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Abel Reyna

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En horas del mediodía del presente jueves se dio a conocer la sentencia de la Cámara Penal local quienes confirmaron parcialmente la sentencia condenatoria en contra de Abel Reyna condenándolo a la pena de “tres años de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos o empleo público”. Así la causa obtiene el doble conforme, es decir la confirmación de cuatro jueces (la jueza del tribunal de debate y los tres de Cámara) sobre la responsabilidad penal del imputado en la causa.

En la audiencia de impugnación, la semana pasada, el defensor pidió realizar nuevamente el juicio (reenvío), su absolución y subsidiariamente que la pena sea de cumplimiento en suspenso. La fiscal en contraparte requirió se rechace la impugnación de la defensa y se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de “tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos o empleo público” para Reyna.

Presidió el acto Guillermo Müller, e integraron el tribunal Daniel Pintos y Flavia Trincheri (por videoconferencia desde Madryn), jueces penales de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Camila Banfi, fiscal general;  por la querella actuó María Laura Martensen (por video desde Rawson), abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

Respecto del primer punto del agravio de la defensa sobre la nulidad del juicio, como expresó el tribunal que desestimó la recusación, carece el planteo de fundamentación razonable. Afirmar que por haber quedado en la carpeta judicial un vestigio del juicio abreviado importe un condicionamiento del juez frente al caso es inaceptable. Por eso corresponde el rechazo del agravio.

En cuanto a las críticas a la sentencia ventilada la totalidad de la prueba en el juicio oral la juez de grado logró una síntesis más clara y precisa sobe los hechos atribuidos al imputado y para ello valoró minuciosamente todos los elementos aportados. Desde luego que una hipotética ilicitud en el obrar de otros funcionarios, como Buzzi o Trovant, no invalida las conductas atribuidas al imputado, Reyna, ni disminuyen la intensidad del reproche o el grado de participación, consideraron los jueces de Cámara.

Respecto del monto de la pena estuvieron de acuerdo con la jueza, pero no así respecto de su cumplimiento efectivo, resultando solo aparente la escaza fundamentación brindada, por ello tomaron la decisión de revocarla.

En la mañana de este viernes, en la Oficina Judicial, estaba previsto que se llevara a cabo la audiencia de impugnación de sentencia que fue presentada por la defensa de Abel Reyna, quien fue condenado a tres años de prisión por coimas en el IPV.

A una semana de que se cumpla el vencimiento total del proceso de la causa por coimas en el IPV,  la Cámara Penal iba a tratar la impugnación de sentencia que presentó la defensa de Abel Reyna.

El ex delegado del IPV fue condenado – el pasado 11 de abril – a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la Administración Pública. Y para que el caso no quede impune, antes del 24 de mayo la sentencia debe ser confirmada por la segunda instancia.

Al respecto,  el abogado defensor de Reyna, Guillermo Iglesias, pidió la recusación de los jueces Guillermo Müller y Luis María Pintos, que iban a resolver la impugnación de la sentencia.

“Originalmente se había rechazado por extemporánea y ahora hicimos un nuevo planteo haciendo entender, que está dentro del plazo que se cuenta desde la última notificación”, dijo Iglesias.

Iglesias indicó además que se trata de dos magistrados que intervinieron antes en la resolución de una probation “y la ley nos permite que puedan ser objeto de apartamiento”.

Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó pasadas las 11 de la mañana, que por unanimidad,  se rechazó revocatoria de Müller y Pintos presentada por Iglesias.

 

 

ADN Sur

Así lo adelantó el abogado defensor. Al mismo tiempo, aseguró que van a apelar la medida pero reconoció debilidades en el caso.

“Vamos a apelar a este fallo” dijo el abogado defensor Guillermo Iglesias en referencia a la sentencia que se conoció ayer contra Abel Reyna, ex responsable de la zona sur del Instituto Provincial de la Vivienda. Reyna está acusado de haber cobrado coimas por la entrega de viviendas.

El abogado también cuestionó la acusación de algunos delitos en los que se eligió sólo a Reyna para ser imputado. Mientras que al resto se los eligió como testigos.

En todo el proceso, Iglesias destacó el accionar de la jueza Mónica García. Reconoció que habían algunas debilidades por parte de la defensar. Sin embargo, aseguró que irán por la apelación de la decisión.

Al mismo tiempo, adelantó que su cliente cumpliendo 8 meses de prisión efectiva, quedaría con el beneficio de libertar condicional.

 

 

 

ArgentarNoticias

En la causa está acusado el extitular de la delegación Comodoro Rivadavia de Vivienda, Abel Reyna. Testimonios versan sobre cohecho, favores sexuales y legajos inventados por las casas.

Varios testigos sostuvieron que la delegación del Instituto Provincial de la Vivienda de Comodoro Rivadavia, poseía un sistema en paralelo al oficial durante la gestión de Abel Reyna al frente de ese organismo.

Ello se escuchó en la segunda jornada del juicio oral y público contra Reyna, exresponsable del IPV local. La primera testigo fue una persona que ofició de testigo de actuación. El segundo fue Nelson Turrillo, exgerente general del IPV, quien se refirió a una nueva normativa que tendía a la descentralización de las delegaciones del IPV en la provincia que les deba una mayor autonomía. También mencionó que se actualizó el padrón de datos, de postulantes, en todas las delegaciones de la provincia. A mayor necesidad social, mayor puntaje.

Una vez publicado el listado de postulantes en los medios todas las impugnaciones se contestan de manera legal, agregó. Asimismo, declaró sobre el caso puntual de la vivienda entregada a cambio de favores sexuales. Seguidamente se escuchó a una empleada de maestranza del IPV local que recordó que en la época en que estaba Reyna.

Paralelo

Varios empleados del IPV local fueron contestes en que en esa época habían armado un ente paralelo. Recibían a “parientes, amigos y entenados”, detalló una gacetilla de la Fiscalía. Uno de los testigos dijo que lo habían sentado junto a Reyna y Acosta y que si quería participar del negocio que tenía que seleccionar a los petroleros que tenían sueldo. Desde Rawson estaban enterados de todas estas cosas y que “eran todos una asociación ilícita”.

Todos los testigos empleados declararon que les habían sacado las cosas, que los habían mandado a la cocina, que les habían sacado las computadoras y que no tenían con qué trabajar. Que veían todas las maniobras y toda la organización paralela.

Declaró un testigo que había sido de identidad reservada que había pagado 80.000 pesos a Acosta y que al poco tiempo le habían dado la vivienda. Y que luego le dijeron que eso no era regular y entonces se presentó en la Fiscalía.

Luego una testigo que impugnó los 81 legajos de las viviendas del barrio Gas del Estado y le explicó a la jueza todos los casos de ese barrio, que ninguno tenía el puntaje que había alcanzado ella. Recordó que habían manipulado los puntajes, que había gente que estaba acumulando puntos desde que había nacido y que eso hablaba de la manipulación de los legajos.

Sumarios

Ese IPV paralelo lo manejaba Reyna con esas personas a las que él les había dado cargos, coincidieron los testigos Ortiz, Batistina y Echegaray.

Otra testigo fue con una carta de recomendación de un pediatra, la había atendido Reyna y al poco tiempo le adjudicaron una vivienda, detalló la Fiscalía comodorense.

El defensor Guillermo Iglesias, por su parte, interrogó a todos los testigos y con los empleados intentó sacar a relucir sumarios administrativos que habían tenido. Ortiz y Echegaray confirmaron que habían tenido sumarios y que los habían suspendido y habían pagado por ellos, pero que todavía se encontraban trabajando en el Instituto. El testigo Echegaray dijo que el extitular del Instituto de la Vivienda de la provincia, Ricardo Trovant, sabía de todas estas circunstancias.

 

 

Diario Jornada

Un testigo en el juicio que se le sigue a Abel Reyna declaró el martes que cuando le contó al entonces presidente del organismo, Ricardo Trovant, sobre las irregularidades en la delegación de Comodoro, el ex funcionario de Martín Buzzi le contestó: “Vos, boludito, mejor metete en tus cosas”.

Finalmente comenzó este lunes pasado el juicio contra Abel Reyna, ex delegado en Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante el gobierno de Martín Buzzi. El presidente del organismo era entonces el arquitecto Ricardo Trovant.

Fue el propio Trovant quien en octubre de 2014 denunció a Reyna por lo que ocurría en Comodoro. Mientras los cómplices del ex delegado accedieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), la jueza Daniela Arcuri no le concedió la misma posibilidad a Reyna porque entendió que no correspondía el beneficio para alguien que fue funcionario público y al que además de incumplimiento de deberes y cohecho, se lo acusa de pedir favores sexuales a cambio de entregar una vivienda oficial.

Mientras en el primer día del juicio declararon como testigos Buzzi y Trovant, quien dijo que alentó la denuncia porque no toleraba irregularidades, el martes un testigo sorprendió a todos cuando dijo que él ya le había contado al presidente del IPV lo que pasaba en Comodoro, recibiendo como respuesta: “vos, boludito, mejor metete en tus cosas”.

Didáctico

Este testigo -de apellido Etchegaray- fue uno de los más didácticos a la hora de deslindar responsabilidades ante la atónita mirada de la jueza Mónica García y la fiscal Camila Banfi. Contó que Reyna le pidió un día que “marcara” a los trabajadores petroleros que pedían viviendas oficiales, ya que descontaba que sus sueldos eran altos. Para intentar convencerlo, no anduvo con vueltas. “¿Vos querés ganar plata? Tenés 5 minutos para pensarlo”, le dijo a quien en menos de medio minuto le contestó negativamente.

Desde ese momento Etchegaray fue perseguido, sumariado y hasta golpeado por una de las cómplices de Reyna, que tenía conocimiento en artes marciales. Agregó que tuvo que afiliarse al gremio ATE para aliviar su situación y que así fue cómo pudo acceder a Trovant en Rawson para denunciarle la situación.

Pero el ex funcionario que había sido secretario municipal de Obras Públicas con Buzzi intendente, entre 2007 y 2011, se desentendió de la situación y solo habría actuado al percibir que el IPV “paralelo” de Reyna podía mancharlo a él –según publica El Extremo Sur-.

 

 

El Comodorense

Este martes declararon empleados en la segunda jornada del juicio oral y público contra Abel Reyna, exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda. Afirmaron que funcionaba un IPV paralelo que atendía por calle Asturias.

Se llevó a cabo hoy la segunda jornada de juicio oral y público contra Abel Reyna, el exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda que fue acusado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; Exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

Los empleados del Instituto Provincial de la Vivienda que declararon coincidieron a afirmar que durante la gestión de Reyna funcionaba un IPV paralelo que atendía por calle Asturias.

Uno de ellos contó que era contratado y su tarea consistía en armar los listados de las personas con necesidades habitacionales para luego programar la agenda con las audiencias que debía atender el titular de la delegación, pero con la llegada de Reyna todo ello cambió.

El debate está presidido por la juez penal, Mónica García. El Ministerio Público Fiscal lo representa la fiscal general, Camila Banfi y el acusado está asistido por el abogado particular, Guillermo Iglesias.

 

ElPatagonico

Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Abel Reyna ex responsable del organismo.

En horas de la mañana del lunes comenzó el juicio oral y público contra Abel Reyna ex responsable del IPV local. Se escucharon los alegatos iniciales de las partes donde la fiscalía y la querella presentaron sus teorías del caso con una pretensión punitiva de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en caso de ser declarado Reyna penalmente responsable. Cinco son los hechos que se le imputan el primeo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; el segundo por Exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; el tercero por cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; el cuarto por cohecho activo 4 hechos; y el quinto por incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

Por su parte el defensor postuló que en la Administración provincial, como el IPV, quién manda es Rawson y quién adjudicaba las viviendas eran Ricardo Trovant y Martín Buzzi. Recusando a la jueza García porque el acuerdo abreviado anteriormente firmado se encontraba dentro de la carpeta Judicial; y la Oficina Judicial tenía la obligación de quitar de la carpeta todo vestigio del juicio abreviado. Argumentando que en ningún caso el tribunal podrá tomar conocimiento previo del hecho juzgado.

Seguidamente la fiscal calificó la recusación del defensor como de mala fe solicitando se investigue porqué el acuerdo abreviado quedó en la carpeta y quién era el responsable de ello. Solicitando se rechace la recusación y se dé inicio al debate. Igual postura adoptó la querella.

Finalmente se dio intervención a dos jueces, Mariano Nicosia y Miguel Caviglia, quienes resolvieron por escrito no haciendo lugar a la recusación ya que no se verificó conocimiento previo de la jueza sobre la causa. Además el caso tuvo alta difusión pública y repercusión en todos los medios locales y provinciales, argumentaron.

Luego comenzaron los testimonios, el primero fue el Ricardo Cerda, por entonces Jefe de la Brigada de Investigaciones local, quién relató las tareas que le fueran encomendadas por la fiscalía sobre instrucciones para realizar averiguaciones ante la presunción de ilícitos en el IPV.

Seguidamente declararon tres auxiliares de la justicia que intervinieron en la causa, como también Martín Buzzi y Ricardo Trovant, ex gobernador y responsable del IPV provincial en la gestión de Reyna. Para mañana se espera continuar con la recepción de la prueba testimonial del caso.

Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

Los hechos imputados

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

El ex delegado del IPV en Comodoro, Abel Reyna, será juzgado desde este miércoles por los delitos cometidos durante su gestión. A esta instancia se llegó luego de que la jueza Daniela Arcuri rechazara el acuerdo de juicio abreviado en el que las partes fijaban una pena en suspenso y lo inhabilitaban perpetuamente a cargos electivos, cuando debió ser a la función pública.

El juicio oral y público contra Abel Reyna comenzará esta tarde en la Oficina Judicial de Comodoro y será presidido por el juez penal, Jorge Odorisio. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal general, Camila Banfi, mientras que el acusado será asistido por el abogado Guillermo Iglesias.

A esta instancia se llegó luego de que la jueza penal Daniela Arcuri rechazara la homologación de acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes, por medio del cual el acusado reconocía los hechos y aceptaba una pena de 3 años de prisión en suspenso. A ello le sumaba la inhabilitación perpetua para ocupar cargos electivos. Esto fue lo más grave que detectó la jueza, además del monto de la pena, para rechazar el acuerdo.

Tras la resolución que se dio a conocer el 25 de febrero, Arcuri advirtió las calificaciones jurídicamente posibles propuestas por las partes y las evidencias colectadas en donde podrían tenerse por comprobados determinados hechos y que tienen una escala penal que van de 1 a 36 años de pena, cuando lo que se proponía eran 3 años en suspenso. «Entendí que la pena podía ser muy superior o superior a esta previsión que habían hecho las partes», afirmó.

A Reyna se lo acusa por haber cometido fraude para beneficiar a determinadas personas con la adjudicación de viviendas, así como de haber percibido coimas y también de pedirle favores sexuales a una mujer, madre de un chico discapacitado, destacó diario El Patagónico.

A todo esto, la jueza que rechazó el acuerdo se refirió a la inhabilitación especial que se propuso en el acuerdo, la cual es perpetua para el ejercicio de cargos políticos, mientras las partes lo limitaban a cargos electivos.

“Esto contraviene la ley porque si bien la persona no podría presentarse a un cargo de intendencia o gobernador, sí podría ocupar la función pública como ministro o secretario de Gobierno de la intendencia. Lo cierto es que en los hechos, en la calificación y en la pena que podría ser aplicable, las partes se apartaron de la Ley», dijo Arcuri.

“Los hechos relativos que afectan la administración pública y que afectan a la sociedad toda deben ser ventilados a los ojos de toda la sociedad. Este es el primer obstáculo que yo vi para no homologar el abreviado. La más fuerte es la pena de inhabilitación que está por fuera de la ley que proponen las partes», finalizó.

 

 

ADN Sur

El próximo 25 de febrero se conocerá la resolución.

En la mañana del viernes se presentó en sede de los tribunales penales la propuesta de juicio abreviado para el entonces delegado local del IPV, Abel Reyna, en base a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho pasivo y activo; y tráfico de influencias. La jueza dará a conocer si homologa, o no el acuerdo, y dará a conocer su decisión el próximo lunes 25 de febrero.

El imputado aceptó voluntariamente su participación y responsabilidad en los hechos, como también la pena propuesta por la fiscal general, de tres años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos políticos. Tanto la pena como la inhabilitación la que se merita como adecuada en su monto por las partes atendiendo a las características de los hechos, la extensión del daño causado y los antecedentes del imputado.

Presidió el acto la jueza penal Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

A lo largo de toda la mañana del lunes se concretó en los tribunales penales ordinarios del barrio Roca la audiencia de suspensión de juicio a prueba para los imputados Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori. Por su parte para el entonces delegado local del organismo, Abel Reyna, se pospuso el trámite hasta el próximo 8 de febrero, a las 10.00 hs., cuando se propondrá un juicio abreviado. La jueza resolverá por escrito acerca de las suspensiones el próximo viernes 8 de febrero a las 9.00 hs..

Presidió el acto la jueza penal Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna y Leonori, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias. La defensa de Acosta la ejerció Francisco Miguel Romero, abogado particular; en tanto que la de Antimilla y Medina Consoli por Esteban Mantecón, defensor público.

En un primer momento el defensor de Acosta solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba de su pupilo en virtud de su falta de antecedentes penales y en tanto que el concurso de cargos que se le imputan, falsedad ideológica en concurso ideal con exacciones ilegales y cohecho pasivo, tiene una pena mínima de 1 año de prisión. La pena será de cumplimiento condicional, sostuvo el defensor. Solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una Institución de bien público. También ofreció pagar el 20 % de su sueldo durante dos años, cuatro presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y observar las pautas de conducta establecidas en la Ley.

Seguidamente el defensor de Medina Consoli y Antimilla, acusadas por falsedad ideológica y cohecho pasivo, también sostuvo que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitando la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.

Por su parte el defensor de Leonori también solicitó la aplicación de la suspensión para su pupila por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.

A continuación la querella requirió se acepte la propuesta de reparación de Acosta, pero se opuso a la de las restantes imputadas, Medina Consoli, Antimilla y Leonori, por considerar que las mismas no son suficientes, sugiriendo la de 300 horas de trabajo comunitario y el 20% de sus sueldos por un año.

La fiscal por su parte se refirió al cambio de jueces y criterios, como de adecuaciones de la plataforma fáctica, a lo largo de la tramitación de la causa. Desde el inicio la fiscalía jamás tuvo la intención de oponerse a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba ya que se cumplía con los criterios objetivos y subjetivos para los imputados, salvo para Abel Reyna. La discusión se planteó respecto de los bienes que los imputados debían dejar en favor del Estado, porque se encontraba una valla legal si permanecían en las viviendas que habían sido parte del pago de las maniobras efectuadas por Reyna, teniendo en cuanta que el resto de los imputados habían sido colaboradores y partícipes. En el marco de un sumario Administrativo iniciado por el IPV respecto de las personas imputadas en la presente audiencia se inicia a partir de una solicitud del Ministerio Público Fiscal con el objeto que el IPV recupere las viviendas. Este inicio de ejecución del recupero habilita a la fiscalía a prestar la conformidad de las suspensiones que han ofrecido cada uno de los imputados, afirmó Banfi.

Los hechos imputados en la acusación:A

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.