esperaban el resultado de sus solicitudes de asilo, mientras que 29,6 millones eran refugiados y otras personas que se habían visto obligadas a desplazarse fuera de su país.

El aumento anual, desde 70,8 millones registrados a fines de 2018, es el resultado de dos factores principales, precisa el documento.

Primero, preocupan los nuevos desplazamientos en 2019, particularmente en la República Democrática del Congo (RDC), la zona del Sahel, Yemen y Siria, este último país en su noveno año de conflicto y con 13,2 millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, que representan un sexto del total mundial.

La segunda preocupación es una mejor representación de la situación de los venezolanos fuera de su país, muchos de los cuales no están legalmente registrados como refugiados o solicitantes de asilo, y para quienes se requieren mecanismos que tomen en cuenta las consideraciones de protección.

Dentro de esas cifras hay una multitud de crisis individuales y muy personales.

La cantidad de niños -entre 30 y 34 millones, decenas de miles de ellos no acompañados- que están entre los desplazados es mayor que, por ejemplo, las poblaciones enteras de Senegal, Singapur y Suiza juntas.

La proporción de personas desplazadas de 60 años o más (el 4%) está muy por debajo de su porcentaje en la población mundial (el 12%), una estadística que describe el sufrimiento inconmensurable, la desesperación, el sacrificio y la separación de sus seres queridos.

Al menos 100 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en la última década, buscando protección dentro o fuera de sus países, más que toda la población de Egipto, el decimocuarto país más poblado del mundo.

Por otra parte, el desplazamiento forzado casi se ha duplicado desde 2010 (41 millones entonces frente a 79,5 millones ahora).

El 80% de las personas desplazadas o refugiadas del mundo se encuentran en países o territorios afectados por inseguridad alimentaria aguda y desnutrición, muchos de los cuales enfrentan además riesgos climáticos y de desastres naturales.

El Informe Tendencias Globales cuenta todas las principales poblaciones desplazadas y refugiadas, incluidos los 5,6 millones de refugiados palestinos que están bajo el mandato del Organismo de la ONU para Refugiados Palestinos (Unrwa).

El compromiso de Desarrollo Sostenible de 2030 de «no dejar a nadie atrás» ahora incluye explícitamente a las personas refugiadas, gracias a un nuevo indicador sobre refugiados aprobado por la Comisión de Estadística de la ONU en marzo de este año.

El Gobierno Argentino firmó esta noche un decreto de necesidad y urgencia que autoriza a los atletas olímpicos a volver a sus entrenamientos y los deja exceptuados de cumplir la cuarentena por la pandemia del coronavirus que rige en el país desde el 20 de marzo.

En una resolución firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el Ministro de Salud, Ginés González García, se autoriza a retornar a sus rutinas de entrenamiento a los atletas que ya tienen garantizada su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio del año próximo.

Como todos los días, los trabajadores del Hospital Andrés Ísola y de los Centros de Atención Primaria de la Salud marcharon alrededor del nosocomio madrynense en protesta por los salarios adeudados, ya que si bien les depositaron abril, les deben los haberes de mayo.

En este contexto, los trabajadores y trabajadoras realizaron una asamblea en el sector de ingreso de ambulancias donde decidieron realizar un paro de actividades los días miércoles y viernes de la semana que viene “ante las reiteradas faltas de pago de haberes en tiempo y forma y la actualización de los mismos”.

Cabe recordar que los trabajadores sanitarios de nuestra ciudad hicieron una medida similar, con movilización al centro de Madryn incluida, el último martes.

«Se abrió una instancia de diálogo productivo, muy franca, y con las expectativas de que este canal siga fortalecido para abordar un tema tan importante como es Vicentin», indicó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, uno de los participantes del encuentro.

El presidente Alberto Fernández recibió al CEO de la intervenida empresa Vicentin, Sergio Nardelli, para analizar la situación de la cerealera en riesgo de quiebra, y al término del encuentro el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró que el objetivo del gobierno es el «rescate» de la firma y que se analizan «alternativas superadoras».

«Se abrió una instancia de diálogo productivo, muy franca, y con las expectativas de que este canal siga fortalecido para abordar un tema tan importante como es Vicentin, que para el sector agroalimentario argentino es una de las referencias importantes», indicó Perotti a la prensa tras el encuentro en la Residencia de Olivos.

Además del mandatario santafesino participaron del encuentro con Nardelli, que encabezó el jefe de Estado, el ministro de Producción, Matías Kulfas; su par de Agricultura, Luis Basterra, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Perotti sostuvo que tanto su provincia como la Argentina «en general» son «jugadores internacionales de mucho peso en lo que es la elaboración de alimentos y transformación de materia prima».

Reseñó que el Presidente fue «muy claro» en su objetivo de «rescate de la empresa», aunque aclaró que del «diálogo» surgió que «si aparecen alternativas superadoras, está dispuesto a escucharlas».

Fernández anunció esta semana la intervención de la compañía, que afronta una deuda certificada de casi 100 mil millones de pesos, y la posible expropiación de la firma, que debería ser tratada por el Congreso Nacional.

El gobernador santafesino adelantó además que mañana los integrantes de la empresa se reunirán con Gabriel Delgado, el interventor designado por el Poder Ejecutivo, y con directivos de YPF para «analizar algunas de estas alternativas».

«El Presidente ha dado instrucción de que el interventor tenga la instancia de colaboración de todo el personal de gerentes actuales, para que no exista impedimento o burocracia que demore el normal funcionamiento de la empresa», subrayó.

El último lunes, el Presidente había anunciado la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre pasado entró en cesación de pagos.

Un día después se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores.

En tanto hoy el subinterventor, Luciano Zarich, ingresó a la sede administrativa de la empresa, en la localidad santafesina de Avellaneda, junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de la firma con el propósito de concretar la intervención de la empresa.

«Vengo a hablar con el Presidente. Voy a conversar con él. Creo que la salida de la empresa (Vicentin) debe venir del sector privado», señaló Nardelli en un breve diálogo que mantuvo con los medios de prensa destacados en Olivos cuando llegaba a la rreunión.

El encuentro entre el jefe del Estado y el nieto del fundador de la agroexportadora se realizó tras una comunicación telefónica que ambos mantuvieron este miércoles.

Tras ese contacto, Fernández había comentado que tuvo «una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin», a quien le dijo que lo que buscaba el Gobierno era «preservar la empresa en manos argentinas».

Esto «no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra», subrayó.

La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 42% en abril, con un retroceso de 9,6 puntos porcentuales con respecto a marzo pasado, debido a que en el cuarto mes del año operaron a pleno las medidas de aislamiento destinadas a mitigar el contagio del coronavirus, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La merma interanual fue mayor, de 19,6 puntos porcentuales, ya que el de utilización de la capacidad instalada de la industria en abril de 2019 fue de 61,6%.

Estos valores se ubicaron en línea con el retroceso del 33,5% interanual que registró la actividad industrial en abril y de 18,3% con respecto a marzo.

Durante abril “las limitaciones operativas producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio afectaron sustancialmente el nivel de actividad de la industria. En efecto, de acuerdo con datos de la encuesta cualitativa solo un tercio de los locales del sector manufacturero pudo operar con normalidad en abril, mientras que los dos tercios restantes, o no operó o solo pudo hacerlo parcialmente”, señaló el Indec.

Los establecimientos que estuvieron cerrados en su totalidad, como los fabricantes de vehículos automotores y de cigarrillos, exhibieron un nivel de utilización nulo.

El nivel más alto de utilización de la capacidad instalada en abril se registró en sustancias y productos químicos (69,3%), a partir de buenos desempeños en los niveles de actividad de determinadas líneas de productos de impieza y de fertilizantes”

Por contrapartida, un conjunto de plantas industriales vinculadas con actividades esenciales operó con normalidad en abril, como ciertos productores de alimentos y de productos químicos.

El nivel más alto de utilización de la capacidad instalada en abril se registró en sustancias y productos químicos (69,3%), a partir de buenos desempeños en los niveles de actividad de determinadas líneas de productos de impieza y de fertilizantes.

En el caso de los productos alimenticios y bebidas, se observaron mejores desempeños en un conjunto de plantas productivas dedicadas a la elaboración de carne vacuna, carne aviar y productos lácteos.

Asimismo, en abril un conjunto de plantas productivas presentó niveles mínimos de actividad, como los establecimientos dedicados a la producción de hilados de algodón, a la elaboración de tejidos y a la fabricación de aparatos de uso doméstico.

 

En este contexto, los productos textiles utilizaron solamente un 4,2% de su capacidad instalada, mientras que la metalmecánica, excluida la industria automotriz, operó al 20,1% en abril.

Según la encuesta cualitativa de la industria manufacturera en el contexto de Covid-19, en el caso de los fabricantes de productos de metal, maquinaria y equipo, solamente el 10% de los locales manufactureros operó con normalidad en abril, mientras que el 37% de los locales manufactureros estuvo sin actividad productiva en el mes bajo análisis.

Los productos minerales no metálicos y las industrias metálicas básicas registraron en abril niveles de utilización de la capacidad instalada de 22,5% y 25,1%, respectivamente. Según la encuesta, si se consideran estos dos sectores en conjunto, solamente el 6% de los locales manufactureros operó normalmente en abril, mientras que el 50% estuvo sin actividad productiva.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que la modalidad de teletrabajo solo puede ser admisible en «el contexto de la pandemia» de coronavirus, y afirmó que ese esquema laboral «no podrá subsistir» una vez superada la emergencia social y sanitaria, informó la organización gremial.

Un documento del sindicato, que lideran Hugo Godoy y Rodolfo Aguiar, aseveró que «no puede haber un Estado presente con trabajadores ausentes”.

El pronunciamiento fue difundido luego de un encuentro del espacio gremial que encabeza Aguiar e integran Eduardo De Gennaro, Alejandro Garzón, Mercedes Cabezas, Vicente Marti y otros integrantes de la conducción nacional.

«El teletrabajo es inadmisible en un escenario normal. No se trata de una empresa privada. La cercanía con el pueblo es lo que que caracteriza la tarea, ya que son las franjas sociales más vulnerables las verdaderas usuarias del sistema o destinatarias de los servicios y prestaciones del sector», expresó Aguiar.

El dirigente rionegrino indicó en un comunicado que según la información oficial de la Secretaría de Gestión y Empleo Público solo el 14 por ciento del recurso humano trabaja hoy de manera presencial, el 63 por ciento lo hace de forma remota y el resto del personal tiene licencias debidamente autorizadas.

Ante la posibilidad de que el teletrabajo sea regularizado a partir de la pandemia a través de un debate parlamentario, Aguiar consideró que «se trata de un fenómeno que favorece la precarización y tercerización de servicios, aunque es cierto que se impone en la urgencia, por lo que debería aceptarse su regulación excepcional y solo por un tiempo determinado», indicó el documento.

Para la ATE, el teletrabajo torna invisible la relación laboral, genera horas excesivas de labor; no reconoce las extras; no autoriza licencias por enfermedad; hay riesgos de no declarar síntomas de enfermedad o lesión; de estrés por objetivos de productividad elevados; hay ausencia de indemnización por accidentes; riesgo de pérdida de status de asalariado y la precarización es mayor para las mujeres, ya que se establece hasta una triple jornada, subrayó.

Para los gremios, se produce «una disminución o debilitamiento del colectivo laboral; desaparece la solidaridad y militancia; hay falta de apoyo de los teletrabajadores a las huelgas; posible pérdida de afiliados al pasar a la figura de autónomos; más explotación del empleador y lugares precarizados e inestables».

«Las supuestas bondades del sistema encubren la pérdida de derechos individuales y colectivos. La ATE no avalará ningún proyecto de ley en el que no participen los trabajadores y, cualquier reforma temporal, debe ser aprobada en la paritaria», puntualizó Aguiar, quien rechazó la iniciativa que impulsan las empresas.

La Asociación Amigos del Hospital sigue entregando equipos al nosocomio local, en esta oportunidad entregaron computadoras e indumentaria para choferes, enfermeros y médicos .

Se trata de 5 computadoras completas de escritorio (TV Kanji 22’LED 8GB), las que serán destinadas a los servicios de tocoginecología, clínica quirúrgica, quirófano, clínica médica y área administrativa, en el marco de la reorganización operativa informática dispuesta por la Dirección del hospital.
El costo total de la compra fue de $176.450 y fue financiada con los fondos de las donaciones recibidas por vecinos y empresas.

INDUMENTARIA AL HOSPITAL

Se realizó un aporte de 50 camperas a la unidad médica de urgencias sección pre hospitalaria (ambulancia), destinadas a choferes, enfermeros/as y médicos/as.

El costo total de la compra fue de $75.625 y fue financiado con fondos propios de la asociación.
Cabe destacar que desde la comisión directiva de la Asociación Amigos del Hospital resaltaron que esta donación fue posible gracias a la colaboración de todos los vecinos y de sus aportes mensuales.