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El relato de una de las nenas apunta a que sufrió un abuso sexual agravado. El ex concejal será peritado psicológicamente el jueves. Se espera que la jueza lo cite a indagatoria.

Mientras espera ser citado a indagatoria, el ex concejal Emilio Maldonado, se encuentra más comprometido en la causa por abuso sexual contra dos nenas de nueve y diez años.

Sucede que este miércoles se realizó la Cámara Gesell, en donde las menores pudieron relatar a un equipo de peritos los detalles de los ataques perpetrados por quien supo ser alguien de confianza para sus respectivas familias.

Hasta ahora, lo que se sabía, en función de las denuncias realizadas en la Comisaría Sexta de Río Gallegos, era que el edil había tocado en reiteradas ocasiones a la hija de una amiga muy cercana.

Luego de que esta acusación se hiciera pública, otra familia se presentó en sede policial para relatar que también su hija había revelado la misma situación.

En ambos casos se hablaba de abuso simple, sin embargo, según pudo conocer La opinión Austral, en la Cámara Gesell una de las nenas manifestó detalles, que dan cuenta de actos agravados por parte de Maldonado.

Además, informaron que la evaluación de las víctimas arrojó resultados “contundentes” y que al ex presidente del Concejo Deliberante le recomendaron declarar, en caso de ser citado por la jueza Valeria López Lestón.

Esto todavía no sucede porque la magistrada primero pidió una evaluación psicológica para el acusado, que se realizará el próximo jueves, en tanto que las familias solicitaron otras medidas de prueba que están pendientes.

Mientras tanto, Maldonado pasa sus días confinado y con una restricción que le impide acercarse a un perímetro de doscientos metros de las viviendas de las víctimas.

Fuentes del caso que fueron consultadas no dudan que el ex concejal terminará detenido luego de la indagatoria y también sostienen que el avance de la causa es el esperado, sobre todo en el contexto actual.

Hay que recordar que la primera denuncia se realizó el sábado 20 de junio por la tarde y siete días más tarde, la mujer que la radicó decidió hacer público el caso en sus redes sociales, donde no sólo mostró fotos que probaban la existencia de una amistad entre ella, Maldonado y su hija, sino que ademas posteó la foto de la denuncia.

La segunda denuncia se hizo al sábado siguiente y sirvió para que quienes todavía mostraban su apoyo al concejal, dejaran que la Justicia actuara.

Esa semana comenzó con el pedido del intendente Pablo Grasso para que Maldonado se tomara licencia, luego para que renuncie y, finalmente, una extraordinaria escandalosa aprobó su salida, con la presencia de familiares en el recinto que cuestionaron a las instituciones y exigieron justicia.

En un procedimiento realizado en el barrio Inta de la ciudad de Trelew, este miércoles la Fiscalía halló, un centenar de restos de proyectiles que se condicen con los que utiliza la Policía del Chubut. El hallazgo se produjo en el marco de la investigación, producto de la denuncia por violencia institucional. La causa apunta directamente al titular del Ministerio de Seguridad Federico Massoni quien habría participado de los operativos del domingo por la noche.

Este miércoles en horas de la mañana, Massoni intentó justificar el uso de la fuerza en algunos barrios de Trelew al afirmar que allí “se está gestando delincuencia estructural, en algunos casos son generaciones que se dan donde el modo de vida es el delito”, dijo defendiendo su gestión ante los concejales valletanos.

Evidencias 

Para esclarecer los hechos, este miércoles por la mañana se continuaron realizando diversos procedimientos relacionados con la investigación que el Ministerio Público Fiscal inició tendiente a dilucidar los hechos ocurridos en las primeras horas del lunes en un sector del barrio INTA de Trelew, habiéndose registrado las denuncias que dan cuenta de la violencia ejercida por policías.

Personal del equipo técnico multidisciplinario con funciones en la ciudad de Trelew, a cargo del licenciado Martín Costa, junto a efectivos de la Policía Federal, se hicieron presentes en la zona de los hechos y pudieron secuestrar unas treinta y cinco vainas servidas de escopeta antitumulto y ochenta y nueve balines de goma entre otros elementos que serán sometidos a las correspondientes pericias.

Además, pudo constatarse los daños sufridos por las viviendas del lugar, realizándose hisopados en domicilios de las víctimas ante la existencia de manchas hemáticas.

Son diversas las diligencias que se llevan adelante en torno a este tema, las cuales se mantienen a resguardo para la marcha de la respectiva investigación. Desde algunos organismos se ha establecido el contacto para el conocimiento del accionar que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal en este sentido, destacándose la comunicación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Nación.

Massoni se defiende

Mientras la Fiscalía realizaba las tareas de investigación en terreno, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, exponía ante el Concejo Deliberante de Trelew, donde hizo una acalorada defensa de su gestión, donde no negó que se hayan registrado excesos por parte de efectivos policiales, e intentó justificar el uso de la fuerza pública en operativos de prevención.

En su intento por demostrar que los permanentes operativos en determinados barrios de la ciudad de Trelew no son acechanzas como denuncian los vecinos, Massoni hizo una controversial declaración al afirmar que “se está gestando delincuencia estructural, en algunos casos son generaciones que se dan donde el modo de vida es el delito”, apuntó.

Ante los cuestionamientos a sus prácticas, Massoni sostuvo que: “No es importante mi forma, lo importante es el fondo que nosotros estamos atacando”.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país desde el 20 de marzo pasado a raíz de la pandemia de coronavirus Covid-19 llevó a buena parte de la población, sin distinción de edades, a vivir más pendientes que nunca de internet, ya sea para trabajar, estudiar, informarse, entretenerse, o simplemente para mantenerse vinculado con sus afectos.

Y la inesperada situación generada por la pandemia derivó en una disyuntiva singular: ¿cómo evitar el uso abusivo de la tecnología cuando a la vez es la única posibilidad de mantenerse conectado al mundo en una situación de encierro como la que provoca la cuarentena?

“No me extraña que gente que antes restringía las tablets o celulares a los chicos hoy se los empiece a facilitar, en el marco de la pandemia”, señaló Juan Pablo Perrota, licenciado en Psicología y miembro de la Fundación INECO (Instituto de Neurología Cognitiva).

El doctor Juan Pablo Perrota tenía previsto visitar la provincia de Chubut en el marco de un ciclo de charlas promovidas por Pan American Energy (PAE) como parte de su trabajo de Responsabilidad Social Empresaria, pero a raíz de la pandemia y de la cuarentena social obligatoria impuesta en todo el país, la empresa consideró oportuno readaptar las actividades previstas para el primer semestre. Es así que Perrota y distintos profesionales de INECO encabezarán una serie de columnas con consejos para atravesar de la mejor manera este momento que nos toca; (ab)usos de Internet en cuarentena, es la cuarta de esta serie.

En ese marco, el especialista señaló las motivaciones del cerebro humano para encontrar satisfacción en el contacto con la tecnología, como también sobre las formas de advertir, tanto en niños como en adultos, las señales de alerta para evitar que esa interacción afecte la vida personal.

“A pesar de la situación crítica, debemos lograr que en la familia haya límites, rutinas y responsabilidades de todos los miembros. Respetar espacios de intimidad, pero también la interacción familiar. Para anticiparnos al problema, debemos poner límites claros, con las reglas o normas de convivencia. No me refiero a la respuesta emocional o el grito cuando ya estamos enojados, sino a establecer con claridad. Si antes de la cuarentena no había diálogo honesto, claro y preciso en relación a esto, no es extraño que tampoco lo haya en la cuarentena. Si no lo hay, debemos poner manos a la obra para dialogar y establecer esas normas”, explicó.

Sin embargo, también es necesario que los adultos establezcan sus propios límites para no perder el control del tiempo en contacto con la tecnología, sea por trabajo o relaciones sociales: “Nos va a pasar, porque estamos encerrados y los algoritmos nos llevan de un contenido a otro, por lo que se nos pueden ir horas enteras en contacto con la tecnología”.

En ese marco, sugirió “establecer de antemano qué tiempo cada uno le va a destinar a cada actividad, para no terminar con una sensación de frustración como la que se siente después de muchas horas en redes o en internet, que sentimos que fue tiempo perdido”.

Impulsividad y compulsividad

El licenciado Perrota remarcó que las conductas relacionadas a un estímulo gratificante, como los que derivan de la conectividad tecnológica, se convierten en problema cuando se pierde el control de las mismas: “Por lo general hablamos de impulsividad y compulsividad. La primera está relacionada a ‘hacer sin medir consecuencias’ y la segunda a ‘no poder dejar de hacer’”.

Los circuitos cerebrales que se activan al realizar una de estas actividades son los mismos que se “encienden” en cualquier otra de conducta gratificante o inclusive con el consumo de drogas o alcohol. Es lo que se denomina el “sistema de recompensa” del sistema nervioso central.

Muchas de las conductas cotidianas, incluso saludables, se pueden convertir en patológicas o desadaptativas en función de la intensidad, la frecuencia o la cantidad de tiempo o dinero invertido. En definitiva, del grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales de las personas implicadas.

“Todas las conductas potencialmente problemáticas en sus comienzos son controladas por reforzadores positivos, o sea el aspecto placentero, la liberación de dopamina. Pero luego, terminan siéndolo por reforzadores negativos, es decir el alivio del malestar. Los estímulos no solo dan gratificación, sino que también nos quitan malestar. Cuando nuestras conductas están gobernadas principalmente por la necesidad de escapar al malestar generalmente se convierten en un problema. El malestar puede ser desde angustia hasta aburrimiento, soledad o estrés”, advirtió el licenciado Perrota.

Si bien los encantos de la tecnología, las redes, las posibilidades audiovisuales y los video juegos suelen atraer por igual a personas de todas las edades, son los jóvenes quienes con más frecuencia caen seducidos por ellas, en especial en tiempos de aislamiento obligatorio.

Y esto tiene una explicación científica: “En la primera etapa de la adolescencia, entre los 10 y los 14 años, se produce una disminución de la sustancia gris en regiones de la corteza prefrontal del cerebro. Este proceso se denomina ‘poda neuronal’, y en él las conexiones entre las neuronas que no han sido consolidadas son directamente eliminadas. Luego, entre los 16 y los 18 años, aumenta la conectividad entre las neuronas, es decir aumenta su capacidad para comunicar información de manera eficiente. También se refuerzan las conexiones entre la corteza prefrontal y las zonas del cerebro donde se procesan las emociones y el sistema de recompensa”, explicó Perrota.

Los niños y adolescentes necesitan desarrollar el autocontrol necesario para tomar decisiones, administrar sus emociones, disfrutar de manera moderada todas las cosas agradables de la vida, incluidas las redes sociales y los video juegos. Pero para eso debe aprender a postergar la gratificación inmediata en pos de objetivos o satisfacciones más significativas a largo plazo, y a la vez encarar compromisos y responsabilidades.

“En esta cuarentena, la falta de actividades y de rutinas concretas puede que los chicos, como también los grandes, abusemos de la tecnología y es entendible. Pero es buen momento para que pensemos cómo educamos en los límites y cómo nosotros mismos tenemos ejercitada nuestra capacidad de postergar la satisfacción inmediata”, recomendó el especialista.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado y C.O. admite que se hallaba violando la cuarentena, pero acota con razón que ello no implicaba que los policías que lo detuvieron pudieran golpearlo.

La víctima, de 34 años, regresaba de la casa de un familiar y eran las 2 del sábado cuando en Polonia y Mahuida lo detuvo un móvil policial.

“Yo sabía que estaba en falta porque trabajo en la Agencia Provincial de Seguridad Vial y por eso me quedé en el auto porque no me iba a dar a la fuga. En ningún momento me quise ir, pero cuando me detuvieron me subieron al móvil y cuando estaba agachado, con una pistola me golpearon en la cabeza”, relató en la denuncia que se halla en el Ministerio Público Fiscal que conduce Juan Carlos Caperochipi.

“Después me llevaron a la comisaría y me llevaron a la parte de la cocina. Apenas entro, me sacan la campera y empiezan a golpearme con patadas y piñas, diciéndome que no los mire”, acotó.

Solo dejaron de golpearlo cuando dijo dónde trabajaba. “No está bien la golpiza que me dieron. Está bien, incumplí la cuarentena, pero no hay motivo para agredirme físicamente. Incluso cuando me llevaron a mi casa me decían que no me convenía hacer la denuncia”, relató C.O.

Una vez en su casa, el hombre comenzó a sentir dolores y decidió concurrir al Hospital Regional. Allí se le constató una fractura en la novena costilla izquierda y un fuerte golpe en la cabeza.

Ahora el caso está en manos de la Justicia, que deberá esclarecer el hecho y velar por la seguridad de los ciudadanos expuestos como pocas veces en Chubut al arbitrio policial. Es que la cuarentena parece haber sacado lo peor de no pocos uniformados que dependen del comisario Miguel Gómez y del ministro de Seguridad, Federico Massoni.

En la fiscalía de la ciudad de Rawson, siguiendo directivas impartidas por el Procurador General de la Provincia del Chubut, Dr. Jorge Miquelarena, se inició de oficio el día 8 de Abril de 2020, una investigación con el objeto de determinar si a partir de un audio que fue viralizado y difundido por medios locales y nacionales, se hubiera cometido el delito de abuso de autoridad (legajo 21505). Sin perjuicio de ello, el día 9 de abril de 2020, se recibió una denuncia que dio lugar al legajo 21508 por parte de Diputados integrantes del bloque Alianza frente de todos de la Honorable Legislatura; en esa investigación independiente, si bien si hizo alusión al audio del caso anterior, se requierio del Ministerio Público Fiscal se investigue la legalidad de las resoluciones tomadas por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, en el marco de las restricciones impuestas a la población en el contexto de la pandemia.

Asimismo se pidió investigar sobre hechos puntuales por abusos por parte de personal policial en toda la Provincia. A este legajo se le acumulo el legajo N° 21509, que se originó por una denuncia presentada vía email (canal habilitado en el marco de aislamiento social) por la denuncia presentada por la comisión contra la impunidad y por la justicia en el Chubut, en la que se requirió similares puntos de investigación.

En el marco de estos legajos se requirió informes a todos los fiscales jefes de cada jurisdicción, a partir de lo cual se pudo certificar la existencia de distintos casos de investigación por presuntos abusos policiales cometidos en el contexto del control de distanciamiento social obligatorio, a saber: Dos casos en Comodoro Rivadavia, legajos 103952 y 104057, los que se encuentran en estado de investigación preliminar, el primero de los casos, se inició de oficio, está relacionado con un presunto abuso de autoridad en el contexto de la detención de un pasajero de transporte urbano “el caso se encuentra a la espera de informes con perspectiva de formular la apertura de investigación preparatoria” así lo informó el fiscal Jefe de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En la fiscalía ciudad de Trelew, se encuentran tramitando cinco casos originados por denuncias, los mismos están en etapa de investigación preliminar. En Pto Madryn, la fiscalía local, dispuso apertura de investigación en los legajos acumulados 70702 y 70703, en la que se imputara a una suboficial de la comisaria tercera de la ciudad de Pto Madryn, la comisión de dos hechos calificados como vejaciones respecto a dos personas detenidas el día 23 de marzo de 2020.

Por su parte, en la ciudad de Esquel existen dos casos en investigación preliminar ambos originados por denuncias y que corresponden a los legajos 49272 y 49282.

En la fiscalía de la ciudad de Rawson, tal como se informara oportunamente a partir de una denuncia, se dispuso la apertura de investigación preparatoria en contra de un empleado policial, que en el marco de un operativo de control de las medidas de aislamiento, utilizando su arma reglamentaria disparó contra un can, provocándole su muerte (el hecho fue calificado como constitutivo de Maltrato animal, daño y abuso de autoridad). Ahora resta esperar que la oficina judicial de Rawson otorgue intervención en legal forma al Sr. Juez penal correspondiente y fije fecha para la celebración de la audiencia de inicio de la investigación en los términos del Art. 274 C.P.P. En las fiscalías de las ciudades de Sarmiento y el Hoyo no se han registrado denuncias sobre abuso de autoridad hasta el momento.

También se requirió igual información a los juzgados federales de Comodoro Rivadavia, Rawson y Esquel, en virtud de la competencia federal en orden al delito 205 del Código Penal. De dicho requerimiento surgió que a la fecha, en el Juzgado de la ciudad de Esquel, no se han recibido denuncias por situaciones de abusos policiales en cumplimiento de controles por aislamiento social obligatorio. Tampoco se han adoptado resoluciones de nulidad de las actuaciones ni declaraciones de ilegalidad en las detenciones o formación de causas en contra de personal policial.

Resta recibir igual información de los Juzgados Federales de las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rawson. Por último, se ofició en igual sentido a la Defensoría General, cuyo informe será recibido en el día de la fecha.

Laura Mirantes la Jefa de la Comisaría Rawson cansada de los abusos de autoridad del Ministro de Seguridad Federico Massoni se plantó y le dijo basta a los maltratos de la fuerza que se están aprovechando de la pandemia de coronavirus para implementar un sistema de autoritarismo avasallando los derechos de los vecinos.

Desde la Jefatura de la Policía de Chubut habrían decidido separar del cargo a Mirantes y pasarla preventivamente a disponibilidad interna en una clara medida de “disciplinar” a lo macho a la mujer Comisaria.

La situación que dio origen a la sanción de la jefa policial sería porque se negó a darle ingreso penal a un vecino de Rawson que fue detenido injustamente por ir hasta su chacra a darle alimentos a los animales.

Laura Mirantes por defender a los vecinos de Rawson habría sido notificada de su pase a disponibilidad por 60 días, la orden la la habría dado directamente Federico Massoni.

Al parecer a Massoni está cuarentena lo tiene cometiendo varios abusos que saldrán a la luz en los próximos días y que tienen a las mujeres como protagonistas principales.

Se trata de Sergio Oscar Chapingo. Era maestro panadero y pastor evangélico. Le imputan siete episodios. Las víctimas eran sus alumnos del taller. Según Fiscalía, las tocaba y las amenazaba para que guardaran silencio. Habrá una inspección ocular y la otra semana serán los alegatos.

El Ministerio Público Fiscal prevé pedir 17 años de prisión para Sergio Oscar Chapingo, acusado por siete hechos de abuso sexual contra alumnos del Centro de Amigos y Padres de Personas Discapacitadas Mentales en Trelew. El acusado, de 42 años, está en prisión domiciliaria en su casa de calle Lezana. La otra semana serían los alegatos en el juicio oral que se hace a puertas cerradas. Restan testimonios y una inspección ocular en la sede de CAPDIM, en el barrio Padre Juan Muzio. La acusación es del fiscal Arnaldo Maza y del funcionario Enrique Kaltenmeier; el defensor es Martín Castro.

El Centro es una asociación civil que dicta talleres protegidos de producción que permite a personas con capacidades diferentes inserción social y laboral.

Uno de los talleres es Panadería. Chapingo ingresó contratado como maestro en marzo de 2012. Enseñaba y supervisaba a los operarios. Se presentaba como pastor evangélico.

Trabajaba de 3 a 11 todos los días. Pero lunes por medio tenía un acuerdo con el otro panadero y cumplía horario de 10 a 17. Es que los fines de semana viajaba a General Conesa, Río Negro, por encuentros como pastor de la Iglesia “Ministerio Internacional Apostólico y Profético Nueva Generación”.

Según la acusación, usó su rol como maestro para “violentar la libertad sexual y satisfacer sus deseos libidinosos”. Chapingo “se aseguraba de que sus víctimas no contaran lo que les obligaba a soportar”.

El mediodía del lunes 16 de abril de 2018, Liliana, portera del turno mañana, saludaba a los operarios antes de irse. En ese momento llegó Graciela, de 29 años, operaria de Panadería del turno tarde. Padece un retraso mental moderado. La recibió Chapingo.

Graciela se fue a cambiar al baño de mujeres. Liliana vio que demoraba y entró al vestuario. Se topó con la joven nerviosa, acomodándose la ropa, con el cierre y el botón del jean abiertos. Había ruidos tras la cortina cerrada de una ducha. A Liliana le extrañó. La corrió de un manotazo y encontró escondido a Chapingo. Sorprendida, le preguntó: “¿Vos qué hacés acá?”. Le contestó que “estaban hablando”.

Liliana salió de CAPDIM y fue a la casa de la coordinadora. Le contó. Luego se sabría que Chapingo tocaba a Graciela mientras la amenazaba para desvestirse. Ella resistía: “No, Sergio, ¿qué te pensás? No somos ni papá ni mamá”. Igual bajó la ropa de ambos. “Chapingo le dijo a su víctima que no contara nada porque no iba a entrar más al taller, y se escondió tras la cortina”.

Una cámara de seguridad lo filmó entrando al baño de mujeres, saliendo, caminando por el pasillo, ocultándose en una abertura y siguiendo a Graciela.

Liliana declaró que “notaba que los chicos no lo querían a Chapingo, habían empezado a expresar rechazo hacia él”. Lo despieron esa tarde. Así supieron porqué Graciela se resistía a ir los lunes al taller.

Un acta documentó la reunión de Chapingo con la Comisión Directiva de CAPDIM. No negó su entrada al baño con Graciela pero adujo que estaban “charlando” y que lo había hecho porque “tenía impulsos”.

Javier, otro operario, reveló que el mismo día fue al vestuario de varones a cambiarse para su día laboral. Cuando estaba en remera y calzoncillos, Chapingo lo manoseó. “Ay, mi amor, qué linda que está tu hermana, qué bonita está tu hermana”, le decía. Javier se resistía: “¡Pará Sergio, no digas esas cosas! La próxima hablo para que te echen. Vos no conocés a mi hermana”. El imputado amenazó apuñalarlo. Le apoyaba un cuchillo de la panadería.

Liliana declaró que una mañana desayunaba con los chicos. Le preguntó a Analía, otra operaria de Panadería, si se había enterado de lo que pasaba. A la chica se le llenaron los ojos de lágrimas y confesó que también era víctima.

Chapingo le ordenó limpiar sola un depósito de insumos. Allí la atacó. La tocó por encima de la ropa sujetándola fuerte del brazo. El hombre le decía “cosas bonitas” y que “si no le daba bolilla, si no cedía ante sus pretensiones, mataría a su familia”, cuchillo en mano. Cuando Analía era convocada a firmar planillas administrativas en el taller, en la mesa y a la vista de todos, “Chapingo la tocaba por debajo de la mesa en sus piernas, con sus manos o con sus pies”.

En otro episodio, una tarde de agosto de 2014, Chapingo arrinconó a Nerina, otra joven aprendiz, contra un carro de bandejas. La tocó y le dijo: “Ahora andate nomás”. Ella se lo sacó de encima con una bofetada en la cara: “¿Vos qué hacés?”.

En su acusación, el MPF aclara que la imputación se basa en el relato de las víctimas. “Son personas que por su discapacidad tienen un relato que debe ser analizado indefectiblemente con parámetros especiales”, explicaron. Por eso son claves los psicodiagnósticos y los informes del Servicio de Atención de la Víctima del Delito. Fue imprescindible que confiaran en las psicólogas forenses para que sean “sus interlocutoras y traductoras al contar lo sucedido, para que ese relato sea lo más claro, fluido y detallado”.

Pero más allá de su discapacidad, la acusación aclara que las presuntas víctimas “tienen conocimientos acerca de la sexualidad” y de que cualquier vínculo debe ser voluntario.

Además de sus testimonios en Cámara de Gesell, las víctimas hicieron las denuncias bajo asistencia. Siempre coincidió lo que le dijeron al personal de CAPDIM, a sus familias, y finalmente en las denuncias.

En el allanamiento en casa de Chapingo, en abril de 2018, se halló un jean azul y remeras blancas. Coincidían con la cámara de seguridad.

Por estos días declaran víctimas, familiares, figuras de apoyo, forenses, directivos de CAPDIM y policías.

La imputación es abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por un encargado de la educación de la víctima. Se agrega coacción agravada por el uso de arma.

La Fiscalía consideró agravantes que Chapingo haya aprovechado “la particular indefensión y vulnerabilidad” de personas con capacidades diferentes con una inmadurez comparable con niños o adolescentes. Su impunidad aumentaba al presentarse como pastor y encargado de una filial fuera de Chubut. Los abusos habrían afectado como mínimo a cinco operarios. “Significó para todos un importante menoscabo en la confianza depositada en una institución como CAPDIM, y en la posibilidad de acudir a redes de contención para personas con capacidades diferentes”.

*Excepto el del imputado, los nombres se cambiaron para proteger a víctimas y protagonistas del caso.

Con el tribunal presidido por el Juez César Zaratiegui acompañado como vocales por Sergio Piñeda y Gladys Olavarría comenzó a desarrollarse en la sala de la cámara penal ubicada en el sexto piso de tribunales el juicio oral mediante el cuál se juzga la conducta de quien ejercía como maestro panadero y encargado de la educación de quienes concurrían al centro de personas discapacitadas mentales (capdim) en Trelew.

Se trata de Sergio Chapingo quien está siendo defendido por el abogado Matías Castro argumentando la ausencia de materialidad y autoría de los hechos endilgados. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Arnaldo Maza y el funcionario de fiscalía Enrique Kaltenmeier expuso la acusación en la que se considera al imputado autor de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por un encargado de la educación, seis hechos y coacción agravada en un hecho. Estos delitos están enmarcados en los artículos 119, cuarto párrafo inciso b y primer párrafo, 149 inciso primero, 55 y 45 del código penal.

De acuerdo a lo relatado por el fiscal, durante las jornadas podrán escucharse los testimonios de autoridades, empleados y de las propias víctimas en la modalidad de cámara gessel, además de presentarse material documental que acreditarán lo expuesto en la respectiva acusación.

Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron condenados hoy a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por haber abusado sexualmente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el ámbito del Instituto Próvolo. En tanto, el jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años de prisión.

Los religiosos Corbacho (59) y Corradi (83) y el jardinero Gómez (57) llegaron al juicio acusados de abusos de menores sordomudos e hipoacúsicos en centros educativos de La Plata y Mendoza gestionados por el Instituto Próvolo.

Corbacho había sido imputado por 16 hechos, mientras que a Corradi lo acusan por seisy a Gómez por otros seis, en una causa que tiene una decena de víctimas de entre 4 y 17 años de edad.

La sentencia se difundió a puertas cerradas por tratarse de delitos de acción privada, explicaron fuentes del tribunal a cargo del caso, formado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli.

Durante los alegatos, la Fiscalía pidió 45 años de prisión para los sacerdotes, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima de 50 años, y la defensora oficial solicitó la «nulidad de todas las acusaciones» o «la absolución de los acusados».

Los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana imputaron a Corbacho por 16 hechos, que incluyen «abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores», y a Corradi por cinco hechos de «abuso sexual y corrupción de menores». En ambos casos las acusaciones están agravadas por el «carácter de ministro de culto y por ser los encargados de la guarda de los menores de 18 años».

En tanto, al jardinero Gómez, para quien la Fiscalía pidió 22 años y medio de prisión, se lo acusa de cuatro hechos de abusos sexuales.

Un debate extenso

El debate comenzó el 5 de agosto y demandó 49 jornadas. Se realizó a puertas cerradas, puesto que los delitos que allí se ventilaron son de instancia privada, y contó con la participación de intérpretes de lenguaje de señas.

Los ex alumnos declararon a través de cámaras Gessell, algunas grabadas previamente y otras bajo la modalidad en vivo y en directo, con el acompañamiento del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (Edeaas).

Las declaraciones brindadas por los diez denunciantes dieron cuenta de «insinuaciones, obligación de ver material pornográfico y tocamientos hasta violaciones y ataques grupales», además de «encubrimiento de los vejámenes y todo tipo de maltratos sufridos durante años».

En tanto, psicólogos y psiquiatras que declararon ante el tribunal coincidieron en señalar que los testimonios de las víctimas son «coherentes y verosímiles».

Los casos de abuso en el Próvolo, situado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, salieron a la luz en noviembre de 2016, lo que llevó a la clausura del establecimiento.

El veredicto llegará un día antes de que se cumplan los plazos de las prisiones preventivas contra los imputados, que Corbacho y Gómez están cumpliendo en un penal, mientras que Corradi goza del beneficio de prisión domiciliaria.

En la investigación judicial, que se dividió en tres causas, hay una docena de acusados como «autores materiales, partícipes y encubridores» de distintos delitos sexuales.

Entre ellos está la monja japonesa Kosaka Kumiko, acusada de haber participado en vejámenes en el instituto, y otra causa que involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, entre otros directivos, por «omisión», investigaciones que se espera lleguen pronto a juicio.

Tras una audiencia preliminar en 2018, el ex empleado del Próvolo, Jorge Bordón, fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado tras confesar la autoría de una decena de delitos.

Además de los abusos en el Próvolo de Mendoza, se están investigando hechos similares en la sede de La Plata, y anteriormente hubo denuncias en Verona, Italia, donde surgió la institución y también se apuntó al cura italiano Corradi, trasladado a la Argentina.

Maniobras dilatorias

Desde la primera audiencia la defensa de los acusados puso en juego la misma estrategia que aplicó durante el resto del proceso: los intentos de obstaculizar y demorar el ritmo de las audiencias.

La primera acción de esa jornada, por ejemplo, corrió por cuenta de la defensa de los imputados, que recusó al juez Mauricio Juan, integrante de la Sala. El tribunal rechazó el pedido por extemporáneo. “Es una tontera. Se lo rechazó porque (los abogados de la defensa) ya sabían de eso con anterioridad y convalidaron que (Juan) fuera juez”, explicó a este medio en esa oportunidad Sergio Salinas, secretario de litigio estratégico de la Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos (XUMEK) y abogado de las víctimas.

En esa audiencia, cuando se fueron identificando los imputados, Corbacho, de 59 años, aseguró que no había sido suspendido en el sacerdocio, lo que reveló una situación similar a aquella de que goza el cura Julio César Grassi, quien no fue relevado del sacerdocio luego de que se le dictara condena firme a 15 años por abuso sexual de niños. A Corbacho, a su turno, lo informaron sobre los 16 casos de abuso de niños hipoacúsicos por los que deberá responder.

Cuando le tocó el turno a Nicola Corradi -que ya gozaba de prisión domiciliaria debido a su edad-, la defensa pidió que se transcribiera en texto lo que se fuera leyendo en las audiencias porque el acusado, señaló, tiene dificultades para escuchar.

Durante esa audiencia, la defensa también solicitó que las víctimas declaren nuevamente. “No respetan las reglas y no les importa que se revictimice”, acusó el abogado de XUMEK, quien reiteró que las víctimas ya habían brindad testimonio en cámara Gesell, como estipulan las normas internacionales de Derechos Humanos para estos casos, para que las declaraciones pudieran ser consultadas durante el juicio y así evitar la revictimización.

Al día siguiente, el tribunal dictó un cuarto intermedio en el debate para que se realizaran nuevos peritajes psiquiátricos y psicológicos al acusado Gómez, a quien la defensa quiso hacer declarar como inimputable, algo que finalmente no sucedió. Las víctimas, en las jornadas que siguieron, no debieron reiterar sus relatos, informó Página 12.

Ya se cumplió un mes y medio del arranque del histórico juicio contra sacerdotes por los abusos sexuales de niños sordos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. El debate avanza a paso lento, plagado de estrategias y artilugios de la defensa, mientras se difunden las largas grabaciones de las cámaras Gesell con los duros testimonios de las víctimas.

Por tal motivo, los familiares de los damnificados y la querella piden a los jueces mayor celeridad, por el alto grado de vulnerabilidad de los denunciantes. De hecho, al comienzo del debate, el 5 de agosto, se previó que a fines de ese mes se conocería la condena. Ahora, desde la Justicia provincial creen que el proceso concluirá en noviembre.

«Estimamos que en noviembre se estaría terminando el juicio. En las últimas semanas se pudo avanzar un poco más, por eso esperamos que no surjan dificultades en lo que queda del camino. Tenemos expectativas de llegar al fin del proceso en un mes y medio aproximadamente», explicaron a LA NACION desde el tribunal que sigue la megacausa, comandado por Carlos Díaz, Alejandra Ratto y Mauricio Juan.

Asimismo, indicaron que desde que arrancó el juicio, entre las cámaras Gesell reproducidas en la sala y las realizadas en vivo, ya declararon 15 ex estudiantes, en 19 jornadas. Puertas adentro de la Justicia reconocen también que uno de los obstáculos es el tiempo, ya que las audiencias sólo se realizan durante la mañana, de lunes a jueves, por lo que los afectados insisten con la necesidad de que los jueces también sigan el caso Próvolo por las tardes y dejen de abocarse a otros expedientes judiciales. A esto, mientras se espera que finalicen las cámaras Gesell, se suma el inicio de las declaraciones de casi 100 testigos, que son parte central de la investigación.

La megacausa que escandaliza a la Iglesia Católica, que se divide en tres partes, tiene hoy en el banquillo de los acusados a dos curas, Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), y a un ex jardinero, Armando Gómez (51), quienes están imputados por vejar a ex alumnos del instituto religioso que nació en Verona, Italia y tiene sede en La Plata, Buenos Aires, donde también hay una causa judicial en proceso.

Las condiciones de salud de los imputados, por padecer también problemas auditivos, puso de relieve las complejidades y artilugios defensivos para dilatar el proceso, aunque finalmente se logró avanzar mediante la instalación en la sala de un software que permite leer lo que se dice de manera oral. También hubo retrasos al pedir nuevas pericias psicológicas a uno de los acusados, que finalmente dejaron en claro que debe seguir en el banquillo. De igual modo, la reproducción de las filmaciones de las cámaras Gesell también lleva su tiempo, ya que se trata de grabaciones que duran varias horas, y se estima que son más de 30 los testimonios recabados bajo esta metodología, sin contar los que se realizan en vivo, a pedido del tribunal o a voluntad de las víctimas.

«Seguimos en esta etapa con las cámaras Gesell, quedan pocas, tanto grabadas como en vivo. Tras eso, se vendrán unos 97 testigos, para luego pasar a los alegatos. Es una causa que empezó trunca y va tomando envión», expresó a LA NACION el abogado querellante Sergio Salinas, miembro de la ONG de Derechos Humanos Xumek.

Los testimonios dados a conocer hasta ahora han sido fuertes y contundentes, y dejaron cada vez más comprometidos a los imputados. Los crudos relatos de varones y mujeres van desde insinuaciones, obligación de ver material pornográfico, tocamientos, violaciones y ataques en manada hasta encubrimientos y malos tratos durante años, que en algunos casos derivaron en expulsiones de la institución. Desde un chico de 17 años que contó que fue obligado a practicarle sexo oral a uno de los acusados, pasando por otro joven que aseguró que a los cinco años fue violado por el cura Corbacho o por el caso de una niña que usaba un pañal para detenerle el sangrado tras ser vejada, hasta la revelación de un hecho de acceso carnal perpetrado por Corradi, además de abusos grupales de religiosos y empleados contra los pupilos. También, se acusa a la monja Kumiko Kosaka de «entregadora» y por tocamientos.

En el medio, ante cada declaración de las víctimas, que apuntan, por caso, a un acusado en beneficio o detrimento de otro, no dejan de surgir presentaciones de la abogada defensora de los imputados, Alicia Arlotta, quien entiende que también se dan «conflictos de intereses» a la hora de desarrollar su tarea. De todas maneras, estos reclamos están siendo desestimados por el tribunal, pero son instancias que atentan contra el avance del juicio, indican desde la querella.

Por las denuncias en el Próvolo mendocino, que arrancaron en noviembre del 2016, son 14 las personas imputadas en tres causas. Así, además de los tres hombres que están hoy en el banquillo de los acusados, menos el ex monaguillo, Jorge Bordón, quien se declaró culpable en un juicio abreviado, y un ex administrativo, que fue declarado inimputable, habrá dos nuevos juicios más adelante, en los que deberán responder las monjas Kosaka y Asunción Martínez, y demás personal directivo y administrativo.

El actual debate, por ser de instancia privada, ya que se juzgan delitos de abuso sexual, se realiza a puertas cerradas, y cuenta con la participación de intérprete de Lenguas de Señas Argentinas. Los imputados por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser las víctimas menores de 18 años y por convivencia preexistente con los ex alumnos, corrupción de menores, y en el caso de los curas, por ser ministros de culto, enfrentan penas de 50 años de cárcel por una treintena de hechos, informó La Nación.