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El Gobierno buscará hacer llegar el sistema a los pequeños comercios y no únicamente a los súper.

El gobierno dispuso la devolución del 15% del valor de las compras hechas con tarjeta de débito por todos aquellos jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo y por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y pensiones no contributivas.

Comenta INFOBAE que la devolución se realizará a través de la cuenta bancaria en la cual se recibe habitualmente el beneficio de la Anses en las 24 horas siguientes a la realización de la compra y tendrá un tope de $700 por mes.

De esta manera, por caso, una compra de $1.000 hecha con tarjeta de débito recibirá una devolución de $150 que se irán acumulando con las sucesivas compras a lo largo del mes hasta llegar al techo de $700.

La medida entrará en vigencia el próximo 1° de marzo y podrá ser utilizada por 7,1 millones de personas. En caso de ser utilizada en su totalidad, esos $700 representarán para el beneficiario un aumento del 4,5% en el caso de la jubilación mínima y del 22,5% en el de la AUH.

Fue anunciada hoy por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien explicó que la devolución se extenderá por seis meses, con carácter prorrogable, y que tendrá un costo fiscal de $5.000 millones por mes. Esos fondos, explicó la funcionaria, saldrán de una partida fijada por la secretaría de Hacienda, por lo que no se usarán para este fin fondos coparticipables. En este punto, la medida se distingue de otras similares tomadas tanto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como en el de Mauricio Macri, en que la devolución provenía de una parte del IVA, que sí es coparticipable.

La decisión del gobierno se conoció tras el anuncio del aumento a las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del viernes pasado, consistente en una suma fija de $1.500 y un alza del 2,3%. Según ese incremento, casi 3 millones de jubilados cobrarán haberes inferiores a que los que hubieran recibido en caso de haberse mantenido vigente la ley de movilidad jubilatoria, cuya aplicación fue suspendida por la ley de Solidaridad Social y Reactivación Inclusiva. Esa ley, destacó Marcó del Pont, también disponía la implementación el reintegro anunciado.

Diversos consultores economicos estimaron el ahorro fiscal de no aplicar la ley de movilidad para todos los jubilados en $5.500 millones mensuales, un monto similar a lo que el estado gastará en devolver los impuestos a los sectores de más bajos ingresos.

Asimismo, la semana pasada también se conoció el índice inflacionario de enero, que alcanzó el 2,3% con dos datos de gran impacto en el consumo de los jubilados. En el rubro salud, los precios cayeron un 2%, producto del acuerdo del gobierno con los laboratorios para contener los precios de los medicamentos. En el rubro alimentos, el alza se disparó al 4,7%, como consecuencia de haber eliminado la eximición del IVA en los productos básicos.

Esa última medida, dictada por el gobierno anterior, fue “un fracaso” según la funcionaria, dado que “resultó regresiva en términos distributivos porque tuvo un costo fiscal importante, de $3.000 millones mensuales y duró un suspiro. Nuestra propuesta, en cambio no busca financiar la oferta sino la demanda, sobre todo la de menores ingresos”

Según Marcó del Pont, el reintegro anunciado hoy “tendrá efectos reactivantes, ya que son fondos para el consumo. Esperamos que esta suba de la demanda no vaya a precios sino hacia un aumento de la producción por las cantidades que se van a vender. Queremos que esa demanda sea respondida con un mayor uso de la capacidad instalada ociosa, sobre todo en el entramado pyme”.

La propia titular de la AFIP reconoció que el uso de la tarjeta de débito en determinados sectores es limitado, lo que podría conspirar contra el éxito de la medida. De hecho, el gobierno anterior dejó de aplicar la devolución (en ese entonces, de una parte del IVA) por considerarla poco efectiva. Muchos de esos 7,1 millones de beneficiarios tienen vinculación con los bancos sólo una vez al mes cuando cobran sus haberes y se manejan en su vida cotidiana únicamente en efectivo.

“Necesitamos tener éxito en otro frente que es la formalización. Lograr que este impulso de demanda no sea capitalizado solo por los sectores más concentrados del comercio sino también por los negocios de proximidad y de la economía popular”, explicó Marco del Pont. La AFIP trabajará en coordinación con el Banco Central, el ministerio de Desarrollo Social, el PAMI y otros organismos del estado para difundir las ventajas del reintegro y promover que jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales se acostumbren a hacer sus compras con la tarjeta de débito.

La AFIP intimó a 130 mil contribuyentes a que, por su situación patrimonial, declaren si tienen personal en sus casas particulares.

El mensaje fue enviado por domicilio fiscal electrónico por el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.

Allí se indica que “de acuerdo con el análisis de tus datos patrimoniales y de consumo, detectamos que podrías ser empleador de personal de casas particulares, pero, a la fecha, no registrás el alta de ningún trabajador”.

Es decir, el organismo presume cierta capacidad patrimonial en base a los datos de las declaraciones juradas y los regímenes de información de expensas, entidades educativas, gastos en el exterior y recreación, entre otros datos, comenta INFOBAE.

El mensaje aclara que la detección de trabajadores sin declarar “está sujeta a sanciones”, aunque como la fiscalización es compleja se utiliza la figura de la presunción patrimonial.

El régimen legal de trabajadores de casas particulares incluye a empleados de limpieza, jardinería, cuidado de personas y otros trabajos domésticos.

Al trabajar en blanco, el empleado tiene derecho a vacaciones, licencia por maternidad, a una obra social, jubilación y una ART en caso de sufrir un accidente laboral, recordó la AFIP.

En tanto, el empleador puede deducir del pago del impuesto a las Ganancias tanto el importe del salario como las contribuciones a la seguridad social, a través de la pestaña de “Siradig-Trabajador” en la web de la AFIP.

El trámite se puede realizar por en el portal de Casas Particulares de la AFIP (por computadora y en la app), en el homebanking o por teléfono.

A través de la dirección web www.casasparticulares.afip.gob.ar se solicita el CUIL de la persona a registrar; su nombre y apellido; sus datos de contacto y domicilio; el tipo de trabajo que hará, además de la remuneración pactada; la fecha de ingreso y el domicilio laboral.

La AFIP destaca en el mensaje que ya logró blanquear a más de medio millón de trabajadores en este régimen, uno de los que registra mayor índice de informalidad. Los últimos números daban cuenta de unos 650 mil empleados registrados.

El tributarista Ezequiel Passarelli dijo a Infobae que la informalidad en este sector “genera un alto riesgo frente al bajo costo de la contratación”.

“Además, si el empleado domestico está regularizado uno lo puede deducir del impuesto a la ganancias. Por último, al margen de las cuestiones económicas, también hay que pensar en la persona y los beneficios que tiene al estar en el sistema”, subrayó.

Las campañas de la AFIP para aumentar el blanqueo de trabajadores de casas particulares no son nuevas: arrancaron en la gestión de Ricardo Echegaray con empleados tocando el timbre de edificios en los barrios más pudientes de la ciudad y en countries del Gran Buenos Aires.

Luego, durante el gobierno de Mauricio Macri, se enviaron notificaciones electrónicas y correos electrónicos. La última tanda importante fue el año pasado, cuando se mandaron unas 650.000 cartas a contribuyentes sobre los que sospechaba que tenían empleados no declarados.

A diferencia de este mensaje que se conoce ahora, en aquel caso se aclaraba que si la persona no tenía a nadie trabajando en su casa no debe hacer nada, ni siquiera responder el mensaje.

Es para las personas que posean bienes en el exterior sujetos al tributo. Así lo establece la Resolución 4673 de la AFIP.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un pago a cuenta adicional del impuesto sobre los Bienes Personales, para las personas que posean bienes en el exterior sujetos al tributo.

Así lo establece la Resolución 4673 de la AFIP publicada hoy en el Boletín Oficial.

Desde el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont indicaron a Télam que la medida apunta a incentivar la repatriación de activos financieros, por un valor equivalente al 5% de los bienes situados en el exterior prevista en la reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

“Los contribuyentes que realicen la repatriación y mantengan los importes depositados hasta fin de año quedarán exceptuados del pago a cuenta y, por lo tanto, tampoco deberán abonar las alícuotas diferenciales del impuesto sobre los bienes personales para los activos en el exterior”, señalaron desde la administración tributaria.

La reglamentación dispuso que los contribuyentes con bienes en el exterior tienen hasta el 31 de marzo para realizar la repatriación del 5%.

Cuando los contribuyentes que realizaron una solicitud de eximición del ingreso del pago a cuenta no cumplan con la repatriación o los plazos de permanencia, la obligación correspondiente al pago a cuenta volverá a ser exigible junto con intereses resarcitorios.

El pago a cuenta adicional correspondiente al período fiscal 2019 deberá ingresarse entre el 4 de marzo y el 1 de abril próximo, en tanto el correspondiente al período fiscal 2020 deberá hacerse entre el 1 de febrero de 2021 y el 5 de abril de 2021, según establece la normativa oficializada hoy.

La Resolución General de la AFIP establece que el anticipo se determinará como un porcentaje del total de los bienes declarados en el exterior.

La alícuota será de entre 0,1% y 0,5% de ese monto, y el pago a cuenta no puede compensarse con saldos de libre disponibilidad, informó Télam.

En Chubut hay unas 2.800 empresas y comercios con embargos de la Afip en condiciones de acceder al Plan Moratoria 2020 que lanzó el gobierno de Alberto Fernández, según datos proporcionados por la Federación Empresaria.

Según publica diario El Chubut, la medida supone el levantamiento de los embargos y prevé una quita promedio del 42 por ciento de las deudas.

El programa permitirá refinanciar en plazos de hasta 10 años toda la deuda impositiva, aduanera y de la seguridad social que tenga un contribuyente y pagar una única cuota mensual, y también prevé la condonación parcial de intereses y total de multas, consignaron desde la Afip.

La adhesión a esta moratoria se efectivizará hasta el 30 de abril. El beneficio comprende a micro, pequeñas y medianas empresas, monotributistas y autónomos, y entidades sin fines de lucro. De acuerdo con estadísticas de la Afip, entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas y el sector más afectado a lo largo de ese período fue el de las micropymes.

Desde el Gobierno nacional indicaron que esta medida “ofrece un tratamiento especial para las deudas acumuladas a lo largo de los últimos años, como consecuencia del proceso de parálisis productiva y la imposición de condiciones prohibitivas de acceso al crédito”.

Además, puntualizaron que “la diferencia más relevante respecto de los planes lanzados en los últimos veinte años es que la nueva moratoria diseñada por la Afip otorga a las Minipymes una ventana de tiempo hasta mediados de julio para recuperarse y comenzar a pagar a partir de ese momento”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la moratoria para pymes, monotributistas y autónomos establecida en la Ley de Solidaridad y Reactivación Económica, a través de la resolución general 4667/2020 publicada en el Boletín Oficial.

La misma definió que los contribuyentes que tengan deudas acumuladas hasta fin del año pasado, podrán ingresar al plan entre el 17 de febrero y el 30 de abril.

Los interesados deberán inscribirse a través del sitio web de la AFIP, y el aplicativo estará disponible a partir del 17 de febrero próximo.

La moratoria para pymes lanzada oficialmente ayer contempla quitas del 42% sobre el monto total de la deuda, y plazos de pago de hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, y de hasta 60 cuotas para aportes y retenciones.

Además, la moratoria permite refinanciar en plazos de hasta 10 años toda la deuda impositiva, aduanera y de la seguridad social que tenga un contribuyente, y pagar una única cuota mensual, informó Télam.

Finalmente, el pedido desesperado de las cámaras empresarias se verá correspondido en la práctica: el gobierno lanza un comunicado con el cual establece la nueva moratoria fiscal para atenuar las dificultades impositivas que sufren la pymes y miles de monotributistas a partir de la cual se verían beneficiados con quitas de hasta el 42% y planes de pago para su refinanciación de hasta un plazo de 10 años.

La nueva reglamentación está contemplada en la Ley de Emergencia y Reactivación Productiva sancionada a pocos días de la asunción de Alberto Fernández y se terminó de idear en la reunión que mantuvo Cafiero con sus secretarios y otros ministros.

La medida llega en un momento más que oportuno. De hecho, fue uno de los puntos más aclamados de la mencionada ley. Es que la situación es realmente compleja: a agosto del año pasado, un total de 665 mil CUITS acumulaban $153.051 millones en deudas con la AFIP, según datos aportados por el mismo ente recaudador. Las cargas financieras que implican los intereses y multas por atrasos y falta de pago de los compromisos impositivos son demasiado grandes como para no contar con una medida que ayude a descomprimirlas.

La moratoria incluye a pymes y monotributistas- que no estén enmarcados en el Monotributo Social- y se estima que ofrecerá quitas de hasta un 42% de la deuda que éstos contraigan. Asimismo, los saldos pendientes se podrán refinanciar hasta en 120 cuotas en el caso de obligaciones tributarias y aduaneras, y hasta 60 en las deudas adheridas por aportes y retenciones.

Para tener en cuenta, las pequeñas y medianas empresas deberán tener el certificado “MiPyme” para acceder a la moratoria. Hasta el momento, hay 608.000 firmas que figuran con esa documentación.

Con respecto a las tasas de interés, confirman que durante el primer año será fijo del 3% todos los meses. A partir del segundo, se moverá según BADLAR, lo que la hará variable.

El tiempo para la inscripción a la moratoria irá del 17 de febrero al 30 de abril. La primer cuota vencerá el 16 de julio.

La medida viene como objetivo morigerar el alto impacto que tienen las gigantescas cargas impositivas en Argentina, que llevaron a numerosas empresas no poder pagarlas y tener que cerrar o ajustar más de la cuenta. Según datos de AFIP, entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas, siendo los empleadores de hasta 10 empleados los más afectados.

La AFIP tiene a disposición de los contribuyentes un aplicativo para consultar los vencimientos del calendario impositivo del 2020.

Allí, se pude averiguar las fechas precisas de los vencimientos de los impuestos, como Bienes Personales, Ganancias, IVA, Renta Financiera, Cargas Sociales, Ganancia Mínima Presunta, Monotributo, Participaciones societarias y autoridades, Retenciones y percepciones, Impuestos internos, Convenio multilateral, entre otros.

Para realizar la consulta se debe ingresar el periodo deseado para ver los vencimientos, la terminación de CUIT y elegir el impuesto. El aplicativo de la AFIP permite consultar el vencimiento de más de un impuesto al mismo tiempo.

Además, la AFIP ofrece una agenda diaria de vencimientos de impuestos y hasta la posibilidad de descargar la aplicación Telegram y recibir todos los días un mensaje con la descripción del impuesto y la fecha de vencimiento. También se pueden consultar los vencimientos mensuales.

Al mismo tiempo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un calendario de vencimiento de impuestos del 2020. La información incluye a todas las jurisdicciones y provincias del país. Para consultarlo se debe ingresar aquí: https://consejo.org.ar/calendar_vencimientos

Según la medición, las ventas en locales al público disminuyeron 8,4% anual y en la modalidad online subieron 2,1% anual, mientras que para todo el año, el comercio cierra con un declive anual de 11,6%.

En diciembre, todos los ramos medidos descendieron en la comparación interanual y las menores bajas ocurrieron en Alimentos y Bebidas (-0,2%), Bazares y regalos (-1,2%) e Indumentaria (-1,8%).

En todo el año, los 12 rubros relevados tuvieron desplomes muy fuertes, especialmente Calzado y Marroquinería (-15%) y Bijouterie, relojerías y joyerías (-15,1%).

En el caso de la venta por internet, aumentaron 8 de los 12 sectores relevados en la comparación anual.

Según CAME, un 35,8% de los comercios pymes relevados aseguran que se verán beneficiados por la actual moratoria con quita de intereses y multas de la AFIP.

Los ingresos tributarios del año pasado ascendieron a unos $5 billones, lo que representó un incremento de 48,5% en comparación con el 2018, informó este mediodía la AFIP.

En un comunicado, el organismo dio cuenta que este resultado se obtuvo luego de que diciembre cerrara con ingresos por 492.366 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 53,9%.

La AFIP informó que durante el año pasado la recaudación “experimentó una caída en términos reales; los ingresos tributarios se vieron afectados por la recesión económica y el deterioro en los indicadores del mercado de trabajo”.

Los efectos del menor dinamismo en el nivel de actividad se observan en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que sólo creció 38,7% y el Impuesto a las Ganancias, que subió 47,8%, por debajo de la inflación.

En tanto, los ingresos vinculados con el Sistema de Seguridad Social aumentaron 33,9%, “lo que reflejó el impacto negativo de la retracción de la economía sobre el empleo y los salarios”.

 

Los nuevos parámetros corresponden a la movilidad de jubilaciones y prestaciones sociales, aplicable también a las 11 categorías del régimen, actualizando los ingresos brutos anuales, los alquileres devengados al año y el importe a pagar mensualmente tanto por la parte impositiva como por el aporte previsional y de salud.

Hasta el 20 de enero habrá tiempo para cambiar de categoría en el monotributo, en caso de que los contribuyentes hayan tenido modificaciones en sus montos de facturación en los últimos doce meses.

Según detalló la AFIP, las modificaciones deberán hacerse a través del sitio web del ente recaudador fiscal.

El organismo informó a los contribuyentes que deben recategorizarse si en los últimos 12 meses tuvieron cambios en el desarrollo de su actividad, como aumento o disminución de los ingresos, o de los gastos de electricidad o alquiler.

Aclaró también que los contribuyentes que no tuvieron cambios en su actividad «no tienen que hacer ningún trámite» y se da por entendido que le corresponde seguir en la misma categoría.

LA AFIP estableció a partir de enero los aumentos en los montos facturados de acuerdo a cada categoría y cuánto deberán pagar los contribuyentes.

Según detalló el organismo los montos y cuotas mensuales por categoría son los siguientes:

-Categoría A: ingresos brutos de $208.739,25 al año, paga monotributo de $1.955,68.

-Categoría B: ingresos brutos de $ 313.108,87 al año, paga $2.186,80.

-Categoría C: ingresos brutos de $ 417.478,51 al año, $2.499,91 -Categoría D: ingresos brutos de $ 626.217,78 al año, $2.947,94.

-Categoría E: ingresos brutos de $ 834.957,00 al año, $3.872,18 -Categoría F: ingresos brutos de $ 1.043.696,27 al año, $4.634,89 -Categoría G: ingresos brutos de $ 1.252.435,53 al año, $5.406,16.

-Categoría H: ingresos brutos de $ 1.739.493,79 al año, paga monotributo de $9.451,93.

-Categoría I: ingresos brutos de $ 2.043.905,21 al año, $11.336,71.

-Categoría J: ingresos brutos de $ 2.348.316,62 al año, $13.019,83.

-Categoría K: ingresos brutos de $ 2.609.240,69 al año, $14.716,41