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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó la vigencia a septiembre de la suspensión de las bajas automáticas al régimen de monotributo en caso de falta de pago de los contribuyentes, una medida que se viene aplicando ante el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

Así lo estableció a través de la Resolución General 4825/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, que extendió los beneficios vigentes desde marzo pasado.

Con el objetivo de amortiguar los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio sobre los pequeños contribuyentes, el organismo también suspendió las exclusiones de monotributistas correspondientes a este mes.

La normativa actual establece la baja del régimen cuando no se abonan diez cuotas consecutivas.

La AFIP resolvió que septiembre no será computado a los efectos de contabilizar el período necesario para la aplicación de las bajas automáticas.

Existen distintas situaciones previstas en la ley que generan la baja del régimen, y la más extendida es cuando la suma de los ingresos brutos del contribuyente excede el máximo establecido por la categoría máxima disponible.

La AFIP definió que esos cruces sistémicos no serán utilizados en setiembre para proceder a exclusiones de oficio, señaló Télam.

La cifra surge de un informe que hizo llegar la titular de la Administración Federal de Inresos Públcios, Mercedes Marcó del Pont a la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

El proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario sobre las grandes fortunas impacta en menos de diez mil personas, y la mitad de esa recaudación será abonada por los 253 contribuyentes con patrimonios que superan los 3.000 millones de pesos, según se desprende de un informe de la AFIP que se presentó este lunes ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Al iniciar la reunión, el presidente de ese organismo, Carlos Heller, leyó un estudio enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marco Del Pont, que señala esa proyección, aunque aclaró que aún no se puede dar un número definitivo de los contribuyentes alcanzados porque están en proceso de verificación las presentaciones de Bienes Personales.

Heller indicó que con los datos recabados hasta el momento, es «posible» que el universo alcance a alrededor de 9.298 personas, que se conformaría con 7.438 que ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1.860 que podrían ser incluidos.

En el informe de la AFIP se considera que la recaudación puede alcanzar los 307 mil millones de pesos y que las 253 personas que tienen fortunas superiores a los 3.000 millones de pesos aportarán el 50% de la recaudación.

«Los datos disponibles al 18 de septiembre de 2020 muestran que 888.631 personas humanas y sucesiones indivisas presentaron este año sus declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2019. Los bienes y activos totales declarados por dichos contribuyentes están valuados en $15,7 billones», señala la AFIP.

Destaca que «las previsiones técnicas del proyecto de ley remitido por las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación permiten estimar que 7438 individuos se verían alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario, equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron su declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales y el 0,02% de la población total de la Argentina».

Señala además que «la información disponible evidencia que dicho universo de contribuyentes concentra el 49,2% del total de los bienes declarados por argentinos en el país y en el exterior».

El proyecto que analiza la comisión de Presupuesto establece un aporte solidario a las grandes fortunas superiores a los 200 millones de pesos que pagarán una tasa del 2 por ciento, con el fin de recaudar más de 300 mil millones de pesos para destinar a planes sanitarios y al sistema productivo, tras la crisis originada por la pandemia del coronavirus.

Otro punto clave del proyecto es el que establecía como base para la determinación del pago del aporte las declaraciones de Bienes Personales, al 31 de diciembre del 2019, y que, ahora, fijará como base las presentaciones efectuadas hasta la promulgación de la ley, según señaló Heller.

Este miércoles, Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se refirió al nuevo cepo al dólar que anunció el martes el Banco Central. La funcionaria no solo defendió la iniciativa sino que también aseguró que no tendrá consecuencias en los precios.

En declaraciones radiales, destacó que gracias a la iniciativa “las reservas van a dejar de chorrear todos los días”. Por otro lado, también se refirió a quienes compran divisas extranjeras y declaró que son el “10% de los argentinos”.

Mercedes Marcó del Pont sobre el nuevo cepo al dólar

Durante la entrevista, explicó que esta iniciativa tiene como objetivo solucionar la falta de dólares en el país. A esto último, lo calificó de “un problema estructural” del país y que en base al mismo se deben aumentar las exportaciones.

A través de la misma, indicó que se podrá frenar la “sangría” de las reservas internacionales, lo cual garantizará “los dólares necesarios para la producción”. “Se aspira a una reducción de la demanda de dólares como activo financiero, ya sea por las compras directas que impactan sobre el Banco Central o indirectas, con las otras formas de elusión de la normativa cambiaria que tienen determinados actores para hacer operaciones a través de títulos”, explicó.

Asimismo, remarcó que la estabilidad es algo que debe garantizarse así como también los medios para “promover el ahorro en nuestra propia moneda”. También rebatió la teoría de que dicho cepo se trate de “una devaluación encubierta”.

“Esto no tendría que impactar en precios de ninguna manera, porque todos los productos que se importan y exportan están asociados al dólar mayorista. Esta carga impositiva es para encarecer el dólar ahorro o los gastos suntuarios en el exterior por parte de los particulares”, señaló Mercedes Marcó del Pont.

 

El Banco Central anunció esta noche que en las compras de dólar ahorro y en los pagos con tarjetas de crédito realizadas en el exterior la AFIP establecerá una retención del impuesto a las Ganancias del orden del 35%.

Así lo anunció en una rueda de prensa el titular de la entidad, Miguel Ángel Pesce, quien reconoció que existe una fuerte demanda de dolares por parte de ahorristas, pero también para el pago de vencimientos.

«Los bancos van a tener que hacer una evaluación de los ingresos de las personas que abran una cuenta y puedan demostrar que tienen ingresos propios para hacer ahorros en moneda extranjera», explicó Pesce.

En cuanto a las compras con tarjeta en el exterior, señaló que esas operaciones «van a ser a cuenta de futuras compras que puedan hacer por dólar ahorro».

De esta manera, la entidad monetaria estableció que las compras que excedan el cupo de US$200 por mes se cancelarán con el cupo de los siguientes meses hasta ser saldada la diferencia. Por ejemplo, si se gastaron US$1.000 en el exterior, no se podrá comprar dólares en el mercado oficial por cinco meses. Esto incluirá también el pago de servicios del exterior tales como Netflix, Spotify, iCloud y el almacenamiento de Google, entre otros.

Además, se dispuso que habrá retención del 35% para la compra de dólar ahorro y pagos con la tarjeta por consumos en dólares en el exterior, que aplicará la AFIP.

La retención se aplicará sobre el valor del dólar minorista; es decir, $75 más 30% de impuesto PAIS más 35% de retención de Ganancia. Esto llevará al dólar ahorro a $130.

Por otro lado, aquellos beneficiarios de planes sociales no podrán acceder al mercado cambiario.

También se ampliará el parking -la cantidad de tiempo que debe pasar entre las venta y compra de un bono- a 15 días para el dólar contado con liquidación (CCL). El Banco Central también anunciará que habrán mecanismos de transparencia para operarlos con fines cambiarios.

Las medidas llegan después que el Banco Centralllevaba 12 semanas seguidas perdiendo reservas y a un ritmo cada vez mayor y que venía prácticamente duplicándose mes a mes desde julio, pese al cepo y las nuevas restricciones impuestas a la demanda de empresas desde fin de mayo, dejando a la vista una dinámica insostenible, pese a las recurrentes desmentidas oficiales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó este viernes el sistema de inscripción al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de los salarios de agosto podrán registrarse en línea hasta el 3 de setiembre próximo, informó el organismo en un comunicado.

Para hacerlo las empresas deberán ingresar con clave fiscal en afip.gob.ar.

Aquellas firmas que hubieran registrado una variación nominal negativa en su facturación entre julio de 2020 y 2019 accederán al salario complementario.

Por su parte, los empleadores que presenten una variación nominal positiva en su facturación de entre 0% y 40%, podrán solicitar un Crédito a Tasa Subsidiada del 15% anual.

“El trámite para acceder a un Crédito a Tasa Subsidiada se iniciará a través del sitio web de la AFIP y los préstamos se terminarán de gestionar ante la entidad bancaria seleccionada por cada empresa”, indicó el organismo.

También precisó que “los Créditos a Tasa Subsidiada sólo pueden destinarse al pago de los salarios de trabajadoras y trabajadores de las empresas beneficiadas”.

“Por eso, el financiamiento se acreditará directamente en las cuentas bancarias de cada una de las trabajadoras y trabajadores”, subrayó la AFIP.

Destacó que “la normativa contempla la posibilidad de convertir los Créditos a Tasa Subsidiada en un subsidio, siempre y cuando las empresas beneficiadas cumplan determinadas metas de empleo”.

“Esas pautas serán establecidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo”, indicó el organismo, señaló Télam.

El próximo lunes, 31 de agosto, vencerá el plazo para presentar ante la AFIP la llamada declaración informativa del impuesto a las ganancias y de Bienes Personales.

El trámite está referido a los ingresos obtenidos en 2019 y al patrimonio según su valuación al 31 de diciembre pasado. Se trata de una presentación que debe hacer un grupo de empleados bajo relación de dependencia y jubilados que no están inscriptos en esos tributos y a quienes, en rigor, sus empleadores u organismos de la seguridad social les hacen los descuentos por la carga fiscal de Ganancias, según informa La Nación.

¿Quiénes están en ese grupo? Para este año, la AFIP dispuso, a través de la resolución 4767 de julio pasado, que están alcanzados por esta obligación quienes en todo 2019 percibieron una suma igual o superior a los 2 millones de pesos, considerando -de acuerdo con lo establecido por la resolución 4003 del organismo- los salarios, los ingresos provenientes del ejercicio de cargos públicos en los diferentes niveles del Estado, las jubilaciones o pensiones, los retiros o subsidios que tengan su origen en el trabajo personal y las rentas de socios de cooperativas de trabajo.

La presentación de la declaración de ingresos se hace en la web del organismo recaudador, ingresando con clave fiscal y optando, entre los servicios interactivos, por el llamado “Ganancias-Personas Humanas”. Hay que tener a mano el formulario 649 entregado por el empleador; en ese documento se detallan las remuneraciones que fueron pagadas en el año, además de los datos de pluriempleo (si la persona tiene más de un puesto bajo relación de dependencia), los aportes al sistema de seguridad social, las cuotas sindicales, las deducciones que se aplicaron para el cálculo de Ganancias y los montos retenidos para el pago del impuesto.

En el caso de la declaración patrimonial, deben informarse en el servicio interactivo “Bienes Personales Web” los activos que se tenían al 31 de diciembre del año pasado, según las normas de valuación que rigen para ese tributo y que son establecidas por la AFIP. Por 2019 el valor mínimo del patrimonio alcanzado por el impuesto es de $2 millones (por una reforma legal hecha en 2017 está al margen la vivienda, hasta un monto de $18 millones), por lo cual, si se había alcanzado esa cifra correspondió hacer la declaración determinativa, cuyo vencimiento ocurrió unas semanas atrás.

“La declaración jurada informativa es específicamente para quienes tienen sueldos en relación de dependencia, sobre los que el empleador ya retiene el impuesto a las ganancias”, explica el contador Iván Sasovsky. Por eso, la presentación tiene el carácter de “informativa” y no de “determinativa”, que es la que corresponde hacer a quienes están inscriptos en los impuestos o deben pagarlos esta vez, por su situación en el año 2019.

Para determinar si se llegó a los $2 millones de ingresos el año pasado, se considera todo lo proveniente de las tareas laborales bajo relación de dependencia y de jubilaciones o pensiones, según aclara el contador Ezequiel Passarelli, sobre la base del detalle de las normativas vigentes. No se suman las facturaciones del monotributo (para el caso de quienes están en ese sistema, además de contar con un salario o una jubilación), ni los resultados de inversiones, porque eso no está previsto en las reglamentaciones. Fuentes de la AFIP confirmaron, ante la consulta de LA NACION, que estos últimos conceptos no se consideran para determinar si alguien queda o no alcanzado por la exigencia del trámite.

También lo explica así Adriana Piano, del estudio SMS, quien agrega que, en caso de haberse obtenido el año pasado ingresos por operaciones financieras alcanzadas por el impuesto cedular, es otra la declaración que corresponde (la obligación de presentarla y también la de pagar el tributo venció a mediados de este mes).

¿Cuál podría ser la sanción por no cumplir con esta obligación fiscal? Según responde Passarelli, la ley de procedimientos fiscales marca que la omisión de presentar declaraciones juradas de carácter informativo que son dispuestas por la AFIP “dentro de los plazos establecidos”, tienen una sanción de “hasta $5000” para el caso de las personas físicas.

Según señalaron fuentes a ADNSUR, la primera disposición sería hasta el 31 de agosto. Además, hay dos personas en estudio por contacto estrecho con este caso de Covid-19.

Por precaución, AFIP decidió cerrar su edificio por un caso positivo de coronavirus, confirmado este fin de semana. Según indicaron a ADNSUR, la medida se extendería hasta el próximo 31 de agosto.

Asimismo, afirmaron que hay dos contactos estrechos con este caso de COVID-19, los cuales se encuentran en aislamiento preventivo, sin síntomas, y a la espera de los resultados de sus exámenes. Estos dos empleados que tuvieron contacto pertenecen al área de administración de AFIP en Comodoro Rivadavia.

 

La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de 110 millones de pesos, informó hoy el organismo público.

De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de 100.000 millones de pesos, fue denunciada por la AFIP «por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales» ante el Juzgado Federal de Reconquista.

«La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019», explicó este sábado el organismo en un comunicado.

Agregó que «la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores».

Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

A partir de eso, el organismo dijo que «pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería».

Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros «eran falsos, en tanto no denotaban actividad real», y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron «incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos».

«Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados», concluyó el ente recaudador.

Ayer, la Cámara Federal porteña había confirmado el envío a la Justicia santafesina de parte de la investigación sobre la empresa Vicentin, en lo relativo a posibles delitos impositivos y venta de acciones.

El Tribunal de Apelaciones avaló así la decisión tomada por el juez federal porteño Julián Ercolini, quien declaró su incompetencia parcial para investigar parte de los delitos en el marco de la causa por defraudación que se sigue a la firma y a exdirectivos del Banco Nación en la administración de Mauricio Macri por multimillonarios préstamos otorgados, según el fallo al que accedió Télam.

El camarista Pablo Bertuzzi confirmó por «ajustada a derecho» esa decisión firmada por Ercolini el 20 de julio último.

Y, recordó que en ese «legajo se investiga la posible defraudación que Vicentin SAIC habría realizado en perjuicio del Estado Nacional, como consecuencia de la posible connivencia de funcionarios estatales para el otorgamiento irregular de créditos tomados ante el Banco de la Nación Argentina».

En la pesquisa a cargo de la justicia federal porteña «se indaga respecto del destino dado a dichos fondos, que podría involucrar a empresas radicadas en el extranjero, mecanismos ilegales de fuga de divisas y operaciones en cuentas off-shore», añadió el fallo.

Además se investigan, en el tramo en el que el magistrado declaró su incompetencia, maniobras «que fueron cometidas en principio por otros actores, en otra jurisdicción y que escapan a la competencia de este fuero», resolvió el camarista.

La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables, por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de $110 millones, informó el organismo público.

De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de $100.000 millones, fue denunciada por la AFIP “por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” ante el Juzgado Federal de Reconquista.

“La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019”, explicó hoy el organismo en un comunicado.

Agregó que “la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores”.

Según indicó la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

La Justicia realizará una auditoría forense para investigar el default de  Vicentin | Vicentin, Acreedores, juez

A partir de eso, el organismo “pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería”.

De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros “eran falsos, en tanto no denotaban actividad real”, y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron “incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos”.

“Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”, concluyó el ente recaudador.

La Admininistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el próximo viernes el plazo para que las empresas tramiten el crédito a tasa subsidiada, la nueva herramienta que ofrece la última edición del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para las pymes y demás compañías que lo requieran para el pago de salarios.

El financiamiento para el pago de los salarios de julio está disponible para empleadores inscriptos en el ATP que registraron en junio una variación nominal positiva en su facturación de entre 0% y 30% en relación con el mismo mes del año pasado.

El trámite se puede realizar a través del sitio web de la AFIP y los préstamos se terminarán de gestionar ante una entidad bancaria seleccionada por cada empresa.

La extensión del plazo apunta a facilitar el acceso a una de las herramientas del rograma ATP para ofrecer alivio a los empleadores afectados por la pandemia de coronavirus.

Los créditos a tasa subsidiada sólo pueden destinarse al pago de los salarios de trabajadoras y trabajadores de las empresas beneficiadas dado que el financiamiento se acredita directamente en las cuentas bancarias de cada una de las trabajadoras y trabajadores.