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El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que «las tarifas de servicios deben actualizarse de una manera que acompañe el crecimiento de los precios», al referirse al proyecto de Presupuesto 2021 que fue presentado esta semana en el Congreso.

Teniendo en cuenta que la inflación proyectada para el próximo año asciende al 29%, Guzmán planteó: «Es necesario tener niveles de tarifas de servicios públicos justos en términos distributivos y productivos, sostenibles y equitativos en materia fiscal, alineados con un uso eficiente de los recursos no renovables que alienten un proceso de inversión alineado con las necesidades de crecimiento de la economía”.

“Las decisiones tarifarias se tomarán en el resto del año, pero creemos que deben ajustarse de acuerdo a la inflación. Apuntamos a que los subsidios en relación al PBI no crezcan. En 2020, hubo un congelamiento nominal; lo que esperamos para 2021 es un congelamiento real”, sostuvo el ministro

Nuevo esquema de tarifas

A su vez, expresó que se redefinirá el esquema de tarifas “buscando una transición ordenada, en la cual haya incentivos a la inversión y sustentabilidad fiscal”.

En ese marco, Guzmán explicó que «lo que pagan los hogares debe estar alineado con la situación económica y social. Ese esquema para 2021 se va a estar informando más adelante. Hasta el 31 de diciembre no va a haber cambios”, resaltó.

 

 

El viernes, el Gobernador se puso del lado de los empleados públicos que menos ganan. Habló de los policías que cobran 36.000 pesos de bolsillo y los comparó con los que tienen la suerte de cobrar cinco veces más y, sin embargo –según él -, no ponen lo que hay que poner. Lo que se olvidó de mencionar fue lo que se publica en el Boletín Oficial todas las semanas. Allí se observa un festival de designaciones políticas en el Gabinete que se vienen haciendo desde que se comenzó a hablar de “ajustar el gasto”.

“No tengo problema en que me insulten, que digan lo que carajo quieran de mí, pero prefiero pagar tarde los sueldos a dejar a un trabajador en la calle”, dijo para salir al cruce de los que le proponen eliminar 7.000 sueldos públicos para equilibrar el déficit fiscal.

En ese escenario, el Gobernador tiró arriba de la mesa un proyecto para poner topes salariales en el Estado. Algo así como que nadie cobre más de los 243.000 pesos que cobra él. Una idea que han tenido muchos antes pero que a estas alturas parece impracticable para un Gobierno al que no le sobra nada, no sólo en términos económicos.

Hay que leer todas las semanas el Boletín Oficial para asistir al festival de designaciones políticas que se vienen haciendo desde que se comenzó a hablar de “ajustar el gasto”. No hay que echar empleados públicos, hay que eliminar el gasto salarial superfluo. Ser o parecer no es un dilema para esta etapa de crisis casi terminal de Chubut. Hay que ser y parecer.

Un claro ejemplo de esto fueron las designaciones que se produjeron en el último mes. El pasado 2 de Junio el ex secretario General de la Gobernación, Carlos Relly, fue designado -tras la publicación del Decreto N° 428- como subsecretario en el Ministerio de Economía y Crédito Público. De esta forma, continúan las designaciones dentro del Gabinete Provincial.

Acto seguido, el Gobierno de Mariano Arcioni designó Claudio Mosqueira en el cargo de Subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio. En enero de este año Mosqueira, era designado en Políticas Sociales.

En tanto, Masiel Carrasco fue designado en el cargo de Subsecretario de Coordinación y Relaciones Institucionales, de la Secretaría General de Gobierno.

La ex concejal Norma Contreras fue designada como personal de Gabinete, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, percibiendo una remuneración equivalente al rango de Director.

Mario Morante y Luis Lefipan, también fueron designados el mismo día que la ex concejal Contreras, como personal en el Ministerio de Seguridad y con un rango de remuneración equivalente al de Director.

Mario Morante y Luis Lefipan, también fueron designados el mismo día que la ex concejal Contreras, como personal en el Ministerio de Seguridad y con un rango de remuneración equivalente al de Director.

Para ajustar niveles salariales al ras sin medir la importancia de cada sector del Estado, se necesitan manos en la Legislatura y consensos en el Poder Judicial, dos lugares en donde el Gobierno tiene menos amigos que Adán –según publica Diario Jornada-.

En menos de 10 días de los anuncios, las autoridades de Aerolíneas Argentinas llegaron a un acuerdo con los seis gremios para avanzar con el plan de recortes para los meses de junio y julio. La aerolínea continuará pagando el 100% de los salarios de bolsillo de manera no remunerativa. 

Antes de cumplirse el décimo día de los anuncios de ajustes de gastos por la falta de vuelos las autoridades de Aerolíneas Argentinas llegaron a un acuerdo con los seis gremios que representan a los trabajadores de la empresa para avanzar con el plan de suspensiones durante junio y julio.

La empresa controlada por el Estado suspenderá a 4000 trabajadores, poco más de la mitad que había proyectado originalmente, a quienes les continuará pagando el 100% de los salarios de bolsillo de manera no remunerativa.

Con datos de la compañía que publicó el diario La Nación la suma ahorrada llegará a los $220 millones por mes en cargas patronales, que se sumarán a los $130 millones de ahorro mensual que ya se habían generado por la suspensión del pago de viáticos -que en algunos convenios representan hasta el 20% del ingreso- a los empleados que están trabajando desde sus casas.

Fuente:  U24.

El intendente Sergio Ongarato encabezó ayer una reunión en el COEM (Centro de Operaciones de Emergencias Municipal) con autoridades del Area Programática Esquel de Salud, Policía de la Provincia e inspectores municipales, a fin de evaluar y ajustar las tareas de control de transportes y transportistas de mercadería que ingresan a la ciudad, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

«Nos reunimos las diferentes instituciones y sectores que estamos trabajando en los controles de carga y mercadería que ingresa a Esquel. Se definió la forma de trabajo para adelante. Los camiones que llegan a la Portada los va a precintar personal de la Policía de la Provincia y luego por una ruta establecida se van a dirigir a la Terminal de Omnibus y allí los inspectores municipales quitan los precintos del transporte y se determina si va a descargar directamente a depósito o si lo hace en el lugar», explicó el mandatario municipal luego de la reunión en diálogo con EL CHUBUT.

Por otro lado, «toda la mercadería de los vehículos más chicos que descargan en la Terminal tiene que ser retirada ahí mismo por sus destinatarios. Mientras duran las medidas por la pandemia no habrá servicio puerta a puerta».

Dijo que los agentes municipales de inspección y bromatología «se quedan realizando su tarea en la Terminal de Omnibus, con turnos establecidos de lunes a lunes en el horario de 8 a 20 horas. Los transportes con mercadería pueden ingresar hasta las cero horas. Cuando llegan después de las 20 horas se quedarán en un lugar establecido para tal fin y deben ir a la Terminal al día siguiente para que les retiren el precinto y se haga el control correspondiente».

«Los controles nunca se dejaron de hacer»

Aclaró Ongarato que los controles «nunca se dejaron de hacer. En esta reunión se pulieron algunos detalles que faltaban sobre el cruce de datos de planillas que llena Policía con las que tienen los inspectores municipales. Tienen que coincidir la cantidad de camiones que llegan a la Terminal con los que Policía precintó en la Portada de acceso a Esquel. Y si no hay coincidencia, se detecta inmediatamente cual es el transporte que ha infringido las normas y se hacen las denuncias correspondientes».

Por último, indicó que la principal tarea que hacen los inspectores municipales en la Terminal de Omnibus, «además de que hay un servicio de desinfección, es controlar que el chofer del transporte que llega a la ciudad, el acompañante si lo hubiera, y el destinatario de la mercadería, mantengan la distancia que se requiere para evitar contagios».

El Vicegobernador Ricardo Sastre, tras el fallo de la Dra. Moreno de derogar todos los anuncios que había realizado el Ministerio de Seguridad, indicó que “debe respetarse el fallo, y las fuerzas de seguridad provinciales deben hacer cumplir el Decreto Presidencial de protocolo de seguridad, pero los controles no deben dejar de hacerse, y la sociedad debe continuar siendo solidaria con esta cuarentena”.

“Creemos en que la gente seguirá respetando los tiempos de cuarentena, tal como fue establecido a nivel nacional. No hay que confundir las cosas, y tampoco a la ciudadanía. No deben existir excesos en los controles, pero si los controles no se siguen haciendo, cada cual hará lo que le sea más cómodo” indicó Sastre.

Y admitió que “debemos seguir siendo solidarios y respetar a los demás en esta pandemia. Los grupos que antes eran factor de riesgo, hoy lo siguen siendo. Eso no ha cambiado. El fallo de la Justicia, solo deroga las resoluciones del Ministerio, pero al mismo tiempo pide que la Provincia utilice el protocolo que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández, y eso significa que los controles deben continuar, obviamente dentro de los parámetros normales ya fijados”.

El Vicegobernador explicó que “seguir respetando la cuarentena, nos permitirá continuar trabajando en aplanar la curva, reducir al máximo posible los contagios y sus eventuales transmisiones, y cuidar a aquellos que son considerados factor de riesgo dentro de la sociedad. Debemos seguir siendo solidarios con el otro, ese es el objetivo al final de esta pelea que seguiremos dando entre todos”, cerró.

Luego de que finalizara el acuerdo de rebajas entre el Gobierno y los laboratorios, los precios de medicamentos comenzaron a mostrar aumentos que partieron en 1,9% y llegaron a 10%.
Según un relevamiento de la consultora Elypsis, se detectaron alzas en el 52% de los remedios del mercado, según un panel de 161 variedades analizadas, con un promedio de 2,1%.

«Los remedios genéricos subieron 2,0% y los de marcas, 2,3%. Los de tratamientos permanentes aumentaron 2,2%. Según los acuerdos implícitos entre el gobierno y el sector, se espera sostener los ajustes por debajo del IPC durante todo 2020 ”, señala el informe.

Entre los principales datos del relevamiento se desprende que las subas se concentraron el 6 de marzo, tras finalizar el acuerdo entre el gobierno y los laboratorios el sábado 29 de febrero. Los más afectados fueron los remedios de marca (+2,3%), mientras que los genéricos ajustaron en promedio 2%.

Por tipo de tratamiento, aumentaron 1,8% promedio los remedios para tratamientos de corto plazo como alergia (+2,8%), analgésicos (+3,2%), antibióticos (+1,5%) o corticoides (+2%). Los de tratamientos permanentes subieron 2,2%, destacándose: 4% en los destinados a tratar el Alzheimer, 2,5% asma, 2,4% colesterol y 2,3% diabetes. Los que más ajustaron (+2,5%) fueron los coadyudantes, que son remedios prescindibles, que incluyen los destinados a la artrosis (+3,2%), o para la disfunción eréctil (+2,3%).

En tanto, poniendo la lupa en los 12 productos de mayor aumento, la mitad son vinculados a tratamientos permanentes como el Clopidogrel, para el corazón, del laboratorio Richet, que subió 5,5% la caja de 30 comprimidos de 75mg.

Con pocas chances efectivas de que logre ser tratado durante este año, el Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un nuevo proyecto de ley de Alquileres, que ajusta a través del índice de inflación y salarios.

La iniciativa fue trabajada en conjunto por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de la Vivienda, Iván Kerr y un grupo de legisladores oficialistas, liderados por Daniel Lipovetzky, titular de la Comisión de Legislación General.

La iniciativa, que ingresará a la Cámara de Diputados, deberá ser negociada con otros ya existentes: hay uno ya presentado por Lipovetzky y otros por la oposición (FpV, Movimiento Evita, Red por Argentina).

Además, deberá lograr un consenso para su tratamiento en vísperas de las elecciones, con un Congreso prácticamente en receso y otras iniciativas en carpeta como el reperfilamiento de deuda.

La iniciativa plantea que los alquileres se ajustarán a través de la evolución del índice de precios y salarios. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler se fijará como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual, para contratos de menos de 650 Uvas -$26.600-, solo se podrán realizar ajustes utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el BCRA.

En tanto, establece que no quedarán a cargo del inquilino el pago de honorarios por la intermediación de un corredor inmobiliario, gastos de publicación, certificación de firmas y cualquier otro en el que incurriere el intermediario a efectos de perfeccionar o renovar un contrato.

Los plazos del contrato de alquiler serán por dos años, aunque llegado el día de vencimiento del contrato, la locación se prorrogará obligatoriamente por un año, salvo notificación fehaciente del locador o el locatario manifestando su intención de no renovarlo.

Otro punto de importancia es el de las garantías. Se podrán presentar la garantía de otro inmueble, un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente.

Además, los contratos de locación de inmuebles deberán ser declarados por ante AFIP.

En diálogo con Ámbito Financiero, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sostuvo que no fueron consultados por el Gobierno para la elaboración de esta iniciativa pero celebró que el tema vuelva al Congreso «porque hay que aggiornarlo».

Consideró que hay puntos del proyecto con los que acuerda y otros con los que no y detalló que es necesario que «los alquileres puedan indexarse para darle transparencia al mercado», pero que habría que «debatir el método, que sea un equilibrio de partes entre propietario e inquilino».

Además, rechazó la eliminación del pago de los honorarios de intermediación a cargo de los inquilinos. «Es una profesión altamente capacitada y si una persona quiere contratar, es justo que pague por ese servicio», explicó.

Por último, anunció que la próxima se reunirá la Mesa de la Industria Inmobiliaria donde están todos los actores del sector (Asociación de Desarrolladores, Constructores, Ciencias Económicas, Arquitectura, Inmobiliarios, Propietarios e Inquilinos) para evaluar el proyecto de ley del Gobierno y proponer modificaciones si fueran necesarias, así lo reseña Ámbito Financiero.

Los números de este 2018 dan muestras de una crisis económica y social que comienza a profundizarse en el territorio argentino. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri se refiere a la situación como una “tormenta” que ya pasó. Sin embargo, en lo que va de este año ya se registraron más de 32 mil despidos y suspensiones, un 30% mayor a los sucedidos en 2017. Con las alarmas encendidas, el empleo no repunta y la pobreza aumenta a un ritmo preocupante.

En una semana clave para la economía del país donde una misión del FMI llega al país para evaluar las metas que debe cumplir el gobierno y con un dólar que se disparó a pocas horas de un nuevo vencimiento de las Lebacs, el Centro de Economía Política Argentina elaboró un nuevo informe sobre despidos y suspensiones.

En ese aspecto, solamente en julio se dieron 6.588 casos, el doble que el mes anterior y los sectores más perjudicados fueron los de servicios y la industria, que representó el 77%. De este modo, en los primeros siete meses ascienden a 32.794, los mismos corresponden a 12.532 en el empleo público y 20.262 en empleo privado. Así, se observa un promedio mensual de 4.684.

Si se compara con el periodo de 2017, los números superan en 7.296 casos y representa un incremento de casi 30%. En los primeros dos meses de 2018, los despidos del sector público resultan más significativos pero luego aumentaron los registros en el sector privado.

Desde CEPA indicaron que “la industria protagoniza el proceso de despidos y suspensiones también en 2018. Se observa la continuidad en el proceso de expulsión laboral a lo largo de los primeros siete meses del año, promediando 2.138 casos mensuales”.

“Particularmente en el mes de julio de 2018 los despidos y suspensiones del sector industrial fueron quienes motorizaron el fenómeno, representando el 77% de los casos totales del mes”, añadieron.

 

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