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La medida fue dispuesta por el juez de instrucción de esa ciudad, Oldemar Villa, porque habían sido aprehendidos ayer «sin las medidas probatorias ordenadas» y «no se los puede retener más de seis horas» en esa situación, dijo a Télam un vocero de la investigación.

No obstante, ambos quedaron bajo vigilancia en sus domicilios hasta que se compruebe si están o no vinculados al expediente.

La mujer abusada fue trasladada esta mañana desde el hospital donde estaba internada al juzgado que investiga el hecho para ampliar su declaración testimonial y aportar nuevos datos que ayuden a los pesquisas a dar con los atacantes.

Sus familiares llegaron a Puerto Deseado en horas de la madrugada acompañados por funcionarios municipales de Salta para brindar la ayuda necesaria de contención a la víctima.

El caso provocó gran conmoción en toda la provincia al punto que la gobernadora Alicia Kirchner ordenó a las máximas autoridades en materia de seguridad que se pusieran a disposición de la investigación para lograr su esclarecimiento.

El hecho ocurrió la tarde del jueves cuando la mujer y su hijo, que viven en Salta y estaban de visita en la ciudad santacruceña, caminaban por la playa Cavendish, ubicada a poco más de un kilómetro del centro de la localidad balnearia de Puerto Deseado.

De acuerdo a los datos que pudo aportar la víctima a la policía, en ese momento ambos fueron sorprendidos por dos hombres que los amenazaron, la obligaron a caminar hasta una cueva, ya que el lugar está rodeado de acantilados, y luego la atacaron con el objetivo de abusar sexualmente de ella.

Según lo que relató, en medio del ataque sexual y mientras uno de los agresores amenazaba a su hijo con un cuchillo, la mujer se desvaneció, por lo que los delincuentes, al creerla muerta, se llevaron al chico, a quien finalmente asesinaron a golpes y dejaron abandonado su cadáver en la misma zona, a pocos metros de donde se hallaba su madre.

Una testigo relató a Télam que minutos más tarde auxilió a la mujer porque apareció descalza y totalmente ensangrentada cuando se hallaba realizando un paseo por el autódromo de la zona.

Finalmente, la mujer fue trasladada al hospital en estado de shock, donde esta mañana permanecía internada fuera de peligro.

El cuerpo de su hijo, en tanto, fue llevado a la morgue judicial de Puerto Deseado donde fue sometido a la autopsia que determinó que falleció como consecuencia de «múltiples traumatismos» en el cráneo provocados por un objeto contundente.

Anoche, vecinos de la zona realizaron una importante marcha entre la comisaría y el juzgado de la localidad.

El superintendente de Seguridad de la Policía de la provincia, Dante Jattar Abboud, explicó a los manifestantes y a los medios presentes en el lugar que «la policía cumple órdenes», que la tarea llevada a cabo «fue elevada a la instrucción para que determine los procedimientos a seguir» y aseguró que «hay pruebas» cuando fue consultado sobre lo actuado.

La playa Cavendish nuevamente fue rastrillada ayer por la tarde por personal policial.

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF) impuso ayer penas de hasta 11 años de cárcel a los ocho ex jefes militares y ex integrantes de inteligencia juzgados por graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en la región durante la última dictadura cívico-militar.

El veredicto leído por el vocal del TOF, Alejandro Cabral, estableció una pena de 11 años de cárcel para el ex jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén Oscar Lorenzo Reinhold, y para el ex director de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche Néstor Castelli. El ex integrante del destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Sergio San Martín fue condenado a siete años, en tanto que Jorge Molina Ezcurra y Jorge Di Pasquale, a seis años, así lo informó IMneuquén.

Una chica acusó a cinco jóvenes, todos de familias muy conocidas e influyentes, de haberla atacado durante una fiesta.

Este viernes, en la Oficina Judicial de Rawson, se realizará la audiencia de apertura de la investigación por una violación grupal contra una menor que se habría producido el 22 de septiembre de 2012 en una casa del balneario Playa Unión, en Rawson. A la convocatoria deberán concurrir los cinco acusados.

En la reunión, el juez podría ordenar la detención para todos o para algunos de los jóvenes denunciados si considera que podrían fugarse o entorpecer la investigación de acuerdo a los cargos que se les imputan.

A la vez, se van conociendo detalles de los hechos denunciados. Y entidades feministas y ONG preparan una manifestación para el viernes en el lugar de la audiencia prevista.

Como informó este martes Clarín, el fiscal Fernando Rivarola imputó a los cincos jóvenes, todos pertenecientes a familias muy conocidas e influyentes de Chubut en los ámbitos políticos, empresarial y deportivo, como autores del delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante. Al momento de los hechos, dos de los imputados tenían 21 años, uno de ellos tenía 18 y los otros dos, 17.

Según la denuncia, el hecho ocurrió en el balneario Playa Unión, en el quincho de una casa de la denominada “primera fila” (ubicada frente al mar), adonde la joven había llegado junto a amigas desde Puerto Madryn para participar de una fiesta privada por el Día de la Primavera. Siempre según la acusación, la chica, que entonces tenía 16 años, presuntamente bajo los efectos de una intoxicación alcohólica o de alguna substancia que le provocó un estado de inconsciencia, fue víctima de un abuso sexual por al menos dos de los jóvenes, mientras otros alumbraban la acción con la luz de sus celulares y uno se encargaba de que nadie ingresara al lugar, protegiendo la puerta de entrada.

La violación en “manada” se conoció en enero pasado, cuando la víctima – una vez que estuvo en condiciones psicológicos de hacerlo – contó a través de las redes sociales, en un post titulado “La manda de Chubut”, lo que le había ocurrido, apoyada por el grupo de mujeres de Puerto Madryn llamado “Las Magdalenas”. En esa publicación, la joven, además de los detalles sobre lo que tuvo que enfrentar, reveló los nombres de quienes cometieron el abuso. A partir de lo ocurrido, la chica junto a su familia decidieron dejar la ciudad de Puerto Madryn, adonde residían, para vivir en otro lugar.

Es que, según cuenta en el escrito, tanto ella como su entorno recibieron, después del ataque, amenazas y presiones de todo tipo para que no contara lo ocurrido, dado el estatus social de las familias de los agresores. Dos de ellos son nietos de reconocidos políticos de la zona ya fallecidos: un exgobernador y un exsenador nacional. Otro de los acusados está ligado al mundo empresarial, es familiar directo de un reconocido empresario de la zona del Valle Inferior del Río Chubut.

Si bien los detalles del hecho se mantienen en reserva, Clarín pudo saber que la víctima habría vivido un calvario de varias horas. La joven habría sido sometida por al menos dos de los agresores, en tanto que pudo ser rescatada por una de sus amigas, que se percató de la situación y la sacó del lugar prácticamente arrastrándola, tomándola de los pelos. Después la chica habría sido llevada a una casa en Rawson (distante cinco kilómetros de la playa) donde durmió hasta el día siguiente. Vale señalar que cuando fue sacada del lugar no podía mantenerse en pie y estaba prácticamente desvanecida.

Fue entonces que, según dicen los denunciantes, el anfitrión de la casa donde se hizo la fiesta les pidió a los asistentes que se retiraran. Y reunió a las amigas de la víctima para decirles que la asistieran, que se vayan y que no cuenten nada de lo ocurrido. Antes, las amigas tuvieron que volver a la habitación donde se desarrollaron los hechos y en la oscuridad buscar las prendas de la víctima, que estaba totalmente desnuda.

Al resto de los efectivos arrestados los imputaron por los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento.

Cuatro de los efectivos de la Policía Bonaerense a los que ayer detuvieron por la trágica persecución de San Miguel del Monte en la que murieron cuatro jóvenes fueron acusados por homicidio doblemente agravado por la jueza Marcela Inés Garmendia, a cargo del expediente que investiga el fiscal Lisandro Damonte.

El capitán Rubén García (48) y los oficiales Leonardo Ecilape (26), Manuel Monreal y Mariano Ibañez, que fueron desplazados de sus cargos por el ministro Cristian Ritondo, fueron imputados por los agravantes de su rol de policías y el uso de armas de fuego.

Cristian Righero, José Domínguez y Juan Gutiérrez, también policías de la comisaría de Monte, fueron acusados de falsedad ideológica y encubrimiento agravado según documentos a los que accedió Infobae.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes en la Colectora 9 de Julio a la altura del kilómetro 111 de la Ruta 3 de la ciudad bonaerense. A bordo del Fiat 147 blanco que impactó contra el acoplado de un camión viajaban Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), todos oriundos de San Miguel del Monte, junto a Aníbal Suárez (22), nacido en Misiones. Los cuatro fallecieron. Una quinta ocupante, en tanto, quedó gravemente herida y pelea por su vida.

Antes de chocar, los jóvenes estaban siendo perseguidos por un patrullero. En el móvil iban el subcomisario Julio Franco Micucci (36), en la nómina de pagos de la fuerza desde 2012, García, también en la nómina de la Bonaerense desde 2012, y Ecilape, parte de la Policía de la provincia desde 2015. De estos tres, Micucci, el titular de la comisaría, fue desplazado pero está libre.

Previo al desenlace fatal, los vecinos alertaron sobre la situación con llamados al 911 en los que comunicaron haber escuchado ruidos similares a disparos. «No fue solamente un accidente. Hay una relación causal inmediata e ineludible; sin los disparos no se hubiera producido la colisión», aseguró el Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

Los siete efectivos ahora imputados, fueron arrestados ayer. Los investigadores encontraron contradicciones en sus relatos frente a la división Asuntos Internos, que se volvieron evidentes luego de versiones policiales que indicaban que habían iluminado con linternas en vez de disparado al auto que perseguía y que hasta habían entregado sus cargadores completos.

Sus dichos, para empezar, no resultaron convincentes: «Primero dijeron una cosa, después otra, seguramente por miedo de que los linchen. Dijeron que no los persiguieron, después del video dijeron que sí. Lo que hicieron fue un exceso. Un Fiat 147 con cinco personas adentro. ¿Cómo no lo podían detener con el patrullero?», dijo una fuente a este medio.

 

Infobae

El viernes se conocerá la decisión de la jueza Daniela Arcuri. Los acusados en la causa propusieron realizar trabajos comunitarios y retribuciones económicas.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, realizó maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI como tampoco el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

El abogado de Dario Acosta, Francisco Miguel Romero, solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una institución de bien público, y el pago del 20% de su sueldo durante dos años.

Por su parte, el defensor de Vanesa Medina Consoli y Raquel Antimilla, Esteban Mantecon, pidió que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitó por ende la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.

Por su parte, Guillermo Iglesias, el defensor de Claudia Leonori también solicitó la aplicación de la suspensión para su pupila por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.

El Comodorense

El juez de Garantías Saúl Errandonea hizo lugar al pedido de la fiscal Florencia Salas. Los cinco jóvenes seguirán detenidos en la Unidad 44 de Batán.

Tras las declaraciones indagatorias de los cinco detenidos por el abuso sexual con acceso carnal agravado a una adolescente de 14 años, la fiscal Florencia Salas solicitó al juez de Garantías que convierta la aprehensión en detención. Saúl Errandonea hizo lugar al planteo, por lo que los jóvenes de entre 21 y 23 años continuarán detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán.

Roberto Costa, Tomás Jaime, Lucas Pitman, Emanuel Díaz y Juan Cruz Villalba fueron aprehendidos el 1º de enero durante la madrugada en el camping El Durazno. El miércoles fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración indagatoria ante la fiscal que entiende en la causa.

El testimonio de los cinco jóvenes se mantiene bajo un fuerte hermetismo por parte de los operadores judiciales que esperan que la investigación avance más, antes de dar a conocer los detalles.

No obstante, la fiscal Salas entendió que correspondía pedir la detención de los cinco imputados a la Justicia de Garantías, que este jueves hizo lugar al planteo.

En tanto, en la fiscalía no tienen previsto llevar adelante medidas de prueba. Se espera también la autorización de la Justicia para que la adolescente de 14 años declare en Cámara Gesell, aunque también descartaron que se produzca este mismo jueves.

A su vez, la Justicia ya dispuso que las pericias químicas para hallar material genético en los elementos secuestrados se realizarán el martes 8 de enero a partir de las 10.30.

Minuto Uno

Los jóvenes Lucas Leonel Pitman (21 años), Tomás Agustín Jaime (23), Juan Cruz Villalba (23), Mariano Manuel Díaz (23) y Roberto Fabián Costa (21) están acusados de violar a una menor de 14 años en un cámping de Miramar.

Cinco jóvenes marplatenses, todos de entre 21 y 23 años, están acusados de violar a una menor de 14 años en un camping de la ciudad de Miramar durante la madrugada de Año Nuevo. A última hora de ayer, según pudo saber Infobae tras conocerse los resultados de los exámenes médicos, todos habrían sido imputados por el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado».

Los acusados son Lucas Leonel Pitman (21), Tomás Agustín Jaime (23), Juan Cruz Villalba (23), Mariano Manuel Díaz (23) y Roberto Fabián Costa (21), al igual que la víctima y su familia, todos oriundos de la ciudad de Mar del Plata.

Pitman, Costa y Díaz acostumbraban a hacer surf juntos. Díaz además se desempeñó hasta comienzos de 2018 como guitarrista de una banda de reggae local y es el dueño de la Traffic blanca en la que el grupo había viajado desde Mar del Plata a Miramar y que quedó estacionada junto a la carpa donde habría ocurrido la violación.

La banda de reggae, con más de 15 años de trayectoria pidió que no fuera publicado su nombre, en sus redes sociales emitió tras conocerse la noticia un comunicado en el que aclaró: «hace 1 año que él (por Díaz) no integra nuestro grupo. Nuestro equipo sale aclarar esto ya que los medios y redes lo asocian todavía con nosotros, queremos aclarar que estamos en contra de este tipo de actos y queremos que se haga justicia ante todo !!!! Y que paguen los culpables !!!».

Algunos de los involucrados, además, habían sido jugadores de rugby en Biguá Rugby Club de Mar del Plata, una institución con más de 67 años de historia en La Feliz. Pitman, que estuvo en sus filas y se declaraba fanático del equipo, también había realizado al menos el curso para ser guardavidas en La Feliz.

Los cinco jóvenes pasaron la noche en la Unidad Penal 44 de Batán, para ser trasladados a primera hora a los Tribunales marplatenses. A pesar del gran hermetismo con el que se maneja la Justicia, algunas fuentes dejaron saber, en relación con la víctima, que tanto ella como su familia debieron recibir inmediata atención psicológica tras lo ocurrido.

El Patagónico