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Preocupación y malestar provocó en los vecinos la presencia del ministro de Seguridad, Federico Massoni en Esquel, quien lideró personalmente el despliegue de un operativo donde afirman que hubo abuso y maltrato por parte de los efectivos policiales bajo las órdenes del Ministro.

Es el caso de Elsa Torrico, una vecina de Esquel, mamá de Tamara Muñoz, quien brindó un crudo testimonio en diálogo con AzM Radio, afirmando que en la tarde del operativo “mi hija llegaba del trabajo, y a media cuadra de mi casa se encontró con el procedimiento, móviles y gente, y a su vez con vecinos que también iban deteniendo y haciéndoles preguntas”, dijo y explicó que “a ella la detuvieron de una mala manera porque venía en una subida, y la subida de acá es muy alta; no cualquiera puede frenar así nomás, en una moto y con tanta gente circulando”.

La vecina sostuvo que, a las pocas horas del hecho, “nos empezaron a llegar fotos del operativo, y tanto a ella como a mí como mamá nos molestó que estuvieran circulando fotos y me dio mucha tristeza la forma en la que a ella la tenían arrinconada, entre las piedras y cinco policías y al señor Massoni mirando y dándole órdenes de cómo actuar con ella”.
La vecina relató que vio a Massoni, “decirles (a los agentes) cómo actuar con ella, les decía que actuaran, que era un procedimiento y que si no tenía los papeles se la sacaran, a toda costa le querían arrebatar la moto; ella venía con su casco, con sus papeles y todo al día”.

Violencia institucional

La foto que rápidamente se viralizó tiene un origen desconocido. “Empezó a circular, la empezaron a compartir por las redes y en varios medios donde el Ministro circuló le dije que, si él tenía que venir a arreglar algún tema de tierras, yo no lo vi en el barrio Ceferino, el problema que él tenía que venir a arreglar no lo hizo”, relató la madre de la joven que volvía de trabajar cuando fue interceptada por los uniformados.

“Me parece bien que él quiera mostrar y dar a conocer el barrio, pero de la forma en la que lo hizo está muy mal; como mamá le hablo a él y le digo que tuvo una total falta de respeto, ya que, así como pasó con mi hija pasó con varios vecinos; le revisaron hasta la bolsa de pan que traía, la trataron como una delincuente”.

Elsa advirtió que “no fue sólo con mi hija, a varios chicos golpearon”, dijo al señalar que en el barrio Ceferino “a los chicos los tiraban en el piso y les pisaban la cabeza; les sacaban las motos, hasta las bicicletas”.

“A Massoni le diría que él se equivocó de barrio, se metió con la gente trabajadora como mi hija y de una manera muy maleducada, además de hacer actuar a la Policía de mala manera. Y si él les va a inculcar eso a los policías”, lamentó Elsa Torrico.
En el mismo sentido, remarcó que “me dejó una muy mala imagen, si esa es la seguridad que nos van a dar a nosotros, no sé qué quiso mostrar porque no lo vi en la casa de ningún delincuente; con esa gente se tiene que sacar fotos y lo voy a aplaudir, porque a esos barrios tiene que ir a visitar”.

El presidente Alberto Fernández fue denunciado penalmente «por abuso de autoridad y violar los artículos 14,19,23, y 28 de la Constitución Nacional al dictar el Decreto número 641 que viola la prohibición de legislar en materia penal y de arrogarse el ejercicio de las funciones judiciales».

La denuncia fue realizada por el diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Álvaro de Lamadrid, quien pertenece a la Unión Cívica Radical.

Según consta en la denuncia, de Lamadrid acusa al presidente de «violar los derechos y garantías previstos por los artículos 14, 19, 23, y 28, así como las prohibiciones que le imponen los artículos 99 inciso 3° y 109, todos de la Constitución Nacional, con la excusa de la pandemia desatada por el Covid 19, con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia n° 641, por el cual prohíbe a los ciudadanos el ejercicio de derechos especialmente resguardados por la norma fundamental».

En concreto, la denuncia es por la prohibición de los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todo los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente.

Federico Massoni sólo cuenta con el apoyo del gobernador. Cuestionado sus casos por propios y ajenos, se aferra a su cargo en busca de un trampolín político.

«Ya le pedimos varias veces que lo corra, pero es su amigo. Y no lo quiere hacer”. La fuente no es ajena. Conoce desde adentro cómo funciona el ejecutivo provincial de Chubut. Y aunque forme parte del gobierno de Mariano Arcioni es uno de los tantos dirigentes que, a menudo, le piden al mandatario que deje de lado su relación personal y le exija la renuncia a Federico Massoni, el ministro de Seguridad local, por casos de abuso policial.

Arcioni no cede. Y, en consecuencia, Massoni toma más fuerza. Un nuevo caso de violencia institucional sucedido en los últimos días y volvió a dejar en evidencia que su defensa es, quizá, la única ofensiva con la que cuenta el gobernador para revalidar la fuerza de un gobierno que, cada vez, cuenta con menos apoyo político.

Durante un operativo realizado en la madrugada del lunes en Trelew, y encabezado por el propio ministro de Seguridad, efectivos policiales dispararon contra vecinos del barrio INTA y uno de ellos fue herido en la cabeza por una posta de goma.

No es la primera vez que se da un hecho de estas características. Vale recordar que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó hace un par de meses un habeas corpus colectivo y preventivo para que la Provincia se adecue a las normas nacionales y “se abstenga de cercenar aún más la libertad ambulatoria de los ciudadanos”. Fue luego de conocerse un audio del jefe de la Policía local que llamaba a “meter gente en cana” a pedido del Ministro.

Producto de lo sucedido en barrio INTA, el Ministerio Público Fiscal de Trelew decidió iniciar una investigación por tales casos. “Es para constatar informaciones y testimonios sobre la actuación de efectivos de la Policía de la provincia. En tal sentido se intenta determinar las circunstancias en que ocurrió el procedimiento policial observándose las conductas enmarcadas en el mismo”, agrega el parte oficial.

Por su parte, Massoni hoy se hará presente en el Concejo Deliberante de Trelew para brindar en detalle un informe sobre los operativos realizados. El Ministro llega a esta situación por expreso pedido del HCD local y de los diputados provinciales, donde ni siquiera cuenta con el apoyo de los propios. “Le hace mal a todo lo que nosotros intentamos que salga bien”, asegura un diputado oficialista quien suele referenciarlo como “el monje negro”.

Hijo de Norberto Massoni, reconocido abogado de Comodoro Rivadavia, quien fuera ministro de Educación durante el gobierno de Carlos Maestro, el ministro también ocupó ese cargo el año pasado. Sin embargo, luego de una infinidad de denuncias de represión contra los docentes fue acomodado en el Ministerio que más disfruta.

Quienes lo conocen, cuentan que es un obsesivo del entrenamiento. “Tiene un gimnasio en la casa, se cree Rambo”, aseguran. De ahí que alguno lo comparen con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Suele andar armado en los procedimientos y por lo general personalmente hace parte del trabajo policial”. Incluso participó los casos de numerosos allanamientos en las causas de corrupción, deteniendo a quienes hasta poco tiempo antes eran sus compañeros de Gabinete.

La idea de Massoni es ser candidato a intendente de Trelew en 2023. Antes, podría intentar ir por una banca en el senado nacional en 2021. Un lugar que conoce de memoria ya que allí trabajó junto al exgobernador Maestro y también con su padre y José María Sáez.

Sin chances en el radicalismo, hace unos años perdió por paliza una elección interna para ir como candidato provincial. De pésima relación con Mario Das Neves, pasó a ser secretario de Seguridad de Martín Buzzi hasta que Arcioni volvió a llamarlo por su amistad en el liceo militar. “Es el equivalente más cercano que hay de Aldo Rico”, sostienen.

“Es tan grande su ombliguismo que, pese a saber que perjudica a su amigo, igual se queda. El problema es que si no se va, algo va a terminar saliendo mal. Sobran las señales”, cierra un funcionario local.

Fuente: ámbito

El actual ministro de Seguridad Federico Massoni sigue aglutinando acusaciones en la Justicia que tarde o temprano podrían terminar en imputaciones concretas en causas penales en su contra.

Si hay alguien que cuando deje de ser funcionario va a tener que ir seguido a los tribunales, ese es; Federico Massoni, actual ministro de Seguridad de la provincia. Massoni aglutina varias denuncias penales por los presuntos procedimientos ilegales que hizo la policía cumpliendo, supuestamente, sus órdenes.

Ahora a raíz de un pedido de diputados provinciales y concejales, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, brindará un informe sobre lo ocurrido en los procedimientos, donde se pudo observar, a través de un video, el polémico accionar de la Infantería.

Federico Massoni, ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut, asisitirá mañana al Concejo Deliberante de Trelew, para brindar en detalle un informe sobre los operativos que se realizaron días atrás en el barrio Inta.

Cabe señalar que la Infantería se vió envuelta en polémica tras la difusión de un video de los vecinos en las redes sociales donde se puede ver el incorrecto accionar de unos efectivos policiales cuando se movilizaban en una traffic y desde adentro disparan un «escopetazo» al aire.

La concurrencia de Massoni mañana se ve traccionada por el pedido de diputados provinciales y concejales, sobre las violentas imágenes que se observaron en el video.

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, convocó para mañana a las 8 al funcionario de seguridad quién confirmó que asistirá este mediodía en conferencia de prensa.

UNA EXPOSICIÓN SIN PRENSA

Las autoridades del Concejo determinaron no dejar pasar a la prensa a la presentación del informe del ministro Federico Massoni en el Concejo Deliberante mañana miércoles a las 8, sobre los operativos violentos en el Inta. No obstante, según informa El Chubut ministro de Seguridad tiene pensado salir y atender a la prensa luego del informe.

En primera persona, vecinas de Barrio Inta contaron detalles de una noche de furia, que en realidad se ha transformado en un “modus operandi” de la Policía. Aceptaron el accionar delictivo y aseguraron que incluso hacen denuncias o llamados que pocas veces son receptados. En cambio, aseguraron que los policías provocan pasando los bastones tonfas por las rejas o golpeando a los menores en los tobillos. Tras el último operativo, juntaron 137 vainas de postas de goma. “No pueden tratarnos a todos como delincuentes”, reprochó una vecina.

El día después de una madrugada violenta, las vecinas del Barrio Inta de Trelew se juntaron en la vereda para contar no sólo la versión de esos hechos, sino de una modalidad que parece haberse convertido en una costumbre en el accionar policial.

Admitieron que hay grupos delictivos que intentan repeler el accionar de la fuerza y que incluso ponen en vilo a los propios vecinos.

“No somos todos delincuentes, ensucian a los chicos sin saber, acá hay chicos que trabajan, que son becados, no es así”, rechazó una de las vecinas.

“A mi hijo lo han agarrado del trabajo y lo han tratado muy mal, mi miedo no es que lo agarren los delincuentes, sino la policía. Pero tampoco queremos que la policía deje de pasar, queremos que nos cuide, no que ataque a los vecinos”, reclamó.

“Yo desde mitad de cuadra veo todo, como lastiman a los vecinos, tengo una bebé de un año y medio, no puede ser que sean las 12 y media de la noche y venga la policía como si esto fuera el Lejano Oeste, no somos el Lejano Oeste, somos un barrio, somos familias, tenemos hijos. Queremos descansar, mi nena está asustada”, suplicó.

“Anoche (domingo) fueron más de 137 disparos, eran uno tras otro, esto no puede seguir así. Ellos tienen que hacer su trabajo, pero con los delincuentes. El otro día había dos chicos que estaban tomando, llamé a la policía y pasó el patrullero y no les dijo nada, en esos casos brillan por su ausencia”, reprochó.

“Entonces, ¿a qué estamos jugando? Están lastimando a los vecinos, pero no agarran a los que tienen que agarrar. Están viendo a todos como delincuentes y no es así, esto se tiene que frenar, pero pedimos que nos cuiden de quienes nos tienen que cuidar”, insistió.

“Queremos saber qué clase de ley está haciendo cumplir Massoni, anoche estaba acá, vio todo, tendría que haber parado el ataque”, recriminó otra vecina.

“Los verdaderos delincuentes están robando casas y autos, mientras ellos nos están atacando a nosotros”, aseguró la mujer.

“Nosotros estábamos haciendo asado cuando vinieron unos policías con cascos y armas y le apuntaron a mi nena de cuatro años, Massoni sabe lo que pienso de él porque se lo dije en la cara. Igual con el bastón y la moto golpean reja por reja, eso es provocar”, criticó.

“Ellos dicen que hubo personas que le tiraron bloques, porque no cuentan lo que ligaron los pibes, que a una chica de 15 años le rompieron el diente de una trompada. Es mentira que le queríamos sacar la moto. Ellos son la policía, y ellos son la Justicia, a quien le pedimos ayuda si miren como nos tratan”, justificó la mujer.

“En el video está claro, el vecino les dijo que mañana trabajaba, que no podían seguir a los tiros, pero sacó la escopeta y le tiró. Hay vecinos que tienen miedo de dar la cara porque saben que van a venir a la noche a reprimirlos”, expuso la vocera.

“Ahora pasa la Brigada, las motos, el patrullero, y no reprimen porque los ven a ustedes o porque saben que las vecinas igual vamos a hablar, no nos vamos a callar más”, advirtieron.

“Lo peor que pudieron hacer fue golpear a los chicos, les dispararon balas de goma en la espalda y en las piernas, no se midieron y después piden respeto. Era impresionante ver como un policía se sacaba el casco y le pegaba con eso al dueño de casa, no era un desconocido. Le destrozaron la casa a piedrazos, la misma policía”, precisó otra de las vecinas.

“¿Quién puede ir en contra de la policía? El miedo que tenemos ahora es que los encapuchados nos entren a la casa y nos destrocen todo”, confesaron.

En tanto, la mujer autora del video que se viralizó por las redes sociales y los medios de comunicación contó que “les grité que estaba filmando para Telefé porque si no seguían lloviendo los disparos. Es la policía que está reprimiendo contra los vecinos”.

Otra joven relató que “he tenido que salir a buscar a mis hermanos porque los aprietan contra el paredón y les pegan patadas en el tobillo, saben que si los golpean en la espalda les van a dejar marcas”.

“Ahora es toda tranquilidad porque están ustedes, sino tendrían las escopetas y nos sacarían de acá a tiros”, aseguró.

“Tampoco estamos pidiendo que la policía no ande más, la necesitamos, pero no para que la busque roña al vecino, sino para que pare a los delincuentes”, reiteraron.

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic se expidió mediante redes sociales luego de producirse en Chubut nuevos sucesos de acuerdo a la denuncia de vecinos del barrio INTA de Trelew, donde señalan que les dispararon desde un colectivo policial en un operativo liderado por el máximo funcionario de la Seguridad provincial, Federico Massoni.

“Tras nuevos hechos de violencia institucional, vuelvo a recomendar a los gobiernos provinciales que, tal como hacemos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, repudien, investiguen y condenen cada vez que las fuerzas de seguridad violen la ley. La violencia institucional es un delito”, señaló Frederic vía Twitter.

En la misma red social de microblogging, Sabina Frederic agrega: “en el Cuarto Consejo de Seguridad Interior, Alberto Fernández nos pidió a las y los responsables ‘construir una mejor seguridad, una seguridad que prevenga, que actúe con severidad, recordando siempre los límites que el Estado de derecho impone’. Eso es impedir la violencia institucional”.

“La claridad del presidente y nuestra convicción en igual sentido se puede ver y escuchar en las palabras que compartió el último 10 de junio para abrir el Consejo de Seguridad donde participan todas las provincias del país”, agrega la funcionaria nacional Sabina Frederic .

En esa oportunidad, el Jefe de Estado pidió que “reflexionemos juntos: el combate al delito debe ser inflexible, pero siempre debe hacerse dentro del marco de la Ley, porque estamos en un Estado de Derecho y ahí derechos tenemos todos, también los que delinquen. Y los que delinquen en todo caso deberán responder ante la Justicia y cargar las penas que la Justicia les impone. Les pido que tratemos de construir una mejor seguridad, una seguridad que prevenga, que actúe con seguridad, recordando siempre los límites que el Estado de Derecho impone; y una seguridad que sea un apoyo importante para que la Justicia finalmente castigue a los que delinquen”.

📻🎙🗣️ “ME DISPARARON A QUEMARROPA, MASSONI ES UN PSICÓPATA” [AUDIO] Gabriel Frede fue unas de las víctimas de un violento operativo en la madrugada del lunes en el barrio INTA de Trelew.

📻🎙🗣️ “ME DISPARARON A QUEMARROPA, MASSONI ES UN PSICÓPATA” [AUDIO]Gabriel Frede fue unas de las víctimas de un violento operativo en la madrugada del lunes en el barrio INTA de Trelew, encabezado por el ministro Massoni: 🗣️ “me dispararon a quemarropa. Es una locura. No sé qué hubiera pasado si mandaba a mi hijo más chico a cerrar el portón. Una locura. Acá en el barrio Inta es así, el sábado lo mismo; nosotros estamos cansados. Trabajamos toda la semana: yo soy albañil, soldador, mi esposa trabaja en Salud, se levanta a las cinco de la mañana. Massoni está loco, es un psicópata. Encima la forma que me dispararon, cobardemente. Yo estoy limpio, no tengo antecedentes, que busquen en los expedientes. Lo que hacen acá en el barrio con la gente es impresionante”. 📻 Entrevista realizada por Radio Escuela Namunkurá FM 89.7#CholilaOnline

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Lunes, 15 de junio de 2020

Para ingresar a esa vivienda del barrio Jorge Newbery destrozaron puertas, rejas y ventanas, en busca de un hombre al que los propietarios del domicilio no conocen. Fue en el marco de las requisas domiciliarias que se desarrollaron este lunes por la mañana en el marco del operativo «La Cumbia Recargada».

Una familia del barrio Jorge Newbery denunció públicamente que fue víctima de un allanamiento equivocado en medio de los operativos denominados “La Cumbia Recargada”, que comprendió 22 requisas en domicilios de distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Yanina Ruiz, quien reside en Sarmiento y Pastor Schneider, denunció públicamente que personal policial ingresó violentamente este lunes por la mañana a su vivienda. Ingresaron destrozando una ventana. Luego destrozaron todas las aberturas de su casa buscando a un hombre que ella no conoce, aseguró.

El allanamiento se realizó en medio de las 22 diligencias que llevó adelante la Brigada de Investigaciones en el marco de una investigación por una banda dedicada al robo y posterior reventa de electrodomésticos a través de las redes sociales.

El personal policial ingresó por una ventana a la casa de la familia Ruiz y ordenó a sus moradores que se tiraran al suelo. “En el acta dice que yo soy novia de un tal Alfredo Sexto, y decía que él también vivía acá. Yo no lo conozco, y mi pareja no se llama así. Y no me dejaron explicar nada. Nos hicieron tirar al piso, ingresaron por la ventana, entraron y rompieron la puerta desde adentro y revisaron todo. Se llevaron todos los televisores y hasta los relojes de mi pareja. Si venía y me golpeaban la puerta yo les iba a abrir”, denunció Ruiz, sorprendida por lo que vivió en la mañana.

“No me dieron motivos de por qué me relacionaban con ese hombre. Después con la calma, encontré los papeles de los televisores y los manuales que me pedían”, señaló víctima de la violencia policial.

“Me rompieron la ventana, la puerta de ingreso, la reja, y el portón, además del pilar del patio”, reclamó la damnificada y dijo que pedirá que el Estado ahora se haga cargo del daño que le provocaron en su propiedad. La mujer anticipó que realizará la denuncia en el Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales investigan quien ordenó procedimientos, bajo que normativa y que fundamentos.

Desde la Fiscalía informaron que cualquier persona que se haya sentido maltratada o vulnerada en sus derechos por el corte de las calles envíe su denuncia a fiscaliapm@gmail.com

Cabe remarcar que desde las 7 de la mañana del viernes la Unidad Regional Puerto Madryn lanzó un operativo con el propósito de evitar la concentración de gente en el sector céntrico.

Desde allí que los automovilistas que pugnan por acceder en el radio comprendido por las avenidas Roca, Gales, Yrigoyen y Alvear son derivados hacia otro sector.

El operativo se inició a las 7 cuando se dispuso la presencia del personal policial en cada una de las esquinas de ingresos tanto del sector sur como norte. En total están participando 75 efectivos en el operativo que ya se recreó en otras ciudades con una buena respuesta al liberarse la afluencia de personas en el casco céntrico.

Los delitos son “abuso de autoridad” y “administración infiel”. Esta semana ya declararon algunos testigos.

La concejal a cargo de la intendencia de Rawson, Araceli Di Filippo, se presentó en la Fiscalía de la ciudad capital donde concretó las denuncias contra la intendenta suspendida Rossana Artero y quien fuera su secretario de Hacienda, Esteban Castán por los delitos de “abuso de autoridad” y “administración infiel en perjuicio de la Administración Pública”.

Las denuncias frente al fiscal Fernando Rivarola se concretaron el pasado 17 de octubre y esta semana ya comenzaron a declarar algunos de los testigos que aportó Di Filippo en las denuncias.

En el primer expediente denuncian el faltante de $ 837.2414,12, correspondiente a un subsidio no reintegrable enviado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación en el marco del “Proyecto casas tuteladas Rawson – Chubut, Programa de fortalecimiento institucional”.

Según detallan en la denuncia, el 22 de noviembre de 2018 se firmó el convenio entre la Secretaría de Niñez y la Municipalidad de Rawson para el otorgamiento del subsidio cuyo destino era la refacción de las Casas Tuteladas.

En la denuncia se especifica que el 11 de marzo de 2019 la por entonces secretaria de Familia y Promoción Social del Municipio, Vanesa Freeman, informa por nota a Artero que el mes anterior, concretamente el 2 de febrero, se había depositado el dinero a la Municipalidad.

Posteriormente el 11 de abril hay un acta firmada por Artero donde le informa al Coordinador General de la Unidad Ejecutora Municipal, MMO Rodolfo Rizo, el inicio de la obra de refacción. El 13 de mayo la intendenta suspendida comunica a Nación que el director de la obra es Rizo y que el referente es el perito de saneamiento ambiental urbano, Gerardo Fabián Torres. Además ese día se confeccionó el expediente Nº 1679 “Refacción de Viviendas Tuteladas” con destino a la Secretaría de Hacienda.

Por último, el 20 de mayo, Rizo le envía una nota al Cdor. Castán donde le solicita la imputación de $ 837.244,12 para la ejecución de la obra. Las autoridades actuales de la Municipalidad de Rawson desconocen el destino y/o ejecución de esos fondos. Además solicitan al fiscal que llame a declarar a Vanesa Freeman, Rodolfo Rizo, Gerardo Torres, Martín Villalobos y Nadia Aguilar, así lo indicó Diario Jornada.

Denuncia 2

La segunda denuncia, también por “abuso de autoridad” y “administración infiel en perjuicio de la Administración Pública”, es por el faltante de $ 4.173.258, de un subsidio no reintegrable que envió el Gobierno Nacional para la compra de equipamiento para el Hospital Santa Teresita.

Según relata el expediente, la Cooperadora del Hospital Santa Teresita de Rawson presentó ante el Programa Nacional “Municipios Saludables”, un proyecto para la compra de equipamiento de rayos X, cardiológicos y otros. En este marco le concedieron un subsidio no reintegrable por el monto antes mencionado que, en el mes de julio de 2018 fue transferido a la Municipalidad capitalina.

Es por eso que en la denuncia adjuntan el comprobante “ingresos varios C” Nº 00269086 de fecha 28 de junio 2018 por el monto de $ 4.173.258. Además suman una copia del resumen de cuenta del Banco del Chubut SA donde figura bajo la referencia 318621 el “pago a proveedores por $ 4.173.258”.

Por último, solicitan en la misma denuncia que se llame a declarar a Natalia García –Pta de la cooperadora del Hospital de Rawson-, a Gustavo Díaz Mare –, miembro de la cooperadora- y al concejal Sebastián Curtale (PJ), integrante de la comisión investigadora del Concejo Deliberante. Este último ya concurrió a fiscalía y brindó su testimonio.

Para la Fiscalía Federal de Esquel están acreditadas las amenazas contra tres voluntarias del Ejército que prestaban servicio en la unidad con asiento en esta ciudad.

La Fiscalía Federal de Esquel solicitó en la semana transcurrida la elevación a juicio de un integrante de la jefatura del Regimiento de Caballería 3 del Ejército Argentino con asiento en esta ciudad, por los delitos de coacción y abuso de autoridad militar que tuvieron como víctimas a tres soldadas voluntarias entre 2017 y 2018.

El fiscal federal subrogante Federico Baquioni Zingaretti consideró completa la etapa de instrucción de la causa y requirió, en consecuencia, que continúe en el debate oral. El representante del MPF entendió que el acusado, que integra la jefatura de la dependencia, cometió el delito de coacción sobre dos soldadas mediante amenazas que «fueron proferidas sin motivos legítimos  y en un contexto de especial vulnerabilidad» por la asimetría jerárquica, para mantener relaciones sexuales.

«Las amenazas tuvieron entidad y estaban dirigidas a doblegar la voluntad de las víctimas. En efecto, mediante el ejercicio abusivo de sus facultades de mando concretó los males anunciados mediante hostigamientos a las mujeres y a su entorno inmediato, causando miedo, malestar, incertidumbre», así lo informó el chubut.

Asimismo, la Fiscalía indicó que el imputado debe responder también por el delito de abuso de autoridad militar, previsto en el artículo 249 bis del Código Penal, en perjuicio de una tercera mujer. Baquioni Zingaretti señaló al respecto que para que se configure ese tipo penal «el poder disciplinario que se utiliza» debe «afectar la dignidad», que «le produzca daño o lo menoscabe… moralmente», lo que consideró acreditado en la investigación.

El fiscal dijo en el requerimiento que el acusado, abusando de su rango jerárquico, «hizo uso de amenazas con el objeto de doblegar la voluntad de las mujeres para que accediesen a mantener relaciones sexuales. Además, aplicó castigos -como el cambio de tareas e incluso impuso a una ellas rigurosidades físicas- perjudicándolas en su salud psicológica e intentando coartar su libertad de decidir sobre su vida sexual».

«La relación desigual de poder y el estado de vulnerabilidad de las víctimas se desprende de que ellas eran mujeres jóvenes de entre 19 y 24 años de edad,  recién ingresadas a la fuerza, eran sostén de familia y el imputado era su superior jerárquico», graficó en ese sentido. Dicha superioridad «le daba facultades de control sobre los puestos donde estaban las voluntarias, permitiéndole actuar cuando ellas estaban solas, y por lo general en horario nocturno»; por otro lado, «imposibilitada o dificultaba que las soldados hicieran la denuncia», en tanto estaban denunciado a un jefe del Escuadrón.

Asimismo, afirmó que los hechos «configuran supuestos de violencia contra la mujer en los términos de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

VARIAS VÍCTIMAS 

Cabe recordar que la pesquisa se inició en abril del año pasado por una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Esquel, lo que originó una instrucción preliminar que tramitó en la Fiscalía Federal.

Si bien el expediente se inició con una denuncia, como producto de la investigación se hallaron más víctimas del accionar del imputado. Durante el transcurso de la pesquisa, además de prueba documental, informática y de fotografías, se obtuvieron más de treinta declaraciones testimoniales. En agosto de 2018 el Juzgado Federal con asiento en esa ciudad dispuso el procesamiento por los delitos por los cuales ahora la Fiscalía pidió la elevación a juicio.