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Las diligencias se realizaron esta tarde en un domicilio de Rawson. Se secuestró una importante cantidad de dispositivos donde se almacenarían los datos.

En el marco de una investigación por presunta infracción al art. 128 del CPA, es decir por un caso de difusión, distribución o tenencia de M.A.S.I. (material de abuso sexual infantil) se realizó un nuevo allanamiento en un domicilio de Rawson, lugar al que se llegó a partir de los datos obtenidos en la investigación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital.

El caso tiene origen en un reporte de la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) que da cuenta de la presunta distribución por la red (internet), utilizando la conexión de dicho domicilio de un vídeo conteniendo M.A.S.I., conducta prevista por el art. 128 del C.P.A.

En el lugar se procedió a la identificación del presunto imputado y al secuestro de importante cantidad de dispositivos con capacidad digital que podrían contener no sólo el material detectado en el reporte sino otros archivos (fotos y vídeos con menores de edad en actividad sexual explícita).

Debe tenerse presente que numerosos procedimientos se están realizando actualmente en la provincia, en virtud de la comisión de los delitos previstos por el art. 128, que prevé penas de prisión que van de los 4 meses a un año en el caso de la simple tenencia, y de 4 a 8 años en caso que la, o las victimas NNA (niñas, niños y adolescentes) fueren menores de 13 años.

El material secuestrado será sometido a inspección de su contenido por parte de profesionales del ETM de la P.G. a partir de cuyos resultados la fiscalía podrá confirmar o no la existencia de la conducta y en su caso formular las correspondientes imputaciones. La diligencia estuvo a cargo del personal de la Policía de Investigaciones de Rawson, acompañados por profesionales especializados de la UFECyED de la misma localidad.

Lo que inicialmente parecía un caso local se ha expandido pero investigan un enorme complejo de abuso infantil. En octubre de 2019, comenzaron las investigaciones contra un hombre de 43 años de Bergisch Gladbach. Se sospecha que había abusado sexualmente de su hija, una niña, y que filmaba el acto. El hombre compartió los videos en Internet. Ahora está claro: hay un total de 30.000 huellas de los perpetradores, es decir, las direcciones IP que se conectaban a la red de abuso.

«Estoy profundamente sorprendido», dice Johannes-Wilhelm Rörig, Comisionado del Gobierno Federal para el Abuso, en entrevista con DW. Y esto a pesar de que «cada día tengo que lidiar con la violencia sexual contra niños y jóvenes en nuestra sociedad», agrega. Se Investiga pero aún no está claro cuántos criminales están detrás de las 30.000 pistas. Algunos pueden haber usado múltiples direcciones IP. Pero el número de pistas y sospechosos podría aumentar aún más.

El objetivo es sacar del anonimato de Internet a los perpetradores y encubridores del abuso infantil, dijo el Ministro de Justicia de Renania del Norte-Westfalia (NRW), Peter Biesenbach (CDU), en Düsseldorf. La oficina central de Cibercrimen (ZAC) está investigándolo.

Este 1° de julio, este estado federado creará un nuevo grupo de trabajo para procesar a los delincuentes involucrados en el abuso de niños. En el caso Bergisch Gladbach ya se han identificado 72 sospechosos, diez de los cuales están en custodia. Se han presentado cargos contra ocho de ellos.

El Comisionado Federal de Abusos, Rörig, pide más personal y mejor tecnología para luchar contra los abusadores en toda Alemania. El gobierno de Renania del Norte-Westfalia afirma haber demostrado cómo es posible: «Nuestro estado federado asignó más personal a la investigación de los delincuentes de abusos en la red, modernizó la tecnología, utiliza la inteligencia artificial, creó una unidad de persecución digital y también estableció una fiscalía especial».

Bergisch Gladbach podría superar en sus dimensiones a todos los casos anteriores de abuso infantil en Alemania. Pero no es un caso aislado, dice Rörig. «Piense en los monstruosos casos de Staufen, de Lügde y de Münster. También me gustaría recordarles que el fenómeno no es nuevo». Rörig se refiere al caso Elysium, en el cual también alemanes estuvieron involucrados. La plataforma de Internet Darknet fue cerrada en 2017. 110.000 cuentas de usuarios en todo el mundo estaban registradas en esa red de intercambio.

En Alemania, el número de casos que se investigan y están oficialmente registrados de violencia sexual y de los llamados delitos de pornografía infantil ha ido aumentando durante años. En 2019, se investigaron casi 16.000 casos de violencia sexual contra niños. El año pasado, la Policía alemana realizó pesquisas en más de 12.000 casos de delitos de pornografía infantil, más del doble que en 2016.

Sin embargo, el número de casos que se investigan no indica necesariamente un aumento real de los casos de abuso, dijo el cibercriminólogo Thomas-Gabriel Rüdiger, en entrevista con DW. «Lo que estamos experimentando ahora mismo es un clásico fenómeno criminológico», dice Rüdiger. Si se investigan más intensamente, se conocerán más crímenes. Se cree que sólo se descubre uno de cada 15 o 20 casos de abuso sexual infantil.

¿Qué se puede hacer por las víctimas?

En el caso de Bergisch Gladbach, los investigadores asumen que hay más de 30 víctimas. El apoyo psicológico es a menudo vital para ellos. En Alemania, por ejemplo, se puede recurrir a la «Línea de ayuda contra el abuso sexual» para obtener ayuda anónima para las personas afectadas por la violencia sexual, así como para los familiares. En otros países se dispone también de servicios similares.

El Comisionado Federal para el Abuso, Rörig, exige que las escuelas y guarderías sirvan cada vez más como lugares de protección donde los niños puedan confiar en los adultos. «Las chicas y los chicos sólo hablan de la violencia que se les hace si tienen un ambiente de confianza, una situación de confianza. Y esto se puede crear en escuelas y guarderías, pero por supuesto también en clubes deportivos». Rörig ve la protección y ayuda a las niñas y los niños como una tarea nacional permanente, «para acabar con esta alta e insoportable cantidad de casos de violación».

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto de reforma de la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para crear una aplicación tecnológica (APP) que les permita realizar denuncias de abuso y maltrato infantil.

La decisión de avanzar con una iniciativa para crear una APP fue adoptada esta tarde en un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Comunicaciones e Informática, que son presididos por la diputada Roxana Reyes (Juntos por el Cambio) y Pablo Carro (Frente de Todos).

Los diputados del oficialismo y la oposición acordaron un despacho consensuado para crear una aplicación tecnológica gratuita que puedan utilizar los niños, niñas y adolescentes que les permita recibir asesoramiento si sufren algún tipo de abuso o maltrato.

En ese sentido, el despacho dispone la creación de interfaces y plataformas digitales de tecnología gratuitas y de fácil acceso, destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su participación.

Además la Cámara de Diputados establecieron las directrices para la compilación y el tratamiento de la información producida por las interfaces de tecnología y por las líneas telefónicas de atención para niños, niñas y adolescentes dependientes de los distintos órganos administrativos de las distintas jurisdicciones.

También se establece la generación de campañas de difusión masiva de las interfaces mencionadas.

Reyes señaló que «el espíritu de esta ley es tener un mecanismo de detección temprana, contención, asesoramiento, prevención y acción sobre casos de abuso y maltrato infantil, los cuales se agravan considerablemente en este contexto de aislamiento social obligatorio”.

“Con la vicepresidenta de la comisión, Laura Russo (Todos), con quien tenemos un proyecto similar y abordamos a un consenso al respecto, consideramos crucial esta herramienta para el respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y terceros, un instrumento que además demandaban las organizaciones de infancias y adolescencias”, destacó Reyes.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y Facebook lanzaron la campaña #EnCasaSinViolencia para difundir durante la pandemia del coronavirus información de concientización y prevención del abuso sexual contra niños y niñas, del que, según Unicef, se registran unos 3.000 casos al año en la Argentina.

Unicef y Facebook señalaron a través de un comunicado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto para contener el contagio del virus, aumenta la exposición de los chicos y las chicas a situaciones de violencia en el hogar; y que la convivencia ininterrumpida y la suspensión de clases limitan y dificultan las posibilidades de pedir ayuda o hacer una denuncia.

Según los datos del Fondo de la ONU para la Infancia, en Argentina se registran unos 3.000 casos por año de niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de situación de abuso sexual.

En el 77 % de los casos el agresor es un familiar directo o alguien de su entorno cercano; y en el 50 por ciento los episodios suceden dentro del propio hogar de la víctima o en el de un familiar.

🤔¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual contra chicos y chicas durante el aislamiento debido al #COVID19?🔷 Junto a…

Publicado por UNICEF Argentina en Jueves, 11 de junio de 2020

#EnCasaSinViolencia

Es una incentiva a los adultos referentes para que mantengan un diálogo abierto y una escucha activa con ellos y ellas, para que hablen sobre temas como la privacidad e intimidad; que les enseñen a los chicos y chicas los nombres de sus partes del cuerpo y las diferencias entre las caricias buenas y las que no lo son, así como la diferencia entre secretos buenos y malos.

Unicef señala que es necesario que comprendan que pueden decir que “no” siempre que lo deseen, y que sientan la confianza necesaria para hablar de la situación de abuso con un adulto de confianza.

La campaña interpela a las personas que están al cuidado de niños, niñas y adolescentes, para que estén atentos a sus cambios de comportamiento: la irritación, angustia, incremento de pesadillas, ansiedad, ira, rechazo a alguna persona o depresión pueden ser manifestaciones que podrían indicar posibles situaciones de abuso o de alguna otra vivencia como la violencia física o emocional.

Mundo digital

En el caso de los niños y las niñas más grandes y los y las adolescentes, es clave comprender sus hábitos en el mundo digital, fomentar la búsqueda de contenidos de calidad y evitar que accedan a contenido inapropiado, remarcando lo importante que es que cuiden su privacidad y seguridad en redes sociales para evitar el cyberbullying, grooming, exposición no consentida o experiencias negativas en internet.

Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos de Unicef, afirmó que “el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una problemática frecuente en el hogar y se estima que los casos superan en número a los detectados y denunciados”.

“Es imprescindible en este contexto que sus entornos familiares y cercanos puedan estar atentos, observarlos y fomentar diálogos y escuchas abiertas para prevenir, detectar y protegerlos frente a estas situaciones de violencia”, completó.

Unicef recordó que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es siempre prevenible y que con la colaboración entre todos los sectores se puede apoyar a las familias, a las comunidades y a las instituciones para promover una crianza basada en el buen trato, el respeto, y el diálogo.

El hombre fue sentenciado en julio. El menor aseguró que el abuso ocurrió en la casa paterna. Pero una pericia psicológica consideró su relato “cargado de contradicciones e imprecisiones”. La defensa probó que a la hora del presunto episodio, en realidad el chico estaba en casa de un amigo.

La Cámara Penal de Trelew absolvió y liberó de la cárcel a un sujeto que había sido condenado a 9 años de prisión por abuso sexual agravado por acceso carnal de su hijo. A la sentencia unánime la firmaron Roberto Barrios, Alejandro Defranco y Hernán Dal Verme. En una sentencia emitida en julio, los jueces de primera instancia Ivana González y Gustavo Castro habían votado por la culpabilidad. César Zaratiegui, en minoría, lo había exculpado.

El nene relató que la noche del 9 de mayo de 2017 se quedó a dormir en el domicilio de su padre, en el pasaje La Rioja. Tenía 13 años. El sujeto se metió en su cama, lo manoseó, le bajó el pantalón corto y abusó de él tapándole la boca para que no gritara. Eran las 21.

El voto de Defranco detectó “notorias contradicciones” en la declaración del chico en Cámara Gesell. La defensa sostuvo que a la hora del presunto abuso en realidad el menor estaba en casa de un amigo. Lo habían visto por última vez a las 18. Como no aparecía se organizó una búsqueda por Facebook de la que participó la Policía y varios amigos y familiares, incluido su padre, al que luego acusó. Aportaron las capturas de pantalla.

“Poca credibilidad”

La psicóloga forense que entrevistó a la víctima y elaboró el informe psicodiagnóstico advirtió que el chico tenía “muchísimos indicadores” de abuso sexual pero también que su relato “se encuentra cargado de contradicciones e imprecisiones importantes, por lo cual es de poca credibilidad”.

No había coincidencia entre sus síntomas y lo que contaba. “Lo que se ve en la evaluación es traumático, es sexual, es intrusivo, pero no es lo que el chico contó”.

El menor todavía mostraba stress post traumático. Para la experta fue víctima de un abuso crónico y no de un solo episodio aislado. “La víctima pudo haber naturalizado los varios ataques y no este ataque, debido a la gravedad, por tal razón puede ser que no pueda o no quiera contar otras situaciones”.

“No contó todo”

Para la licenciada, “fue un relato confuso, que le cuesta ordenar temporalmente (…) Es no creíble”.

El chico negó abusos previos. “Hay un hueco entre lo que le pasó realmente y lo que relató, sea porque es otra situación, porque no contó todo lo que le sucedió. Lo que dice no es lo que veo en la evaluación. Lo que dice que sucedió puede haber sucedido pero tuvo que haber sucedido otra cosa, si no, no tengo estos síntomas”.

La Cámara, al revisar el primer fallo, coincidió con el voto de Zaratiegui, para quien el relato del chico está plagado de contradicciones. Por ejemplo, no se explica que un niño de 13 años se quede dormido luego de un ataque que definió como “muy violento” que le causó dolores por varios días.

Primero contó que de la escuela fue a casa de su padre. Y tras el abuso a casa de un amigo, cuando comienzan a buscarlo. Pero cuando quien preguntó fue la defensa, cambió el relato: en realidad fue de la escuela a casa de su madre, se bañó y partió a almorzar con su padre.

El chico refirió que el abuso fue un sábado. Pero el 9 de mayo de 2017 fue martes. “Si lo buscaban desde las 18, a las 21, hora que habría sido abusado, no podía estar en la vivienda del padre, porque si no el hallazgo hubiera sido muy sencillo de finalizar, bastaba con ir a la vivienda del padre”, cuestionó el fallo.

La fiscal Carolina Marín en su acusación contra el padre no explicó la coincidencia entre la fecha del abuso y la de la búsqueda del niño, lo que haría imposible la imputación.

Preguntas

“¿Es posible basar una condena a partir de un testimonio que no puede superar el test de credibilidad?, ¿es posible admitir que se acreditó un hecho distinto al que se refirió la víctima? La respuesta negativa, por obvia, se impone”, escribió Defranco.

El mejor amigo de la víctima declaró que el chico le había contado sobre un abuso. Pero lo que le confió ocurrió entre que terminó 6º grado y comenzó 1º año del secundario. O sea, varios meses antes de mayo de 2017.

El escrito de apertura de investigación habla de agosto; el chico dijo enero y luego agosto; la acusación se sitúa en mayo. Nadie explicó estos cambios de mes. “Luego de repasar toda la prueba, en particular la declaración del niño y las pericias, surge diáfano que la imputación fue más que deficiente”.

Está verificado que el joven sufrió un abuso crónico que dejó efectos graves en su psiquis. Pero Fiscalía acusó por un solo hecho, que si bien podría coincidir con los síntomas, no puede detallarse por falta de credibilidad de su víctima.

Toda la investigación insistió con su teoría “pese a la categórica constatación, a través de las capturas de pantalla y la declaración del niño y su tía, de que ese único hecho no era ni por asomo capaz de ser verosímil”. No es real que toda su familia lo haya buscado hasta las 23 y que tras ser hallado y después de sufrir un ataque sexual de su padre, se quedó a dormir con él.

El camarista Barrios, en su voto, consideró que el problema del caso fueron las “innumerables contradicciones e imprecisiones” del testimonio de la víctima. Relató un episodio único de violación pero sus síntomas son de varios abusos y de larga data.

Fiscalía tuvo dos opciones: acusar por un hecho y probarlo con el testimonio del menor, o por un abuso crónico y sustentarlo en pericias. “Optó por la primera alternativa pero no se hizo cargo de los dictámenes psicológicos y médicos que lo ponían en jaque”.

La psicóloga dijo que el chico pudo ocultar información, como otros posibles abusos de otras personas. “La declaración del menor fue compleja, dijo menos de lo que le pasó, y lo que dijo es confuso, contradictorio y no creíble”.

“El niño contó una mentira con partes de verdades: le pasó muchas veces, muchas cosas, posiblemente con el papá y/o con otras personas. Que haya construido una mentira con verdades no torna al hecho en verídico. De ahí lo crudo de decir que su relato concreto no es creíble”, insistió Barrios.

“El niño contó lo que pudo, como pudo, y cuando pudo; con vergüenza porque se refiere a su sexualidad, y de seguro con dolor, porque se refiere a su padre”, agregó el camarista. Cuando su versión se mide con las pericias psicológicas y médicas, “no sostiene ni justifica la condena”.

Secuencia

El juez Dal Verme reconstruyó la presunta secuencia que contó el chico: de clases fue a la casa de su padre. Salió a jugar a la pelota y al volver se acostó, cansado. Entonces ocurre el abuso. Se quedó dormido, lo despertó su hermano menor y cerca de las 21 fue a la casa de un amigo sin permiso y sin decirle a nadie. Lo salieran a buscar parientes, amigos, Policía y su propio padre. Lo halló su hermana a las 23 cuando regresaba a la casa de su papá, donde se quedó a dormir.

Pero de acuerdo a las capturas de pantalla de Facebook, tras salir del trabajo el imputado comenzó a buscar al niño cuando salió de la escuela. Eran las 18, no las 21. El niño no apareció en su casa hasta las 23. Las tres horas de diferencia “debieron alertar sobre la complejidad del caso y la necesidad de profundizar la pesquisa para determinar si ambos sucesos ocurrieron el mismo día”.

La fiscal prefirió no interrogar familiares para precisar el episodio y sus horarios. “Habrá tenido sus razones para no hacerlo pero el costo que asumió fue mantener un velo de duda”, deslizó el camarista.

Duda razonable

Si un relato tiene fisuras, la duda debe operar a favor del imputado “por más grave y repudiable que pueda resultar la conducta”.

“La versión del niño es incoherente. No se sabe cómo comenzó la búsqueda. Si abusó de él, ¿su propio padre difundió la desaparición? Nada se probó. ¿Por qué participó tanta gente si sólo se ausentó por dos horas? ¿Por qué razón tanta preocupación si, al parecer, los hermanos de la víctima, iban y venían a la del padre por su cuenta?”.

Si el relato tiene “inconsistencias”, es posible que otros tramos sean sido inventados. “No puede obviarse la posibilidad de que la víctima hubiera sindicado al padre como autor, cuando en realidad los hechos pudieron ser perpetrados por otro integrante de la familia, tan o más próximo en los afectos del niño”.#

“A mi hijo lo puedomirar de frente”

El padre de la víctima e imputado declaró: “Sería incapaz de cometer ese hecho, realmente, más con mis hijos, tanto que viví dos años solo con ellos cuando mi mujer se fue del hogar, me abandonó y los crié, les saqué los pañales (…) Este año fue bastante complicado, pagando algo que no tengo nada que ver. Nunca se me pasó por la mente. Recibí al nene y lo abracé delante de muchísima gente que lo buscó. A las 21 le mandé un mensaje a la madre y me dijo ´Vengo del gimnasio, el nene debe estar por ahí´. Me atengo a lo que la justicia quiere pero a mi hijo lo puedo mirar de frente. Mis hijos no me pueden reprochar nada. Únicamente quiero ser feliz, nada más. Muchísimas gracias y mil disculpas”, informó Diario Jornada.

Un vecino de Playa Unión fue condenado a 9 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad durante seis años. Se trata de J.M.R. que fue hallado culpable por los jueces César Zaratiegui, Gustavo Castro y María Tolomei a instancias de una investigación realizada por el fiscal general Osvaldo Heiber.

El delito que se le imputó y por el que fue llevado a juicio es el de abuso sexual agravado por el vínculo y por su duración en el tiempo además del aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, entre los 9 y los 15 años de la víctima.

El sujeto fue defendido por el defensor particular Romano Cominetti. En el fallo los jueces coincidieron en destacar que se había tratado de prácticas severamente degradantes para una niña de muy corta edad —apenas 9 años-, y la asimetría o situación desigual de poder, en cuanto a los abusos. Fueron además en el ámbito intrafamiliar, por el padre de la víctima, de lo cual se desprendía la extrema vulnerabilidad en que ésta se había encontrado. También se consideró como agravante, que además de la violencia sexual, el imputado ejercía violencia física y psíquica contra la víctima.

En cuanto a la duración en el tiempo, se consideró que los abusos se desarrollaron a lo largo de 6 años, un lapso por demás extendido, casi la mitad de la vida de la niña. Como único atenuante, mencionó la carencia de antecedentes condenatorios del imputado.

El fiscal Heiber había pedido 12 años de prisión y el defensor la absolución. La denuncia se realizó a instancias de una charla que el Servicio de Protección de Derechos de la Municipalidad de Rawson, explicó a los alumnos de una escuela de Rawson respecto del Programa de Familias Solidarias.

Como consecuencia de esta exposición dos alumnas se acercaron a hablar con la expositora y que luego se dirigieron hacia el Servicio de Protección de Derechos y, finalmente a la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Rawson, a donde la víctima radicó la denuncia que dio origen al caso.

Cabe destacar que en salvaguarda de la integridad de la víctima, no se dieron conocer circunstancias puntuales de los hechos denunciados y las identidades tanto de víctima como victimario.

La víctima tenía entre 9 y 11 años cuando ocurrió el abuso. El tribunal este viernes lo declaró culpable, y el jueves 21 se discutirá la condena.

A lo largo de toda la semana pasada, se desarrolló en los tribunales penales del barrio Roca, el debate oral relacionado a ilícitos contra la integridad sexual, intrafamiliar, que tiene como único imputado a R.R.R. y como víctima a una menor de edad.

Los hechos ventilados en debate acontecieron entre los años 2007 y 2010 cuando la menor víctima contaba con 9 y 11 años de edad y fueron calificados jurídicamente como “abuso sexual simple agravado por la situación de guarda, un hecho; en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de guarda, al menos tres hechos en concurso real”. La madre de la víctima se entera de lo sucedido recién en el año 2015.

Presidió el debate Miguel Caviglia, e integraron el tribunal Mariano Nicosia y Jorge Odorisio, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal asistieron Martín Cárcamo, fiscal general y Cristian Ovalle, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

Algunos de los testimonios destacados en el debate fueron el de la madre de la víctima quién aludió a cómo se entera, recién en el año 2015, del abuso, luego que una persona muy cercana a su familia, que le decían cariñosamente “tía”, le relata lo sucedido con su hija. Ella fue la primera persona mayor a quién la víctima le devela lo sufrido.

Otro testimonio relevante fue el de esta persona cercana a la familia, quién habría sufrido una situación parecida, que veía actitudes poco comunes en la víctima como fobias a temas relacionados con abuso en la TV o que no quería viajar a la casa de su pariente en la localidad de los lagos y prefería quedarse en su domicilio.

Asimismo la víctima, acompañada por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), prestó testimonio y relató con detalle los ilícitos imputados. Recordó que somatizaba las agresiones sexuales que sufría mediante parálisis parcial de su cuerpo, y que fueron profesionales de la salud los que la guiaron a contar lo sucedido, ya que de los análisis que le practicaron no tenía ninguna enfermedad. Primero a esta persona cercana a la familia y luego a su madre.

Lugo de agotada la etapa de recepción de prueba testimonial, se produjo la incorporación de la prueba documental y los alegatos finales de las partes.

Finalmente el viernes al mediodía se conoció el veredicto de responsabilidad penal del tribunal de debate que resolvió por unanimidad declarar autor penalmente responsable al imputado R.R.R. en relación a los delitos de “abuso sexual simple, un hecho, y abuso sexual con acceso carnal, tres hechos, todos agravados por la condición de guarda transitorio de sujeto activo, en concurso real”.

La audiencia de cesura o imposición de pena se realizará el próximo jueves 21 de noviembre a las 8.30 hs, reportó Diario ADNSUR.

La cámara en lo penal de la circunscripción judicial con asiento en Trelew, integrada por los Jueces Roberto Adrián Barrios, Hernán Dal Verme y Gillermo Alberto Muller, con la presidencia del nombrado en primer término acordaron dictar sentencia en los autos caratulados “ Catalán José Genaro psa abuso sexual agravado a una menor”, a propósito del reenvío efectuado por el Superior Tribunal de Justicia y en cumplimiento de la disposición dictada por la Corte Suprema de Justicia, decidiendo rechazar la impugnación ordinaria interpuesta por la defensa pública representada por el doctor Lisandro Benítez a favor del imputado.

En fecha 28 de agosto de 2012 el cuerpo colegiado integrado por los doctores José García, Fabio Monti y Ana Laura Servent condenó al acusado a una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo en el marco del legajo fiscal 33373. Pero el 4 de diciembre del mismo año, la cámara en lo penal de Trelew conformada por Mónica Rodríguez, Florencio Minatta y Martín Montenovo, revocó la sentencia de mérito y dispuso absolver a Catalán haciendo cesar además la privación de libertad en forma inmediata.

Posteriormente, con fecha 21 de octubre de 2014 el Superior Tribunal en las personas de sus miembros Jorge Pfleger, Alejandro Panizzi y Daniel Rebagliatti Russel confirmó la sentencia emitida por la cámara penal, tras lo cuál el Procurador General de la provincia Jorge Miquelarena decidió interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que fue presentado el 6 de febrero de 2015.

Así, el 27 de febrero de 2018 los miembros de la Corte Suprema hicieron lugar a la queja y declararon procedente el recurso extraordinario dejando sin efecto el pronunciamiento apelado y ordenando que vuelva todo lo actuado al tribunal de origen a fin que, por medio de quien corresponda se proceda a dictar una nueva resolución. En atención a esto, el 25 de abril de 2018 se conformó la sala en lo penal con los ministros Vivas, Donnet y Spoturno, quienes desde el 2 de mayo de aquel año cursaron reiteradas citaciones a José Genaro Catalán que jamás respondió a las mismas pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y el Ministerio de la defensa para dar con su paradero. Finalmente, el acusado fue detectado y detenido en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén y trasladado a nuestra ciudad en el mes de noviembre de 2018, debido a una solicitud realizada por la fiscal general jefa Silvia Pereira y autorizada por el Juez José García, actuando en la oportunidad eficientemente integrantes de la división policial de investigaciones de Trelew y personal de la comisaría 48 de la localidad neuquina.

De esta forma, la Sala Penal, revocó la sentencia de cámara ordenando reenviar la causa a la cámara Penal, para que con otra integración lleve a cabo una nueva revisión ordinaria de la sentencia condenatoria N° 2403/2012, emitida por los Dres. Monti, Garcia y Servent en la cual se impuso una pena de ocho años de prisión.

El 2 de octubre se realizó la audiencia de impugnación de acuerdo al artículo 385 del código procesal penal, donde intervinieron el imputado José Genaro Catalán junto a su abogado Lisandro Benítez y por el Ministerio Público Fiscal asistió la fiscal general jefa Silvia Lucía Pereira. De acuerdo a todo lo expuesto y en una resolución fundamentada en 50 carillas los Jueces Barrios, Del Verme y Muller decidieron rechazar la impugnación ordinaria deducida por el defensor oficial en representación del acusado y confirmar la sentencia número 2403/2012 dictada en fecha 28 de agosto de 2012, imponiendo las costas del proceso al acusado.

De esta manera se conforma la sentencia que condena a José Genaro Catalán a la pena de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento, en orden al delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor en el marco del legajo 33373.

La cámara en lo penal de la circunscripción judicial con asiento en Trelew, integrada por los Jueces Roberto Adrián Barrios, Hernán Dal Verme y Gillermo Alberto Muller, con la presidencia del nombrado en primer término acordaron dictar sentencia en los autos caratulados “ Catalán José Genaro psa abuso sexual agravado a una menor”, a propósito del reenvío efectuado por el Superior Tribunal de Justicia y en cumplimiento de la disposición dictada por la Corte Suprema de Justicia, decidiendo rechazar la impugnación ordinaria interpuesta por la defensa pública representada por el doctor Lisandro Benítez a favor del imputado.

En fecha 28 de agosto de 2012 el cuerpo colegiado integrado por los doctores José García, Fabio Monti y Ana Laura Servent condenó al acusado a una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo en el marco del legajo fiscal 33373. Pero el 4 de diciembre del mismo año, la cámara en lo penal de Trelew conformada por Mónica Rodríguez, Florencio Minatta y Martín Montenovo, revocó la sentencia de mérito y dispuso absolver a Catalán haciendo cesar además la privación de libertad en forma inmediata.

Posteriormente, con fecha 21 de octubre de 2014 el Superior Tribunal en las personas de sus miembros Jorge Pfleger, Alejandro Panizzi y Daniel Rebagliatti Russel confirmó la sentencia emitida por la cámara penal, tras lo cuál el Procurador General de la provincia Jorge Miquelarena decidió interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que fue presentado el 6 de febrero de 2015.

Así, el 27 de febrero de 2018 los miembros de la Corte Suprema hicieron lugar a la queja y declararon procedente el recurso extraordinario dejando sin efecto el pronunciamiento apelado y ordenando que vuelva todo lo actuado al tribunal de origen a fin que, por medio de quien corresponda se proceda a dictar una nueva resolución. En atención a esto, el 25 de abril de 2018 se conformó la sala en lo penal con los ministros Vivas, Donnet y Spoturno, quienes desde el 2 de mayo de aquel año cursaron reiteradas citaciones a José Genaro Catalán que jamás respondió a las mismas pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y el Ministerio de la defensa para dar con su paradero. Finalmente, el acusado fue detectado y detenido en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén y trasladado a nuestra ciudad en el mes de noviembre de 2018, debido a una solicitud realizada por la fiscal general jefa Silvia Pereira y autorizada por el Juez José García, actuando en la oportunidad eficientemente integrantes de la división policial de investigaciones de Trelew y personal de la comisaría 48 de la localidad neuquina.

De esta forma, la Sala Penal, revocó la sentencia de cámara ordenando reenviar la causa a la cámara Penal, para que con otra integración lleve a cabo una nueva revisión ordinaria de la sentencia condenatoria N° 2403/2012, emitida por los Dres. Monti, Garcia y Servent en la cual se impuso una pena de ocho años de prisión.

El 2 de octubre se realizó la audiencia de impugnación de acuerdo al artículo 385 del código procesal penal, donde intervinieron el imputado José Genaro Catalán junto a su abogado Lisandro Benítez y por el Ministerio Público Fiscal asistió la fiscal general jefa Silvia Lucía Pereira. De acuerdo a todo lo expuesto y en una resolución fundamentada en 50 carillas los Jueces Barrios, Del Verme y Muller decidieron rechazar la impugnación ordinaria deducida por el defensor oficial en representación del acusado y confirmar la sentencia número 2403/2012 dictada en fecha 28 de agosto de 2012, imponiendo las costas del proceso al acusado.

De esta manera se conforma la sentencia que condena a José Genaro Catalán a la pena de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento, en orden al delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor en el marco del legajo 33373.

El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó este viernes una condena a 12 años de prisión a un hombre que violó a su hija cuando ella tenía entre 5 y 10 años, y le daba plata para que no lo denunciara, informaron fuentes judiciales.

El TIP ratificó este viernes la condena contra un hombre de 70 años, encontrado como autor del delito de abuso sexual simple por haber sido cometido contra una menor de 13 años, gravemente ultrajante tanto por la duración como por las circunstancia de realización, agravado por el vínculo como delito continuado.

Además de violarla, el sujeto -padre de la menor- le daba dinero para que no contara lo sucedido. Publicó Diario Jornada.

Pese a esa presión, un día la pequeña le dijo que lo iba a denunciar y que iba a contar todo lo que le hacía, y el hombre, cesó con los abusos.

La condena fue dictada este viernes con la aprobación de los jueces de la Sala B, Filinto Rebechi y Mauricio Piombi, quienes no hicieron lugar al recurso de impugnación del defensor oficial de General Acha, Federico Manuel Ibazetta.

De esta manera, quedó ratificado el fallo que dictó a mediados de año el juez de audiencia santarroseño, Daniel Sáez Zamora.

Este magistrado dio por probado, luego del juicio oral, que el acusado abusó sexualmente de su hija durante esos cinco años, abusos que dijo «fueron prácticamente a diario y continuaron hasta que la víctima le dijo que ‘si la tocaba, ella iba a hablar…’”.

En los fundamentos, el juez manifestó: «Existe además un elemento normativo ­el grado de parentesco, que integra la acusación. Esa posición de poder le permitió al acusado vencer cualquier resistencia por parte de la niña para impedir sus acciones y además, también quedó evidenciado por la dependencia económica de ella, ya que luego le daba dinero para que no hablara, tal como surgió de la propia audiencia de juicio oral (…)»

«En definitiva, ese cuadro de asimetría de poder y vulnerabilidad de la niña le impidió resistir los ataques sexuales del acusado”, señaló.

Los jueces hoy, al ratificar la condena, concluyeron que «los actos aberrantes que fueron cometidos contra la menor, cuando era una niña, indudablemente no pueden dejar de ser tenidos en cuenta a los efectos de la fijación de la pena a imponer, máxime teniendo en cuenta el vínculo existente entre el abusador y la abusada y el daño ocasionado a ella en su psiquis”.