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La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió el alcance del Plan de Pagos Amplio, de 120 cuotas, a asociaciones, fundaciones, cooperadoras y entidades religiosas, entre otras, que inicialmente no estaban alcanzadas por estas facilidades.

La medida se implementó este miércoles a través de la Resolución General 4580 publicada en el Boletín Oficial.

De este modo, las entidades mencionadas podrán ingresar en el Plan de Pagos Amplio para deudas vencidas hasta el 15 de agosto y con una tasa máxima del 2,5% mensual. La adhesión a los planes es hasta el 31 de octubre de este año.

El primer pago del nuevo plan se hará en diciembre próximo. Para este amplio universo de contribuyentes, se contempla un plazo máximo de hasta 10 años sin ningún pago a cuenta. Además prevé la suspensión, hasta el 11 de noviembre inclusive, de la traba de medidas cautelares. También, podrán disponer libremente de las sumas previamente embargadas.

Finalmente la normativa oficializa estos beneficios para quienes sean categorizados por la AFIP como «Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I y II». Para conocer si cumplen esta condición, los contribuyentes deberán ingresar con su Clave Fiscal al «Sistema Registral», opción «Consultas» y, dentro de ese menú, «Datos Registrales», así lo reseña Elonce.

De manera irregular los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa están presos hace más de un año y son juzgados por una deuda con la AFIP que ahora una pericia oficial de la Corte Suprema demostró que es falsa y que el principal responsable de la inestabilidad financiera de Oil Combustible es el actual administrador federal, Alberto Abad.

Según detalló Ámbito Financiero, la pericia oficial realizada por contadores de la Corte puso en crisis todos los pilares sobre la acusación de la AFIP contra el ex titular Ricardo Echegaray y los dos dueños del Grupo Indalo.

En las conclusiones, los contadores indicaron que el monto del impuesto adeudado por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) nunca fue de $8.000 millones, sino que una cifra mucho menor y advirtió que a diciembre de 2015 no existía deuda exigible y que los planes de pago con los que se había financiado la firma estaban regularizados.

En cambio, los expertos destacaron también que una serie de disposiciones del administrador federal Alberto Abad apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento.

Es más, con los activos de la empresa liquidados tras su quiebra, la AFIP todavía no consiguió cobrarse el dinero de los impuestos adeudados.

El Tribunal Oral Federal N°3 ordenó las pericias y que se incorporaran al juicio oral ya que el juez Julián Ercolini nunca lo pidió.

Los expertos Flavia Melzi por parte de la Corte junto a María Eleonora Feser y Natalia Zárate por el Ministerio Público Fiscal; Ezequiel Segura y Daniel Mogames (querella de AFIP), además de los representantes de la defensa Sergio Freidzon, Alfredo Barucca y Félix Rolando entregaron su informe el 17 de julio pasado, así lo informó el destape web.

Contestaron 13 puntos de análisis pedidos por el TOF. Su relevancia radica en que es la primera pericia externa que se incorpora a un expediente judicial seguido contra ex funcionarios, donde hasta ahora los proveedores de información habían sido distintos organismos del Estado dependientes en mayor o menor manera del Poder Ejecutivo, tales como la AFIP, la UIF, la OA o la propia Vialidad Nacional.

Conclusiones relevantes:

  • Al 10 de diciembre de 2015 toda la deuda de Oil Combustibles estaba regularizada en planes de pago y no era exigible por parte de la AFIP porque se encontraba ya paga o refinanciada dentro del propio sistema del organismo recaudador y sus cuotas eran abonadas con regularidad, según el detalle de cuadros que analizaron los peritos de la Corte.
  • A la misma fecha, los planes generales otorgados a Oil Combustibles (que también están bajo cuestionamiento en el juicio) tenían financiados $2.200 millones, de los cuales, $1.600 ya habían sido cancelados, lo que dejaba una deuda de sólo $600 millones.
  • En el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18. Esto también cuestiona una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC (a excepción de sólo 7 meses) y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo. Adicionalmente, se detalla que en los Planes por el denominado Artículo 32, se pagaron más de $5.333 millones de capital más $1841 millones de intereses por financiación.
  • Nunca hubo quita de capital ni merma de intereses por lo que ese dinero que figuraba como deuda debía ser pagado en algún momento al fisco y estaba declarado.
  • Oil Combustibles demostró pérdida en sus balances durante los años en los que solicitó acogerse a facilidades. Los balances de Oil arrojaron pérdidas de $7.244.011 al cierre del balance el 30/06/2013; de $199.199.937 al 30/06/2014; y de $639.191.336 a junio 2015. Entre 2013 y 2015 es el lapso que acotó el TOF para juzgar la legalidad de los planes que AFIP otorgó a la petrolera.
  • Los expertos señalan que fueron resoluciones de Abad las que hicieron caer los planes de pago vigentes hasta fines de 2015 lo que generaron la acumulación de deuda que se volvió inmediatamente exigible y generó el quebranto de la empresa.
  • Es el propio Abad el que anula –ya en marzo de 2018- uno de los planes por Artículo 32 que todavía estaban vigentes para Oil, cuando ya la denuncia de la AFIP estaba en marcha en tribunales. Pero lo hizo sin recurrir a lo que se denomina “acción de lesividad judicial” para establecer si la resolución de Echegaray estaba bien o mal otorgada. Los declaró simplemente “nulos”. Como consecuencia, ese plan caído incrementó el monto total de deuda.
  • Los expertos señalaron con precisión que existió un único daño al fisco que fue producido por una incorrecta confección de un plan bajo el concepto de “ajuste de inspección” cuando no lo era y cuyo monto –solamente cuantificado por la diferencia en la tasa de interés aplicada- era inferior a los $2 millones.

Una publicación viral indica que el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular no tuvo ningún empleo en relación de dependencia y tampoco ejerció otros trabajos.

Grabois es jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad de Derecho de la UBA, que le pagó los aportes al menos en los últimos cuatro meses, según pudo comprobar Reverso.

Además, desde 2003 hasta hoy, el dirigente tuvo otros seis empleadores registrados en AFIP y escribió un libro para Editorial Planeta del que recibió $235 mil en concepto de regalías.

Circula en Facebook una imagen con la foto de Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que incluye el siguiente texto: “Juan Grabois. 36 años. Cero aportes. C E R O…. nunca laburó….Pero representa a los ‘trabajadores’. Merecemos ser exterminados por una plaga de ladillas hambrientas” (sic). El posteo se compartió 21 mil veces en esa red social. Sin embargo, lo que indica es falso.

Juan Grabois es fundador y referente del MTE y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Se recibió de abogado en octubre de 2010, como se puede ver en su título enviado por él mismo a Reverso, y actualmente trabaja como jefe de Trabajos Prácticos en la materia Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la comisión de Roberto Andrés Gallardo, profesor adjunto regular de la materia y juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Ambos datos fueron confirmados a este medio desde la UBA.

Según la página oficial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, organismo que depende del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Grabois está en relación de dependencia con esa institución (ver acá), que le pagó los aportes al menos en los últimos cuatro meses, como se puede ver en el resumen de su situación previsional (ver acá).

Según los datos que aportó a este medio y que se pueden ver en este documento, desde diciembre de 2003 sus empleadores fueron: la UBA, Teletech Argentina SA, LP y Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada, Instituto Parroquial Inmaculada Concepción A 183, Fundación Universidad Católica Argentina, Escala Sur SA y Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios LTDA.

Además, según dijo Grabois a este medio, cobró “regalías de $235 mil” de Editorial Planeta por su libro La clase peligrosa publicado en octubre de 2018. La editorial confirmó a Reverso los dichos del dirigente del MTE y adelantó que Grabois sacará un nuevo libro con Editorial Paidós.

En AFIP, Grabois figura como monotributista con la categoría “B” y la actividad “Servicios personales N.C.P” (que significa “Actividades o servicios no clasificados en otra parte”) en la subcategoría “Servicios de Asociaciones y Servicios Personales”. Esto significa que está habilitado para facturar no por productos, sino por servicios.

“Trabajé de un montón de cosas, en blanco y en negro, como empleado y como autónomo, desde que me independicé en 2001 -dijo el dirigente social y detalló-. Entre otras cosas, fui profesor particular para alumnos de la ORT, telemarqueter hasta que tuve una úlcera por tomar analgésicos para bancarme el dolor de espalda de ese laburo, vendedor técnico y analista funcional de software de administración documental para una empresa nacional de IT (LPA) realizando tareas tercerizadas de Tecpetrol, Petrobras y otras, consultor técnico y gerente comercial de un call center llamado Escala Sur, teleoperador de Teletech, Search Engine Optimicer y coordinador de un equipo de traductores del portal WorldBy, docente de la secundaria parroquial de Constitución, docente de un terciario, docente universitario en la UBA y la UCA, editor, traductor y autor para varias editoriales”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha hoy el sistema para que los trabajadores en relación de dependencia accedan al beneficio del decreto 561/2019 que habilita al Estado a financiar hasta $ 2000 de sus aportes personales.

El artículo cuarto de esa norma estableció que a los trabajadores cuya remuneración imponible sea inferior o igual a $ 60.000, durante los períodos devengados de agosto y septiembre de este año, el Estado les financiará una suma equivalente de hasta $ 2000 o el 100% de sus aportes personales (el que resulte menor entre ambos importes).

En la resolución general 4558, publicada hoy en el Boletín Oficial, se detalla que la AFIP adecuará las herramientas informáticas para que los empleadores puedan presentar las declaraciones juradas de seguridad social con el beneficio que la norma dispone para los mencionados meses.

Este reintegro forma parte de las medidas impositivas anunciadas en las últimas semanas por el Gobierno para aliviar la situación de los trabajadores y las Pymes, junto con la suba en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el nuevo plan de pagos para deudas vencidas de hasta 120 cuotas y la suspensión de los embargos para las Pymes por 90 días, entre otras, así lo reseña Elonce.

Mientras enfrenta el juicio por haber acusado falsamente a Alfonso Prat Gay de ayudar a varias personas a evadir impuestos, Ricardo Echegaray suma más problemas. La justicia analiza las operaciones de persecución que con frecuencia se desarrollaron desde la agencia recaudadora contra opositores al entonces gobierno kirchnerista. En este marco el juez Daniel Rafecas llamará en breve a declaración indagatoria al ex funcionario por «inventar» una causa contra Elisa Carrió.

El juez Daniel Rafecas procesó meses atrás a Germán Bravo, jefe interino de Dirección Regional Centro de la AFIP, como responsable de encabezar un operativo en una causa que se inició contra Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. El paso siguiente fue ampliar los procesamientos al superior de Bravo, Roberto Mazal (jefe de jurídicos Regional Centro) y a su vez, al superior de este último, es decir al Director de la Regional Centro Fidel Chiapperi. Finalmente, el superior de Chiapperi, que es el Subdirector de Operaciones Impositivas, Fabián di Risio terminó indagado y procesado.

La causa no se detuvo y sumó la confirmación por parte de la Cámara Federal Porteña y antes de avanzar hacia una elevación a juicio oral, el juez Rafecas llamará a indagatoria a Ricardo Echegaray y al ex jefe de la DGI, Ángel Toninelli.

«La causa inició con las responsabilidades de las líneas de mando inferiores y avanzó hacia los rangos más elevados», explicaron fuentes judiciales a Clarín. Además, el juzgado sigue de cerca uno de los juicios que afronta Echegaray procesado por ser instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal en perjuicio de Prat-Gay, junto al los delitos de revelación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Prat Gay declaró en el juicio oral contra Ricardo Echegaray y dijo que sufrió «persecución política»

Según explicaron a Clarín, la maniobra investigada es la misma y que en este caso tiene como protagonista a Elisa Carrió. Hay entonces un «modus operandi», remarcaron.

Echegaray también enfrenta un juicio por fraude y evasión junto a Cristóbal López por los $ 8.000 millones que el empresario no pagó a la AFIP del Impuesto al Combustibles.

La acusación contra todos los imputados es por haber incurrido en los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público». En su resolución, Rafecas consignó que todo se hizo con el fin de «incentivar y motivar una campaña de desprestigio a quien por entonces, era legisladora Elisa Carrió».

En 2013 en pleno año electoral de medio término, Carrió fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito por el abogado Gustavo Ogni, después de que la Revista Veintitrés, de Sergio Szpolzki publicó que la legisladora estaba construyendo una chacra que no se correspondía con sus ingresos.

La empresa involucrada en las operaciones denunciadas era Urbaland.SA, que «había vendido algunos lotes de un emprendimiento que tenía en la localidad de Capilla del Señor a precio subfacturado, lo cual constituiría una hipótesis de evasión».

A partir de dicha noticia, se desencadenó en forma inmediata un operativo de la AFIP que apuntó a involucrar a Carrió en una supuesta investigación impositiva, al desplegarse un allanamiento en el barrio de chacras donde aquella había adquirido un lote, procedimiento del cual participaron altos funcionarios (como Mazal y Bravo) y unos treinta agentes del organismo.

El allanamiento fue pedido por la AFIP en un «juzgado que no era el competente, a raíz de una actuaciones armadas en las 48 horas previas, y por razones muy escasamente fundadas».

El juez dio por probado que Chiapperi fue quien le ordenó a Mazal y a Bravo «llevar adelante el trámite exprés en contra de Carrió, y que Mazal, en persona, viajó a la localidad de Campana junto con su subordinado Bravo, para gestionar personalmente la obtención del allanamiento y luego ambos participaron del mismo». Así, los tres altos funcionarios quedaron procesados. Para Rafecas todo el operativo de la AFIP «fue exagerado y desviado de su función, con el único fin de utilizar el poder de policía del organismo para una campaña de desprestigio de una opositora política en plena etapa pre-electoral de las elecciones de medio término a fines de 2013».

La causa ​por supuesto enriquecimiento ilícito finalmente se cerró porque se probó que no había ningún tipo de inconsistencia patrimonial de la diputada.

 

Clarín

Hasta el 30 de junio del corriente se podrá presentar la solicitud de los beneficios otorgados mediante la Resolución General 4276/18.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, realizó gestiones ante la AFIP para extender el plazo para acceder a los beneficios otorgados en el marco de la Emergencia Comercial declarada en la provincia.

Mediante intervención de la Dirección General de Rentas, la AFIP prorrogó hasta el 30 de junio de 2019 el plazo para efectuar la presentación de la solicitud de los beneficios otorgados mediante la Resolución General  4276/18 AFIP que indica la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación y/o pago, así como de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas reclamadas.

Cabe recordar que a efectos de solicitar el otorgamiento de los beneficios fijados en la mencionada Resolución, los responsables deberán presentar una nota -con carácter de declaración jurada- en los términos de la Resolución General N° 1128, ante la dependencia de AFIP en la que se encuentren inscriptos.  La misma deberá estar acompañada por el Certificado extendido  por la Dirección General de Rentas.

La obtención del certificado acredita la inclusión en la Emergencia Comercial. El mismo podrá ser solicitado desde la página web de la D.G.R: www.dgrentaschubut.gov.ar de manera completamente online, o bien  de forma presencial en las delegaciones de la Dirección General,  presentándose en la oficina con el formulario impreso (disponible también en la página web)  y la documentación requerida para adjuntar.  Asimismo,  se informa  que los certificados emitidos durante el año 2018, tienen plena vigencia para este año.

La AFIP autorizó el ajuste por inflación para el pago del impuesto a las Ganancias de los balances financieros anuales de las empresas cerrados en abril último, luego de que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado arrojara una suba del 55,8% según la medición publicada por el Indec.

Lo hizo a través de la resolución general 4483/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que los estados contables correspondientes a ejercicios anuales o de períodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 inclusive, deberán expresarse en moneda de poder adquisitivo de cierre.

La semana pasada, el administrador federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, anticipó que las empresas que cierren sus balances contables en abril y mayo «seguramente» aplicarán el ajuste por inflación sobre sus resultados, con lo cual pagarán menos Ganancias.

La legislación precisa que las empresas pueden ajustar sus balances por inflación, cuando el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) supera el 55% anual, y ayer se conoció el nuevo IPC que arrojó una suba de 55,8%, superando por primera vez el umbral fijado.

De continuar la tendencia actual, el ajuste por inflación podrá ser aplicado también por las empresas de seguros, sector que cierra sus balances en junio de cada año.

 

 

Grupo La Provincia

Respondiendo al pedido de las Pymes, la Afip prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 la Emergencia Comercial en todo el territorio de la provincia del Chubut.

De este modo se suspenden los embargos y ejecuciones fiscales para el sector durante ese período. La emergencia ya había sido aprobada por la Legislatura de Chubut, y fue el primer paso para que las Cámaras comerciales tramiten la prórroga a nivel nacional y que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

 

 

 

 

El Chubut

A partir del 1 de abril rige la obligatoriedad de utilizar factura electrónica para todas las categorías del monotributo, de acuerdo a la normativa establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La implementación se fue dando de forma progresiva las distintas categorías del Régimen Simplificado, en un cronograma que comenzó en febrero, y a partir de abril alcanza a las categorías de menor facturación (“A”).

Sin embargo, podrán quedar exceptuados de la obligación aquellos contribuyentes que opten por emitir sus comprobantes mediante el uso de controladores fiscales. En ese caso, deberán solicitar previamente la habilitación del equipo.

La factura electrónica es un documento comercial en formato digital que reemplaza al formato en papel. Si bien, las facturas en papel no serán eliminadas por completo, ya que servirán de resguardo en caso de que se genere algún inconveniente en el sistema electrónico.

De esta manera, el organismo busca agilizar las operaciones, evitar costos de impresión y distribución, permitir al usuario personalizar sus comprobantes, y registrar en las bases de AFIP todos los comprobantes facturados en tiempo real

Paso a paso: cómo realizarlo

Para realizar el trámite, es necesario ingresar al sitio web del organismo con clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior. El trámite es gratuito.

El sistema desplegará en pantalla la lista de servicios habilitados. Se debe seleccionar “Comprobantes en línea” y clickear en la opción que corresponda como monotributista. Se desplegará la pantalla del Régimen de Comprobantes en línea. En esa pestaña, se debe selección la opción de Datos Adicionales del Comprobante, donde se deben completar los datos que figurarán en la factura.

La AFIP precisó que «para poder emitir comprobantes electrónicos, los contribuyentes previamente deberán dar de alta un nuevo punto de venta, diferente al que utilizaban para facturar manualmente». Para ello, en la opción “ABM Puntos de Ventas”, será necesario dar de alta un nuevo punto de venta con el tipo de comprobante “Factura en línea”.

Finalmente, en Generar Comprobantes, se deberán completar los datos de emisión de la factura y los datos del receptor, así como las condiciones de venta. Al finalizar, el sistema permitirá visualizar la factura e imprimirla por triplicado.

Para agilizar aún más el proceso, la AFIP desarrolló la aplicación para dispositivos móviles Facturador Móvil, a través de la cual los monotributistas pueden generar los comprobantes en el momento y lugar que lo precisen, así como consultar las facturas emitidas y contar con una base de datos de clientes.

 

 

 

Diario Popular

La situación de los comercios de Esquel sigue complicada. El presidente de la Cámara de Comercio, Hugo Romero, dio cuenta de una intimación que le llegó a un comerciante, cuando está presentada la documentación correspondiente ante la AFIP de la prórroga de la emergencia comercial en la provincia. Ya hay 170 cuentas bancarias embargadas.

En un barrio cerró un local, y está en proceso de hacer lo mismo un complejo de cabañas. Sugirió necesario reactivar la ordenanza de estímulo comercial, con beneficios para paliar el complejo panorama para el sector.

Apoyan el Rally en Esquel, que implicaría la estadía en la ciudad de entre 600 y 700 personas durante cinco días, que deben pagar el alojamiento, comidas y otros gastos, y aliviaría el alicaído movimiento en comercios y servicios. Otra expectativa es Semana Santa; hay intenciones de intercambio con la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt (Chile), para cuya iniciativa ayer tendrían una reunión; y el lunes la entidad dialogará con un grupo con la idea de organizar un encuentro nacional de tango.

El titular de la CAMOCh expresó gran preocupación. “Cierran locales chicos y lo lamentamos mucho. Pero, cuando empiecen a caer establecimientos grandes, se sentirá porque quedarán vecinos sin trabajo. Que afecte a veinte o treinta familias un emprendimiento, para Esquel es mucho. Necesitamos arrancar; medidas de reactivación, porque estamos en el piso”. La AFIP ya embargó 170 cuentas bancarias de comercios de Esquel. “Son montos pequeños, pero se cortó la cadena de pago”.

 

 

Diario Jornada