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Agricultura Familiar

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En el Día del Agricultor y la Agricultora, el presidente Alberto Fernández participó de una reunión virtual del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, donde se presentó un plan de inversiones de más de 12.781 millones de pesos para el fortalecimiento del sector y el proyecto de decreto para reglamentar la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.

Con la participación del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se informó que el 80 por ciento de esas inversiones se llevará adelante con financiamiento de organismos multilaterales. El plan apunta a fortalecer a un sector que produce el 62 por ciento de los alimentos que se consumen en las mesas de los argentinos y que representa el 54 por ciento del trabajo rural.

“Hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, hay muchas familias que pueden vivir de la tierra y pueden ayudar a otros a acceder a lo que producen”, señaló el Presidente.

Y afirmó: “Hay que llevar conocimiento, infraestructura, trabajo a todo el interior del país, porque lo que ha ocurrido en las últimas décadas, muchas décadas, en la Argentina es que ha habido una concentración creciente en las zonas metropolitanas”.

“Cada argentino merece tener la posibilidad de crecer donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de hacer una familia donde nació, de tener trabajo donde nació, de disfrutar, de pasarla lindo en el lugar donde nació. Ese debería ser un objetivo que todos tenemos que meternos en la cabeza”, sostuvo.

Además, manifestó que “el desarrollo de la agricultura familiar tiene mucho que ver con el desarrollo que le queremos dar a todo el interior del país”. “Realmente quisiera que al cabo de mi mandato podamos ser un país más federal del que hoy somos, porque decimos ser un país federal pero no actuamos como un país federal, actuamos como un país muy concentrado en el puerto de Buenos Aires”, indicó el mandatario.

El ministro Basterra consideró que la 27.118 “es una ley de avanzada, de vanguardia, que contempla de manera amplia los derechos y dictamina los lineamientos políticos para que pueda llevarse adelante el concepto de equidad social y de equidad territorial en la producción agropecuaria”.

Y destacó que durante las medidas de aislamiento implementadas ante la pandemia de coronavirus “la agricultura familiar ha garantizado el comercio de cercanía, la producción de alimentos sanos, saludables y con identidad”.

“Estamos trabajando para que el descenso histórico que ha tenido la población rural se pare”, remarcó.

Del encuentro participaron una veintena de organizaciones de todo el país que integran el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina; la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; el Frente Nacional Campesino; el Frente Agrario Evita; la Federación Nacional Campesina; la Unión de Trabajadores de la Tierra; la Federación Agraria Argentina y la Federación de Cooperativas Federadas, entre otras.

En el marco de la implementación de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue promulgada el 20 de enero de 2015, el presupuesto para el área de agricultura familiar del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pasó de 1305 millones de pesos en 2019 a 1918,9 millones en 2020 y se estima que tenga un incremento de 119 por ciento en 2021, alcanzando los 2863,6 millones. Además, se sumará para 2021 un total de 10.097 millones de pesos provenientes de financiamiento internacional.

Y en el Ministerio de Desarrollo Social, los fondos para el programa Pro Huerta también se incrementaron: de 120 millones de pesos en 2019 pasaron a 270 millones en 2020 y llegarán 400 millones en 2021.

Para fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, el Estado nacional lleva adelante iniciativas como el Procanor (Programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino), el Prodecca (Programa de desarrollo de las cadenas caprinas) y el Pisear (Programa de inclusión socio-económica en las áreas rurales), que alcanza en todo el país a unas 9700 familias de pequeños productores.

También desarrolla el Prosap (Programa de servicios agrícolas provinciales) que beneficia con el desarrollo de infraestructura y de servicios rurales a más de 24.150 personas y 1200 PyMEs agropecuarias de Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan; el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, que apoya a PyMEs forestales y foresto industriales de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Río Negro, y el Prodespa (Programa de desarrollo acuícola y pesquero sustentable), orientado al sector pesquero y a productores acuícolas.

En el mismo sentido, se lleva adelante una política de Registro y Formalización de la Agricultura Familiar por medio del fortalecimiento del Programa Nacional de Registración para los Núcleos de Agricultura Familiar y Organizaciones de la Agricultura Familiar, del desarrollo de una incubadora de cooperativas productivas de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, del otorgamiento de créditos productivos a tasa subvencionada tanto para los Núcleos de la Agricultura Familiar como para las organizaciones y de la implementación de un programa integral de protección social, acceso a la salud, jubilación y ART.

También se puso en marcha el Programa Nacional de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), que busca la consolidación, el desarrollo y el crecimiento de los Núcleos de la Agricultura Familiar y la creación de nuevas Unidades Productivas Asociativas de la Agricultura Familiar para la creación de nuevos puestos de trabajo; el Programa de Asistencia Crítica y Directa (PACyD), que propone un mecanismo de asistencia extraordinaria frente a contingencias climáticas, sociales, situaciones de aislamiento geográfico, accidentes y otras siniestros excepcionales, y el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (Prontar), que contribuye a la regularización dominial de tierras tradicionalmente ocupadas por agricultores/ras familiares, campesinos/nas, pueblos indígenas y pescadores/ras artesanales.

A través de CORFO, avanza la producción avícola de 46 beneficiarios del PRODERI.

El Gobierno Provincial, a través de CORFO, informa que 46 beneficiarios del proyecto de fortalecimiento avícola de la Asociación Reserva Agrícola Forestal de Puerto Madryn firmaron comodatos de las estructuras y coordinaron las cuadrillas de trabajo. Cabe destacar que se realiza en el marco del primer desembolso del Programa Nacional para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI).

Al respecto, la técnica de CORFO, Fernanda Mena, explicó que “se realizó una reunión en la que se basó en el trabajo conjunto que van a tener que hacer los productores vinculado a la instalación y gestión de los gallineros, se les informó cómo deben trabajar y se les entregó el cronograma de capacitaciones obligatorias para cortar, pintar y montar los gallineros, que se realizarán durante los sábados del año junto a INTA, CORFO y el médico veterinario de la fundación Ceferino Namuncurá”.

Por su parte, el subsecretario de gobierno municipal, Harry Woodley informó que el municipio les La Asociación de Productores de la Reserva Agrícola Forestal de Puerto Madryn elaboró el proyecto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los avicultores a través del fortalecimiento de la producción y la comercialización avícola, reducir la pérdida de aves por predadores, mejorar las instalaciones y las prácticas de manejo y de la reposición de los planteles de aves improductivos, para mejorar el precio, la calidad y disponibilidad de los insumos y satisfacer las necesidades de autoconsumo de carne de pollo de las familias.

El proyecto

La Asociación de Productores de la Reserva Agrícola Forestal de Puerto Madryn elaboró el proyecto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los avicultores a través del fortalecimiento de la producción y la comercialización avícola, reducir la pérdida de aves por predadores, mejorar las instalaciones y las prácticas de manejo y de la reposición de los planteles de aves improductivos, para mejorar el precio, la calidad y disponibilidad de los insumos y satisfacer las necesidades de autoconsumo de carne de pollo de las familias.

En este sentido, los socios destinan los fondos a inversiones de uso colectivo como gallineros móviles, equipados con bebederos y comederos, genética, equipos para elaboración y fraccionamiento de alimento balanceado (moledora, pelletizadora, balanza, cosedoras de bolsas, generador y motor), un fondo rotatorio para compra de insumos para alimentación y la asistencia técnica en colaboración con la Subsecretaria de Agricultura Familiar.

Lo afirma Belén Cussirat, delegada de ATE, quien junto a sus compañeros denuncia que detrás de los cientos de despidos en la subsecretaría de Agricultura Familiar están los intereses de los grandes terratenientes, los pulpos inmobiliarios, las empresas hidroeléctricas, y la megaminería entre otros. En Patagonia echaron al 80 % de los trabajadores, y en todo el país a 560. Hoy al mediodía los trabajadores ocuparon la delegación de Esquel de la subsecretaría.

Por Iván Marín

“A nivel nacional nosotros veníamos con una serie de indicios y amenazas de que se iba a reducir el personal de la subsecretaría de Agricultura Familiar más o menos en un 50 por ciento. Veníamos con reducción de recursos, falta de directivas, falta de propuestas de trabajo por parte de los directores nacionales y la coordinación. Y cada vez había más vacío institucional. En abril tuvimos una ola de despidos que en Agricultura Familiar fueron de 170 compañeros más o menos y en Chubut 5”, contextualiza Belén Cussirat, elegida delegada por sus compañeros en la delegación Chubut de la subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente del exministerio de Agroindustria, ahora secretaría del ministerio de Producción y Trabajo luego de las modificaciones anunciadas ayer por el presidente Mauricio Macri.

Cussirat es socióloga, y se desempeña como técnica de terreno del territorio de Futaleufú, que abarca desde Nahuelpán hasta Carrenleufú, e incluye la parte sur de Parque Nacional Los Alerces, Corcovado, Aldea Escolar, Lago Rosario, Los Cipreses, Trevelin y Esquel.

El ajuste macrista, que avanza cual tsunami en las últimas semanas, con la complicidad de gobernadores y un amplio espectro que se dice oposición, se ve profundizado con la disparada del dólar y la consecuente inflación, que obviamente incluye tarifazos a diestra y siniestra. En ese marco, los anuncios realizados ayer por el Ejecutivo Nacional vienen a confirmar más despidos en el sector estatal.

La delegada de ATE, señala que sobre fines de la semana pasada funcionarios del exministerio les habían anticipado 560 despidos, de los cuales “alrededor de 100 eran para la casa central en Paseo Colón, en Buenos Aires y el resto para las delegaciones de Agricultura Familiar. Ahí se decidió hacer una permanencia pacífica en el Ministerio de Agroindustria. Hubo represión”. Sin embargo, hasta ese momento no había nada oficial. Hoy comenzaron a llegar los telegramas confirmando lo que se les había adelantado.

“En esta nueva ola de despidos, que se decía que iba a ser alrededor del 50 por ciento, en realidad para toda la Patagonia asciende al 80 por ciento. En Chubut fueron 19 trabajadores, en Neuquén 23, en Río Negro 20 y en Santa Cruz 6”, describe Cussirat. Y agrega que para el caso de Chubut quedaron solamente delegados/as sindicales y la esposa de Fernando Ferrera, coordinador de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en la provincia.

En el día de hoy las y los trabajadores/as de la dependencia en Chubut emitieron un comunicado de prensa titulado: “En Agricultura Familiar sobran coordinadores vaciadores de instituciones”. Allí, entre otras cosas exigen que “el coordinador provincial Fernando Ferrera se exprese y diga públicamente qué piensa hacer frente al desguace de la subsecretaría de Agricultura Familiar que él vino a conducir hace más de dos años y medio y lo único que ha hecho hasta ahora es dejarnos sin recursos para trabajar, sin conducción, sin oficina y ahora sin trabajadores. Él es responsable del desmantelamiento de una delegación con más de 25 años de historia, con infinidad de proyectos realizados y con mucho trabajo por hacer que hoy deja trunco. Un coordinador que inicia su carrera política destruyendo una institución y dejando a muchos trabajadores”. Fernando Ferrera fue precandidato a intendente en Gaiman por el PRO en las últimas elecciones.

La ocupación pacífica de la ahora secretaría de Agroindustria es efectuada por delegaciones de trabajadores de todo el país. Durante el transcurrir de las jornadas se realizan actividades en el exterior de la dependencia, entre ellas festivales y charlas informativas. Desde ya, vienen recibiendo el apoyo de amplios sectores, como las juntas internas del Senasa, Inta, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y distintas fuerzas políticas.

En lo que hace a Chubut, la trabajadora detalla que “la mayoría de los despidos son del noroeste de la provincia, porque la mayor cantidad de agricultores familiares están en esa región. Por ejemplo, los equipos de la comarca andina, de Gualjaina, de Languineo, se disolvieron. En el de zona sur quedó un solo compañero, de Futaleufú quedamos los dos porque somos delgados. Pero en realidad se disolvieron todos los equipos técnicos, quedó un solo técnico en la costa, que es el que trabaja más con la parte de Valle Inferior y Telsen, y un administrativo en la costa. Así que imagínate que se desmanteló el trabajo que veníamos haciendo hace muchísimo tiempo”.

¿Cuáles son sus tareas habituales?

Nosotros éramos equipos interdisciplinarios. Tenías siempre algún técnico de las ciencias sociales (sociológicos, trabajadores sociales, psicólogo social,) y algún técnico de las ciencias veterinarias o agronómicas. Nuestra intervención es ir a trabajar con las familias y los productores tratando de que trabajen agrupadas en grupos de hecho o asociaciones, o cooperativas o comunidades originarias. Y a partir de ahí, de hacer un diagnóstico con el grupo que encontremos o podamos formar incipientemente, ir armando toda una planificación de cómo ir mejorando sus producciones principales.

¿Por qué la denominación de agricultura familiar?

Porque es con el productor con el que trabajamos. Antes se le llamaba campesino. La agricultura familiar incluye lo que es el campesino, el colono, el pequeño productor. En cada zona tiene su nombre específico. Entonces, se tomó como nombre de agricultura familiar para englobarlos a todos por sus características, que es una producción que es familiar, son los dueños o tienen títulos de uso sobre la tierra, la mano de obra es familiar y no tienen trabajadores temporales. La población con la que trabajamos tiene muy pocos recursos.

Respecto al impacto de las medidas adoptadas desde Nación, Cussirat responde: “En Agricultura Familiar teníamos más o menos registrados alrededor 3 mil familias en toda la provincia. Obviamente, en el último tiempo no podíamos trabajar con todos porque no nos daban ni los recursos ni el tiempo porque no teníamos vehículos, etcétera. Entonces, ya eso iba mermando”. Y agrega que “toda esa producción que es agroecológica, que es sana, que genera mano de obra, trabajo genuino, empieza a mermar porque los productores por ahí se sienten como que no tienen herramientas. Nosotros financiábamos muchos proyectos productivos, que por ahí no eran de gran cantidad de dinero, pero ayudaba a hacer un invernáculo, o a cerrar una huerta o a comprar herramientas, por ejemplo”.

¿Qué lectura política hacés de la decisión de los despidos?

Yo lo que creo, y el análisis que hacemos entre muchos compañeros, es que por ahí estas decisiones no tienen que ver con la necesidad del ajuste que tiene este Gobierno sino más bien con el enfrentamiento de dos modelos económicos, con dos modelos de habitar el territorio, dos modelos de producir. Antes teníamos un modelo exportador fuerte, muy concentrado en la producción de soja, el monocultivo, pero se permitía una convivencia más o menos pacífica, como que cada sector hacía lo suyo. Este modelo, con este Gobierno, ya directamente a la agricultura familiar la quieren borrar, ya no le quieren dar ni siquiera una asistencia técnica. Y es todo orientado a la producción de soja, de todo lo que tiene que ver con los commodities, con la exportación. Y también lo que creemos es que hay otros negocios en la tierra. O sea, la minería, construcción de represas, negocios inmobiliarios. Cada territorio tiene su conflicto ahí latente.

¿Y en el caso de Chubut en particular cómo se expresa eso?

Por ejemplo, todo lo que es la meseta tenés la presión fuerte por la minería. En lo que es la zona de Futaleufú y el noroeste, tenés en Corcovado un proyecto de represa que viene frenado sistemáticamente pero no se abandona. En la zona de Lago Rosario, Los Cipreses, tenés una presión inmobiliaria muy fuerte. Y ahí tenés comunidades originarias que tienen títulos de propiedad comunitaria que a ciertos intereses eso les molesta.

La entrevistada remarca y advierte que “si bien para nosotros como trabajadores este es un golpe durísimo, porque nuestros contratos son totalmente precarios y entonces nos van a despedir después de más de 10 años de trabajo sin ningún tipo de indemnización, en este contexto que es muy difícil volver a conseguir trabajo, lo que más nos preocupa es qué va a pasar con estos agricultores familiares, con el territorio, con lo que comemos”.

¿Estas decisiones van en beneficio de los grandes terratenientes, como los Benetton o Lewis en cordillera?

Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando fue el evento de la ceniza en toda la meseta y demás, ahí estuvo Agricultura Familiar llevando herramientas, estrategias de trabajo para que se puedan recuperar los animales y los campos lo más rápido posible y no expulsar. Y se pudieron recuperar las producciones y la gente no se fue del campo, siguió ocupando su territorio. En otro momento, por ahí sin la asistencia, hubiera migrado a la ciudad. No te digo todos pero sí una gran parte porque es muy duro sostener la vida en esas condiciones. En los momentos de sequía lo mismo. Climáticamente las condiciones no son las más favorables. Y si a eso le ejercemos la presión de aumentarles algunos costos, les sacamos los derechos como el monotributo, les cerramos las escuelas y demás, lo que vamos a lograr es que la gente migre a la ciudad porque cada vez se le hace más duro vivir ahí. Entonces, es como que los van cercando de distintos lados para que emigren. Y una vez que quedan los campos desocupados es zona liberada para avanzar con la minería o para hacer campos aun más extensivos de los grandes terratenientes. Los agricultores familiares también son los guardianes de esos espacios. Porque si el ambiente se degrada él es el principal perjudicado.

No debe extrañar la afirmación Cussirat. No solo por las medidas aplicadas por el actual gobierno, sino también por los personajes que elige para ejecutar sus planes. Para el caso de la actual secretaría de Agroindustria tenemos al frente de la misma a Luis Etchevehere, quien fuera presidente de la Sociedad Rural hasta que se hizo cargo de la dependencia.

Mientras terminábamos de escribir este artículo las y los trabajadores de la delegación de Esquel de Agricultura Familiar se disponían a ocupar pacíficamente la delegación con el acompañamiento de otros sectores. Como se dijo más arriba, estos despidos se dan en el marco de una alta escalada del dólar y la inflación, que repercute con mayor fuerza en las provincias patagónicas. Una muestra de ello la dio un relevamiento del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO), quienes difundieron hace pocos días el costo de la Canasta Básica para la localidad para una familia tipo (dos adultos y dos menores), la cual ascendía a 46.610 pesos.

Fotos del trabajo de Agricultura Familiar

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